Por Juan Castro-Gil – Secretario y abogado de ANPIER
Esta semana hemos conocido que el Tribunal Supremo ha fallado las primeras sentencias contra la reforma eléctrica del PP y, como cabía esperar, han saltado chispas.
De un total de siete magistrados que tenían que enjuiciar la más delirante novela negra que a un gobierno se le haya ocurrido escribir sobre el tema eléctrico, cuatro decidieron ponerse de perfil con argumentos que oscilaban alrededor del interés general que se supone defendían los representantes del país -en este sector recuerdo que en las personas de José Manuel Soria y Miguel Arias Cañete-, y otros tres, decidieron, valientemente, afirmar que el despelote había sido de tal magnitud, que hacía saltar por los aires el significado del derecho, de la seguridad jurídica y de la confianza de los ciudadanos en el Estado.
Sin entrar en mucho detalle, siempre se ha sabido que en la administración en general, las tensiones entre fontaneros y electricistas han sido de gran envergadura. Los primeros, son los encargados de desatascar las tuberías de la casa para que los desechos acaben en las cloacas y, los segundos, son los encargados de dar un poco de luz en las habitaciones más oscuras del edificio. Por desgracia, en el ámbito de la energía, en contra de lo que pudiera parecer evidente, los fontaneros siempre han tenido mucho más peso que los electricistas.
Sin embargo, últimamente, quizás por la evidencia de la dificultad que supone seguir viviendo a oscuras, o quizás porque hay boñigas que no son capaces de pasar por cañería alguna, el equipo de los electricistas empieza a asomar la patita con mucho más empuje que antes.