Por Daniel Pérez – Abogado
Si bien el mercado eléctrico es enormemente complejo, hay algunos fenómenos que pueden fácilmente entenderse, pero difícilmente justificarse en la defensa del interés común. Uno de ellos es la regulación de la generación de energía eléctrica en España.
Las centrales de generación pueden tener dos tipos de retribución: o puramente del mercado, al precio que determine la ley de oferta y demanda, o regulada, a un precio o dentro de unas bandas de precio previstas en la normativa. Cabe preguntarse, ¿por qué una normativa habría de garantizar una retribución determinada a una central de generación de electricidad, en lugar de que ésta cobre sólo de mercado? Pues porque es posible que, por razones de interés general, se decida incentivar la construcción de ciertas centrales eléctricas, ya sea para garantizar que se pueda cubrir el consumo del país, para lograr que la generación de electricidad tenga un menor impacto ambiental o para fomentar determinados puestos de trabajo. Por eso, es frecuente que se establezcan esquemas retributivos que ofrecen, a las centrales que interesa que se construyan, una garantía de que recuperarán la inversión inicial independientemente de cómo evolucione el precio de mercado, durante un periodo determinado de tiempo.
En el caso español, prácticamente todas las centrales tienen o han tenido algún tipo de esquema regulado. Las renovables, las famosas primas; la nuclear y la gran hidráulica, los Costes de Transición a la Competencia (con 3.600 MM EUR de propina, por cierto); el carbón, diversos mecanismos como las restricciones por garantía de suministro; el gas, los pagos por capacidad; el fueloil en las islas, el sistema de despacho. Hasta aquí, todo normal. El regulador ha considerado, acertadamente o no, que todas esas tecnologías, por el motivo que sea, merecen una retribución regulada durante un periodo de tiempo, para que tengan la garantía de poder recuperar la inversión.
El problema es que, una vez recuperada la inversión más una determinada rentabilidad, es decir, una vez amortizadas, a esas centrales se les permite pasarse a la otra opción de retribución, la del mercado, y cobrar íntegramente el precio que se determine por las leyes de oferta y demanda. En otras palabras, hasta que se amortizan, todos les garantizamos los ingresos. Una vez están amortizadas, no quieren saber nada de nosotros y cobran íntegramente el mismo precio que aquellas que han ido desde el momento cero a mercado.
Esta regulación, de socialización de pérdidas y privatización de beneficios, es la que existe actualmente en el mercado eléctrico español. Centrales nucleares y grandes hidráulicas, completamente amortizadas y con costes de operación de entre 10 y 20 EUR/MWh, están, estos días de altos precios, cobrando 80, 90 y hasta 100 EUR/MWh, igual que el resto de centrales de generación no amortizadas. Dicho de otra forma, todos los consumidores estamos pagando hasta 10 veces el coste de operar de esas centrales que entre todos, mediante pagos regulados, hemos ayudado a amortizar.