Archivo de abril, 2022

¿Por qué la Unión Europea no habla de eficiencia energética?

El informe del “Rastreador de recuperación sostenible” de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima en 710.000 millones de dólares el gasto global aprobado en energías limpias en lo que va de año, que representa un incremento del 50% en cinco meses. Sin embargo, la AIE señala que las medidas orientadas al consumidor, como la rehabilitación y la movilidad sostenible y eléctrica, no acaban de llegar a la ciudadanía por la burocracia y el insuficiente apoyo de los gobiernos.

El escenario de altos precios de la energía y la invasión rusa de Ucrania no ha suscitado más apoyo a medidas de reducción de la demanda energética sino la preocupación de los gobiernos europeos para sustituir los combustibles fósiles importados de Rusia por otros suministradores, sin abordar el origen del problema: la dependencia energética. Que el Consejo Europeo de marzo no haya acordado nada sobre gestión de la demanda y que la excepción haya sido el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, pidiendo bajar el termostato de la calefacción confirma que Europa carece de política común de energía.

La necesidad de importar más gas e invertir en infraestructuras gasistas desvela otros graves errores del “diktat” alemán que ha moldeado la Unión Europea durante las últimas décadas. La “Europa alemana” de Angela Merkel, que Tony Judt calificó como “una presencia inquietante para sus vecinos”, se aproximó tanto a Putin que ahora la dependencia de Rusia amenaza los cimientos de la UE por el suministro energético y la inflación. No solo la transición ecológica está amenazada sino la convivencia europea que, desde el “austericidio” impuesto por Alemania en la pasada década, ve ahora cómo el aumento explosivo de las desigualdades trae el ascenso de la extrema derecha rusófila y el euroescepticismo. Como ha expresado Paul Krugman, “Alemania, con su irresponsable política energética, se ha convertido en la principal facilitadora de Putin”.

Europa está presa de una crisis energética por falta de voluntad para crear una economía libre de combustibles fósiles y una crisis económica por la inflación derivada de la conformación de precios de la electricidad que tanto Alemania como los monopolios energéticos se oponen a cambiar. Alemania, como afirma Krugman, “seguirá siendo, para su vergüenza, el eslabón más débil de la respuesta del mundo democrático a la agresión rusa”.

El Consejo Europeo no ha tomado ninguna decisión frente a la crisis energética

El Consejo Europeo de marzo aplazó la decisión sobre la reforma del mercado mayorista de la electricidad y los beneficios extraordinarios de las eléctricas hasta que la Comisión Europea presente el estudio correspondiente. Tampoco ha decidido la suspensión de las importaciones de gas y crudo de Rusia por la oposición de Alemania. Las causas de la irresponsable inacción europea son varias:

1-No existe una política común sobre energía. Cada Estado miembro decide libremente sus fuentes de energía y suministro. El rigor sobre el cumplimiento de las directivas europeas y los objetivos climáticos sigue siendo laxo. Es la vía libre a la dependencia energética.

2-No existe un mercado energético común, sino 27 mercados distintos con una elevada dependencia de las importaciones energéticas y un nivel mínimo de autosuficiencia. Preocupa más garantizar la oferta de energía que la gestión de la demanda.

3-La existencia de oligopolios energéticos nacionales, con una conformación de precios que les garantiza los ingresos y el dividendo y un mercado mayorista sin reguladores independientes. El mayor consumo de energía interesa más que la eficiencia, que se identifica con menos ingresos del sistema eléctrico.

Estos tres factores dejan escaso margen de actuación a los gobiernos. No son ellos los que deciden la política energética, sino un mercado especulativo y sin competencia que funciona como sistema de extracción de rentas. La “excepción ibérica” aprobada por el Consejo se apoya en el incumplimiento del objetivo de interconexión eléctrica entre España y Francia, que solo llega al 2,8% de la potencia instalada, lejos del objetivo europeo del 15%.

La isla energética que define la situación de España ha permitido que la Comisión Europea reconozca que el mercado mayorista no funciona y que los “beneficios caídos del cielo” existen. Por ello se permite a España y Portugal limitar el precio del gas para que no encarezca el precio final de la electricidad. Es un reconocimiento tardío a la petición que realizó España seis meses antes y que aún deberá confirmar la Comisión Europea limitando el precio del gas, a lo que se oponen Alemania y las grandes eléctricas europeas, incluidas las españolas.

Bruselas no aplica sus propias directivas para reducir la dependencia energética

No solo han sido economistas e instituciones alemanas, como las universidades de Bonn y Colonia, las que han llegado a la conclusión de que el embargo del gas ruso es factible. El informe conjunto de los think tanks europeos Ember, E3G, RAP y Bellona confirma que las importaciones de gas ruso se pueden reducir a cero en 2025 si la UE disminuye la demanda de gas elevando en el paquete “Fit for 55” los objetivos de electrificación, energías renovables, eficiencia y rehabilitación energética, aprovechando el potencial de ahorro energético de la flexibilidad de la demanda.

En los decálogos que ha publicado la AIE el pasado mes de marzo para que Europa alcance la independencia energética de Rusia, la mayoría de las medidas insisten en la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios, eliminando el gas de la calefacción, y en las estrategias de movilidad sostenible y eléctrica para reducir el consumo de petróleo. Estas soluciones están desarrolladas en las directivas europeas a través de los instrumentos de eficiencia energética.

La Directiva (UE) 2018/2001, de energías renovables, desarrolla los derechos del autoconsumidor y de las comunidades de energías renovables, el apoyo a las pequeñas instalaciones y pequeños actores, calefacción sin emisiones y la instauración de marcos facilitadores del autoconsumo y las comunidades de renovables como medidas de ahorro energético. La Directiva (UE) 2019/944, del mercado interior de la electricidad, establece como instrumentos de eficiencia energética las figuras del cliente activo, las comunidades locales de energía, los precios dinámicos, el agregador independiente de la demanda, la interoperabilidad de los contadores inteligentes y el almacenamiento. La Recomendación (UE) 2021/1749, sobre el principio de primero, la eficiencia energética, se basa en que debe ser preferible la reducción de la demanda antes que la generación de energía.

La Comisión y el Consejo europeos han prescindido en esta crisis de los principios de las directivas que ellos mismos aprobaron. Incluso España, en el RDL 6/2022, se ha olvidado de las políticas de eficiencia y flexibilidad energéticas. Ni siquiera ha desarrollado los conceptos de las directivas que se definieron en el RDL 23/2020.

Las directivas europeas establecen la transformación de un modelo energético centralizado basado en la rentabilidad de las grandes centrales de generación, incluso renovables, en otro basado en el consumidor activo, capaz de generar y consumir su propia energía renovable en cada centro de consumo.

El Consejo Europeo ha decidido sustituir el gas y el petróleo rusos por más gas y petróleo de otros países; pero olvidó que el origen de la actual crisis es la dependencia energética. Ha parecido más fácil seguir la senda de lo que piden los monopolios energéticos nacionales que modificar el modelo energético que origina las guerras, la inflación y las desigualdades.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

¿Cómo transformar la movilidad sin cambiarla?

El título del artículo es, sin lugar a duda, la reflexión final una vez leídas las 122 páginas del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Y es que la primera sensación es de inmovilismo y estancamiento de una de las leyes más esperadas de cara a la lucha contra el cambio climático en España.

Parece que hay que recordar todos los días el auténtico agujero negro de hidrocarburos y de recursos económicos que es el sector del transporte en España, por no hablar de la contaminación, con la emergencia climática llamando a la puerta y el impacto en la salud causando estragos (según la Agencia Europea de Medioambiente causó más de 31.000 muertes prematuras en 2018 en España). El 42% del consumo de energía final corresponde al transporte, del que un 95% corresponde al consumo de derivados del petróleo. Este hecho provoca que el 29,1% del total de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) sean producidas por el transporte y, de estas, un 26,9% son ocasionadas por el transporte por carretera.

Si miramos con lupa y segmentamos los tipos de transporte, los vehículos ligeros (turismos, furgonetas y motocicletas) se llevan el oro al emitir 60 millones de toneladas de CO2 equivalente (Mt) en 2019. Le sigue el transporte por carretera, con 26 Mt y, de manera residual, el marítimo y el aéreo (ambos con 3 Mt). España no es un país productor de petróleo, con el agujero que conlleva en las cuentas; de enero a diciembre de 2021 España gastó en las arcas de otros países un total de 33.615 M€ por la importación de petróleo y derivados, según el Informe mensual de enero de 2022 de Comercio Exterior. Podríamos añadir también la financiación encubierta de los países de la UE a Rusia para su invasión de Ucrania, pero nos vamos a centrar en la importancia de avanzar cuanto antes hacia una movilidad sostenible.

Transporte, ¿Qué transporte?

Con esos datos de aperitivo encima de la mesa, es complicado entender parte del contenido del articulado y las ausencias del Anteproyecto. Me centraré en lo más grave. Esa sensación de desazón nace, en primera instancia, de la carencia absoluta de objetivos, tanto de reducción de emisiones de GEI como de electrificación, sin especificación de los segmentos en los que se deberían aplicar. De hecho, delega todo al PNIEC, que será revisado en 2023, esperemos que al alza, pero sin vinculación regulatoria. En el PNIEC se propone reducir en un 33% las emisiones del sector del transporte en 2030 respecto a las de 1990, lo que supondría, aproximadamente, dejar de emitir un total de 27 Mt de CO2.

Y de repente desaparecen del articulado de la Ley, cuando lo lógico hubiera sido darle el rango normativo de Ley a la consecución de esos objetivos también a 2040 y 2050, o incluso aumentarlos porque ese objetivo no cubre ni el 50% de las emisiones de los vehículos ligeros. Tampoco se entiende que se desvincule este Anteproyecto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, como si el transporte, de la noche a la mañana, no estuviera íntimamente relacionado y fuera el mayor causante del aumento de la crisis climática. Incluir una disposición adicional que vincule el cumplimiento de la norma y la supedite a los objetivos de la LCCyTE sería un paso acertado de cara a aunar esfuerzos normativos.

El teletrabajo también desaparece, pese a que la propia Agencia Internacional de la Energía, en su decálogo para reducir el consumo de petróleo, lo incluía como una medida básica por la que, si se aplicara 3 días a la semana, se podrían reducir 500.000 barriles de petróleo diarios. Es más, el propio Gobierno de España está estudiando la medida de implantarlo en los funcionarios, por lo que no es coherente no promocionar el teletrabajo, siempre y cuando el puesto lo permita.

Otra incomprensible carencia es la falta de intención y de las herramientas para avanzar en el desarrollo de la ciudad de proximidad, ya que “la ciudad se vive a pie”. Todo se enfoca a los vehículos y a los tipos de movilidad, pero no al escenario en el que se mueven. El contenido se puede intuir la necesidad de fomentar el concepto de ciudad de proximidad, en la que los servicios están próximos a los vecinos y se reduce la necesidad de una movilidad de media y larga distancia, pero no se propone de manera efectiva herramientas o líneas de actuación para conseguir su implementación.

Seguimos necesitando reorientar los desarrollos urbanos y los procesos de urbanización con criterios de sostenibilidad energética para aumentar la cohesión social y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, dadas las estrechas implicaciones territoriales que tiene la energía.

Sin ferrocarril electrificado, pero con gas en los buques

Ante la absoluta necesidad de disminuir nuestra dependencia gasista del exterior, sea de Rusia o de cualquier otro país, el Anteproyecto propone, sin ningún reparo, fomentar el gas natural como energía alternativa para el transporte marítimo. Es decir, lo que buscamos es erradicar el gas de nuestros hogares, sistema eléctrico e industrias, pero lo promovemos en los nuevos buques. El metano en su combustión emite CO2, pero, además, es un gas de efecto invernadero, 87 veces más potente que el CO2 en una perspectiva de 20 años. Y esto pese a disponer de alternativas sostenibles como el hidrógeno verde y sus derivados, por los que se debería apostar con un mínimo del 6% a 2030 para los buques.

También se olvidan de aumentar el uso del tren, por lo menos del eléctrico. El déficit estructural del uso del ferrocarril es flagrante en comparación con otros países europeos, sobre todo en mercancías; Alemania lo hace en un 19%, Francia en un 13% y España en un 5%. En ningún momento el articulado apuesta por sentar las bases, los recursos y las herramientas para convertir al ferrocarril en el eje de referencia de la movilidad de pasajeros y mercancías en España.

Tampoco apuesta por el 100% de la electrificación de las líneas férreas, lo que nos condena a seguir utilizando locomotoras diésel de hace 20 años y deja las rutas abiertas a la entrada de los trenes de hidrógeno (cuando ya se sabe que es mucho más eficiente el eléctrico).

No está todo perdido

Muchas de estas ideas han sido recogidas, tanto en las alegaciones particulares de la Fundación Renovables como en el comunicado enviado por un total de 12 organizaciones de la sociedad civil en el que exponen las principales carencias a enmendar tras el periodo de análisis y de alegaciones. No está todo perdido, aunque, tras casi dos años de elaboración y desarrollo del Anteproyecto, se hayan dejado en el tintero tantos pilares básicos.

Pero, no solo se han quedado en el tintero esos pilares básicos, sino que se ha rebautizado el título del Anteproyecto, ya que antes era la “Ley de Movilidad Sostenible y Financiación al Transporte”. Hay que priorizar la financiación del transporte público y concretar las diferentes vías de financiación del Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad, además de incluir una fiscalidad activa y verde, no solo para dar señales correctas a los consumidores para la descarbonización, sino para que esté protegido de medidas coyunturales ante un cambio estructural.

Sí, por fin tendremos una Ley de Movilidad Sostenible, pero se aprobaría a mediados de 2023, con la mayoría de las herramientas disponibles en 2025. Habremos perdido casi tres años y todo por no fijar objetivos a corto plazo. Esperemos que en el periodo de enmiendas y tramitación se subsanen los aspectos comentados, porque de no ser así habremos perdido otra oportunidad más para disponer de otra herramienta para una política climática ambiciosa y de liderazgo en nuestro país.

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

España gana la primera batalla para cambiar el mercado eléctrico europeo

No han pasado diez años desde que Alemania y Países Bajos impusieran al sur de Europa el “austericidio” y la dimisión del ministro griego de economía Yanis Varoufakis para afrontar la gran recesión con recortes sociales, desigualdad y pobreza, cargando a la sociedad el rescate de los bancos. El resultado fue la insignificancia geopolítica de la UE y el ascenso de la extrema derecha antieuropea y rusófila. El Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo era otra encerrona de alemanes y neerlandeses para pagar entre todos la dependencia de las importaciones energéticas de Rusia. La diferencia entre lo sucedido en 2015 y 2022 es que España y Portugal han conseguido parar, de momento, la intención de los países ahora llamados “frugales”, pero derrochadores de combustibles fósiles. La alianza ibérica hace posible que la transición ecológica no sea la primera víctima colateral de la invasión rusa de Ucrania.

Esta primera victoria ha sido doblemente trabajada por la gira europea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la propuesta que en 2021 presentó a la Comisión Europea su vicepresidenta Teresa Ribera para modificar el mercado eléctrico, desconectar el gas de los precios de la electricidad y gravar los “beneficios caídos del cielo” que perciben las eléctricas. La Comunicación de la Comisión Europea del 23 de marzo recogió las propuestas españolas y el Consejo ha aprobado un tratamiento especial para la península ibérica, pues su mínima capacidad de interconexión eléctrica la convierte en una isla energética. Se ha dado un plazo a la Comisión para que presente en mayo medidas de emergencia para el mercado eléctrico, desconectarlo de los precios de los combustibles fósiles y regular los “beneficios caídos del cielo”. La excepción ibérica permitirá proteger a los consumidores de los precios del gas en la tarifa eléctrica fijando un precio de referencia, que aprobará la Comisión, para limitar su influencia en el precio final de la luz.

Solo se ha ganado el primer asalto y habrá que esperar al estudio que realice la Comisión para avanzar en la reforma del mercado eléctrico europeo. Pero el paso dado es tan importante que las propias eléctricas han acudido a Bruselas a negar que existan “beneficios caídos del cielo” y defender lo bien que funciona el mercado mayorista; por su parte, la oposición política ha ridiculizado lo conseguido por Pedro Sánchez, como ya hizo con los 140.000 millones de los fondos del Next Generation UE.

La energía sigue sin ser una política común europea

El mayor fracaso del Consejo Europeo ha sido constatar que sigue sin considerar la energía como política común europea. Se intentó en el frustrado proyecto de tratado de la Constitución Europea de 2003, pero se eliminó del texto y cada Estado miembro decide libremente sobre energía, con lo que Europa cuenta con 27 mercados energéticos distintos. Este hecho ha tenido consecuencias negativas al tratarse de un mercado eléctrico europeo, a diferencia del de los EEUU, controlado por muy pocas empresas, sin competencia y con una conformación de precios diseñada para garantizar los ingresos de un sistema energético dominado por los combustibles fósiles. Es un mercado especulativo que solo beneficia a las eléctricas convencionales.

El mercado energético europeo es una falacia. No existe por el abuso de posición dominante de unas pocas empresas y la falta de reguladores independientes de la competencia. Es la razón por la que el Consejo Europeo no ha aprobado la modificación del mercado mayorista para que los consumidores se beneficien de la mayor generación renovable ni ha aprobado la mayor sanción a Rusia: cortar las importaciones europeas de gas y petróleo rusos. Si los ucranianos arriesgan la vida por su soberanía ¿por qué los europeos no arriesgan nada por su soberanía energética?

En el primer mes de la invasión rusa de Ucrania Europa ha pagado a Putin más de 17.000 millones de euros por las importaciones de combustibles fósiles. También Naturgy ha seguido importando gas ruso a través de buques metaneros. Mientras acoge refugiados ucranianos y sus parlamentos aplauden al presidente Zelenski, Europa llena las arcas del presidente ruso para financiar la invasión de su país. El mercado energético europeo es inmoral por naturaleza.

La Comisión Europea confirma todo lo que las eléctricas niegan

La Comunicación de la Comisión Europea, que se presentó un día antes del Consejo Europeo, confirmó los argumentos de Teresa Ribera sobre un mercado eléctrico roto. Por un lado, propone limitar los precios mayoristas de la electricidad y del gas estableciendo compensaciones o interviniendo con precios de referencia; por otro, propone gravar los beneficios excesivos de las eléctricas o establecer un precio máximo para ciertas tecnologías de generación. Bruselas obligará a que la capacidad de almacenamiento de gas cubra un 80% de las necesidades, pero no propone nuevas interconexiones gasistas.

La respuesta de las eléctricas fue un artículo de los presidentes de Iberdrola, Enel (Endesa) y EDF negando que tengan beneficios extraordinarios y manifestándose en contra de intervenir el mecanismo de formación de precios para no destruir el mercado de la electricidad. Está claro que se refieren a los mercados nacionales donde cada una de ellas opera en condiciones privilegiadas y sin competencia, pero no a un mercado europeo abierto a la competencia de millones de consumidores que no existe porque ellos mismos lo impiden. La batalla continuará en los tribunales en cuanto España tome las primeras medidas que ha autorizado el Consejo Europeo. Frente a la necesidad de reformar el mercado eléctrico, las eléctricas proponen que el mercado está bien como está. Mientras Bruselas y el gobierno de España han priorizado la protección de los consumidores, al sector eléctrico solo le preocupa la protección de sus accionistas y sus operaciones corporativas.

La Agencia Internacional de la Energía propone lo que Europa ignora

El Consejo Europeo ha pasado por alto los principios de la Unión de la Energía y de las directivas de eficiencia energética, renovables y mercado interior de la electricidad. Ha perdido la oportunidad de plantear una iniciativa de reducción de la demanda energética, encaminada a consumir menos gas y petróleo, y acelerar el nuevo paquete “Fit for 55” para sustituir las importaciones rusas con renovables, eficiencia energética y electrificación, actuando sobre la demanda de energía y no, como se ha hecho, sobre la oferta.

Los días 3 y 23 de marzo, la Agencia Internacional de la Energía hizo públicos sendos decálogos para que Europa logre la independencia energética de Rusia. Europa podría reducir una tercera parte de sus importaciones de gas ruso en un año y reducir 2,7 millones de barriles diarios de petróleo ruso impulsando políticas de movilidad sostenible y eléctrica, así como medidas de desarrollo de proyectos eólicos y solares, sustitución de calderas de gas y rehabilitación energética.

Según Fatih Birol, la rehabilitación energética de las viviendas más antiguas ahorraría el equivalente al gas que recibe Europa a través del Nord Stream I. Cuanta más eficiencia menos dependencia energética.

Las conclusiones del Consejo Europeo no van a cambiar un mercado energético que en realidad no es tal. Cada Estado miembro irá por su cuenta a resolver sus problemas de suministro frente a una Comisión Europea dominada por la voluntad alemana de no modificar la conformación de precios que tan bien les va a los monopolios energéticos. Lo que España deberá evitar a toda costa es que en este escenario europeo las medidas para abaratar la luz se conviertan en más costes reconocidos al sector eléctrico que se cargarán, como siempre ha sucedido, a los consumidores de luz y gas. Para eso habría que hacer otra ley del sector eléctrico y otra ley sobre el regulador independiente de la competencia.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables