Por Juan Castro – Gil – Abogado y secretario de ANPIER 
Más allá de exabruptos como los del presidente de los Estados Unidos, o de piedras en el camino que con inefable torpeza ponen en el sendero de la transición energética algunos gobiernos como el de España, parece que el cambio de modelo de cómo producimos y cómo consumimos la energía en el planeta, es inexorable.
Ya nadie mínimamente informado pone en cuestión que las renovables han venido para quedarse, que el autoconsumo se viralizará en masa, que la gestión ordenada de nuestra demanda será una de las claves del sistema, que el transporte se electrificará y por nuestras carreteras solo andarán coches eléctricos y un sinfín de sorpresas más que pondrán patas arriba muchas cosas de nuestro día a día.
En realidad, se trata de poner al ciudadano como centro del universo energético desplazando a determinados oligopolios del único foco de atención del sistema.
Sin duda la tecnología está suponiendo en este ámbito (como en otros), un cambio radical en nuestro mundo. Sin embargo, esa transformación no me parece que vaya al alimón de algo primordial en esta historia: la adecuación de la debida interpretación jurídica.