Archivo de noviembre, 2021

La descarbonización de la economía

En la legislación europea no es posible encontrar una definición del concepto de descarbonización. La mejor aproximación se encuentra en la Recomendación (UE) 2019/786, relativa a la rehabilitación de edificios, en la que se define un parque inmobiliario descarbonizado como “aquel cuyas emisiones de carbono se han reducido a cero mediante la reducción de las necesidades energéticas, garantizando al mismo tiempo la satisfacción de las necesidades energéticas restantes a partir de fuentes sin emisiones de carbono”.

Esta definición no solo concreta la descarbonización como el concepto cero emisiones, sino que establece el orden y la combinación de elementos para alcanzar ese objetivo: primero la eficiencia energética o reducción de la demanda y, en segundo lugar, las fuentes de energía sin emisiones, es decir, las energías renovables. La descarbonización es el resultado de alcanzar la más alta eficiencia energética para reducir la necesidad de generar electricidad y la poca energía que se necesite se cubrirá con fuentes de origen renovable.

La incompatibilidad de la descarbonización con la utilización de los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, queda establecida de forma rotunda así como los medios para eliminar las emisiones, que se pueden trasladar al conjunto de la economía, ya que el edificio descarbonizado es el centro de consumo por excelencia de la transición energética y es el ejemplo para los sectores difusos, edificación, transporte, industria y agricultura y servicios, cuyas emisiones van a resultar más difícil de controlar y reducir a cero.

El modelo de descarbonización más desarrollado en las normas europeas es el del edificio de consumo de energía casi nulo, que añade a la más alta eficiencia energética, la generación renovable en el propio edificio o su entorno, es decir, el autoconsumo, la recarga del vehículo eléctrico y la interoperabilidad de los dispositivos inteligentes para la gestión de la demanda con el control del consumidor. Se trata de un nuevo modelo de producir y consumir que se relaciona con el modelo productivo y con el cambio de hábitos del consumidor que se transforma en el consumidor activo, que gestiona su propia demanda con independencia de los grandes suministradores.

El avance en las tecnologías de generación y eficiencia hacen posible hablar de la descarbonización como un objetivo viable. Los nuevos paradigmas para el próximo lustro se  concretan en la mayor conciencia social a favor de la sostenibilidad y contra la contaminación, el crecimiento de la eficiencia energética y la gestión de la demanda a través de los recursos energéticos distribuidos, la sustitución del gas fósil por el almacenamiento en baterías, la carga inteligente del vehículo eléctrico en viviendas y edificios, los agregadores independientes de la demanda que permitirán la participación de los consumidores en el mercado eléctrico y el desarrollo de las comunidades ciudadanas de energía. Estos elementos van a situar en el centro del sistema energético al consumidor activo en sustitución de las grandes centrales de generación, incluidas las renovables a gran escala, y van a equilibrar el mix energético con más generación distribuida o de kilómetro cero.

La adaptación al cambio climático exige que le relación de la energía con la biodiversidad y la salud entre en los balances económicos para impulsar un cambio en los comportamientos individuales; pero para que la economía y la sociedad entren en la era de la descarbonización se requiere establecer nuevas reglas en los mercados energéticos. En primer lugar, aceptar que el primer problema es el medio ambiente y los límites del planeta; en segundo lugar, el modelo energético no debe dedicarse únicamente a generar rentas, sino a crear riqueza y para ello la energía más barata, eficiente y limpia, es la de proximidad, es decir, la generación distribuida que convierte cada centro de consumo en un centro de generación; en tercer lugar, establecer una coherencia de las políticas públicas para que la inversión energética siga la evolución de la demanda y, en cuarto lugar, se debe reconocer el valor económico a la eficiencia energética y facilitar a los consumidores el acceso a los instrumentos para ahorrar energía, aplicando los derechos que las directivas europeas reconocen al consumidor o cliente activo.

La Cumbre del Clima de Glasgow (COP 26) ha evidenciado el frustrante retraso en la acción contra el cambio climático. La descarbonización de la economía no es un problema de objetivos, sino de modelo energético. A partir de ahora deberá apoyarse en los recursos energéticos distribuidos y en las aplicaciones inteligentes para la gestión de la demanda con el control del consumidor.

Este cambio en las formas de producir y consumir debe comenzar por:

  • Una economía de la huella de carbono que defina la transición energética como la transformación de un sistema energético centralizado en uno distribuido con energías cien por cien renovables, con presupuestos y fiscalidad de carbono y una gestión de la huella de carbono por parte de los propios consumidores.
  • Abrir la competencia a millones de autoconsumidores a través de su participación directa, o mediante agregadores independientes y comunidades energéticas, en los mercados de electricidad, aprovechando los beneficios del autoconsumo y de los contadores inteligentes como instrumentos para la descarbonización y el abaratamiento de la energía.
  • Convertir cada vivienda, edificio y vehículo en una central eléctrica aprovechando la principal virtud de las energías renovables, como es la proximidad de la generación al consumo, es decir, su carácter de recurso distribuido.

La Fundación Renovables ha propuesto una jerarquía de las renovables encabezada por el autoconsumo, las comunidades energéticas y la generación distribuida, una planificación energética que incluya los recursos energéticos desde el lado de la demanda y la trasposición urgente de las directivas europeas del “paquete de invierno”.

 

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

Comunidades energéticas: de derrota en derrota hasta la victoria final

Que nuestra forma de cubrir las necesidades energéticas se lleve a cabo en comunidad no es una utopía: ni por cuestiones técnicas, resueltas por el desarrollo y la disponibilidad de las fuentes renovables; ni por temas de eficiencia, dado que la gestión de la demanda lleva implícita la minimización de las necesidades, tanto de energía como de infraestructuras, sobre todo si se utilizan de forma unidireccional; y ni en materia de legalidad, ya que la figura de la Comunidad Energética (CE) es la base de la Directiva UE 2019/944 sobre el Mercado Interior de la Electricidad.

En la directiva, todavía no transpuesta al orden jurídico español tras 2 años, a pesar del interés declarado por el Gobierno de España en apostar por las Comunidades Energéticas, se deja claro tanto el papel que deben tener en el modelo energético del futuro como la necesidad de que los gobiernos velen por que se cumplan los requisitos básicos para su funcionamiento y desarrollo.

Ya en el artículo 1 introduce que su estatus debe ser el de “una   entidad   jurídica   que:  se   basa   en   la   participación   voluntaria   y   abierta, … y  cuyo   objetivo   principal   consiste   en   ofrecer   beneficios   medioambientales,  económicos   o   sociales   a   sus   miembros   o   socios   o   a   la   localidad   en   la   que   desarrolla   su   actividad,   más   que   generar   una   rentabilidad   financiera,   y   participa   en   la   generación,  incluida   la   procedente   de   fuentes   renovables,…   así como, en la prestación de servicios relacionados con la energía”.

El marco de actuación de las CE es lo suficientemente amplio como para situarlas en el centro del modelo energético futuro y demandar un marco regulatorio que permita su desarrollo y replicabilidad. Quizás, señalar como única duda, respecto a la definición y alcance que se les da en la directiva, la sombra que se introduce al indicar que la rentabilidad financiera no debe estar entre sus objetivos, como si esta solo pudiera ser obtenida por los agentes que controlan y actúan desde el sector eléctrico tradicional. Es absurdo que a los procesos de inversión se les pretenda colocar la etiqueta “Non-profit” porque es la forma de condenarlos al fracaso o hacerlos depender, de forma continua, de un procedimiento de actuación artificial al amparo de las ayudas públicas.

Es fundamental destacar que en los artículos 16 y 18 se exige a los Estados miembros la creación de un marco jurídico favorable y que, además, logren que el gestor de la red de distribución coopere y ajuste los costes por el uso de la red a la realidad de dicho uso.

A nadie se le escapa que estas exigencias no solo no se cumplen, sino que, además, nuestro ordenamiento jurídico va en dirección contraria al mandato de la directiva en algunos elementos básicos para el desarrollo de las CE, como, por ejemplo:

  • Que no disponemos de un marco regulatorio adecuado, pese a la consulta pública de finales de 2020, ni sabemos todavía que personalidad jurídica van a tener las CE.
  • Que el autoconsumo colectivo, antesala de las CE, no está regulatoriamente desarrollado.
  • Que las distribuidoras no solo no ayudan, sino que son la mayor traba para cualquier instalación de autoconsumo que supere los 15 kW. La retribución definida como rentabilidad por inversión va en contra del establecimiento de peajes por uso real de la red, como exige la directiva, y su pertenencia a grupos eléctricos integrados hace que haya un permanente conflicto de intereses entre las funciones encomendadas para el desarrollo de las CE y el beneficio del grupo empresarial.

No nos engañemos; a pesar del interés mostrado por el Gobierno con la elaboración de guías, la participación en jornadas explicativas, el destino de líneas de ayudas financieras desde los fondos de los Next Generation EU, como los 100 M€, procedimiento que está en periodo de consulta pública hasta el próximo día 19 de noviembre, o la disponibilidad de un mapa interactivo en la web del IDAE en el que se pueden ver las iniciativas que están en marcha actualmente, ni hemos avanzado en el desarrollo de las CE ni en el del autoconsumo colectivo, que es la base de partida, al menos en cuanto a la generación de electricidad en las CE.

Vemos como la mayoría de las Comunidades Autónomas están haciendo verdaderos esfuerzos para apoyar el desarrollo de las primeras iniciativas de CE, pero no es suficiente y realizar un proyecto piloto tras otro, hechos, no me cabe ninguna duda, con el esfuerzo innovador de muchos para conseguir que sea fácil llevar a cabo estas iniciativas de forma natural, no es el camino que seguir.

Las CE necesitan, ante todo, que el autoconsumo colectivo se desarrolle regulatoriamente de forma adecuada:

  • Eliminando la exigencia de la distancia máxima de 500 metros entre generación y consumo.
  • Suprimiendo la exigencia de suma uno de los coeficientes de reparto de todos los participantes, con el fin de dotar de flexibilidad a la entrada y a la salida de los consumidores asociados.
  • Desarrollando el estatuto del consumidor asociado.
  • Regulando que el acceso a la red sea automático, porque somos una agrupación de consumidores que ya tenemos una potencia contratada muy superior a la que vamos a inyectar a la red como excedentes.
  • Cumpliendo la promesa de disponer de coeficientes dinámicos de reparto y que verdaderamente se pueda compartir la electricidad entre los miembros de la CE.

Obviamente, es difícil pensar que el autoconsumo colectivo va a ser una práctica habitual cuando todavía no disponemos de las pautas necesarias para eliminar las barreras existentes. No necesitamos ayudas económicas, ni pretendemos que las CE florezcan en base a su consideración como proyectos piloto para lucimiento público, solo queremos que su desarrollo sea replicable y normalizado.

Winston Churchill pensaba que la victoria era una consecuencia natural de las causas justas y del empeño en conseguirlas. Sabemos que en comunidad todos somos más fuertes y por eso nuestras peticiones deben estar centradas en conseguir los grados de libertad que necesitamos para ponerlas en marcha. Todo lo que retrasemos su desarrollo ocasionará derrotas absurdas que no necesitamos para lograr nuestro objetivo que no es otro que poder decidir en libertad cómo queremos cubrir nuestras necesidades energéticas.

 

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Una llamada de atención para la protección de los océanos y la mitigación del cambio climático

Los océanos son mucho más que el hogar de una deslumbrante variedad de plantas y animales o una importante fuente de alimento para nosotros. Los océanos desempeñan un papel crucial en la regulación de nuestro clima y almacenan grandes cantidades del exceso de calor que se ha acumulado en el sistema terrestre desde la época preindustrial. Además, absorben una parte importante del CO2 antropogénico, eliminándolo de la atmósfera y evitando un mayor calentamiento.

Debido al cambio climático todos estos servicios que nos proporciona el océano son cada vez más importantes y, al mismo tiempo, están cada vez más en peligro.

Un siglo de cambios globales y una llamada urgente a la acción

El recientemente publicado 6º Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma rotundamente que el cambio climático provocado por el hombre es rápido, generalizado, se está intensificando y está afectando a muchos aspectos y funciones críticas de los océanos.

Actualmente, las concentraciones de CO2 son más altas que en los últimos 2 millones de años o, en palabras del renombrado científico del clima, Erich Fischer, “más altas que nunca en la historia de la humanidad”. El calentamiento global de 1,5ºC o 2°C -el límite superior definido en el Acuerdo de París- se superará durante el siglo XXI a menos que se produzcan profundas reducciones de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Pero, incluso entonces, hay muchos cambios debidos a las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y futuras que seguirán siendo irreversibles durante siglos o milenios, especialmente en el océano. Algunos ejemplos son el derretimiento de las grandes placas de hielo, el aumento del nivel global del mar y el calentamiento, la acidificación y la desoxigenación de los océanos.

El cambio climático afecta al océano a varios niveles. Por un lado, se está produciendo un calentamiento del océano, proceso que en el último siglo avanzó más rápido que en cualquier otro momento desde el final de la última glaciación (hace unos 11.000 años). Además del calentamiento progresivo del océano, también se ha producido un aumento de las temperaturas extremas, las llamadas olas de calor marinas. Su frecuencia se ha duplicado desde la década de 1980 y se prevé que en el futuro sean aún más frecuentes, largas e intensas. Esto tiene efectos adversos en muchos organismos marinos, especialmente en los corales, sumamente sensibles a la temperatura. Además de la decoloración de los corales, las olas de calor marinas también pueden causar cambios en la producción primaria, en la composición y distribución de las especies, en la proliferación de algas tóxicas y en la disminución de las capturas pesqueras.

La acidificación de los océanos está agravando los efectos del calentamiento de estos. En los últimos dos millones de años son insólitos unos niveles de pH en alta mar tan bajos como los actuales y se prevé que su reducción continúe. Este es otro duro revés para los corales y perjudica también a otra fauna calcificadora, incluidas importantes especies de fitoplancton, briozoos, crustáceos como los cangrejos, moluscos como los calamares o las ostras y equinodermos como las estrellas de mar.

A todo esto se suma la desoxigenación de los océanos, una disminución del contenido de oxígeno en la parte superior del océano causada por el calentamiento del océano, la estratificación y la eutrofización. En su estado más extremo, la desoxigenación de los océanos puede causar las llamadas “zonas muertas”, regiones con insuficiente concentración de oxígeno para mantener la vida. Se prevé que estas zonas se incrementen en el futuro.

En algunos casos, se pronostica que las corrientes oceánicas se vean alteradas por el calentamiento global. Un ejemplo es la circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés), la poderosa corriente que transporta agua caliente desde el Caribe a Europa, que se prevé que se debilite a lo largo del siglo XXI. Y aunque existe una confianza moderada en que no se producirá un colapso abrupto de la AMOC en este siglo, no se puede descartar por completo un punto de inflexión climático tan importante.

Un efecto visible y más conocido es el deshielo de las enormes placas de hielo de Groenlandia y la Antártida, que contribuye a la subida del nivel del mar (junto con la expansión térmica del agua marina más caliente). En los próximos 2.000 años, se prevé que el nivel medio del mar a nivel mundial aumente entre 2 y 3 m si el calentamiento se limita a 1,5°C, entre 2 y 6 m si se limita a 2°C, y entre 19 y 22 m con un calentamiento de 5°C.

Además, si el calentamiento continúa, antes de 2050 el Ártico estará prácticamente sin hielo durante el verano, hecho que no ha sucedido nunca. Esta situación podría convertirse en la nueva normalidad para 2100 si las emisiones de gases de efecto invernadero son elevadas. Esto podría tener importantes repercusiones negativas en las especies que dependen del hielo marino para su supervivencia, alimentación o cría, como las ballenas, los osos polares y las focas.

Muchos de estos impactos supondrán grandes retos para los organismos y ecosistemas marinos de todo el planeta y pueden llevar a algunos de ellos hasta el límite de su capacidad de adaptación o aclimatación. Esto no sólo puede condenar a ciertas especies, sino que incluso podría devastar zonas enteras de ecosistemas oceánicos de gran importancia y epicentros de la vida marina, como los arrecifes de coral.

Ante estas perspectivas, resulta más importante y urgente que nunca salvaguardar nuestros océanos. Éstos son, sin duda, nuestro mayor aliado en la carrera contra el cambio climático y tenemos que preservar su salud, biodiversidad y resiliencia, así como los servicios que prestan, para que puedan seguir ayudando a mitigar el cambio climático.

¿Qué hay que hacer?

La lectura del informe del IPCC deja claro que nos dirigimos hacia un territorio inexplorado. Nunca antes la humanidad se había enfrentado a un mundo en el que los océanos se calientan, se acidifican, se desoxigenan y se deterioran tan rápido como ahora. Pero, aunque todo esto suene a fatalidad, todavía hay esperanza. No estamos simplemente a merced del cambio climático, sino todo lo contrario, lo estamos causando e impulsando. Nuestras acciones determinan en qué dirección nos dirigimos y a qué velocidad. Todavía tenemos el poder de frenar el cambio climático, atenuar la amplitud de sus impactos y cambiar de rumbo en aspectos relevantes. Y aunque ya nos vemos abocados, irremediablemente, a algunos procesos con trayectorias preocupantes durante cientos, quizá incluso miles de años, otras consecuencias todavía pueden aliviarse o evitarse, a veces incluso revertirse, si reaccionamos de forma inmediata con reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero rápidas, decisivas y duraderas.

El clima que tendremos en el futuro depende de nuestras acciones ahora. O, como lo expresa la oceanógrafa Sylvia Earle: “nuestras acciones en los próximos 10 años determinarán el estado del océano durante los próximos 10.000 años”. Este nuevo informe de evaluación es una llamada de atención urgente que debemos atender antes de que sea demasiado tarde.

Acción inmediata para nuestros océanos

Para asumir esa responsabilidad y proteger nuestros océanos, OceanCare pide que se prohíba inmediatamente la exploración de hidrocarburos y se elimine gradualmente su explotación en todo el mundo. Esto representaría un paso importante hacia la descarbonización de nuestras economías, que se necesita con urgencia, y, además, reduciría otra fuente de estrés y peligro para la fauna marina.

OceanCare también pide a la Organización Marítima Internacional (OMI) que introduzca una reducción de velocidad obligatoria para el sector del transporte marítimo. Se trata de una medida económicamente rentable, probada y fácil de aplicar, de rápidos resultados y muy eficaz para reducir las emisiones de carbono de este importante sector de la economía y, como efectos ambientales positivos indirectos, también reduce en gran medida las emisiones de ruido -otro importante factor de estrés para la fauna marina- y el riesgo de colisiones de barcos con cetáceos. La Unión Europea y sus Estados miembros deberían estar a la vanguardia de la promoción de esta medida operativa e imponerla siempre que sea posible en sus aguas.

Junto a estas acciones directas por el clima, OceanCare se centra en la reducción de otros factores de estrés que afectan a la fauna y los ecosistemas marinos, como la contaminación, la sobrepesca, la degradación del hábitat, los enmallamientos, las colisiones con los buques y la caza de ballenas. Puede que esto no mitigue directamente los efectos nocivos del cambio climático en nuestros océanos, pero probablemente ayudará a aumentar la resiliencia de los ecosistemas y las poblaciones de animales y aumentará nuestra esperanza de que sean capaces de adaptarse o aclimatarse a los cambios futuros y puedan seguir dando vida a nuestro inestimable aliado y sistema de soporte vital que son los océanos.

 

Por Sandra Striegel- OceanCare- y Carlos Bravo – Responsable de políticas marinas de OceanCare y amigo de la Fundación Renovables