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Autosuficiencia energética y ciudadanía

07 de marzo de 2022

Una vez más recibimos alertas sobre el grave problema del cambio climático. Esta vez la señal de alarma viene de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que tras la publicación del nuevo informe IPCC (”Cambio climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”) ha apuntado claramente a los responsables: “Los grandes contaminantes son culpables”. Es un informe devastador y que deja poco lugar a la esperanza. La acción decidida no puede aplazarse más, es necesario actuar ya para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones para 2030, cualquier retraso significa muerte, según ha declarado.

Ya sabíamos que la utilización de combustibles fósiles es insostenible desde el punto de vista medioambiental y de supervivencia, ahora tenemos que añadir el hecho de que la situación geopolítica ha puesto claramente de manifiesto nuestra fuerte dependencia para el abastecimiento de estos combustibles que no tenemos, lo que nos hace ser vulnerables frente a situaciones como la actual; ya estamos notando las consecuencias en el importante incremento del precio de la electricidad.

Aunque la fuerte escalada de este precio en los últimos meses no sólo se debe a la necesidad de importar estos combustibles, sino también al sistema de fijación de precios. En este sentido, es una buena noticia que esta misma semana la Comisión Europea haya anunciado que propondrá que los países miembros establezcan un gravamen a las ganancias obtenidas por las empresas energéticas debido a los recientes aumentos en los precios del gas. También hay que aplaudir la propuesta enviada a la Unión Europea (UE) por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para modificar el sistema de formación de precios de la electricidad, de manera que no se incluya el coste del gas y a la que empiezan a unirse distintos países. Parece claro que tenemos que apostar decididamente por hacer una transición energética basada en las energías renovables. La sustitución de los combustibles fósiles por fuentes renovables para generar electricidad contribuye de manera directa a la descarbonización y, por tanto, a mitigar los efectos del cambio climático y a reducir la depencia energética.

En el ámbito de la transición ecológica, en el paquete Fit for 55 de la UE se incluye el objetivo de suministrar un 40% del consumo final de energía mediante renovables para el año 2030. De entre las renovables, una de las tecnologías que está penetrando de manera rápida en los últimos años es la solar fotovoltaica. Según los datos de Red Eléctrica de España, desde el año 2017 hasta finales de 2021, casi toda la nueva potencia instalada, 15.731 MW, es solar fotovoltaica, 10.360 MW (65%), y 5.111 MW (32 %) eólica; el porcentaje restante corresponde a otras fuentes renovables. Esta potencia se ha instalado tanto en sistemas distribuidos de autoconsumo individual o compartido, aproximadamente un 25%, como centralizados, un 75%. A finales de 2021, la potencia total fotovoltaica era de más de 15.000 MW.

Es importante destacar, dentro de la fotovoltaica, el crecimiento de los sistemas de autoconsumo. En el año 2017 había unos 122 MW instalados mientras que a finales de 2021 ya había más de 2.616. Sólo entre 2020 y 2021 se multiplicó por dos la nueva potencia fotovoltaica para autoconsumo instalada.

¿Este tipo de instalaciones son buenas para el sistema eléctrico? En mi opinión sí. Por muchas razones. Según la propuesta que hace la Fundación Renovables en su informe “Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad”, el esquema óptimo de desarrollo de las energías renovables sería el que se muestra en la figura.

Según esta propuesta, en la parte alta de esta pirámide invertida están las instalaciones de autoconsumo individual o colectivo que son las que más deberían extenderse. Este tipo de instalaciones permiten a la ciudadanía tener sistemas de generación de electricidad en sus propias viviendas o en ubicaciones cercanas; facilitan la gestión de la demanda, minimizan las pérdidas del sistema por la cercanía entre generación y consumo y dan flexibilidad al sistema eléctrico. Además, ayudan de forma clara a promover el papel proactivo de la ciudadanía en la necesaria y urgente descarbonización y sustitución de los combustibles fósiles.

En este sentido, la Directiva UE 2018/2001, en su Art. 21.2, establece que los Estados miembros deben garantizar que los autoconsumidores de energías renovables, de manera individual o mediante agregadores, tengan derecho a generar energía renovable, incluido para su propio consumo, y a almacenar y vender su excedente de producción de electricidad renovable, en particular mediante contratos de compra de electricidad renovable, acuerdos comerciales con proveedores de electricidad y entre pares. También, según el artículo 21.4, para los autoconsumidores de energías renovables en el mismo edificio.

La Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre (BOE de 16 de noviembre de 2021), supuso la modificación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica que se había establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril. A partir de la publicación de esta Orden el reparto de la energía generada por estas instalaciones puede hacerse mediante el establecimiento ex ante de coeficientes de reparto horarios para cada día del año. Esto supone un avance respecto a los coeficientes fijos, pero sería interesante que se permitiera la posibilidad de un reparto realmente dinámico que tuviera en cuenta los consumos reales de cada miembro de la comunidad energética y se hicieran esos balances de generación-consumo ex post, como ya se apunta en la citada Orden, en la que se indica que es necesario hacer un análisis para esa implantación, ya que es de esperar que el autoconsumo colectivo experimente un importante incremento en los próximos años.

Unido al concepto de autoconsumo (individual o colectivo), que da nombre a estas instalaciones, está el de autoabastecimiento o autosuficiencia energética, con toda la carga de responsabilidad y oportunidad que ofrece a la ciudadanía. Muchas de estas instalaciones, especialmente las que se están haciendo en el sector residencial, están contribuyendo a que las viviendas generen a lo largo del año una energía igual o superior a la consumida, por lo que podrían considerarse viviendas de consumo cero.

También hay que avanzar en la creación de comunidades energéticas que son agrupaciones de consumidores que pueden llevar a cabo múltiples actividades: producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía. En la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se definen las Comunidades de Energías Renovables como “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras”.

Algunas de las ventajas que supondrá participar en una Comunidad Energética es que proporcionan a la ciudadanía un acceso justo y fácil a recursos locales de energía y otros servicios energéticos o de movilidad, crean oportunidades de inversión, aumentan la aceptación del desarrollo de energías renovables locales, facilitan la integración de renovables en el sistema a través de la gestión de demanda, crean empleo local y fomentan la cohesión y equidad social.

Hay, sin embargo, algunos problemas sin resolver ya que falta un marco normativo con un grado suficiente de desarrollo, los procedimientos administrativos son complejos, no es fácil acceder a financiación por la falta de confianza de los inversores y el riesgo en cuanto a la percepción del inversor. Este tipo de iniciativas es fundamental para avanzar hacia un modelo descentralizado y participativo, por lo que es necesario que se avance y que se difundan todas las experiencias que se están llevando a cabo.

Respecto a las plantas centralizadas, que están en la base de la pirámide invertida, sería importante establecer condiciones que permitan limitar su tamaño, de manera que se desarrollen bajo criterios de economía productiva, favoreciendo el desarrollo económico local de los territorios en los que se hagan. También es necesario que los promotores propongan instalaciones que aporten beneficios sociales y medioambientales en la zona donde se ubiquen, de manera que se consiga un equilibrio entre la energía y el territorio. Y algo muy importante, conseguir una aceptación e inclusión social de su implantación en el territorio, como lo han conseguido los otros tipos de instalaciones fotovoltaicas.

Los acontecimientos de los últimos días nos obligan, todavía más, a repensar temas como el de la soberanía energética. Tenemos fuentes de energías renovables y tecnología; no perdamos la oportunidad de conseguir una transición energética justa basada en renovables y aceptada y apoyada por toda la ciudadanía.

 

Llanos Mora – Vicepresidenta de la Fundación Renovables

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La invasión de Ucrania dinamita la taxonomía “verde” de la Comisión Europea

04 de marzo de 2022

Vaya por delante la oposición frontal y rotunda contra cualquier conflicto bélico, sea en Ucrania, en Yemen, en Siria o el genocidio étnico contra los Tigray en Etiopia. La distancia no es excusa para tachar de intolerable la pérdida de vidas humanas. La violación constante de los derechos humanos es una realidad en numerosos países, pero esta exaltación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos parece que solo se enarbola en tiempos de guerra y no de paz.

Centrándonos en Europa, lo cierto es que la taxonomía verde nació con respiración artificial, aquella que le proporcionaba tanto la nuclearizada Francia como el fuerte arraigo gasista alemán. Aguantó en el disparadero mediático en contra de una oposición con argumentos sobradamente razonables, pero ahora la han desconectado del respirador. La demencia de un maniaco como Putin al iniciar la invasión de Ucrania, totalmente injustificada y banalizando la propia vida humana, ha hecho saltar las débiles costuras de la propuesta de taxonomía verde que todavía debe ser aprobada por el Parlamento Europeo. Ya era evidente, y ahora lo es más, que era, es y será un error histórico para la ambición de Europa de liderar la lucha contra el cambio climático.

Las tensiones geopolíticas están demostrando la débil estructura de nuestro modelo energético actual. Las volátiles coyunturas internacionales juegan un papel decisivo en la política energética de cada país, en función de su dependencia energética, y las decisiones que se toman a miles de kilómetros tienen un impacto directo en los hogares, comercios, negocios e industrias de nuestro país.

Todos los factores, no lo olvidemos, se encuentran actualmente en un marco de grave emergencia climática y tenemos por delante el mayor reto de la sociedad: erradicar el uso de los combustibles fósiles y conseguir un desarrollo sostenible.

El conflicto tapa las conclusiones del IPCC

El lunes 28 de febrero saltaron las alarmas. Más allá de las antiaéreas en las ciudades ucranianas, también se escucharon las climáticas; aquellas que venimos desoyendo, incluso tapándonos los oídos, desde hace décadas. La emergencia climática es más urgente que nunca. El informe del 2º grupo de trabajo -de vulnerabilidad y adaptación- del sexto ciclo de revisión del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue publicado el pasado lunes 28 de febrero. Las conclusiones no son nada halagüeñas.

Ya estamos viviendo impactos irreversibles en todos los ecosistemas del globo, que van mucho más allá de su capacidad de adaptación, y con las políticas actuales, vamos camino de un aumento de la temperatura media global de entre 2,3 y 2,7 grados centígrados. De hecho, según el informe, la mitad de las especies analizadas han desplazado su distribución, mientras que una gran cantidad se han extinguido localmente y otras, por desgracia, nunca volverán a pisar o a volar en nuestro planeta. Como biólogo, este hecho me parece extraordinariamente preocupante, ya que tras millones de años de interacciones entre los genomas y la adaptación a un ambiente cambiante, habían dado lugar a especies únicas e irrepetibles que el ser humano ha condenado a la desaparición absoluta. Una catástrofe silente.

El informe también pone énfasis en que entre 3.300 y 3.600 millones de personas se encuentran en un contexto altamente vulnerable frente al cambio climático; esto es, a ojo de buen cubero, la mitad de la población. ¿Dónde se encuentran? La mayoría en África occidental, central y oriental, Asia meridional, América Central y del Sur y pequeños estados insulares y el Ártico. Además, incide en los problemas de salud mental que ya acarrean los efectos del cambio climático, así como en el marginalismo ante unas tendencias de colonización, por parte de los más ricos, de las áreas menos afectadas. Estamos a tiempo de pararlo, pero cada vez tenemos que correr a mayor velocidad en una carrera en la que la distancia se acorta.

¿Reanimar una taxonomía verde fútil?

En un contexto de urgencia extrema no podemos pegarnos tiros en ambos pies. Los necesitamos para caminar, por tanto, no debemos incluir la nuclear y el gas fósil, porque el camino a la descarbonización solo se construye con más y más renovables y más y más almacenamiento. Todo lo demás son presiones lobistas y cesiones de gobiernos sepulcrales ante ellas. Europa no puede perder el tiempo para, no solo cerrar el grifo a nuevas inversiones, sino desprenderse totalmente de toda dependencia del gas (sea de Rusia, Omán, Qatar o Trinidad y Tobago), así como de los reactores nucleares y los sueños mesiánicos de unos pocos defensores dogmáticos. 

Los combates, tanto en las cercanías como en el propio recinto de la central de Zaporiyia, han despertado esta noche el pánico nuclear en Europa y el mundo entero. Por suerte, el incendio no fue a más y las tropas rusas controlan ahora el 25% de la generación eléctrica de toda Ucrania, pero los videos de ametralladoras impactando y el reguero de los socavones ante el impacto de las bombas en las cercanías de un reactor hielan la sangre por la grave situación que se podría haber generado. Todo este desalentador panorama se une a la ya de por sí incongruente intención de invertir en reactores que, como se ha visto, supone una amalgama de retrasos en los plazos de construcción y unos sobrecostes desorbitados, no olvidemos, financiados con dinero público.

El otro pie es el del gas. Como ya sabíamos, pero ha destacado la Agencia Internacional de la Energía, un aumento rápido y masivo de energías renovables es la solución para disminuir la dependencia de este combustible fósil. Su plan de 10 puntos propone, entre otras medidas:

gravar los beneficios inesperados que obtendrán las compañías eléctricas por el aumento de los precios de la electricidad, acelerar la sustitución de las calderas de gas por bombas de calor y la renovación de edificios e intensificar los esfuerzos en el almacenamiento de baterías, la mejora de las redes y la eficiencia energética para apoyar la seguridad eléctrica.

¿Qué tienen de innovadoras? Nada, ya las hemos demandado constantemente desde organizaciones como la Fundación Renovables. Es decir, dejemos de invertir en nuevas explotaciones gasistas que aletarguen nuestra dependencia, sea de Rusia o de cualquier otro país con dudosos sistemas democráticos y vulneraciones de los derechos humanos. La taxonomía verde deja arrinconada a la nuclear y al gas, por lo que lo lógico y razonable es eliminarlos cuando tenga lugar la votación en el Parlamento Europeo.

“All in” a las renovables

España carece de combustibles fósiles y está expuesto a los vaivenes y decisiones de terceros países, en muchos de los cuales la democracia no existe o está devaluada. Además, ante el cierre del gaseoducto de Marruecos y el riesgo de que Rusia cierre el grifo, en enero hemos importado un 34,6% de GNL procedente de Estados Unidos para garantizar el suministro y las coberturas de nuestras necesidades energéticas. Cabe destacar, a pesar de que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCyTE) prohíba las licencias para nuevas explotaciones de fracking en territorio español, que el shale gas que importamos procede del fracking, pero extraído en un suelo ajeno, por lo que parece que la venda medioambiental nos la ponemos solo cuando traspasamos nuestras fronteras.

No es descabellado, y así lo exigimos desde la Fundación Renovables, pedir un 90% de generación renovable para 2030, reduciendo las emisiones en un 55%, de cara a la revisión del PNIEC y la LCCyTE en 2023. Como tampoco lo es el simple hecho de incluir un objetivo de electrificación de la demanda de energía del 50% para aumentar la descarbonización de los consumos del transporte, residencial y sectores difusos.

La electrificación con renovables no solo significa una mejora de la calidad del aire de las ciudades, sino también avanzar en la consecución de un sistema eléctrico distribuido y descentralizado, que tenga la capacidad de aunar a nuevos actores y a la ciudadanía de manera activa.

Otro terreno de conflicto energético es el debate sobre las reglas del mercado eléctrico, reforma propuesta por España e ignorada por la Comisión Europea -aunque ahora parece que se lo están replanteando-. Y es que es una evidencia que el modelo marginalista no funciona al disponer de, aproximadamente, un 60% de tecnologías infra marginales, sustrayendo, de manera poco transparente con los costes reales de generación, rentas de los consumidores en momentos en los que la recuperación económica por el Covid 19 está todavía convaleciente.

La invasión de Ucrania es un límite que nos pone entre la espada y la pared, pero que deja invalidada la propuesta de la taxonomía verde de la Comisión Europea. Empecemos a aprovechar el potencial renovable del que disponemos sobre nuestros tejados y en nuestros montes, calentemos nuestros hogares con electricidad y pongamos como línea prioritaria la eficiencia energética. Es la mejor estrategia contra la tiranía energética que ahora mismo se impone en Europa. Tenemos la tecnología en la mano, solo falta que las decisiones sean coherentes y urgentes.  

 

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

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La pobreza energética no es solo un adjetivo, es real y tiene solución

16 de febrero de 2022

Detrás de la pobreza hay muchos y diversos motivos. Sin embargo, no sucede lo mismo con la pobreza energética. Las diferencias van más allá de un adjetivo añadido a un sustantivo. No todos los que sufren pobreza energética encajan en la imagen que tenemos de pobreza y, a diferencia de la pobreza en general, las causas de ésta son muy concretas y de sobra conocidas.

¿Cuándo lees “pobreza energética” piensas en la gente mayor calentándose con una estufa o una manta? ¿Una familia quemando cualquier cosa para intentar calentar a sus hijos? Estos son los casos más extremos, pero las personas afectadas por la pobreza energética están en todas partes y en cualquier rincón.  La “Estrategia Nacional contra la pobreza energética” cifra entre 3,5 y 8 millones las personas que se encuentran en situación de pobreza energética en España, según el indicador empleado.

Son aquellas personas que estudian o trabajan en bibliotecas y cafeterías durante horas y horas porque su casa está demasiado fría porque no se pueden permitir pagar el suministro de calefacción. Las familias que hacen vida solo en la cocina, aprovechando el calor residual que se pierde, porque no pueden calentar todas las habitaciones. Los que tienen que ajustar y limitar su cesta habitual de la compra para poder pagar las facturas de los suministros básicos, o que reducen, o incluso renuncian, al uso de la calefacción o del aire acondicionado a pesar de necesitarlo, por el temor a no poder pagar el importe de la factura a final de mes. Es una realidad que azota por igual a vecinos, familiares y amigos.

Hay tres motivos principales para sufrir pobreza energética en un país como España: el alto precio que pagamos por la energía, la mala calidad de la edificación y las rentas bajas de un sector demasiado amplio de la población.

Si consideramos legislativamente el acceso a los suministros básicos para el estado de bienestar como un derecho, y garantizamos el acceso universal a la electricidad para toda la sociedad, un recurso sin el cual es imposible vivir con los estándares de calidad de hoy en día, nos aseguraremos, empezando a trabajar cuanto antes, de que no queda nadie atrás. Ya no habrá más personas afectadas por la pobreza energética. No es una utopía.

El bono social es la única medida creada por la administración pública para apoyar a la población más afectada por pobreza energética. Se trata de la aplicación de un descuento en la factura, sin considerar ninguna medida que palíe en lo más mínimo las condiciones de la familia afectada para reducir su demanda energética. No ofrece medidas para mejorar la eficiencia de su hogar, ni para optimizar el contrato de suministro.

Es el afectado el que debe solicitar dicho bono, y el porcentaje de descuento a aplicar depende de sus niveles de renta.

Fuente: CNMC, boletín indicadores eléctricos

Por contra, proponemos una tarifa social, que permitiría el acceso de un mayor número de afectados, gracias a la ampliación de los criterios de renta y a la concesión automática conseguida al cruzar datos entre las distintas administraciones.

Al eliminar el aspecto asistencialista del bono social, y la obligación de pedir ayuda explícitamente, un mayor número de personas accedería a esta tarifa, que les correspondería por derecho, en lugar de serles concedida.

Esto es importante, primero, porque así lograríamos cubrir las necesidades reales de un mayor número de personas y se visibiliza a aquellos que hasta ahora han sido invisibles ante la administración pública porque desconocen el bono, no son capaces de tramitarlo o no pueden justificar su nivel de renta.

El acceso a los suministros básicos es un derecho que nuestras administraciones públicas deben garantizar. La electricidad y el agua son servicios esenciales a los que ni podemos ni debemos renunciar. Conocer las causas nos demuestra que la solución para acabar con la pobreza energética también está a nuestro alcance. No nos faltan recursos, ni derechos, si no voluntad política para garantizarlos.

Por Ana Mora, comunicación de CECU, y Soledad Montero de Ecologistas y Px1NME 

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La alternativa al gas ruso (y argelino)

01 de febrero de 2022

Desde hace cincuenta años la energía está en el origen de todas las crisis y conflictos en el mundo. Los altos precios de los combustibles fósiles y la dependencia energética provocan las subidas de tipos de interés, la inflación, las desigualdades y las tensiones geopolíticas. Con sus matices específicos, en 1973, 2008 y 2022 se repite el mismo guion. A pesar de ello, la dependencia de los combustibles fósiles apenas se ha corregido, ni siquiera en Europa que cuenta con una legislación que exige su reducción. La dependencia energética hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres al favorecer la falta de competencia y que la riqueza se concentre en unos pocos monopolios.

La herencia de Donald Trump

El conflicto en Ucrania, provocado por la ambición de Rusia para corregir sus propios errores tras la desaparición de la Unión Soviética, no se explica sin la presidencia de Donald Trump en los EEUU. Su mandato marcó el fin del multilateralismo y la colaboración en la política internacional, el coqueteo y apoyo del presidente ruso para ganar las elecciones a los demócratas, la defensa de los combustibles fósiles y el ataque a las energías limpias, el negacionismo climático y de la Covid, el interés por dividir a la Unión Europea y la OTAN, su apoyo al Brexit, a los euroescépticos y a la extrema derecha y el desprecio a la democracia. Nunca antes hubo tanta sintonía entre los presidentes de EEUU y Rusia, lo que ha facilitado que Rusia haya decidido que este sea su momento.

La herencia de Angela Merkel

La salida de Angela Merkel de la cancillería de Alemania con el reconocimiento general no debe olvidar que Europa aún permanece presa de su gestión de la gran recesión de 2008, que impuso el austericidio a la Europa del sur, creando la fractura con la Europa del norte a través de las decisiones  de los ministros de economía del Eurogrupo, que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea deberían investigar por haber incumplido el principio de cohesión europea y haber dado alas a una ultraderecha antieuropea, irrelevante hasta entonces.

En la crisis de la Covid 19, Angela Merkel corrigió su gran error de 2008 y permitió que Alemania facilitara la creación de deuda comunitaria para afrontar la crisis económica a través del Next Generation UE; pero ha llegado tarde porque los países del sur todavía no se han recuperado de los impactos de la austeridad dictada en 2008 y porque la ambigüedad de la política energética de Alemania ha convertido la dependencia del gas ruso, el gasoducto Nord Stream II y las puertas giratorias con Gazprom en un problema global y una grave incoherencia.

Los errores de la política energética alemana se han trasladado a la Comisión Europea, presidida por otra alemana, Ursula von der leyen, que no ha dudado en etiquetar el gas fósil como energía verde, a través de una taxonomía que favorece su uso hasta 2050, y su negativa a reformar la formación de precios de la electricidad, como pidió el gobierno de España, para impedir que el precio del gas determine los precios de la luz y proteger a los consumidores europeos de los altos precios de la energía con más renovables. Mientras se consolida un modelo energético dominado por la dependencia del gas fósil, Francia exige el mismo trato a su industria nuclear para sacarla de la ruina económica, destapada tras la quiebra de Areva y su absorción por la eléctrica estatal EDF, para que sea también etiquetada como verde.

La contradicción con las directivas aprobadas en 2018 y 2019, que establecen el impulso a las energías limpias, la descarbonización y la electrificación de la economía a través de la eficiencia energética y los recursos energéticos distribuidos, es tan evidente como la falta de liderazgo de la Unión Europea. La solución ahora es importar más gas esquisto desde EEUU, es decir, aumentar la dependencia energética, echando más leña al fuego.

La vulnerabilidad de Europa es su dependencia energética

Que la única solución adoptada sea la de diversificar el suministro de gas revela el caos europeo y la debilidad del discurso climático y energético. La Comisión Europea se encomienda a los intereses de Catar y EEUU por su incapacidad para tomar decisiones, para lo que necesitaría otros dos años de conversaciones entre los Estados miembros, divididos ante la tensión provocada por Rusia.

Según Eurostat, el esfuerzo de Europa desde 1990 por reducir su dependencia de los combustibles fósiles ha sido insuficiente, del 82% de toda la energía disponible se ha pasado solo al 71% en 2019. El esfuerzo de España aún ha sido menor al quedarse en el 74%. Según el Bank of América el impacto de la subida de los precios de la luz y el gas en Europa ha sido de 107.000 millones de euros, de los que 9.000 millones corresponderían a España y más de 23.000 millones a Alemania, 22.000 a Francia o 24.000 a Italia. La UE en su conjunto ha utilizado 21.000 millones de euros en ayudas para mitigar las subidas de precios.

Si a estas cantidades añadimos el coste de las importaciones energéticas, la extracción de rentas que los combustibles fósiles causan a la economía europea, y a los consumidores y contribuyentes, debería provocar una respuesta mucho más urgente y opuesta a combatir la dependencia del gas con más importaciones y mantener la referencia del gas en la formación de precios de la electricidad con ayudas públicas. ¿Por qué se confía más en el monopolio de las grandes compañías energéticas que en las medidas del “paquete de invierno” y del paquete “Fit for 55”?

Es el momento de ser valientes

Según Bloomberg NEF, en 2021 la inversión global en energías limpias creció un 27%, alcanzando la cifra récord de 755.000 millones de dólares, de los que 366.000 corresponderían a energías renovables y 273.000 a transporte electrificado. La inversión en Europa alcanzó los 150.000 millones. Para llegar al cero neto global en 2050 y 1,7 grados de calentamiento esta inversión debería triplicarse a un promedio de 2,1 billones entre 2022 y 2025 y duplicarse entre 2026 y 2030 a un promedio de 4,2 billones.

La Comisión Europea debería ratificarse en este camino que es el que establecen sus paquetes legislativos, que los Estados miembros incumplen, que proponen combatir precisamente los elevados costes de las importaciones de combustibles fósiles, que representan el flanco más débil de la economía europea, con más inversiones en energías limpias. Por eso son tan importantes los conceptos de descarbonización, electrificación y sostenibilidad, porque impulsan el liderazgo tecnológico e industrial que los combustibles fósiles impiden.

Es una situación similar a la de España que, a pesar de que en 2012 reconociera el déficit estructural de la sobrecapacidad e infrautilización de sus infraestructuras gasistas, lanzó una estrategia para aumentar las inversiones y convertirse en proveedor de gas argelino a Europa. Diez años después la equivocada estrategia de España con el gas de Argelia se repite en Europa con el gas ruso.

Las instituciones europeas han de ser más valientes y ratificar el objetivo y las medidas que se ha dado para reducir y eliminar la dependencia de los combustibles fósiles o tendremos crisis y conflictos por muchos años. Con mayor motivo si esa dependencia viene de regímenes autocráticos o euroescépticos.

El liderazgo de Europa depende de la coherencia con las directivas que aprueba

Desde hace más de una década la UE ha diseñado su estrategia para desarrollar una política energética que asegure energía limpia, barata y segura a los europeos y ha elaborado su estrategia de descarbonización de la economía que se ha concretado en el conjunto de directivas y recomendaciones del “paquete de invierno”, que va a actualizarse con el anunciado paquete “Fit for 55” para avanzar hacia la reducción del 55% de las emisiones en 2030 mediante la sustitución de los combustibles fósiles por energías limpias.

Esas medidas han dado a Europa un liderazgo global que ahora palidece ante el apoyo que se pretende dar al gas fósil y a la energía nuclear, fuentes de conflicto y de dependencia del exterior. Las instituciones europeas han de ser coherentes con el modelo energético que establecen sus directivas y adoptar nuevas decisiones para que el avance hacia la descarbonización y la reducción de la dependencia energética sea más rápido.

Se debe acelerar el liderazgo climático y tecnológico europeo con mayores objetivos de reducción de las importaciones energéticas y de inversión en energías limpias, de descarbonización de los sectores económicos con estándares más exigentes de eficiencia energética, nuevos modelos de negocio como la agregación, el almacenamiento, comunidades energéticas, digitalización de los usos de la energía, autoconsumo, electrificación del transporte y la edificación.

Como las propias directivas europeas plantean, se trata de transformar un modelo energético hecho a la medida de los combustibles fósiles en otro diseñado para la participación de los consumidores activos en los mercados energéticos. Ello exige aplicar mucho más rigor en el cumplimiento de las directivas que defienden la competencia frente al poder de los monopolios energéticos que impiden abrirla a nuevos actores.

Como ha escrito Andrea Rizzi, los desafíos planteados requieren unión y firmeza, pero la división y debilidad de Europa con respecto a sus propios principios revela su inadaptación a la realidad presente en el que el tiempo corre más rápido con el paso que marcan EEUU, China y Rusia.

 

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

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¿Problemas de suministro en el sistema energético?

03 de diciembre de 2021

Muchas son las dudas en la opinión pública acerca de los problemas de suministro en el sistema energético. ¿Habrá apagón general o no?

La respuesta es que no es nada probable que haya un apagón general en España por varias razones. Entre ellas, que contamos con una generación de electricidad abundante y muy diversificada (eólica, fotovoltaica, solar termoeléctrica, hidráulica, otras renovables, gas y nuclear) por lo que si falla una fuente como el gas, a causa de las tensiones internacionales, las demás pueden suplirla. Tenemos reservas energéticas suficientes ya que las energías renovables son recursos autóctonos y hay reservas de gas almacenadas para abastecer la demanda nacional durante más de 40 días. También contamos con mecanismos para reducir la demanda eléctrica industrial en caso de sobrecarga del sistema (servicio de interrumpibilidad) y así evitar apagones.

La cuestión probablemente no es si habrá un apagón en España, sino a qué precio pagamos nuestra dependencia del gas y de los combustibles fósiles. Las facturas de la luz están por las nubes justo cuando entra el invierno y las familias necesitan más energía para calentarse. Y la crisis climática está lejos de resolverse. Tenemos que salir de esta crisis energética con más energías renovables y menos combustibles fósiles.

¿Estamos aprendiendo? Si bien a nivel nacional las renovables están creciendo, poco a poco, después de un largo parón, es verdad que no se están planteando nuevas inversiones en plantas de generación de electricidad a partir de gas, carbón, nuclear o fuel oil. Y eso es bueno.

Sin embargo, no podemos decir lo mismo de las inversiones que se realizan con dinero público en el extranjero. Entre 2018 y 2020 España destinó al menos 6.500 millones de euros a la industria de los combustibles fósiles, según una investigación de Oil Change International y el Overseas Development Institute. Por contraste, en energías limpias invirtió sólo 120 millones. Unas 50 veces menos.

Y no está sola: en el mismo periodo, la coalición Export Finance for Future (E3F), de la que España es parte junto con Dinamarca, Francia, Alemania, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido, dedicaron la friolera de 19.000 millones de euros de las arcas públicas a financiar proyectos de carbón, petróleo y gas en el extranjero. Se trata de inversiones tan disparatadas como los planes de Rusia para sacar gas en el Ártico.

Nos hacemos trampas al solitario.

Gracias a la presión social, veinte países entre los que está España acaban de prometer que dejarán de financiar proyectos ligados a los combustibles fósiles en el extranjero para finales del año que viene. Habrá que estar muy pendientes.

Por Sara Pizzinato – Patrona de Fundación Renovables "

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La descarbonización de la economía

23 de noviembre de 2021

En la legislación europea no es posible encontrar una definición del concepto de descarbonización. La mejor aproximación se encuentra en la Recomendación (UE) 2019/786, relativa a la rehabilitación de edificios, en la que se define un parque inmobiliario descarbonizado como “aquel cuyas emisiones de carbono se han reducido a cero mediante la reducción de las necesidades energéticas, garantizando al mismo tiempo la satisfacción de las necesidades energéticas restantes a partir de fuentes sin emisiones de carbono”.

Esta definición no solo concreta la descarbonización como el concepto cero emisiones, sino que establece el orden y la combinación de elementos para alcanzar ese objetivo: primero la eficiencia energética o reducción de la demanda y, en segundo lugar, las fuentes de energía sin emisiones, es decir, las energías renovables. La descarbonización es el resultado de alcanzar la más alta eficiencia energética para reducir la necesidad de generar electricidad y la poca energía que se necesite se cubrirá con fuentes de origen renovable.

La incompatibilidad de la descarbonización con la utilización de los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, queda establecida de forma rotunda así como los medios para eliminar las emisiones, que se pueden trasladar al conjunto de la economía, ya que el edificio descarbonizado es el centro de consumo por excelencia de la transición energética y es el ejemplo para los sectores difusos, edificación, transporte, industria y agricultura y servicios, cuyas emisiones van a resultar más difícil de controlar y reducir a cero.

El modelo de descarbonización más desarrollado en las normas europeas es el del edificio de consumo de energía casi nulo, que añade a la más alta eficiencia energética, la generación renovable en el propio edificio o su entorno, es decir, el autoconsumo, la recarga del vehículo eléctrico y la interoperabilidad de los dispositivos inteligentes para la gestión de la demanda con el control del consumidor. Se trata de un nuevo modelo de producir y consumir que se relaciona con el modelo productivo y con el cambio de hábitos del consumidor que se transforma en el consumidor activo, que gestiona su propia demanda con independencia de los grandes suministradores.

El avance en las tecnologías de generación y eficiencia hacen posible hablar de la descarbonización como un objetivo viable. Los nuevos paradigmas para el próximo lustro se  concretan en la mayor conciencia social a favor de la sostenibilidad y contra la contaminación, el crecimiento de la eficiencia energética y la gestión de la demanda a través de los recursos energéticos distribuidos, la sustitución del gas fósil por el almacenamiento en baterías, la carga inteligente del vehículo eléctrico en viviendas y edificios, los agregadores independientes de la demanda que permitirán la participación de los consumidores en el mercado eléctrico y el desarrollo de las comunidades ciudadanas de energía. Estos elementos van a situar en el centro del sistema energético al consumidor activo en sustitución de las grandes centrales de generación, incluidas las renovables a gran escala, y van a equilibrar el mix energético con más generación distribuida o de kilómetro cero.

La adaptación al cambio climático exige que le relación de la energía con la biodiversidad y la salud entre en los balances económicos para impulsar un cambio en los comportamientos individuales; pero para que la economía y la sociedad entren en la era de la descarbonización se requiere establecer nuevas reglas en los mercados energéticos. En primer lugar, aceptar que el primer problema es el medio ambiente y los límites del planeta; en segundo lugar, el modelo energético no debe dedicarse únicamente a generar rentas, sino a crear riqueza y para ello la energía más barata, eficiente y limpia, es la de proximidad, es decir, la generación distribuida que convierte cada centro de consumo en un centro de generación; en tercer lugar, establecer una coherencia de las políticas públicas para que la inversión energética siga la evolución de la demanda y, en cuarto lugar, se debe reconocer el valor económico a la eficiencia energética y facilitar a los consumidores el acceso a los instrumentos para ahorrar energía, aplicando los derechos que las directivas europeas reconocen al consumidor o cliente activo.

La Cumbre del Clima de Glasgow (COP 26) ha evidenciado el frustrante retraso en la acción contra el cambio climático. La descarbonización de la economía no es un problema de objetivos, sino de modelo energético. A partir de ahora deberá apoyarse en los recursos energéticos distribuidos y en las aplicaciones inteligentes para la gestión de la demanda con el control del consumidor.

Este cambio en las formas de producir y consumir debe comenzar por:

  • Una economía de la huella de carbono que defina la transición energética como la transformación de un sistema energético centralizado en uno distribuido con energías cien por cien renovables, con presupuestos y fiscalidad de carbono y una gestión de la huella de carbono por parte de los propios consumidores.
  • Abrir la competencia a millones de autoconsumidores a través de su participación directa, o mediante agregadores independientes y comunidades energéticas, en los mercados de electricidad, aprovechando los beneficios del autoconsumo y de los contadores inteligentes como instrumentos para la descarbonización y el abaratamiento de la energía.
  • Convertir cada vivienda, edificio y vehículo en una central eléctrica aprovechando la principal virtud de las energías renovables, como es la proximidad de la generación al consumo, es decir, su carácter de recurso distribuido.

La Fundación Renovables ha propuesto una jerarquía de las renovables encabezada por el autoconsumo, las comunidades energéticas y la generación distribuida, una planificación energética que incluya los recursos energéticos desde el lado de la demanda y la trasposición urgente de las directivas europeas del “paquete de invierno”.

 

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

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Una llamada de atención para la protección de los océanos y la mitigación del cambio climático

10 de noviembre de 2021

Los océanos son mucho más que el hogar de una deslumbrante variedad de plantas y animales o una importante fuente de alimento para nosotros. Los océanos desempeñan un papel crucial en la regulación de nuestro clima y almacenan grandes cantidades del exceso de calor que se ha acumulado en el sistema terrestre desde la época preindustrial. Además, absorben una parte importante del CO2 antropogénico, eliminándolo de la atmósfera y evitando un mayor calentamiento.

Debido al cambio climático todos estos servicios que nos proporciona el océano son cada vez más importantes y, al mismo tiempo, están cada vez más en peligro.

Un siglo de cambios globales y una llamada urgente a la acción

El recientemente publicado 6º Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma rotundamente que el cambio climático provocado por el hombre es rápido, generalizado, se está intensificando y está afectando a muchos aspectos y funciones críticas de los océanos.

Actualmente, las concentraciones de CO2 son más altas que en los últimos 2 millones de años o, en palabras del renombrado científico del clima, Erich Fischer, «más altas que nunca en la historia de la humanidad». El calentamiento global de 1,5ºC o 2°C -el límite superior definido en el Acuerdo de París- se superará durante el siglo XXI a menos que se produzcan profundas reducciones de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Pero, incluso entonces, hay muchos cambios debidos a las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y futuras que seguirán siendo irreversibles durante siglos o milenios, especialmente en el océano. Algunos ejemplos son el derretimiento de las grandes placas de hielo, el aumento del nivel global del mar y el calentamiento, la acidificación y la desoxigenación de los océanos.

El cambio climático afecta al océano a varios niveles. Por un lado, se está produciendo un calentamiento del océano, proceso que en el último siglo avanzó más rápido que en cualquier otro momento desde el final de la última glaciación (hace unos 11.000 años). Además del calentamiento progresivo del océano, también se ha producido un aumento de las temperaturas extremas, las llamadas olas de calor marinas. Su frecuencia se ha duplicado desde la década de 1980 y se prevé que en el futuro sean aún más frecuentes, largas e intensas. Esto tiene efectos adversos en muchos organismos marinos, especialmente en los corales, sumamente sensibles a la temperatura. Además de la decoloración de los corales, las olas de calor marinas también pueden causar cambios en la producción primaria, en la composición y distribución de las especies, en la proliferación de algas tóxicas y en la disminución de las capturas pesqueras.

La acidificación de los océanos está agravando los efectos del calentamiento de estos. En los últimos dos millones de años son insólitos unos niveles de pH en alta mar tan bajos como los actuales y se prevé que su reducción continúe. Este es otro duro revés para los corales y perjudica también a otra fauna calcificadora, incluidas importantes especies de fitoplancton, briozoos, crustáceos como los cangrejos, moluscos como los calamares o las ostras y equinodermos como las estrellas de mar.

A todo esto se suma la desoxigenación de los océanos, una disminución del contenido de oxígeno en la parte superior del océano causada por el calentamiento del océano, la estratificación y la eutrofización. En su estado más extremo, la desoxigenación de los océanos puede causar las llamadas «zonas muertas», regiones con insuficiente concentración de oxígeno para mantener la vida. Se prevé que estas zonas se incrementen en el futuro.

En algunos casos, se pronostica que las corrientes oceánicas se vean alteradas por el calentamiento global. Un ejemplo es la circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés), la poderosa corriente que transporta agua caliente desde el Caribe a Europa, que se prevé que se debilite a lo largo del siglo XXI. Y aunque existe una confianza moderada en que no se producirá un colapso abrupto de la AMOC en este siglo, no se puede descartar por completo un punto de inflexión climático tan importante.

Un efecto visible y más conocido es el deshielo de las enormes placas de hielo de Groenlandia y la Antártida, que contribuye a la subida del nivel del mar (junto con la expansión térmica del agua marina más caliente). En los próximos 2.000 años, se prevé que el nivel medio del mar a nivel mundial aumente entre 2 y 3 m si el calentamiento se limita a 1,5°C, entre 2 y 6 m si se limita a 2°C, y entre 19 y 22 m con un calentamiento de 5°C.

Además, si el calentamiento continúa, antes de 2050 el Ártico estará prácticamente sin hielo durante el verano, hecho que no ha sucedido nunca. Esta situación podría convertirse en la nueva normalidad para 2100 si las emisiones de gases de efecto invernadero son elevadas. Esto podría tener importantes repercusiones negativas en las especies que dependen del hielo marino para su supervivencia, alimentación o cría, como las ballenas, los osos polares y las focas.

Muchos de estos impactos supondrán grandes retos para los organismos y ecosistemas marinos de todo el planeta y pueden llevar a algunos de ellos hasta el límite de su capacidad de adaptación o aclimatación. Esto no sólo puede condenar a ciertas especies, sino que incluso podría devastar zonas enteras de ecosistemas oceánicos de gran importancia y epicentros de la vida marina, como los arrecifes de coral.

Ante estas perspectivas, resulta más importante y urgente que nunca salvaguardar nuestros océanos. Éstos son, sin duda, nuestro mayor aliado en la carrera contra el cambio climático y tenemos que preservar su salud, biodiversidad y resiliencia, así como los servicios que prestan, para que puedan seguir ayudando a mitigar el cambio climático.

¿Qué hay que hacer?

La lectura del informe del IPCC deja claro que nos dirigimos hacia un territorio inexplorado. Nunca antes la humanidad se había enfrentado a un mundo en el que los océanos se calientan, se acidifican, se desoxigenan y se deterioran tan rápido como ahora. Pero, aunque todo esto suene a fatalidad, todavía hay esperanza. No estamos simplemente a merced del cambio climático, sino todo lo contrario, lo estamos causando e impulsando. Nuestras acciones determinan en qué dirección nos dirigimos y a qué velocidad. Todavía tenemos el poder de frenar el cambio climático, atenuar la amplitud de sus impactos y cambiar de rumbo en aspectos relevantes. Y aunque ya nos vemos abocados, irremediablemente, a algunos procesos con trayectorias preocupantes durante cientos, quizá incluso miles de años, otras consecuencias todavía pueden aliviarse o evitarse, a veces incluso revertirse, si reaccionamos de forma inmediata con reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero rápidas, decisivas y duraderas.

El clima que tendremos en el futuro depende de nuestras acciones ahora. O, como lo expresa la oceanógrafa Sylvia Earle: «nuestras acciones en los próximos 10 años determinarán el estado del océano durante los próximos 10.000 años». Este nuevo informe de evaluación es una llamada de atención urgente que debemos atender antes de que sea demasiado tarde.

Acción inmediata para nuestros océanos

Para asumir esa responsabilidad y proteger nuestros océanos, OceanCare pide que se prohíba inmediatamente la exploración de hidrocarburos y se elimine gradualmente su explotación en todo el mundo. Esto representaría un paso importante hacia la descarbonización de nuestras economías, que se necesita con urgencia, y, además, reduciría otra fuente de estrés y peligro para la fauna marina.

OceanCare también pide a la Organización Marítima Internacional (OMI) que introduzca una reducción de velocidad obligatoria para el sector del transporte marítimo. Se trata de una medida económicamente rentable, probada y fácil de aplicar, de rápidos resultados y muy eficaz para reducir las emisiones de carbono de este importante sector de la economía y, como efectos ambientales positivos indirectos, también reduce en gran medida las emisiones de ruido -otro importante factor de estrés para la fauna marina- y el riesgo de colisiones de barcos con cetáceos. La Unión Europea y sus Estados miembros deberían estar a la vanguardia de la promoción de esta medida operativa e imponerla siempre que sea posible en sus aguas.

Junto a estas acciones directas por el clima, OceanCare se centra en la reducción de otros factores de estrés que afectan a la fauna y los ecosistemas marinos, como la contaminación, la sobrepesca, la degradación del hábitat, los enmallamientos, las colisiones con los buques y la caza de ballenas. Puede que esto no mitigue directamente los efectos nocivos del cambio climático en nuestros océanos, pero probablemente ayudará a aumentar la resiliencia de los ecosistemas y las poblaciones de animales y aumentará nuestra esperanza de que sean capaces de adaptarse o aclimatarse a los cambios futuros y puedan seguir dando vida a nuestro inestimable aliado y sistema de soporte vital que son los océanos.

 

Por Sandra Striegel- OceanCare- y Carlos Bravo – Responsable de políticas marinas de OceanCare y amigo de la Fundación Renovables

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Los inversores en renovables tienen en sus manos que el Presidente pueda cumplir su promesa

26 de octubre de 2021

Es una realidad que, por la decisión de la Comisión Europea de mantener el sistema marginalista de fijación de precios del mercado mayorista de electricidad, un combustible como el gas natural, con un aporte al mix de generación del 15% en lo que va de año, sea el que fije el precio para toda la generación de electricidad.

Si analizamos la composición del mix que cierra todos los días el mercado mayorista podremos observar que un porcentaje muy elevado de centrales no se benefician de estos precios desorbitados porque su retribución está fijada en función de la rentabilidad establecida de sus activos. Me refiero a todas las centrales que están inmersas en el RECORE, Retribución Cogeneración y Renovables.

Los inversores de estas plantas de forma arbitraria, indiscriminada y con efectos retroactivos, vieron reducidos, por parte de los gobiernos de España de 2010 a 2014, la retribución que regulatoriamente se había establecido y por la que invirtieron, estableciéndose a partir de 2014, una retribución a la inversión de un 7,39%, valor que todos podríamos considerar atractivo si no hubiera sido porque la inversión elegible no fue la que se había acometido, sino la que el Gobierno, de forma unilateral y ajena a la realidad, decidió fijar.

Estas centrales están retribuidas con el precio del pool más una cantidad fija por cada MW de potencia, denominado como coeficiente Rinv, en función de las características de cada central y está sujeto a regularización por periodos de 6 años; el primer periodo acabó el 31 de diciembre de 2019 y el actual finalizará en diciembre de 2025. Con el fin de flexibilizar la revisión, se estableció una regularización intermedia en periodos de 3 años por lo que en diciembre de 2022 se deberán revisar los ingresos percibidos y fijar la retribución adicional para el siguiente semiperiodo a finales de 2025.

La práctica del Gobierno nunca ha sido amigable con los propietarios de las inversiones porque siempre han establecido un precio de pool para el cómputo de la prima a percibir por inversión mayor que las previsiones más habituales; por ejemplo, para 2020 se fijó 54,42€/MWh cuando el precio del pool fue de 34 €; para 2021 el precio establecido fue de 52,12 €/MWh y para 2022 de 48,82 €/MWh, valores todos muy por encima de las previsiones que el mercado ofrecía y que, obviamente, suponen un menor pago fijo hasta su regularización.

La potencia sujeta al RECORE, en función de cada tipo de central, que figura en una Orden Ministerial, con nada más y nada menos que 1.761 páginas, asciende, incluida la cogeneración, a más de 44.000 MW, de los que, obviamente, la mayoría no cobran ingresos adicionales, bien porque han cumplido la edad para percibirlos o porque tienen un valor cero al ingreso establecido como Rinv.

Si nos fijamos en la situación de 2021 y en lo que ocurrirá, previsiblemente, en los primeros meses de 2022, podemos comprobar que con el precio del pool medio de 70 €/MWh hasta septiembre o con una previsión para todo el año en torno a los 110 €/MWh, los inversores renovables en 2021, de acuerdo con la formulación de su retribución, estarán percibiendo, con respecto al valor de pool fijado para este año de 52,12 €/MWh, un ingreso muy superior que deberá ser regularizado cuando finalice 2022. Si consideramos un exceso de 58 €/MWh, el importe a ajustar solo para las renovables, en grandes números, sería de unos 2.000 M€, a favor del sistema. A esta cantidad habría que descontarle lo no percibido en 2020, unos 250 M€, al fijar un precio de cómputo del pool de 20,4 €/MWh, por encima del realmente producido, sin incluir la eólica ya que su déficit estaría ya recuperado en el cálculo de 2021 al tener un ingreso previsto en el RECORE de 80,9 €/MWh. .La situación para 2022, si atendemos a los futuros previstos para el precio del mercado, lo podrían situar en 130 €/MWh, lo que supone todavía un incremento del ajuste de unos 1.200 M€ adicionales.

La pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué no regularizamos en 2021 lo que corresponde a 2021? Es decir, por qué no regularizamos estos 2.000 M€ que se corresponden con un 11,1% de los costes fijos del sistema y que supondrían una importante rebaja del precio de la electricidad sobre todo para los consumidores domésticos,  al estar subvencionando estos la tarifa eléctrica de las empresas; los consumidores domésticos soportan por kWh un 60% más de costes fijos que una PYME o 4 veces más que la gran industria.

Esta media permitiría, por un lado, que el consumidor doméstico pueda ver reducida de forma importante su tarifa eléctrica y, por otro, y aquí mi esperanza de que pueda realizarse, que la medida resulte atractiva al permitir que la promesa del Presidente se cumpla.

Los inversores renovables están acostumbrados a tener que lidiar siempre con las consecuencias más desfavorables, pero tienen en sus manos, si así lo establecen con el Gobierno, aliviar la carga a los consumidores más desfavorecidos y evitar que el Gobierno tenga que actuar, como suele ser habitual en los últimos tiempos, de forma unilateral y sin contar con el acuerdo de los agentes del sector.

Una última consideración: si el incremento del precio de pool reduce el valor de la retribución por inversión del RECORE, esta reducción no debería disminuir el monto del futuro Fondo Nacional para la Sostenibilidad el Sistema Eléctrico (FNSSE), hoy en discusión en el Congreso. No sería lógico que el petróleo y el gas dicten la política energética y que, además, se beneficien de lo que ellos, con su volatilidad provocada, han generado.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

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El gas natural: un obstáculo para una verdadera descarbonización del transporte marítimo

29 de septiembre de 2021

El transporte marítimo es un sector con una creciente participación en la economía mundial que tiene un impacto medioambiental negativo muy significativo y, también, un constante aumento tanto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes atmosféricos (ya que actualmente depende prácticamente de forma absoluta del uso de combustibles fósiles, mayoritariamente fuelóleo pesado, como fuente de energía), como de generación de ruido submarino y colisiones con la fauna marina, entre otros.

Según el Cuarto Estudio de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre los gases de efecto invernadero del transporte marítimo, las emisiones de GEI -incluyendo el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), expresadas en CO2-eq- del total del transporte marítimo (internacional, doméstico y pesquero) han aumentado de 977 millones de toneladas en 2012 a 1.076 millones de toneladas en 2018. En 2012, hubo 962 millones de toneladas de emisiones de CO2, mientras que en 2018 esta cantidad creció un 9,3% hasta los 1.056 millones de toneladas de emisiones de CO2. La proporción de las emisiones del transporte marítimo en las emisiones antropogénicas mundiales ha aumentado del 2,76% en 2012 al 2,89% en 2018.

Esta cifra de 1.076 millones de toneladas (1.000 millones de toneladas = 1 gigatonelada, GT) de emisiones anuales de GEI convierte al transporte marítimo internacional en su conjunto en el sexto mayor emisor del mundo, después de China (10,06 GT), Estados Unidos (5,41 GT), India (2,65 GT), la Federación Rusa (1,71 GT) y Japón (1,16 GT), que son los cinco primeros países emisores del mundo. Le sigue en el ranking Alemania (0,75 GT) [datos referidos a 2018].

Sin embargo, la industria del transporte marítimo está significativamente por detrás de otros sectores en lo que respecta a sus esfuerzos para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Si no se toman medidas, la evolución creciente del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros conducirá inevitablemente a un aumento de las emisiones de GEI en este sector. Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París en materia de cambio climático, el transporte marítimo internacional debe impulsar su transición hacia la descarbonización.

En un momento tan crucial como en el que nos encontramos, en plena emergencia climática, las inversiones y el desarrollo tienen que ir hacia un solo objetivo: la descarbonización; y alejarse de opciones falsas, como el gas natural licuado (GNL), que solo contribuirían a mantener a largo plazo la actual dependencia energética de combustibles fósiles.

El gas natural tiene un impacto climático incluso peor que los actuales combustibles fósiles líquidos. Apostar por el gas natural conducirá a la generación de activos varados y también a exacerbar la gravedad del cambio climático.

El gas natural es un combustible fósil que se extrae del subsuelo. Está compuesto en su mayor parte por moléculas de metano (CH4), que produce CO2 cuando se quema. El metano es también un gas de efecto invernadero en sí mismo, 36 veces más potente como GEI que el CO2 en una perspectiva de 100 años (o 87 veces más potente en una de 20 años). Por lo tanto, su liberación a la atmósfera provoca más cambio climático que su combustión. El gas natural es «gaseoso» en condiciones normales de temperatura y presión atmosférica. Para facilitar su transporte y almacenamiento, se suele licuar a temperaturas de congelación (-160Cº), lo que da lugar al gas natural licuado (GNL).

Aunque el GNL es presentado interesadamente por la industria de los hidrocarburos como un combustible puente hacia la descarbonización, menos perjudicial para el clima que los combustibles fósiles convencionales, eso es una falacia. El engaño consiste en considerar únicamente las emisiones directas de CO2 de la combustión del GNL, pasando por alto el impacto de las fugas y filtraciones de metano a la atmósfera. El metano suele fugar desde los gasoductos de gas natural durante el transporte o se escapa de los motores cuando se produce una combustión incompleta. La combinación de las emisiones de CO2 y las filtraciones/escapes de metano a lo largo de todo el ciclo de vida del combustible, es decir, desde la producción hasta su combustión en el barco, hace que el gas natural/GNL sea más perjudicial en términos climáticos que el gasóleo fósil usado en el transporte marítimo.

Afortunadamente, existen muchas opciones operativas y tecnológicas que pueden aplicarse para reducir las emisiones de GEI de los buques. Así, el aumento de la eficiencia de los motores, de las hélices y del propio diseño de la embarcación tendrá un impacto significativo en la reducción de las emisiones y, sobre todo, en el recorte del crecimiento futuro de las mismas.

Otras medidas de eficiencia operativa, en especial la reducción de la velocidad de navegación, son muy importantes para reducir el consumo de energía y las emisiones y pueden adoptarse inmediatamente.

En cuanto a la reducción de velocidad, el citado estudio de la OMI reconoce que:

– La reducción de velocidad es considerada como la tecnología con un mayor potencial de reducción de CO2.

– El potencial de reducción de CO2 de la reducción de velocidad indica valores más altos que otras tecnologías.

– Los factores que impulsan la reducción de la intensidad de carbono de los buques incluyen principalmente la mejora de la eficiencia del diseño, la reducción de la velocidad y la optimización de la carga útil.

Es ampliamente reconocido que la reducción de la velocidad de los buques es, entre las diferentes medidas operativas disponibles, la que puede contribuir de forma más rentable a reducir el impacto medioambiental del transporte marítimo. De hecho, esta medida permite reducir, de forma muy significativa y con efecto inmediato, las emisiones de CO2, los contaminantes atmosféricos como el SOx, el NOx y el carbono negro, así como el ruido submarino y el riesgo de colisión con la fauna marina, como señalan estudios recientes.

Con respecto a los combustibles cero emisiones, la solución más sostenible, especialmente para los barcos más grandes y los viajes transoceánicos, es el uso de hidrógeno verde y el e-amoniaco. Este último presenta la opción de e-combustible más barata para el transporte marítimo, con mejor rendimiento que el e-GNL.

Hay un creciente consenso entre los mayores astilleros del mundo de que el e-amoniaco podría ser la «alternativa más cercana a un combustible ideal» para el transporte marítimo. A pesar de que su densidad energética es inferior a la de los e-hidrocarburos y los e-alcoholes, como el e-diésel, el e-metanol o el e-metano, el coste total de operación de los buques oceánicos con e-amoníaco parece ser el más bajo, incluso si se tienen en cuenta los costes indirectos de la pérdida de espacio.

Por todo ello, apostar por el GNL para el transporte marítimo es absurdo desde el punto de vista climático y un grave error en la transición energética hacia la descarbonización. Incomprensiblemente, la Comisión Europea dentro de su paquete legislativo “Fit for 55” (presentado el pasado 14 de julio y cuyo objetivo es asegurar que la Unión Europea reducirá sus emisiones de GEI en al menos un 55% para 2030) decidió apoyar el GNL en lugar de proponer medidas para asegurar el necesario despliegue de combustibles cero emisiones. Esperemos que en la tramitación que tendrá lugar en los próximos meses entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, ese grave error sea subsanado.

Por Carlos Bravo – Responsable de políticas de transporte Transport & Environment y amigo de la Fundación Renovables

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Los camiones a gas no son más limpios que los diésel

27 de septiembre de 2021

Puede que emitan algo menos de CO2 en el tubo de escape y de NOx al quemarlo, pero producen muchas más partículas cancerígenas PM y, si contamos el efecto invernadero de las fugas de metano, son peores para el clima.

Esas son las conclusiones de este estudio de Transport & Environment, tras haber medido y calculado todas las emisiones de varios modelos supuestamente “limpios”.

Por simplificar, pongo esta lámina que muestra las emisiones totales de efecto invernadero, teniendo en cuenta todo el ciclo y las fugas desde la extracción a la combustión.

Al planeta poco le importa que, en el tubo de escape, en vez de 1.000 gramos de CO2eq con diésel, se emitan 900 gramos con gas. Menos aún, si para llevar esos combustibles desde el pozo al depósito hay que emitir 300 gramos más en el caso del gasóleo o 600 en el caso del gas. Y le da igual el artificio que utiliza la industria de repartir el efecto invernadero de las fugas de metano en 100 años para que las emisiones totales resulten un mero 7,5% inferiores.

Es una broma pesada decir que los camiones y autobuses a gas “son limpios” o “son la energía de transición”, porque contaminan un 7,5% menos que los de gasóleo.

Muchos creemos que la realidad es que contaminan un 13,4% MÁS…

Pero, huelga la discusión: con alcohol a 93% no vamos a desalcoholizar el transporte.

Por lo tanto, que no nos cuenten milongas. Que no inviertan miles de millones en gasineras y camiones a gas, que deberán dejar de circular en una o dos décadas.

Que le pongan al GNL/GNC un Impuesto de Hidrocarburos comparable al del gasóleo o la gasolina y desaparecerá al instante el interés de la industria.

Y apostemos decididamente por el transporte pesado verdaderamente LIMPIO: eléctrico a baterías o a pila de combustible con hidrógeno renovable.

Hace casi 3 años publiqué esta metáfora sobre la descarbonización de la aldea gala, por si alguien quiere ver el lado humorístico de esto. Si es que lo tiene…

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

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