José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

La nueva legislatura, en materia energética, empieza con la promesa de Rajoy de encargar al ministro Álvaro Nadal que consiga una pacto de Estado sobre energía. De esto tendremos que hablar mucho en los próximos meses, y la Fundación Renovables tiene muchas propuestas que defender, pero un tema candente que tendrá que estar en la mesa de ese pacto será, sin duda, qué hacer con el carbón.

Hasta ahora, hablar de carbón era hablar de subvenciones, porque es una fuente de energía a la que no se salen las cuentas, y que se ha mantenido a base de dinero público, que por ley se tenía que dedicar a salir del carbón, pero que a la postre nos dejaba siempre con el problema sin resolver. Con mucho dinero gastado, con cada vez más contaminación acumulada, pero daba igual, porque no hay gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, que se atreva a decidir que no podemos seguir quemando carbón. Los mismos gobiernos que van a las cumbres del clima a proclamar lo que les preocupa el cambio climático y lo dispuestos que están a hacer lo que sea para hacerle frente. Lo que sea, pero el carbón no me lo toques.

Y esto es y será así mientras el discurso del carbón se plantee como un dilema entre ecología y empleo, entre sostenibilidad ambiental y desarrollo, presentando a los ecologistas como enemigos de los mineros, en una dialéctica en la que siempre ganaban los mismos: la patronal del carbón.

Pero en la última cumbre del clima, la semana pasada en Marrakech, se ha presentado una propuesta que rompe esos moldes. En un acto organizado por los sindicatos (concretamente por la Confederación europea de sindicatos y la Organización Internacional del Trabajo), estos invitaron a Greenpeace a presentar un estudio que analiza el futuro del carbón bajo una nueva óptica.

Según el informe, en España se han invertido miles de millones de euros en los programas de ayuda al sector en las últimas décadas, pero existe una falta absoluta de transparencia y de control administrativo en cómo se han destinado los fondos para la transición de las cuencas mineras. Además de las ayudas directas, desde 1987 y hasta 2014 se involucró a las empresas eléctricas en las ayudas económicas para la extracción del carbón, con esquemas en los que se premiaba a las eléctricas por el carbón nacional que compraban y quemaban. Unas ayudas con las que las eléctricas han hecho caja, como ayer mismo alardeaba Endesa en la presentación de sus nuevos planes de negocio: la empresa estima que recibirá 120 millones de impacto neto positivo de las liquidaciones de 2012 a 2014 por el carbón.

Todo un despropósito, ajeno a toda lógica económica y ecológica, que ha cronificado una situación insostenible: La falta de aceptación de un escenario futuro y cierto sin carbón ha frenado de forma significativa el proceso de transición hacia una economía apoyada en actividades económicas alternativas.

Muy interesante es que el informe presenta una recopilación de casos internacionales de reconversión justa y sostenible en las cuencas mineras de carbón, para demostrar que el fin del carbón es posible. Si las cosas se hacen bien, hay futuro más allá del carbón.

Y además, el estudio baja a tierra y analiza un caso concreto: el de la cuenca turolense de Andorra, que también depende de una gran central térmica propiedad de Endesa. La zona cuenta con importantes reservas de lignito, un carbón especialmente contaminante. El estudio desarrolla un análisis específico sobre posibles alternativas sostenibles al carbón en esta zona y constata que allí también hay futuro después del carbón, aunque es necesaria la implicación de empresas y administraciones. Y es que, a pesar de todas las ayudas, el negocio del carbón no es rentable, y cualquier eléctrica responsable tiene que planificar el cierre progresivo de sus térmicas de carbón, como Greenpeace le ha recordado a Endesa.

Pero además del contenido, lo más interesante del informe es que los autores son los propios trabajadores, a través del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO, junto con la consultora Abay Analistas Económicos y Greenpeace. Esto demuestra que ecologistas y sindicalistas pueden trabajar juntos y mirar más allá del carbón, reconociendo que dicha fuente de energía no tiene futuro, pero quienes han dependido de ella necesitan y tienen derecho a un futuro.

Todas esas voces tienen que ser escuchadas a la hora de establecer un pacto de Estado. Y respecto al carbón, el pacto tiene que reflejar como mínimo estos puntos:

• Concretar un plan de transición justa del carbón, que incluya la fecha de cierre progresivo, con fecha límite en el año 2025, de todas las térmicas de carbón en España; el descenso paulatino del uso del carbón en todos los sectores; el fin de la minería del carbón y de la importación de carbón; y la transición justa hacia nuevas actividades
  productivas sostenibles para todas las personas que trabajan en el sector y para las comarcas cuya economía es altamente dependiente de dicha actividad.
  • Eliminar todas las subvenciones a las energías sucias e ineficientes, incluidos los incentivos procedentes de fondos públicos o de la factura de la luz a la inversión medioambiental de las empresas eléctricas, por ser un mecanismo supeditado a la continuidad de uso de combustible fósil.

Si eso se cumple, España se podrá sumar a la creciente lista de países que han puesto fecha de caducidad al uso del carbón. Y tendremos una posibilidad más razonable de evitar un cambio climático catastrófico. La transición está en marcha, lo que hace falta es que sea justa y rápida.