Europa levanta sus muros y en todos los países miembros de la comunidad europea se habla de endurecer la política migratoria, de expulsar a los ilegales (unos 8 millones) y de restringir más la llegada de la fuerza laboral extranjera -aunque de momento el debate en Bruselas se haya aplazado-.

Pero el mensaje del sector privado es contradictorio, y cada dos por tres aparecen en la prensa titulares que rezan: España necesitará al menos 157.000 inmigrantes al año hasta 2020. No sólo eso, también abundan las personas que hacen negocio con la inmigración y venden ofertas de trabajo valoradas en 4.000 euros, y se negocia con matrimonios y los abogados de extranjería se conocen mil triquiñuelas para ayudar a inmigrar a más gente.

Eso se debe controlar. La estafa, el engaño, la venta de papeles falsificados. Es indiscutible que una buena economía convoca a los inmigrantes, pero así mismo, cuando esta situación de bienestar empieza a decaer, la gente de fuera hace sus maletas y busca mejores condiciones de vida.

No por nada ahora se habla del retorno voluntario. El gobierno ecuatoriano -que promueve el regreso de sus ciudadanos- ha recogido en dos meses las inquietudes de 3.000 personas que están dispuestas a volver, como los españoles emigrantes que otrora cruzaron océanos y luego volvieron a casa.