Por José María González Vélez – Presidente de Gesternova 
En las cuentas del Sistema Eléctrico hay varios conceptos que el usuario, por lo general, ignora y que no dejan de sorprender, en algunos casos por su cuantía y en otros porque sigan vigentes cuando han perdido el sentido que en algún tiempo pudieron tener. En el primer grupo figuraría, por ejemplo, la operación del sistema y en el segundo —en el que quiero detenerme— una de las anomalías de este sistema como son los pagos por interrumpibilidad, que es lo que perciben ciertos grandes consumidores de electricidad por prestarse a ser privados del suministro en determinadas circunstancias, si así lo requiere el Operador del Sistema.
Según los datos provisionales de Red Eléctrica de España (REE), la demanda nacional en 2016 fue de 265.317.000 MWh, un 0,8% superior a la de 2015. Al coste de cada uno de esos MWh en el mercado diario tenemos que añadir otros conceptos como, por ejemplo, la operación del sistema por la que pagamos el pasado año 3,33 €/MWh, es decir 883,5 millones de euros (M€) en el año, o la citada “interrumpibilidad” que alcanzó los 517,4 M€.
Parémonos un momento a analizar este coste porque la cosa tiene miga. Según REE la potencia instalada en el sistema es de 105.308 MW. Cierto es que no toda está disponible siempre, pero cubre de sobra 1,5 veces el pico de demanda, sin contar la capacidad de las interconexiones.
El récord absoluto de potencia demandada, que incluye verano e invierno, se produjo el 17 de diciembre de 2007 y se elevó a 45.450 megavatios. La punta de demanda en 2016 ha sido de 40.489 MW, un 10,9% inferior al récord de 2007. Considerando la potencia disponible en no más de 70.000 MW, ¿tenemos de verdad que pagar por derecho del sistema a interrumpir hipotéticamente 517,4 M€? ¿Así se protege al pequeño consumidor o se protege a los grandes consumidores? Para este año 2017 están presupuestados otros 550 M€ por un servicio que seguro no se usará.