Desde la Fundación Renovables consideramos que hay medidas de carácter fiscal que se pueden poner en marcha y que constituyen una herramienta esencial para facilitar que la ciudadanía realice cambios en los hábitos de consumo. Se trata de favorecer las actitudes que se quieren fomentar, de manera que podamos culminar a tiempo, con éxito y de manera justa la Transición Energética.
Teniendo esto en cuenta, y dado que consideramos que mejorar la eficiencia energética y la habitabilidad del parque inmobiliario actual constituyen un pilar fundamental para reducir la pobreza energética y para que España alcance un escenario de reducción del 100% de emisiones GEI con respecto a 1999 para mediados de siglo, entre nuestras propuestas apostamos por el establecimiento de un plan de inversión pública y fiscal para el fomento de la rehabilitación energética de edificios. También por la reducción del IVA para instalaciones de autoconsumo y para bienes dirigidos a aumentar el ahorro y la eficiencia energética de viviendas.
Respecto a la rehabilitación energética de edificios, apostamos por una batería medidas que incluye la posibilidad de ejecución de la rehabilitación de forma compartida para segmentos vulnerables, la reducción del IBI, la existencia de subvenciones y el acceso a crédito o la reducción de los costes de legalización.
Por otra parte, para una mayor eficacia, en nuestra propuesta de medidas fiscales buscamos tanto modificar el origen de los fondos recaudados como su destino. Es el caso de nuestra apuesta por aumentar y modificar el Impuesto Especial de Hidrocarburos para destinarlo al desarrollo de planes urbanos; la rehabilitación de viviendas; la sustitución de calderas por bombas de calor; el impulso del uso de la domótica y otras medidas de gestión de la demanda y el fomento del vehículo eléctrico y de instalaciones de recarga. Sólo con incrementar el gravamen de los combustibles derivados del petróleo líquido en 5 céntimos de euro por litro y del gas natural en 1 euro por MWh en un año se recaudarían 3.500 M€.
Proponemos, además, la recaudación por recargo de un 10% en el IBI por cada letra que supere la C en la certificación energética de las viviendas no clasificadas como vulnerables que se destinaría a un plan ambicioso para la rehabilitación y adecuación de viviendas con alto grado de deterioro, aproximadamente un millón y medio, que tenga en cuenta la vulnerabilidad y la falta de recursos de sus usuarios. En esta línea consideramos que se debe marcar un objetivo de adecuar 250.000 viviendas/año, lo que supondría erradicar el problema en 6 años.
Elena Alonso Asensio – Responsable de Comunicación de Fundación Renovables 