Acabo de leer un artículo que considero fabuloso. Lo publicó la Plataforma 2015 y más, una red de organizaciones que trabaja por el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas.

El artículo lo firmaban Paloma López y Ventura Montalban, y hablaban sobre la crisis, la precariedad laboral y los inmigrantes.

Aquí resumiré algunos de los párrafos clave (he cortado lo que he podido), aunque dejo abierto el link para quien quiera leer el artículo completo. Es muy recomendable.

“Con el inicio de la desaceleración económica se instala en Europa y por tanto también en España la pregunta sobre que va a suceder con el colectivo de trabajadores inmigrantes(…)En el caso concreto de España la adopción de las medidas que se pretenden impulsar para el retorno de los inmigrantes a sus países de origen, no siendo regresivas, son poco realistas en su previsión y/o cuantificación (…).

Para explicar esta hipótesis hay que decir que de las 5.418.000 personas nacidas fuera de España, casi un millón tienen nacionalidad española y casi 3.000.000 tienen permiso de residencia (incluidos los comunitarios), el resto más de un millón de personas tienen una situación de irregularidad administrativa.

El crecimiento del PIB real 2001-2007 ha sido del 3,4 % y se crearon, en este mismo periodo 4.3 millones de nuevos empleos netos, la población potencialmente activa autóctona solo creció en 600.000 personas y tampoco creció espectacularmente la tasa de empleo, lo cual implica que ante las necesidades del mercado y de nuestro modelo de producción más de dos millones de empleos han sido cubiertos por inmigrantes.

Según estos datos si queremos seguir creciendo al 1,2 % necesitamos los inmigrantes que tenemos y si queremos crecer al 3 % necesitaremos más personas que trabajen en España.Por tanto, la primera conclusión a la que podríamos llegar es que crecimiento y retorno parecen incompatibles. (…) Esta medida (el incentivo para el retorno) no soluciona el principal problema que padecen los inmigrantes que es la realización de actividades laborales en la economía sumergida y que supone por ejemplo en la Comunidad de Madrid el 1,3 % del PIB regional.

La irregularidad no es un problema exclusivo de la política de inmigración, sino que es también un problema de la política laboral. La combinación de ambas conlleva sobretodo, explotación laboral, pero existe un porcentaje de personas que tienen una situación de regularidad administrativa trabajando sin ser dados de alta en la Seguridad Social.

Estos trabajadores y trabajadoras no pueden acogerse al programa de retorno previsto, bien por la situación de irregularidad o bien por la ausencia de prestaciones, ya que no han sido generadas en su vida laboral en España. Hay que recordar, además que las empleadas de hogar no tienen derecho a las prestaciones por desempleo.

Por tanto, desde nuestro punto de vista las políticas a llevar a cabo en materia de inmigración, con independencia de la situación económica de España, serían a largo plazo las encaminadas a terminar con la economía sumergida y desarrollar medidas para reabsorber el empleo sumergido, esta medida serviría para concretar con claridad las necesidades del mercado y casar la oferta con la demanda.

A medio plazo seria importante establecer el derecho a voto, en las elecciones locales y autonómicas (sin dejar de lado las europeas), así los nuevos ciudadanos también gozarían «del poder del voto» y obligarían a acordar y llevar a cabo políticas de integración (…)

A corto plazo hay que desarrollar políticas que terminen con las discriminaciones que afectan a todos los colectivos vulnerables, incluidos los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. España esta por debajo de la media en la aplicación de la legislación que prohíbe el racismo y la discriminación laboral de este colectivo.

Pero, más allá de los aspectos legislativos, la realidad es que se produce una fuerte discriminación laboral por razón de origen en el mercado laboral, en los salarios, en los tiempos de trabajo, en la modalidad de contratación, en las condiciones de salud laboral, etc. Y esta situación está llevando a propiciar discursos negativos en términos de pérdida, pérdida en general de las condiciones laborales del resto de los trabajadores autóctonos y pérdida en el acceso a los servicios públicos (sanidad, educación, vivienda protegida). Las diferentes investigaciones demuestran que esto no es cierto. Los trabajadores y trabajadoras inmigrantes no inciden negativamente, no rebajan las condiciones del resto de los trabajadores, acceden a un mercado precarizado, de manera similar ocurre con las mujeres y los jóvenes y de lo que se trata es de evitar un mercado con una segregación ocupacional por origen. De igual manera con relación al gasto público y por poner solo un ejemplo los inmigrantes tienen un gasto per-cápita anual en sanidad de 503 euros frente a los 1.049 de la población autóctona (UAM).

Desde la izquierda política y social no se puede perder un enfoque de progreso y dejar pasar la oportunidad de liderar un cambio en el proceso de la «gestión de la igualdad en la diversidad», de solidaridad con el conjunto de la ciudadanía y su ampliación de derechos y de oportunidades, sea cual sea su lugar de origen, género, discapacidad, orientación sexual, etc., cerrando, por cierto, el paso al populismo y la demagogia.

Y aquí es donde el sindicalismo ha de jugar un papel determinante enfocando sus actuaciones en diferentes ámbitos y de manera transversal. Hablar de inmigración es hablar de empleo, de política sindical, de mujeres, de jóvenes, de política social, de cooperación para el desarrollo, de participación.

(…)Potenciar la participación de los hombres y mujeres inmigrantes en el interno del sindicato, fomentar su visibilidad en las estructuras y órganos de dirección y también en la intervención de inmigrantes en los equipos de extensión sindical. En resumen, extender y ampliar la actuación protectora del sindicato ante los colectivos más vulnerables en una sociedad que avanza hacia la multiculturalidad.