Esta semana, una vez más, la Comisaría General de Extranjería prohibió la entrada al Centro de Internamiento (CIE) de Aluche (Madrid), a tres ONG Cear, Migraeurop y la red andaluza Acoge ¿Porqué? Lo primero que una piensa es que algo está ocurriendo allí dentro que se quiere ocultar. Sino, no parece haber motivo serio para que una ONG no pueda ingresar a un CIE y ver qué sucede con los inmigrantes.

Se supone que la orden que regula los centros permite a las ONG entrar si están trabajando directamente con algún detenido, pero esto al final no funciona así. El protocolo de Interior no siempre lo permite. El texto es ambiguo y lo que sucede, en último lugar, es que el permiso o la denegación de la entrada depende de los funcionarios de turno.

Las denuncias sobre las malas condiciones de los CIEs y los abusos (incluso abusos sexuales a inmigrantes mujeres) han crecido y las voces han llegado cada vez más lejos. No sólo ha habido quejas por parte de ONG que, para los más rebuscados, podrían ser parciales. En algunos casos han denunciado el Defensor del Pueblo y cada uno de los partidos políticos mayoritarios PP, IU y miembros del mismo PSOE. Hasta lo llegó a denunciar el Parlamento Europeo, en un informe de finales de 2007 en el que califica de “deplorables” las condiciones físicas y de higiene en las que se encuentran encerrados los inmigrantes.

Las ONG piden que se cierren los CIEs. Si esto para el Gobierno no es posible, lo mínimo que se reclama es que haya transparencia ¿Hasta cuándo hay que esperar? ¿Si hasta Bruselas llama la atención a España sobre el tema? ¿Qué otras voces hace falta que se alcen?