Archivo de marzo, 2022

La generación distribuida: una oportunidad para el mundo rural

El fuerte descenso de los precios de la industria fotovoltaica ha propiciado que los sistemas fotovoltaicos se hayan convertido en una herramienta importante en el proceso de descarbonización de la generación de energía. En España vivimos un boom de estas instalaciones y las perspectivas de crecimiento son cada vez mayores.

Sin embargo, el crecimiento desordenado de las grandes plantas fotovoltaicas está teniendo una importante respuesta social, que no es una oposición a la energía fotovoltaica en general, sino una oposición a la forma en la que se están desarrollando algunos de estos proyectos.

Si partimos de la base de que todas las actividades humanas tienen impacto en el medio ambiente, no es menos cierto que tal y como se están desarrollando, muchos de estos proyectos no son respetuosos ni con el medio ambiente, ni con el territorio, ni con sus gentes. Personas que sienten que se coloniza su territorio para suministrar energía a otras gentes y otros territorios y que condicionan sus posibilidades de desarrollo sin obtener nada o muy poco a cambio.

Es evidente que el factor de escala juega un papel importante. Cuanto mayor es la planta fotovoltaica, más terreno ocupa y más impacto medioambiental provoca. La única razón para hacer plantas fotovoltaicas cada vez más grandes es que cuanto mayor es la planta, más elevada es la rentabilidad de la inversión. Ante esta situación muchos ayuntamientos se están oponiendo a la instalación de grandes parques fotovoltaicos en su término municipal.

Si atendemos al carácter distribuido de la tecnología fotovoltaica, los sistemas de autoconsumo, el autoconsumo compartido, las comunidades energéticas y, en suma, la participación de todos en la producción y consumo de energía deben de ser prioritarios, implicando activamente a los ayuntamientos en la transición energética. Curiosamente, nadie se opone a este tipo de instalaciones.

Además, hay otras soluciones que apenas se han empezado a desarrollar en España. La agrovoltaica es una de ellas, entendida como el uso conjunto e inteligente de la tierra para la agricultura y la generación de electricidad con instalaciones de energía solar fotovoltaica, y que puede contribuir al desarrollo sostenible de las zonas rurales. Los agricultores tienen la oportunidad de producir su propia energía y/o desarrollar nuevas fuentes de ingresos sin perder la productividad de sus tierras.

Esta tecnología también podría hacer que los cultivos agrícolas sean más resistentes frente al cambio climático. Los sistemas agrovoltaicos ofrecen protección contra la radiación solar excesiva, el calor, la sequía y el granizo. En veranos muy calurosos y secos, esto puede significar rendimientos de cultivos por encima de lo habitual, además de los beneficios de la generación con energía solar. Mediante esta tecnología podemos generar electricidad renovable sin quitar recursos de tierras de cultivo para la producción de alimentos y, lo que es más importante, con la participación activa de los territorios y sus gentes.

Esta tecnología se está desarrollando en otros países como Japón, Corea, China, EEUU, Francia o Alemania. Unos sistemas cuyo diseño debe tener en cuenta el tipo de cultivo y las condiciones climáticas de cada lugar, lo que exige un esfuerzo extra de investigación para conseguir resultados óptimos.

En España contamos con grandes recursos agrícolas y gran experiencia en tecnologías fotovoltaicas, por lo que deberíamos aprovechar las posibilidades del uso dual de la tierra, añadiendo a su uso tradicional la producción de energía eléctrica. Los sistemas agrovoltaicos pueden ayudar a integrar producción de energía y desarrollo local, con beneficios para todos. Estos sistemas han pasado, a nivel mundial, de 5 MW instalados en 2012 a alrededor de 2.800 MW en 2020.

La urgencia del cambio climático hace que tengamos que aumentar de forma exponencial la potencia fotovoltaica instalada y parece evidente que, al ritmo de instalación actual de sistemas de autoconsumo (en España en 2021 fue de 1.203 MW), las grandes plantas son necesarias. El problema es cómo desarrollarlas de manera que minimicemos su impacto y maximicemos el beneficio sobre los territorios, de forma que sean una oportunidad para el desarrollo local. Así, los tamaños de las plantas deben ser acordes a la realidad del territorio y no sólo a la capacidad de evacuación de la red eléctrica. De la misma forma hay que empezar ocupando terrenos poco valiosos desde un punto de vista agrícola y medioambiental y son los municipios afectados los que deben poder decidir sobre la idoneidad de estos. La elección de los terrenos está condicionada también por la proximidad a los puntos de evacuación de la red eléctrica, creando, además, un problema añadido por el efecto acumulativo de diferentes proyectos en el mismo territorio, con líneas de evacuación que se cruzan entre ellas.

El consumo eléctrico de los municipios pequeños puede ser cubierto utilizando un porcentaje pequeño de su territorio, con sistemas de autoconsumo individuales o con pequeñas plantas fotovoltaicas, creando sus propias comunidades energéticas para su autoabastecimiento de energía.

¿Cuánto territorio municipal se puede ocupar con plantas fotovoltaicas sin comprometer el desarrollo futuro del mismo? ¿Qué impacto tienen estas plantas en el desarrollo económico local? ¿Es razonable ocupar tierras productivas para este fin? ¿Que impacto es admisible sobre la biodiversidad? Todas estas cuestiones deben ser resueltas si queremos que la transición energética sea una transición justa y aceptada por todos.

De igual manera, los ayuntamientos deben potenciar y desarrollar iniciativas que fomenten el autoconsumo, el ahorro y que disminuyan su dependencia energética. Todos somos consumidores de energía y todos debemos responsabilizarnos tanto de su producción como de su consumo.

Hay que exigir también a nuestros responsables políticos leyes y normativas que favorezcan la generación distribuida en sus diferentes formas, simplificando al máximo los trámites administrativos y con políticas activas de incentivos. Los municipios, y en especial los pequeños, tienen pocas capacidades para emprender estas acciones y necesitan ayuda y asesoramiento.

En los sistemas democráticos las soluciones siempre pasan por más planificación, más diálogo, más transparencia, más participación activa de todos y más solidaridad. Nadie va a venir a resolver nuestros problemas. Lo tenemos que hacer entre todos.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga y Vicepresidente de la Fundación Renovables

 

¿Dónde está la CNMC?

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se creó en la Ley 3/2013 y representa el mayor atentado de la democracia contra la competencia. Suprimió los organismos reguladores independientes de la economía y sus competencias fueron asumidas por el poder ejecutivo: el ministro de economía designa a todos los consejeros de la CNMC y el ministro de industria y energía asume las funciones regulatorias de los mercados energéticos, incluidas las operaciones corporativas. El responsable de la ley fue el gobierno de Mariano Rajoy y su ministro de economía Luis de Guindos.

Esta ley supuso el enfrentamiento con la Comisión Europea que abrió expediente para llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento de las directivas del mercado interior de la electricidad y el gas de 2009. Para evitarlo, con el cambio de gobierno, se aprobó el RDL 1/2019 que restituyó algunas de las competencias usurpadas en 2013 para que la CNMC pudiera aprobar sus circulares a través de un procedimiento de consenso con las orientaciones de política energética que emitiera el Ministerio para la Transición Ecológica. Se devolvió a la CNMC la competencia para aprobar la metodología y retribución de las plantas de GNL, los peajes de acceso a la electricidad, las condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución, así como la regulación de los mercados organizados.

La Ley 3/2013 debió de ser derogada, pero sigue en vigor, sobre todo en lo que se refiere a la dependencia del regulador del poder ejecutivo. Al no derogarse sigue siendo un freno para abrir la competencia en los mercados energéticos, controlar las operaciones corporativas y proteger a los consumidores del abuso de posición dominante de los oligopolios.

Los beneficios de eléctricas y gasistas castigan a los consumidores finales

La escalada de precios de la electricidad y el gas comenzó en 2021 y ha destapado las mentiras que el sector eléctrico difundió, como la inexistencia de los beneficios caídos del cielo, la insuficiente retribución de las redes o que el precio de la electricidad refleja los costes reales de generación, para justificar el sistema más diabólico de extracción de rentas de la economía española. ¿Quién compensará a los consumidores por los costes del sistema eléctrico indebidamente reconocidos?

La vicepresidenta y ministra Teresa Ribera rompió los tabúes y propuso en otoño a la Comisión Europea modificar el mercado mayorista, sacando el precio del gas como precio de referencia, y un proyecto de ley para gravar los ingresos de las eléctricas por el dividendo del CO2 de nucleares e hidráulicas. Han tenido que pasar seis meses y la invasión rusa de Ucrania para que Europa abandone la inacción y reconozca el caos de una regulación eléctrica y gasista hecha para incentivar los altos costes de la luz, la dependencia energética, el consumo de energía fósil, las emisiones y los recursos para la guerra de Putin.

En España se ha denunciado reiteradamente el mal funcionamiento del mercado mayorista por la falta de competencia o su posible manipulación con hechos tan vergonzosos, como el vaciado de los embalses, frente a los que no se ha actuado. La nueva tarificación del recibo de la luz se anunció con suficiente antelación. Un año después todavía hay compañías que refacturan una, dos y hasta tres veces los mismos recibos porque ni sus sistemas informáticos ni los contadores inteligentes saben hacerlo. A la vez, anuncian los incrementos de sus beneficios, los sueldos de sus directivos, el dividendo de sus accionistas y operaciones corporativas, sin control regulatorio, que afectan a la seguridad energética y a la protección de los consumidores, sobre los que pende la espada de Damocles del corte de suministro y la Ley 24/2013 que traslada a los peajes todos los déficits del sistema.

El mejor instrumento de los consumidores para rebajar sus costes energéticos son los contadores inteligentes; pero éstos siguen siendo un instrumento de las eléctricas para facturar al consumidor y no un instrumento de eficiencia energética al servicio del consumidor, como establece la Directiva (UE) 2019/944, del mercado interior de la electricidad. Los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de esta directiva se incumplen, como se ha incumplido el artículo 9 de la Directiva 2012/27/UE, de eficiencia energética. El cambio de contadores en España se ha hecho incumpliendo las directivas europeas; sin embargo, el control de los contadores no ha preocupado a ningún regulador. El consumidor queda desprotegido, sin poder beneficiarse de las ventajas de los contadores inteligentes y del autoconsumo para ahorrar energía. Así se garantizan los ingresos del sistema eléctrico.

MidCat: más inversiones gasistas para aumentar la demanda de gas y las emisiones

El RDL 13/2012 paralizó las inversiones en nuevas infraestructuras gasistas, regasificadoras, centrales de gas y gasoductos, incluyendo el MidCat con Francia. Se justificó en el “déficit estructural del sistema gasista”, provocado por la sobrecapacidad e infrautilización de sus infraestructuras y la falta de demanda. El gobierno de Mariano Rajoy aprobó la suspensión y no la levantó hasta 2018, aunque en esa fecha el sistema mantenía el déficit estructural de 2012 y la falta de demanda.

En 2017 la CNMC informó negativamente la construcción de nuevas regasificadoras en Tenerife y Las Palmas porque la falta de demanda las hacía deficitarias y su coste lo pagarían los consumidores. Se curaba en salud después del enorme fiasco del almacén de gas Castor que provocó un déficit no auditado al sistema gasista de más de 1.400 millones de euros que en el RDL 13/2014 se cargaron a los consumidores de gas. La Comisión Europea ha sacado el gasoducto MidCat de la lista de proyectos de interés comunitario (PIC) al comprobar la falta de demanda y mercado que abocaba a un déficit que tendrían que pagar los consumidores de Francia y España. El Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la Unión de la Energía y la Acción por el Clima establece, en su artículo 4 d), que toda nueva interconexión será objeto de un análisis del coste-beneficio, socioeconómico y medioambiental, y solo se construirá si los beneficios superan los costes.

La prudencia de Bruselas y la CNMC ha salvado a los consumidores del hachazo que el sector gasista preparaba para convertir España en suministrador internacional del gas argelino. Teresa Ribera ha reclamado que el gasoducto MidCat no deberán pagarlo los consumidores ni detraerse de los fondos europeos destinados a energías limpias. Será difícil porque Bruselas ha etiquetado el gas fósil como energía verde.

Los que están reclamando el proyecto MidCat para que España sea el suministrador de gas a Europa deberían decir toda la verdad. Al tratarse de una infraestructura básica del sistema gasista su coste se trasladará a los peajes, tal como establece el artículo 61 de la Ley 18/2014, sin auditoría ni control alguno. La norma fue aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy que la justificó por el “déficit estructural del sistema gasista”.

El proyecto MidCat no ayudará a Europa a resolver su dependencia del gas ruso porque el plazo temporal de ejecución impide que sea una solución inmediata al problema de suministro y cuando esté ejecutado se convertirá en un activo varado que deberán sostener los consumidores de gas. Es más eficaz que los países del norte inviertan en regasificadoras. La desprotección de los consumidores de gas es aún más grave si se tiene en cuenta la opacidad de los acuerdos entre Sonatrach y Gazprom o los contratos de las gasistas españolas. Resolver la dependencia del gas con más gas contradice las directivas europeas y sus objetivos climáticos. Es una incongruencia con los principios de la Unión de la Energía. La protección de los consumidores necesita una respuesta del regulador independiente de la competencia; pero ni está ni se le espera.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

La doble “cuenta” de la invasión de Ucrania

Desde el día 24 de febrero estamos asistiendo horrorizados a uno de los episodios más tristes de la historia contemporánea que nos recuerda, por desgracia, a otros de épocas pasadas que pensábamos, ilusos de nosotros, que jamás se volverían a repetir.

Ya lo dijo Napoleón Bonaparte, “para hacer la guerra se necesitan tres cosas: dinero, dinero y más dinero”. Es decir, las guerras son caras, muy caras. Sabemos que Rusia, el país más grande del mundo, aunque con una densidad de población muy baja (9 habitantes por Km2), por la vasta extensión de su territorio, dispone de una de las mayores reservas de materias primas del mundo, (níquel, 28,2%, paladio, 20,7%, platino, 19%, trigo, 18,4%, entre otras), es el tercer productor de petróleo del mundo, prácticamente a la altura del segundo que es Arabia Saudita, y el segundo de gas natural, por detrás de EEUU. De hecho, en 2022 ocupa el primer puesto a nivel mundial en cuanto a reservas de gas natural, con aproximadamente 47.805 km3, por delante de Irán con 33.721 km3.  Es un país autosuficiente cuya economía late al son de las exportaciones.

Extracción petrolífera

El gas es el punto fuerte, pero también el más débil de Rusia en una situación como la actual. Si bien, por un lado la dependencia de la Unión Europa del gas ruso es muy alta, en torno al 40%, por otro, es el principal mercado para sus exportaciones ya que Rusia vende el 85% de sus reservas de gas a la UE. En 2021, vendió a Europa petróleo y gas por valor de unos 100.000 millones de dólares, según estimaciones de William Jackson, economista de Capital Economics. En el corto plazo, esta dependencia actual de la UE del gas ruso supone una fortaleza para Rusia, pero en el medio y largo plazo la apuesta por otras fuentes de energía como las renovables, la eficiencia energética y el abandono de los combustibles fósiles harán que esa fortaleza se debilite.

Europa lleva mucho tiempo llenando las amplias arcas rusas con los ingresos procedentes de las compras del gas, lo que ahora le permite financiar la invasión en Ucrania. Es más, Putin ha utilizado el grifo del gas a su antojo y propio beneficio desde septiembre de 2021, gas fósil que, además, es el causante de los disparatados y elevadísimos precios que estamos pagando por la electricidad desde el año pasado y que, con las perspectivas futuras, vamos a seguir pagando si la Comisión Europea no da luz verde a la desvinculación del gas del modelo de fijación de precios marginalista. En 2021, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, España importó productos energéticos por valor de 46.575 M€, que supone un 3,9% de nuestro PIB.

Pero, es más, desde que comenzó la invasión en Ucrania el precio del gas no ha parado de incrementarse, así los futuros del gas en el mercado neerlandés, que es el referente europeo, crecieron un 79%, llegando a subir desde los 220 €/MWh hasta los 345 €/MWh, para situarse finalmente en los 229 €/MWh, por lo que, lejos de conseguir que esas arcas rusas se vean mermadas, ha sucedido lo contrario, las reservas de gas se están revalorizando.

Y respecto al petróleo, aunque se refugie en un segundo plano, ocurre más de lo mismo; hoy el barril de Brent se sitúa casi en los 104 dólares, debido en gran parte a que los países importadores (como ya ha anunciado el presidente Biden) están vetando las importaciones de petróleo de Rusia para no contribuir a financiar la guerra. Un ejemplo son las compañías GALP y Shell (ambas británicas que han seguido la dirección de EEUU), las últimas firmas que han anunciado que dejan de comprar productos petrolíferos rusos. Esta subida del precio del petróleo está suponiendo un incremento extraordinario en los precios de la gasolina en muchos países, alcanzado prácticamente los 2€ por litro. Y no debemos olvidarnos de que Rusia es el principal suministrador de uranio enriquecido de España con un 53,3%, uranio que utilizamos en las centrales nucleares y que, como ya propuso la Fundación Renovables en 2019, deberían estar programando su cierre para antes de 2024.

Por tanto, por un lado, desde occidente cada día seguimos comprando y empleando recursos rusos por cientos de millones, financiando indirectamente la invasión, al mismo tiempo que sufrimos, sobre todo, los hogares y las empresas, las consecuencias de esta. El sobrecoste en las facturas de gas y luz, que ya venían siendo muy altos en meses anteriores, está impactando directamente en los bolsillos de todas las familias y, por tanto, en el encarecimiento de los procesos productivos lo que provocará una subida del IPC (en diciembre de 2021 un 6,5%, del que 3,16 puntos se debe a la subida, un 72%, de la electricidad, el gas y los combustibles), el descenso en las previsiones del crecimiento del PIB, el deterioro de la confianza en los mercados y un decrecimiento de la economía. Todo esto teniendo en cuenta que aún no hemos salido del brutal shock económico provocado por la pandemia del Covid 19.

Desde la Fundación Renovables venimos reclamando desde hace tiempo la urgente revisión y reforma del modelo de fijación de los precios del mercado eléctrico, para que no sea el gas el que marque el precio final de la electricidad de todo el sistema, así como la necesidad de apostar claramente por el desarrollo de las renovables y la eficiencia energética para poder disminuir esa dependencia exterior. Ahora este relato se ha generalizado en la opinión pública, lo que es muy positivo, porque la presión social es necesaria también para cambiar la situación actual.

Lamentablemente, ha tenido que producirse un acto tan lamentable para que la Comisión Europea despierte de su letargo y se plantee una serie de medidas, muy necesarias, aunque sin una aplicación a corto plazo, a través del plan REPowerEU: acción europea conjunta por una energía más asequible, segura y sostenible, para dar solución a la dependencia del gas ruso antes de 2030 (por la inacción en este sentido de los últimos años) y a la escalada de precios que, en realidad, empezó mucho antes. En Versalles los líderes europeos han decidido tomar la sartén por el mango para llevar a cabo esa necesaria reforma de los mercados eléctricos para poder sacar el gas, pero habrá que esperar a finales de marzo y abril para que se materialice.

En palabras del vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans: “Ha llegado el momento de resolver nuestros puntos vulnerables y de ser más independientes en nuestras opciones energéticas. Pasemos a las energías renovables a la velocidad del rayo. Las energías renovables son una fuente de energía barata, limpia y potencialmente infinita y, en lugar de financiar la industria de los combustibles fósiles en otros lugares, crean empleo aquí. La guerra de Putin en Ucrania demuestra la urgencia de acelerar nuestra transición hacia una energía limpia”. Pero, el vicepresidente se olvida de que hace solo poco más de un mes, la Comisión Europea incluía en la taxonomía de inversiones sostenibles al gas natural. Necesitamos un poco más de rigor.

Ahora toca trabajar para conseguirlo, y no a la velocidad del rayo, sino a la que nuestras necesidades y experiencia nos aconsejan y que es mucho mayor de la que llevamos ahora.

Maribel Núñez – Gerente de la Fundación Renovables

Autosuficiencia energética y ciudadanía

Una vez más recibimos alertas sobre el grave problema del cambio climático. Esta vez la señal de alarma viene de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que tras la publicación del nuevo informe IPCC (”Cambio climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”) ha apuntado claramente a los responsables: “Los grandes contaminantes son culpables”. Es un informe devastador y que deja poco lugar a la esperanza. La acción decidida no puede aplazarse más, es necesario actuar ya para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones para 2030, cualquier retraso significa muerte, según ha declarado.

Ya sabíamos que la utilización de combustibles fósiles es insostenible desde el punto de vista medioambiental y de supervivencia, ahora tenemos que añadir el hecho de que la situación geopolítica ha puesto claramente de manifiesto nuestra fuerte dependencia para el abastecimiento de estos combustibles que no tenemos, lo que nos hace ser vulnerables frente a situaciones como la actual; ya estamos notando las consecuencias en el importante incremento del precio de la electricidad.

Aunque la fuerte escalada de este precio en los últimos meses no sólo se debe a la necesidad de importar estos combustibles, sino también al sistema de fijación de precios. En este sentido, es una buena noticia que esta misma semana la Comisión Europea haya anunciado que propondrá que los países miembros establezcan un gravamen a las ganancias obtenidas por las empresas energéticas debido a los recientes aumentos en los precios del gas. También hay que aplaudir la propuesta enviada a la Unión Europea (UE) por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para modificar el sistema de formación de precios de la electricidad, de manera que no se incluya el coste del gas y a la que empiezan a unirse distintos países. Parece claro que tenemos que apostar decididamente por hacer una transición energética basada en las energías renovables. La sustitución de los combustibles fósiles por fuentes renovables para generar electricidad contribuye de manera directa a la descarbonización y, por tanto, a mitigar los efectos del cambio climático y a reducir la depencia energética.

En el ámbito de la transición ecológica, en el paquete Fit for 55 de la UE se incluye el objetivo de suministrar un 40% del consumo final de energía mediante renovables para el año 2030. De entre las renovables, una de las tecnologías que está penetrando de manera rápida en los últimos años es la solar fotovoltaica. Según los datos de Red Eléctrica de España, desde el año 2017 hasta finales de 2021, casi toda la nueva potencia instalada, 15.731 MW, es solar fotovoltaica, 10.360 MW (65%), y 5.111 MW (32 %) eólica; el porcentaje restante corresponde a otras fuentes renovables. Esta potencia se ha instalado tanto en sistemas distribuidos de autoconsumo individual o compartido, aproximadamente un 25%, como centralizados, un 75%. A finales de 2021, la potencia total fotovoltaica era de más de 15.000 MW.

Es importante destacar, dentro de la fotovoltaica, el crecimiento de los sistemas de autoconsumo. En el año 2017 había unos 122 MW instalados mientras que a finales de 2021 ya había más de 2.616. Sólo entre 2020 y 2021 se multiplicó por dos la nueva potencia fotovoltaica para autoconsumo instalada.

¿Este tipo de instalaciones son buenas para el sistema eléctrico? En mi opinión sí. Por muchas razones. Según la propuesta que hace la Fundación Renovables en su informe “Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad”, el esquema óptimo de desarrollo de las energías renovables sería el que se muestra en la figura.

Según esta propuesta, en la parte alta de esta pirámide invertida están las instalaciones de autoconsumo individual o colectivo que son las que más deberían extenderse. Este tipo de instalaciones permiten a la ciudadanía tener sistemas de generación de electricidad en sus propias viviendas o en ubicaciones cercanas; facilitan la gestión de la demanda, minimizan las pérdidas del sistema por la cercanía entre generación y consumo y dan flexibilidad al sistema eléctrico. Además, ayudan de forma clara a promover el papel proactivo de la ciudadanía en la necesaria y urgente descarbonización y sustitución de los combustibles fósiles.

En este sentido, la Directiva UE 2018/2001, en su Art. 21.2, establece que los Estados miembros deben garantizar que los autoconsumidores de energías renovables, de manera individual o mediante agregadores, tengan derecho a generar energía renovable, incluido para su propio consumo, y a almacenar y vender su excedente de producción de electricidad renovable, en particular mediante contratos de compra de electricidad renovable, acuerdos comerciales con proveedores de electricidad y entre pares. También, según el artículo 21.4, para los autoconsumidores de energías renovables en el mismo edificio.

La Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre (BOE de 16 de noviembre de 2021), supuso la modificación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica que se había establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril. A partir de la publicación de esta Orden el reparto de la energía generada por estas instalaciones puede hacerse mediante el establecimiento ex ante de coeficientes de reparto horarios para cada día del año. Esto supone un avance respecto a los coeficientes fijos, pero sería interesante que se permitiera la posibilidad de un reparto realmente dinámico que tuviera en cuenta los consumos reales de cada miembro de la comunidad energética y se hicieran esos balances de generación-consumo ex post, como ya se apunta en la citada Orden, en la que se indica que es necesario hacer un análisis para esa implantación, ya que es de esperar que el autoconsumo colectivo experimente un importante incremento en los próximos años.

Unido al concepto de autoconsumo (individual o colectivo), que da nombre a estas instalaciones, está el de autoabastecimiento o autosuficiencia energética, con toda la carga de responsabilidad y oportunidad que ofrece a la ciudadanía. Muchas de estas instalaciones, especialmente las que se están haciendo en el sector residencial, están contribuyendo a que las viviendas generen a lo largo del año una energía igual o superior a la consumida, por lo que podrían considerarse viviendas de consumo cero.

También hay que avanzar en la creación de comunidades energéticas que son agrupaciones de consumidores que pueden llevar a cabo múltiples actividades: producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía. En la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se definen las Comunidades de Energías Renovables como “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras”.

Algunas de las ventajas que supondrá participar en una Comunidad Energética es que proporcionan a la ciudadanía un acceso justo y fácil a recursos locales de energía y otros servicios energéticos o de movilidad, crean oportunidades de inversión, aumentan la aceptación del desarrollo de energías renovables locales, facilitan la integración de renovables en el sistema a través de la gestión de demanda, crean empleo local y fomentan la cohesión y equidad social.

Hay, sin embargo, algunos problemas sin resolver ya que falta un marco normativo con un grado suficiente de desarrollo, los procedimientos administrativos son complejos, no es fácil acceder a financiación por la falta de confianza de los inversores y el riesgo en cuanto a la percepción del inversor. Este tipo de iniciativas es fundamental para avanzar hacia un modelo descentralizado y participativo, por lo que es necesario que se avance y que se difundan todas las experiencias que se están llevando a cabo.

Respecto a las plantas centralizadas, que están en la base de la pirámide invertida, sería importante establecer condiciones que permitan limitar su tamaño, de manera que se desarrollen bajo criterios de economía productiva, favoreciendo el desarrollo económico local de los territorios en los que se hagan. También es necesario que los promotores propongan instalaciones que aporten beneficios sociales y medioambientales en la zona donde se ubiquen, de manera que se consiga un equilibrio entre la energía y el territorio. Y algo muy importante, conseguir una aceptación e inclusión social de su implantación en el territorio, como lo han conseguido los otros tipos de instalaciones fotovoltaicas.

Los acontecimientos de los últimos días nos obligan, todavía más, a repensar temas como el de la soberanía energética. Tenemos fuentes de energías renovables y tecnología; no perdamos la oportunidad de conseguir una transición energética justa basada en renovables y aceptada y apoyada por toda la ciudadanía.

 

Llanos Mora – Vicepresidenta de la Fundación Renovables

La invasión de Ucrania dinamita la taxonomía “verde” de la Comisión Europea

Vaya por delante la oposición frontal y rotunda contra cualquier conflicto bélico, sea en Ucrania, en Yemen, en Siria o el genocidio étnico contra los Tigray en Etiopia. La distancia no es excusa para tachar de intolerable la pérdida de vidas humanas. La violación constante de los derechos humanos es una realidad en numerosos países, pero esta exaltación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos parece que solo se enarbola en tiempos de guerra y no de paz.

Centrándonos en Europa, lo cierto es que la taxonomía verde nació con respiración artificial, aquella que le proporcionaba tanto la nuclearizada Francia como el fuerte arraigo gasista alemán. Aguantó en el disparadero mediático en contra de una oposición con argumentos sobradamente razonables, pero ahora la han desconectado del respirador. La demencia de un maniaco como Putin al iniciar la invasión de Ucrania, totalmente injustificada y banalizando la propia vida humana, ha hecho saltar las débiles costuras de la propuesta de taxonomía verde que todavía debe ser aprobada por el Parlamento Europeo. Ya era evidente, y ahora lo es más, que era, es y será un error histórico para la ambición de Europa de liderar la lucha contra el cambio climático.

Las tensiones geopolíticas están demostrando la débil estructura de nuestro modelo energético actual. Las volátiles coyunturas internacionales juegan un papel decisivo en la política energética de cada país, en función de su dependencia energética, y las decisiones que se toman a miles de kilómetros tienen un impacto directo en los hogares, comercios, negocios e industrias de nuestro país.

Todos los factores, no lo olvidemos, se encuentran actualmente en un marco de grave emergencia climática y tenemos por delante el mayor reto de la sociedad: erradicar el uso de los combustibles fósiles y conseguir un desarrollo sostenible.

El conflicto tapa las conclusiones del IPCC

El lunes 28 de febrero saltaron las alarmas. Más allá de las antiaéreas en las ciudades ucranianas, también se escucharon las climáticas; aquellas que venimos desoyendo, incluso tapándonos los oídos, desde hace décadas. La emergencia climática es más urgente que nunca. El informe del 2º grupo de trabajo -de vulnerabilidad y adaptación- del sexto ciclo de revisión del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue publicado el pasado lunes 28 de febrero. Las conclusiones no son nada halagüeñas.

Ya estamos viviendo impactos irreversibles en todos los ecosistemas del globo, que van mucho más allá de su capacidad de adaptación, y con las políticas actuales, vamos camino de un aumento de la temperatura media global de entre 2,3 y 2,7 grados centígrados. De hecho, según el informe, la mitad de las especies analizadas han desplazado su distribución, mientras que una gran cantidad se han extinguido localmente y otras, por desgracia, nunca volverán a pisar o a volar en nuestro planeta. Como biólogo, este hecho me parece extraordinariamente preocupante, ya que tras millones de años de interacciones entre los genomas y la adaptación a un ambiente cambiante, habían dado lugar a especies únicas e irrepetibles que el ser humano ha condenado a la desaparición absoluta. Una catástrofe silente.

El informe también pone énfasis en que entre 3.300 y 3.600 millones de personas se encuentran en un contexto altamente vulnerable frente al cambio climático; esto es, a ojo de buen cubero, la mitad de la población. ¿Dónde se encuentran? La mayoría en África occidental, central y oriental, Asia meridional, América Central y del Sur y pequeños estados insulares y el Ártico. Además, incide en los problemas de salud mental que ya acarrean los efectos del cambio climático, así como en el marginalismo ante unas tendencias de colonización, por parte de los más ricos, de las áreas menos afectadas. Estamos a tiempo de pararlo, pero cada vez tenemos que correr a mayor velocidad en una carrera en la que la distancia se acorta.

¿Reanimar una taxonomía verde fútil?

En un contexto de urgencia extrema no podemos pegarnos tiros en ambos pies. Los necesitamos para caminar, por tanto, no debemos incluir la nuclear y el gas fósil, porque el camino a la descarbonización solo se construye con más y más renovables y más y más almacenamiento. Todo lo demás son presiones lobistas y cesiones de gobiernos sepulcrales ante ellas. Europa no puede perder el tiempo para, no solo cerrar el grifo a nuevas inversiones, sino desprenderse totalmente de toda dependencia del gas (sea de Rusia, Omán, Qatar o Trinidad y Tobago), así como de los reactores nucleares y los sueños mesiánicos de unos pocos defensores dogmáticos. 

Los combates, tanto en las cercanías como en el propio recinto de la central de Zaporiyia, han despertado esta noche el pánico nuclear en Europa y el mundo entero. Por suerte, el incendio no fue a más y las tropas rusas controlan ahora el 25% de la generación eléctrica de toda Ucrania, pero los videos de ametralladoras impactando y el reguero de los socavones ante el impacto de las bombas en las cercanías de un reactor hielan la sangre por la grave situación que se podría haber generado. Todo este desalentador panorama se une a la ya de por sí incongruente intención de invertir en reactores que, como se ha visto, supone una amalgama de retrasos en los plazos de construcción y unos sobrecostes desorbitados, no olvidemos, financiados con dinero público.

El otro pie es el del gas. Como ya sabíamos, pero ha destacado la Agencia Internacional de la Energía, un aumento rápido y masivo de energías renovables es la solución para disminuir la dependencia de este combustible fósil. Su plan de 10 puntos propone, entre otras medidas:

gravar los beneficios inesperados que obtendrán las compañías eléctricas por el aumento de los precios de la electricidad, acelerar la sustitución de las calderas de gas por bombas de calor y la renovación de edificios e intensificar los esfuerzos en el almacenamiento de baterías, la mejora de las redes y la eficiencia energética para apoyar la seguridad eléctrica.

¿Qué tienen de innovadoras? Nada, ya las hemos demandado constantemente desde organizaciones como la Fundación Renovables. Es decir, dejemos de invertir en nuevas explotaciones gasistas que aletarguen nuestra dependencia, sea de Rusia o de cualquier otro país con dudosos sistemas democráticos y vulneraciones de los derechos humanos. La taxonomía verde deja arrinconada a la nuclear y al gas, por lo que lo lógico y razonable es eliminarlos cuando tenga lugar la votación en el Parlamento Europeo.

“All in” a las renovables

España carece de combustibles fósiles y está expuesto a los vaivenes y decisiones de terceros países, en muchos de los cuales la democracia no existe o está devaluada. Además, ante el cierre del gaseoducto de Marruecos y el riesgo de que Rusia cierre el grifo, en enero hemos importado un 34,6% de GNL procedente de Estados Unidos para garantizar el suministro y las coberturas de nuestras necesidades energéticas. Cabe destacar, a pesar de que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCyTE) prohíba las licencias para nuevas explotaciones de fracking en territorio español, que el shale gas que importamos procede del fracking, pero extraído en un suelo ajeno, por lo que parece que la venda medioambiental nos la ponemos solo cuando traspasamos nuestras fronteras.

No es descabellado, y así lo exigimos desde la Fundación Renovables, pedir un 90% de generación renovable para 2030, reduciendo las emisiones en un 55%, de cara a la revisión del PNIEC y la LCCyTE en 2023. Como tampoco lo es el simple hecho de incluir un objetivo de electrificación de la demanda de energía del 50% para aumentar la descarbonización de los consumos del transporte, residencial y sectores difusos.

La electrificación con renovables no solo significa una mejora de la calidad del aire de las ciudades, sino también avanzar en la consecución de un sistema eléctrico distribuido y descentralizado, que tenga la capacidad de aunar a nuevos actores y a la ciudadanía de manera activa.

Otro terreno de conflicto energético es el debate sobre las reglas del mercado eléctrico, reforma propuesta por España e ignorada por la Comisión Europea -aunque ahora parece que se lo están replanteando-. Y es que es una evidencia que el modelo marginalista no funciona al disponer de, aproximadamente, un 60% de tecnologías infra marginales, sustrayendo, de manera poco transparente con los costes reales de generación, rentas de los consumidores en momentos en los que la recuperación económica por el Covid 19 está todavía convaleciente.

La invasión de Ucrania es un límite que nos pone entre la espada y la pared, pero que deja invalidada la propuesta de la taxonomía verde de la Comisión Europea. Empecemos a aprovechar el potencial renovable del que disponemos sobre nuestros tejados y en nuestros montes, calentemos nuestros hogares con electricidad y pongamos como línea prioritaria la eficiencia energética. Es la mejor estrategia contra la tiranía energética que ahora mismo se impone en Europa. Tenemos la tecnología en la mano, solo falta que las decisiones sean coherentes y urgentes.  

 

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables