Una adolescente británica, de 13 años y aquejada de leucemia desde los 5, rechaza el trasplante de corazón al que le obligaban a someterse las autoridades sanitarias. Corría riesgo de morir durante la intervención quirúrgica y asegura que «quiere ir a casa y no pasar por más tratamientos». Tanto ella como su familia reclaman el derecho a una muerte digna.

Hannah Jones sufre una lesión cardíaca, derivada de un tratamiento contra la leucemia, que impide que su corazón funcione con normalidad y que le ha generado innumerables sufrimientos durante los últimos años. Ella se niega a someterse al trasplante. Las autoridades sanitarias lllegaron a amenazar a los padres, que apoyan la decisión de su hija, con quitarles la custodia. Finalmente, Hannah ha conseguido convencer a la Justicia británica que, de momento, no va a adoptar ninguna medida legal contra la familia.

El asunto pone sobre la mesa un montón de preguntas. No se trata sólo del eterno debate sobre la eutanasia, del derecho a morir dignamente, sino el de la capacidad de decisión de una chica de 13 años sobre cuestiones vitales. Es el primer caso que conozco de un menor que reclama su derecho a morir y, si para cualquier otra decisión de menor envergadura -desde hacerse un piercing o un tatuaje hasta escoger el centro de estudios- es necesaria la aprobación de los padres, supongo que en casos como este las leyes -sean británicas o de cualquier otro país- deben cumplir ese principio a rajatabla.

¿Quién decide qué se hace en un caso así? ¿una chica de 13 años que lleva casi toda su vida sufriendo? ¿unos padres que, a todos los efectos, son sus responsables legales, que están de acuerdo con ella y que entienden perfectamente su dolor y su estado de ánimo? ¿los médicos que la tratan y que tienen la obligación moral de salvar su vida por todos los medios posibles? ¿o unas autoridades sanitarias o judiciales que están obligadas a aplicar estrictamente la ley?