Archivo de la categoría ‘Pobreza energética’

La pobreza energética: una dura realidad que ya nadie discute…

Por Ana Isabel Ceballo Sierra – #CoopSumidores

candles

Me hubiera gustado elegir cualquier otro tema sobre energía y consumidores pero la actualidad, tristemente, se impone.

Todos compartimos que en pleno sXXI, los suministros de energía son un derecho básico para la vida de las personas y su desarrollo como ciudadanos.

En 2014, el 11% de los hogares se consideraban incapaces de hacer frente a las facturas energéticas. En concreto, actualmente 5,1 millones de personas son vulnerables a la pobreza energética en España, unos 22% en dos años.

La capacidad que poseen las empresas del mercado energético de interrumpir el servicio en caso de impago sin ninguna supervisión a priori del regulador, se convierte en un elemento coercitivo desproporcionado que no se ve equilibrado por ningún derecho de similares características de sus clientes, y tampoco lo es por las competencias del regulador o de los organismos de control. Este desequilibrio en favor del más fuerte condiciona absolutamente la posición de los consumidores españoles y es su principal fuente de sufrimiento. Sufrimiento que como sabemos puede llegar hasta las últimas consecuencias.

Ninguna entidad privada, con ánimo de lucro, puede tener un poder semejante, capaz de privar a los ciudadanos de los medios necesarios no solo para su supervivencia sino incluso para poder ejercer sus derechos civiles, sin ningún control administrativo o judicial previo.

Además toda una serie de factores agravan la situación de desamparo de los consumidores en materia energética, entre otros:

  • El 66% de la factura eléctrica son “impuestos”.
  • No existe una auditoría real e independiente de los costes del sistema. Se sigue apostando por las energías fósiles y ya se prevé que España incumpla los objetivos de EUROPA 2020 al respecto.
  • Los contadores inteligentes no ayudan a que el consumidor pueda mejorar su eficiencia energética.

Por otro lado, la regulación del bono social resulta del todo insuficiente e inadecuada:

  • Muchos de los consumidores que lo solicitan no llegan a beneficiarse del bono social. Ni son 2.5 millones cuando podrían ser más de 3.
  • Así mismo requiere una potencia contratada lo suficientemente baja que impide que muchos consumidores pueda acogerse.
  • Baremos económicos inadecuados y alejados de la realidad de las familias españolas y excluyendo a sectores de población con grave riesgo de exclusión social.
  • La normativa nacional es inexistente.
  • Deficiente definición del consumidor vulnerable”.

Dado que estamos hablando de un derecho fundamental, además es imprescindible acometer medidas de urgencia como:

  • Prohibición de corte de suministro a cualquier cliente sin autorización administrativa o judicial.
  • Obligación de las empresas de evaluar la situación de vulnerabilidad de sus clientes morosos debiendo solicitar informes negativos a los Servicios Sociales competentes en cada caso. Estando obligadas a tramitar los expedientes para solicitar las ayudas públicas.
  • Moratoria invernal.
  • Garantizar el suministro a determinados colectivos más allá del periodo invernal.
  • Mejora del sistema de alerta de los servicios sociales en caso de corte (obligación para la comercializadora).
  • Suministro mínimo garantizado a todos los consumidores.

Insisto, resulta fundamental invertir la posición de privilegio de las empresas respecto de sus clientes para que sean los derechos de estos últimos los que prevalezcan sobre los derechos de las empresas, haciendo a estas responsables de dar cuenta a la sociedad sobre el uso y destino que se le están dando a los fondos públicos y a los recursos naturales que se les ha permitido aprovechar.

Lee el resto de la entrada »

¿Un banco de kilovátios limpios y solidarios?

Por Emilio Ballester – Presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible

En los últimos días volvía a saltar la noticia: una anciana de 81 años moría en el incendio de su vivienda. Incendio originado por unas velas. Le habían cortado la luz dos meses antes. La pobreza energética muestra una vez más su cara más trágica. Se nos muestra a todos para gritar que existe. Que no es un invento de radicales. Que es una realidad a pesar de nuestra clase política, de nuestro gobierno del PP. A pesar del oligopolio eléctrico que nos gobierna y que acumula miles de millones de beneficios mientras más del 17% de los hogares no puede poner la calefacción o pasa hambre para pagar la factura de la luz.

Mientras, los que creemos en un  sistema social, económico y energético más equitativo vemos como el BOE sigue publicando y publicitando normativas que siguen aumentando los beneficios de las eléctricas. Curiosamente la norma que regula el autoconsumo en España, vigente desde octubre de 2015, establece que las pequeñas instalaciones fotovoltaicas (las de menos de 10kW.), deben regalar al sistema los kWh que produzcan y que inyecten a la red. Situación que suele ocurrir frecuentemente cuando consumimos menos de lo que nuestras placas solares están produciendo. Sin embargo en ese enmarañado Real Decreto de autoconsumo no se dice claramente a quién se regalan esos kWh. ¿Al sistema? ¿Pero quién los cobra? Porque cuando en mi tejado se produce un kWh y yo no lo consumo, va a la red y lo consume mi vecino que  sí se lo paga a su comercializador. Así que aunque yo lo regale, alguien los está cobrando.

Y por qué no un banco bueno, un banco solidario y de energía limpia. Por qué no tengo la oportunidad de donar, de regalar mis kWh a una entidad que los administre y que los destine a paliar situaciones de pobreza energética, de organizaciones que trabajan por una energía más limpia, renovable y accesible como mejor opción ahora que no me dan la oportunidad de cobrarlos, y en el futuro, cuando se cambie la norma y pueda cobrarlos, tener la opción de hacerlo. Un banco de kWh, nutrido por los cientos de miles de kWh  de excedentes producidos por el sol de España en las innumerables instalaciones fotovoltaicas que este país debería ya tener funcionando y produciendo. Un Banco que canalice esa energía hacia donde hace falta y no hacia los de siempre. Seguro que este Banco de Energía Solidaria y Limpia, este BANESOL que, con la experiencia de nuestro país en la banca, rescates, banco malo, etc, seguro que es posible. Ahí queda la idea, la iniciativa al servicio de nuestras fuerzas políticas que siempre andan esperando propuestas ciudadanas que resuelvan carencias y no incrementen el gasto publico.

sol emilio ballester

Pobreza energética, una lacra vergonzante en un sistema injusto

Por Sergio de Otto – Periodista especializado en energía

david-santaolalla

Hoy, lunes 17 de noviembre, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Energética, un problema ignorado hasta hace pocos años pero que ha aflorado especialmente en nuestro país como un síntoma más del insostenible, en tantos aspectos, y también en el social, sistema energético. Hablamos hoy de pobreza energética porque durante los años de la recesión (de esa crisis de la que no hemos salido las personas pese a las cifras macroeconómicas) la necesidad básica que se ha convertido en más inaccesible para millones de hogares en los que se han reducido los ingresos ha sido el acceso a la energía, especialmente al suministro eléctrico.

Efectivamente, en estos casi dos lustros de descenso de la renta de los hogares lo que más subido ha sido el recibo de la luz, muy por encima del coste de la vivienda o la alimentación, entre otras necesidades básicas. Además de este frío, pero tan real, análisis estadístico de evolución de costes e ingresos hay otras muchas causas que nos permiten hablar específicamente de pobreza energética. La principal es, sin duda, la ineficiencia energética de nuestro parque de viviendas en las que la ausencia de las mínimas condiciones de aislamiento son uno más de los efectos de décadas y décadas de construcción ignorando los criterios ambientales.

En el documento de la Fundación Renovables, “Ciudades con futuro”, se afirma que “del parque de viviendas existente en España (26 millones) el 60% al menos no se realizó bajo normas de construcción y de diseño acordes con planteamientos de racionalidad energética y de actuación en relación al clima, sino más bien bajo la ausencia de criterios de minimización de pérdidas motivados por mala construcción/diseño (selección de materiales, cerramientos acristalados mal orientados y de tamaño no lógico, aislantes insuficientes, puentes térmicos…)”. Unas condiciones que afectan especialmente a los más vulnerables, familias en paro, ancianos que viven solos, etcétera.

Los datos que viene ofreciendo -con un gran esfuerzo digno de elogio- en sus estudios la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) sobre la pobreza energética son escalofriantes. Más de cinco millones de ciudadanos no pueden calentar adecuadamente sus hogares en invierno; en 2014 la mortalidad adicional de invierno promedio en España fue de 24.000 muertes por lo que más de 7.000 fallecimientos prematuros estarían asociados a la pobreza energética, mientras que 4.000 personas murieron al año en accidentes de tráfico en el periodo 1996 – 2014.

Pero este gravísimo problema de nuestra sociedad tiene otro enfoque. Mientras que, según el estudio de ACA, “dos millones seiscientos mil ciudadanos (6,9% de la población) dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas” las cinco grandes compañías eléctricas han mantenido sus insólitos beneficios en torno a los seis mil millones de euros anuales, con un margen que dobla el de sus colegas europeos. Una ofensa que se agranda con la existencia de un ineficaz, injusto y obsoleto bono social.

Lee el resto de la entrada »

La pobreza energética y la sentencia del Constitucional

 joanherreramini

Joan Herrera – Abogado 

La pobreza energética es algo que ha existido siempre pero que con la crisis se ha agravado aún más. Podríamos definirla como la dificultad o la incapacidad de mantener tu vivienda en las condiciones adecuadas por razones económicas.

Lo más gordo es que, después de ocho años sufriendo los efectos de la crisis, cada día está afectando a más gente, en un escenario en el que se combinan crisis y una subida del precio de la energía muy por encima de la inflación. Un incremento continuo del precio de la energía, que se ha encarecido un 60% en el caso de la electricidad y un 66% en el caso del agua, sólo en los últimos cinco años (106% des de 2004 al 2014 en lo que se refiere al recibo de la luz). Solo las compañías Endesa e Iberdrola realizaron el año pasado más de medio millón de cortes de luz por impago, exactamente 506.481, según ha revelado la organización FACUA-Consumidores en Acción con los datos que las mismas empresas suministradoras han facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estas cifras suponen un repunte del 6% respecto al 2014.

Pobreza energética - Bruno Mello Teixeira Flickr

Los usuarios españoles en riesgo de pobreza energética únicamente están protegidos por el bono social que se implantó en 2009 y que incluía descuentos en las tarifas en determinados supuestos. No obstante, este bono no es garantía suficiente para solucionar los impagos porque según FACUA el 48% de los consumidores desconocen su existencia. Por desgracia, hoy es más fácil no encender la calefacción que acceder al bono social. Es el ‘pan nuestro de cada día’ encontrar a un vecino que vive sin calefacción o no puede pagar directamente el recibo. Las consecuencias son dramáticas, y están suponiendo una afectación clara a la salud, especialmente para los más vulnerables (mayores y niños).

Y mientras tanto aquí se ha hecho poco y lo poco que se ha hecho ha sido a cargo de Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Como muestra, un botón: el Govern de la Generalitat de Catalunya aprobó una normativa específica en 2013, que costó que se desarrollase y que el Gobierno central recurrió ante el Constitucional. La ley tan solo planteaba una moratoria en el corte de suministro para los meses de invierno, teniendo que pagar el afectado en los meses siguientes. Medida claramente insuficiente que ni tan siquiera benefició a un millar de personas. Después se aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, una Iniciativa Legislativa Popular, promovida por la PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Es ahora, meses después, y tras la demanda de muchos actores sociales y políticos, cuando por fin se han comprometido a desarrollar el protocolo de relación entre empresas suministradoras y los servicios sociales de cada ayuntamiento. Pero si la actitud de muchos gobiernos autonómicos es insuficiente, la actitud del Gobierno central es simplemente inaceptable. Éste ni siquiera ha aplicado la transposición al Derecho español de las Directivas Europeas de protección de los consumidores energéticos domésticos (ya han pasado cinco años desde que se aprobaron). Y, además, como el “perro del hortelano”, que ni come ni deja comer, se ha dedicado a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la tímida e insuficiente normativa autonómica que legislaba sobre la materia, argumentando que rompía el principio de unidad de mercado. Un recurso que hace buenas, e incluso dignas, las legislaciones autonómicas y las actitudes de muchos gobiernos autonómicos, que están muy por detrás de lo que el momento requiere.

Lee el resto de la entrada »

La energía como derecho

Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables fernandoferrandomini

Hace más de 50 años, España cumplió sus planes de electrificación al considerar que toda la población tenía acceso al suministro eléctrico. Disponer de electricidad es una clara señal de calidad de vida sobre todo si tenemos en cuenta que en la actualidad más de 1.600 millones de personas en el mundo carecen de este servicio.

Hogar con pobreza energéticaPero aquel estado de bienestar incipiente y de disponibilidad de servicios básicos públicos se está desmoronando fruto de una política que ha dado la espalda a las personas que más lo necesitan, dejando el acceso a los servicios básicos en función de la capacidad económica y no como un derecho inalienable de cobertura global que un estado solidario y distributivo debería tener.

La realidad es que en la actualidad más de cuatro millones de personas en España, aunque disponen de infraestructura eléctrica, no pueden acceder a la electricidad por no contar con los recursos económicos suficientes para pagarla. Esta realidad conocida como pobreza energética es la causante de la aceleración de la muerte de más de 2.000 personas al año.

Lee el resto de la entrada »