El título de este artículo está obtenido de un anuncio de la sección de clasificados del diario El País. Los hay por montones. Prostitución relacionada con la inmigración. Y en el 90% de los casos no lo hacen porque quieren. Brasil es, junto con Colombia y Ecuador, uno los países latinoamericanos desde donde salen más mujeres obligadas a trabajar en la prostitución en España. Detrás de ese anuncio podría estar el cuerpo de una de esas mujeres.

La trata es una de las formas más crueles de violencia de género y una forma de esclavitud. Según la Red Española de Lucha contra la Trata de Personas (en la que están Amnistía Internacional, Cruz Roja, Save the Children, Accem CEAR, entre otros), la mayoría de las víctimas son mujeres de entre 18 y 25 años. Sufren a menudo agresiones sexuales, violaciones, palizas y represalias contra sus familiares como métodos para garantizar su silencio y sumisión. Y el Estado Español es uno de los principales países de tránsito y destino de la trata en Europa.

Cada año miles de personas extranjeras que son captadas y traídas a España por personas, grupos de delincuentes o redes criminales organizadas a través de engaño, amenazas o coacción con el fin de someterlas a explotación principalmente en la prostitución (y también en la agricultura, el servicio doméstico, la construcción, la hostelería o los talleres clandestinos).

A partir de este mes entró en vigor el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que obliga a los Estados a llevar a cabo una serie de medidas concretas para la protección de estas personas. Pero España está entre los 10 Estados del Consejo de Europa (son 47 Estados) que aun no lo han firmado.

La Red insta al Gobierno español a que ponga en marcha un efectivo Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata con fines de Explotación Sexual y que se adhiera urgentemente al Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos.

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