Por Luis Mª de la Maza – Profesional de área energética e industrial
La cantinela de que las renovables son caras, no son rentables, resultan casi simbólicas y solo se mantienen a base de apoyos públicos o de encarecimiento de las tarifas reguladas es un auténtico hit en las listas de éxitos de los gobiernos de muchos países, entre los cuales España ocupa una posición destacadísima. Entre pésimos ministros, políticos de medio pelo y, sobre todo, medios de comunicación debidamente orientados se bastan y se sobran para que esa coplilla entre a fondo en las mentes de los ciudadanos.
Lo que sabe menos gente es que los combustibles fósiles, tan eficientes ellos y tan garantes de nuestro modus vivendi, reciben desde tiempo inmemorial ingentes subsidios por distintas razones, algunas más o menos lícitas (empleo, reducción de precios) y otras no tanto (intereses no siempre confesables). Los gobiernos dicen que sirven para proteger a los pobres, pero en la realidad solo un 8% de esas ayudas va a gente con pocos recursos.
El volumen total mundial de estos subsidios se situaría hoy en el entorno de los 5,3 billones de dólares, 6,5% del PIB mundial y por encima del gasto sanitario, con China (2,3), Estados Unidos (0,7), Rusia (0,34), India (0,28) y Japón (0,16) a la cabeza; los países del G20 destinan a subsidios para exploración de combustibles fósiles 88.000 millones de dólares al año, más del doble de lo que invierten las propias compañías.
Los recortes de esos subsidios son fundamentales para luchar contra el cambio climático, ahorrar dinero y ayudar a un cambio hacia energías más limpias. Esto se ha planteado en muchas ocasiones, más recientemente en la Cumbre de París de diciembre de 2015, pero las grandes naciones, las que pueden aportar más para alcanzar esos objetivos, son terriblemente lentas en cumplir sus promesas, en una aparente esquizofrenia al trabajar para reducir emisiones y a la vez subsidiar el consumo de combustibles fósiles. La razón última, sin embargo, es que esos recortes son muy impopulares entre la ciudadanía, casi un campo minado a nivel político.
El apoyo a los combustibles fósiles parece haber alcanzado su punto máximo a finales de la década pasada, pero el ritmo de reducción de esos apoyos es muy bajo. Los gobiernos de los países de la OCDE están gastando aún casi el doble dando soporte a los combustibles fósiles de lo que se necesita para alcanzar los objetivos climáticos establecidos por la comunidad internacional. No se plantean ni los efectos directos de la desaparición de estos subsidios (-20% en emisiones de gases de efecto invernadero), ni las muertes prematuras evitadas por menor contaminación atmosférica ni finalmente el hecho de que, igualando las condiciones de participación en el mercado, podrían llegar a ser también innecesarios los fondos dedicados a las energías renovables.