Archivo de diciembre, 2019

Conflicto en las redes eléctricas alemanas. El poder de la remunicipalización

La liberalización del sistema eléctrico europeo a finales de la década de los 90 fue promocionada, por parte de sus defensores, como el mejor paso hacia la libertad energética particular y ciudadana. Sin embargo, también es una muestra de debilidad del sistema. Sin duda, el mayor punto de crítica es el elevado precio de la electricidad que pagan los ciudadanos mes a mes. Pero hay otro punto de controversia en Alemania que ha ido ganando importancia en los últimos años: la recuperación de la operación de las redes de electricidad por parte de la ciudadanía.

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Adorno y el verdadero irlandés

En los últimos meses he participado en varias mesas de debates sobre contratos bilaterales de compraventa de energía, que suelen denominarse PPA, de Power Purchase Agreement.

Siempre son debates muy entretenidos y creo que, a lo largo de los últimos 2-3 años, han ganado mucho en contenido. Hablamos ahora con más concreción, ya que hemos visto una gran proliferación de PPA’s en este periodo tan corto. A veces, parece que el pasado está más lejos de lo que está realmente y algunos sólo quieren PPA’s y no quieren saber ya nada de subastas. Es entendible porque el sector tiene todavía dificultades con la relación entre regulación y expectativas legítimas.

Va más allá, incluso, de querer ver sólo PPA’s. Hay quienes abren los debates con la pregunta: ¿qué es un PPA? En estas ocasiones suelo responder que, regulatoriamente, en España conocemos el contrato bilateral con entrega física de energía eléctrica, regulado por el Real Decreto 2019/1997, pero no diría que fuera el único PPA o, incluso, el verdadero. Es el único con entrega física, eso sí, pero no podemos considerarlo como la única configuración jurídica de un PPA.

Nadie considera la única configuración del PPA como aquella que sea con entrega física, pero, curiosamente, lo contrario sí que ocurre. En este debate semántico, en vez de ver el término PPA como una cesta de significados que contiene muchas subcategorías, algunos mantienen la postura de que aquel PPA que no coincide con el PPA que ellos firmaron, no es un PPA de verdad. Es otra cosa: it’s not the real McCoy.

Es una falacia clásica y tiene nombre: el verdadero irlandés. El verdadero irlandés sólo hace una serie de cosas y si alguna persona no las hace, o hace otras, entonces se dice de ella que no es irlandesa de verdad. El pensador alemán Theodor Adorno ha etiquetado esta forma de proceder como la violencia de las palabras. Nos permite menospreciar aquello que no entra en nuestra categoría por no pertenecernos.

Cualquiera de las configuraciones de un PPA al final del día tiene que plasmarse en un modelo jurídico y como no me limito a asesorar únicamente a un solo sujeto del sistema eléctrico en concreto, he tenido que configurar muchas modalidades de PPA diferentes. Diría que prácticamente todas desde la perspectiva de todas las partes. Para mí, el nombre en cuestión es de importancia subordinada, lo esencial es su finalidad.

reto energético

Firmar un PPA no es una finalidad en sí, pues los clientes que vienen a verme para asesorarse no tienen las mismas necesidades. Un desarrollador de una planta de producción de electricidad puede buscar un PPA que le permita financiar su planta con deuda, mediante un Project Finance, con una contraparte que sea aceptable para su entidad financiera. Si la contraparte es una operadora dominante en el sistema, que tiene limitaciones legales para firmar operaciones con generadores de electricidad a partir de fuentes renovables, tendría que ser un contrato de coberturas financieras. Las grandes eléctricas tienen buenos ratings y, por ello, pueden ser una contraparte para este futuro generador eléctrico. Si las eléctricas dominantes quisieran que sólo se formalizaran PPA’s con ellas, dirían que su PPA es el verdadero. No obstante, no lo dicen.

Si este mismo futuro generador quisiera formalizar con una comercializadora no dominante, podría hacerlo de otra manera: por ejemplo, firmando un contrato de representación indirecta, en su caso también con redención de las garantías de origen al mismo comercializador. Puede que sea la forma más conveniente para aquellas comercializadoras que no están limitadas por ley para hacerlo. Para ellas puede que sea el mejor PPA. Por otro lado, también es posible que existan otras limitaciones, no relacionadas con la regulación del sector eléctrico, cuando tratamos con una comercializadora vinculada a la administración pública, por ejemplo. En tales casos puede ser más conveniente que el contrato sea de representación directa, para que no se le contabilice toda la energía como volumen de negocio, la cual le restaría a la proporción que debe tener como medio propio, debido a las obligaciones que tiene que observar cuando contrata con terceros.

Desde la perspectiva de la comercializadora es muy interesante equilibrar sus obligaciones de venta con las de compra, para estar menos expuesta a la volatilidad del mercado mayorista. Si tiene muchos contratos con consumidores a precios estables, una gran volatilidad repentina en el pool puede causarle serios problemas de tesorería, incluso económicos, a menos que se cubra a largo plazo firmando coberturas con terceros.

El consumidor está cobrando cada vez más importancia en el sistema eléctrico. Hace no mucho tiempo se le consideraba todavía el abonado que tenía que aceptar lo que la eléctrica consideraba mejor. Desde 2013 ya es realmente consumidor, porque puede elegir libremente su comercializadora. Desde la aprobación del actual paquete regulatorio “Winter Package” de la Unión Europea (UE), se propaga la centralidad del consumidor en la transición energética. El prosumidor, en España el autoconsumidor, es un elemento importante en ello.

Este consumidor también busca firmar PPA’s. Los primeros consumidores en interesarse vienen de sectores electro intensivos. Por un lado, están los que constituyeron sus propias comercializadoras y, por otro, los que buscan en los PPA la forma de internalizar un activo de generación. La finalidad aquí no es internalizar este activo en sí, pero sí su coste medio nivelado. Esta parte ya se ha liberalizado mediante el Real Decreto Ley 15/2018, sólo le falta reglamentación. A esto se refiere la redacción vigente de artículo 44 de la Ley del Sector Eléctrico cuando se habilita para firmar PPA’s a aquellos consumidores que no tienen capacidad técnica para ser directos en el sistema.

Todavía no existe en España la posibilidad de firmar PPA’s entre consumidores, los únicos sujetos del sistema que pueden comprar y vender energía entre ellos mismos son, hoy por hoy, las comercializadoras. La Directiva 2018/2001 UE, de energías renovables, que forma parte del “Winter Package” de la UE, ya comentado, nos brinda esta posibilidad. No significa, necesariamente, que otros sujetos, como por ejemplo las comercializadoras, no tengan un rol de mucha relevancia en estos PPA, pero sí que permite que no sean la parte dominante.

Muchas de estas modalidades son novedades económicas, porque es ahora cuando se han hecho económicamente viables; regulatoriamente vienen de finales de la década de 1990. Otras son novedades en el sentido regulatorio, como la parte que pone el énfasis en el consumidor, parte en la que hay más capacidad de desarrollo. Quién consiga mantener el visor abierto y cultivar una actitud adaptiva será quién podrá sacar más partido de todo ello. En mi opinión, hay lugar para todos en el sistema eléctrico y es inevitable su evolución, desde un sistema con abonados hasta un sistema con consumidores emancipados, que logre la plena equiparación de los sujetos consumidores con el resto.

Piet Holtrop – Abogado y socio protector de la Fundación Renovables

El cambio climático en la región mediterránea: muy malas perspectivas

El pasado 11 de diciembre, Greta Thunberg, en su intervención en el plenario de la COP25 sobre el clima, preguntó a los representantes y negociadores de los países asistentes cómo podían reaccionar sin sentir pánico ante los irrefutables datos que la ciencia ofrece sobre los devastadores efectos que ya tiene el cambio climático.

Esa misma pregunta es la que también se podía haber hecho a los representantes de los países firmantes del convenio para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo (Convenio de Barcelona) que participaron en la 21ª Reunión de las Partes Contratantes del Convenio (COP21) que se ha celebrado en Nápoles del 2 al 5 de diciembre.

Los datos científicos que maneja el Convenio de Barcelona sobre cómo está afectando el cambio climático al Mediterráneo son estremecedores (ver más abajo) pero, aunque en todos los discursos de apertura y de clausura de la COP21 se hicieron referencias a la emergencia climática y a la necesidad de actuar urgentemente reduciendo las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), lo cierto es que durante las sesiones de esta última cumbre no ha habido indicios de ningún tipo de debate serio al respecto. En mi opinión, Greta Thunberg acierta plenamente cuando critica a los políticos porque hablan todo el rato de emergencia climática, pero, incoherentemente, se comportan y actúan como si no estuviéramos realmente en una situación de urgencia.

En esa misma línea, el Convenio de Barcelona, no sólo no ha adoptado ninguna decisión conjunta de establecer objetivos medibles de descarbonización para la región a corto, medio o largo plazo, sino que, por el contrario, la mayoría de los países miembros siguen haciéndole el juego a la industria petrolera, fomentando las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, en total contradicción con los esfuerzos y objetivos de transición energética del Acuerdo de París, del que también esos mismos países son parte. Es más, en la COP21 se adoptó una decisión al aprobar unas directrices que regulan las actividades offshore, que permitirían a la industria de hidrocarburos explorar nuevos recursos, incluso dentro de áreas marinas protegidas.

La COP21 del Convenio de Barcelona ilustró claramente la ausencia de compromiso conjunto de este foro internacional con respecto al cambio climático. Como reconoce el “Informe 2019 sobre el estado del medio ambiente y el desarrollo en el Mediterráneo” (SoED 2019) del Convenio de Barcelona, que se llevó a aprobación a la COP21:

“Actualmente, más de doscientas plataformas de petróleo y gas en alta mar están activas en el Mediterráneo. Con nuevos descubrimientos de grandes reservas de combustibles fósiles y exploraciones en la región, esta cifra aumentará. La exploración en alta mar en curso en la cuenca del Levante, en el Líbano y la República Árabe Siria, así como en la cuenca del Delta del Nilo y la cuenca del Egeo podría contener importantes reservas de petróleo y gas y podría transformar los ecosistemas y economías del Mediterráneo oriental”.

En otras palabras, el problema ya no es sólo que los gobernantes no tengan un verdadero sentimiento de urgencia ante el desafío del cambio climático, como denuncia Greta, sino que, al menos en el caso de los países de la cuenca mediterránea (salvo muy contadas excepciones), los gobiernos mayoritariamente siguen manteniendo políticas energéticas activas de fomento de los combustibles fósiles, que impiden avanzar en la necesaria descarbonización de la economía.

Y ello pese a las aterradoras perspectivas para todo el área del Mediterráneo frente a los efectos del cambio climático. Según datos del citado informe del Convenio de Barcelona presentado ante la COP21:

  • La cuenca mediterránea se ve afectada por el cambio climático a un ritmo muy superior al promedio mundial, en particular por un calentamiento más rápido del aire y de la superficie del mar en todas las estaciones.
  • Mientras que la temperatura media mundial del aire ahora es aproximadamente 1.1°C por encima de los valores preindustriales, la región mediterránea se acerca a un calentamiento de 1.6°C. Se espera que se haya calentado 2.2°C entre 2030 y 2052.
  • En paralelo, la temperatura de la superficie del mar en el Mediterráneo ya se ha calentado alrededor de 0,4°C por década durante el período comprendido entre 1985 y 2006 y se espera que alcance entre +1.8°C y + 3.5°C para 2100 en comparación con el período entre 1961 y 1990.
  • Las olas de calor son cada vez más fuertes y frecuentes y se acentúan especialmente en los centros urbanos debido al efecto de isla de calor. Se espera que las precipitaciones de verano disminuyan entre un 10% y un 30% con el aumento atmosférico global de 2°C y es muy probable que los eventos de fuertes lluvias se intensifiquen y se vuelva más erráticos.
  • El mar está absorbiendo CO2, lo que provoca la acidificación de los océanos a una velocidad sin precedentes de 0,018 a 0,028 unidades de pH por década, con importantes consecuencias esperadas sobre los organismos calcificadores, que afectan a la biodiversidad marina y a la acuicultura.
  • El cambio climático ya exacerba los desafíos regionales, induciendo un aumento en los riesgos de sequías, inundaciones, erosión e incendios. En las próximas décadas, se espera que el cambio climático amenace aún más la seguridad alimentaria y del agua, así como los medios de vida y la salud humana.
  • El turismo, la pesca, la acuicultura y la agricultura ya han comenzado a verse negativamente afectados tanto por los cambios en los patrones climáticos generales como por los eventos extremos.
  • La calidad y la cantidad de los recursos de agua dulce disminuyen, mientras que el calentamiento y la disminución de las precipitaciones a nivel local conducen a la reducción de los rendimientos (especialmente para los cultivos de invierno y primavera en el sur) y aumentan los requisitos de riego.
  • La composición y distribución del stock de peces probablemente cambiará, con más especies de aguas cálidas y una disminución en el tamaño de los peces.
  • Debido a un rango de marea limitado, las infraestructuras y los asentamientos costeros mediterráneos a menudo están más cerca del nivel medio del mar que en la mayoría de las regiones del mundo, lo que los hace muy vulnerables al aumento del nivel del mar, tormentas, inundaciones, erosión y subsidencia local de la tierra.
  • El mar está aumentando su nivel a un ritmo acelerado de 2,6, a 2,9 mm por año, lo que implica un aumento estimado actualmente de 52 a 190 cm para 2100. Considerando la alta concentración de población humana y las actividades en la zona costera mediterránea, la exposición es muy alta. Además, el aumento del nivel del mar también provoca la salinización de los humedales y acuíferos costeros.
  • Teniendo en cuenta la intensidad particular del forzamiento climático (aumento de la temperatura, disminución de la precipitación, acidificación, aumento de eventos extremos), del forzamiento no climático (crecimiento de la población, incluidas las llegadas de turistas) y la vulnerabilidad y exposición de los principales riesgos (cobertura del suelo, densidad de población, actividades económicas, sitios de patrimonio), la cuenca mediterránea se considera un punto caliente de cambio climático.

En resumen, las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona reconocen abiertamente -y lo ponen por escrito- que el cambio climático ya se está expresando con gran dureza hoy en día y que los efectos esperados en las próximas décadas serán devastadores, pero siguen actuando como si nada pasara.

Me temo que, aunque algunas cosas están empezando a cambiar, la sociedad civil tendrá que seguir presionando durante más tiempo, y cada vez más fuerte, para que los gobiernos de todo el mundo decidan actuar de forma verdaderamente responsable.

Por Carlos Bravo – Consultor para OceanCare y socio protector de la Fundación Renovables

Hoy es el día de la transición justa en la COP25

Hoy, 12 de diciembre, es el día de la Transición Justa en la Cumbre de Cambio Climático que está celebrándose en Madrid.

La transición justa es la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima, que maximiza los beneficios de la acción climática a la vez que minimiza los impactos negativos en los trabajadores y en los territorios afectados. La transición justa es una agenda de ambición climática y de solidaridad con los territorios y los grupos de población más vulnerables.

Hoy es un día de reconocimiento a la labor realizada para que la transición justa fuera incluida en el Acuerdo de París y sea un concepto consolidado en las negociaciones climáticas. Las organizaciones sindicales han peleado duro en el marco de las Naciones Unidas para mostrar las interrelaciones entre la acción climática, los derechos humanos y la justicia social.

También tenemos que felicitarnos porque, en el ámbito español, en poco más de un año y con un Gobierno “inestable”; se han producido avances fundamentales para disponer de un valioso marco estatal de transición justa. Esto es así por tres razones.

En primer lugar, porque el diseño de los borradores de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) han demostrado una voluntad clara de aumentar la ambición climática respecto al punto de partida en el que estábamos, -sin entrar a valorar que sean textos mejorables-.

En segundo lugar, porque, en un plazo exprés, el Gobierno ha tenido que hacer los deberes que dejaron sin hacer anteriores ejecutivos y ha logrado alcanzar un acuerdo social para minimizar los impactos del cierre de la minería, además de poner en marcha un plan de acción urgente para la reactivación de las zonas más afectadas por el abandono del carbón. Ha defendido el principio de que la transición justa exige proteger a los trabajadores y a las trabajadoras y a los territorios más vulnerables. España es, probablemente, el país que más rápido se está deshaciendo del carbón en toda Europa (a pesar de no haber establecido, como tal, un calendario de cierre) y para ello se están ampliando todos los mecanismos de protección social al alcance y se están comprometiendo más de 600 millones de euros para las zonas afectadas.

En tercer lugar, porque se ha adoptado una Estrategia Nacional de Transición Justa que deja claro que esta no sólo va del abandono  del uso del carbón. En el medio plazo se producirán otros procesos de cierre, como el derivado del final de la vida útil de las centrales nucleares, y la transición energética atravesará muchos otros sectores estratégicos como son la automoción, los sistemas de transporte o la industria pesada electro intensiva, entre otros. Además, la transición justa también es una herramienta para construir sociedades más resilientes.

Los escenarios de calentamiento global de más de 1,5 ºC auguran impactos severos en los países mediterráneos y, por tanto, será necesario adaptarse a un clima diferente, con extremos meteorológicos y a una menor disponibilidad de agua, entre otras consecuencias.

Eso representa también un desafío sin precedentes para repensar actividades como el turismo o la agricultura, que se sustentan en un desmedido consumo de agua y que son importantes fuentes de ingresos para muchas regiones.

España sigue ocupando los primeros puestos en tasas de desempleo, precariedad laboral, desigualdad de Europa y de proporción de trabajadores pobres de la OCDE. Ninguna estrategia de país puede dejar de lado las posibilidades de futuro de las actuales generaciones y de las que están por venir. Hoy es, por tanto, un día de celebración y reivindicación de la transición energética justa en España y en todo el mundo.

Por estos motivos, hoy jueves 12, en esta COP25, la sociedad civil alzará la voz por la justicia climática, la asunción de reglas fuertes que protejan todos los derechos humanos, los de la gente trabajadora, los de las mujeres, los de la juventud y los de las comunidades indígenas. Nuestras vidas, nuestros medios de subsistencia, nuestros empleos, nuestros territorios y nuestra dignidad dependen de que los gobiernos se comprometan y asuman con urgencia una mayor responsabilidad.

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Patrona de Fundación Renovables y responsable de Energía y Cambio Climático de ISTAS

Siete propuestas para hacer frente a la emergencia climática

Durante el 2019 varios municipios, el Congreso de los Diputados e, incluso, el Parlamento Europeo han declarado el estado de emergencia climática. A lo largo de este año, el cambio climático ha ido alcanzado mayor protagonismo en la agenda pública empujado por las mayores manifestaciones por el clima de la historia que, lideradas por jóvenes, exigen acciones decididas y urgentes para mitigar el calentamiento global. En nuestro país, la atención mediática ha alcanzado niveles máximos durante estas semanas con la celebración de la COP 25 (Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático) en Madrid.

En este contexto, debemos reflexionar sobre qué medidas podemos tomar para hacer frente a la ya reconocida emergencia climática. Antes de comenzar, merece la pena echar un vistazo al histórico de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España. La siguiente figura recoge el reparto por sectores de las emisiones desde 1990 hasta 2017, último año con datos oficiales reportados. La figura muestra muchos aspectos relevantes de la estructura productiva en España y sus consecuencias climáticas. Por ejemplo, es interesante constatar cómo eliminar las emisiones asociadas a la generación de electricidad es muy deseable, aunque resulte insuficiente, o cómo las emisiones asociadas al transporte en carretera han aumentado considerablemente en las últimas décadas.

Figura 1. Evolución histórica de las emisiones por sectores en España. Datos incluidos en el Inventario Nacional de Emisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.  La estrella marca el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), es decir, reducir las emisiones en 2030 en un 21% con respecto a 1990.

Pasemos ahora a describir algunas medidas que serían muy deseables, no solo por su capacidad de reducir las emisiones a corto plazo antes de 2030, sino, también, porque son justas en la medida en que exigen un mayor esfuerzo a aquellos sectores de la población con mayores rentas y, por tanto, a los que son mayores emisores de GEI:

  1. Eliminar la generación eléctrica basada en el carbón antes de 2025. El carbón representó en 2018 el 14,1% de la generación eléctrica en España mientras que fue el responsable del 55,5% de las emisiones de CO2 en este sector. Es técnicamente viable dejar de utilizar este combustible para generar electricidad en el corto plazo, lo cual supondría un ahorro aproximado del 10,3% de las emisiones globales del país. Para ello, es recomendable fijar un suelo al precio del CO2, de manera que no resulte rentable generar electricidad con carbón.
  2. Rehabilitar energéticamente un millón de viviendas al año supondría que en 2030 se evitarían emisiones de CO2 equivalentes al 4% de las emisiones globales en 2017. La rehabilitación energética no solo genera empleo al permitir reincorporar al mercado laboral a trabajadores de la construcción, sino que, además, puede ser una estupenda herramienta redistributiva. Experiencias como el plan MAD-RE del ayuntamiento de Madrid muestran que se puede destinar la inversión pública a cofinanciar intervenciones en los barrios más desfavorecidos, lo que permite reducir la desigualdad en las ciudades y la incidencia de la pobreza energética.
  3. Reducir el peso medio de los automóviles a valores de 1990. Desde hace varias décadas, la mejora de la eficiencia de los coches no se traduce en una disminución en el consumo de combustible y de las emisiones asociadas, debido a un aumento continuo de su peso. Reducir el peso medio de los automóviles, mediante la reforma de los impuestos de matriculación y circulación para que graven el peso y la potencia de los vehículos de manera progresiva, permitiría disminuir las emisiones globales de 2017 en un 3,6%.

Figura 2. Evolución del peso medio de los automóviles matriculados cada año en España. Fuente: Las cuentas ecológicas del transporte.

  1. Electrificar un tercio del parque de automóviles. Asumiendo un sistema eléctrico de transición, en el que el carbón se elimina del mix eléctrico, conseguir que un tercio de los vehículos sean eléctricos en 2030 supondría un ahorro del 4,1% con respecto a las emisiones globales en 2017.
  2. Disminuir el consumo de carne a la mitad permitiría que el consumo promedio esté dentro de lo recomendado por la Fundación Española de Nutrición, al tiempo que se reducirían las emisiones en una cifra equivalente al 3,6% de las emisiones totales en 2017. Para incentivar este cambio de hábitos alimentarios es necesario que, tal y como están haciendo varias universidades extranjeras, los menús de colegios, universidades e instituciones públicas incluyan alternativas de consumo más saludables y con menor impacto ambiental.
  3. Reducir el número de vuelos, en particular aquellos de corta y media distancia que pueden ser sustituidos por el tren, permitiría un ahorro de emisiones equivalente al 1,4% de las emisiones globales en 2017. Para apoyar esta propuesta, es necesario añadir el IVA al combustible de la aviación y aplicar tasas progresivas que graven especialmente los vuelos en primera clase o business.
  4. Sustituir parte del transporte pesado en carreteras por tren permitiría reducir las emisiones asociadas a este sector. La transformación debe empezar por los siete principales ejes de la red nacional de carreteras que representan el 51% de las emisiones de este sector.

Las medidas incluidas en este artículo son un resumen de las propuestas presentadas en el documento ¿Qué hacemos frente a la emergencia climática? Los detalles adicionales, sobre la justificación de las medidas y la estimación de las emisiones de CO2, se pueden encontrar en él.

Por Marta Victoria – Patrona de Fundación Renovables y miembro del Observatorio Crítico de la Energía.marta victoria

El gran potencial de los recursos naturales que permite democratizar la energía

Pese al bonito escaparate que están pintando las eléctricas tradicionales en la COP25 y en los medios de comunicación a base de talonario, se está pasando de puntillas por un tema clave y que todo el mundo debe tener en mente: el enorme potencial que tiene la energía solar y la eólica, ya sea onshore u offshore. No cabe duda, y se recoge en múltiples informes, que la potencia de generación instalada de dichas energías no ha parado de crecer a nivel global en la última década, contando ya con 1.097 GW de potencia instalada, de los que 505 GW son de fotovoltaica y 592 GW de eólica. Esta tendencia es muy positiva, e incluso aumentarán todavía más (el doble entre 2019 y 2024, unos 1200 GW), pero el ritmo de crecimiento sigue sin ser el adecuado al encontrarnos en estado de emergencia climática.

Los países que se comprometieron a cumplir los objetivos de reducción de emisiones establecidos por el Acuerdo de París han ido dando palos de ciego. Los objetivos a 2020 no se han cumplido ni se les espera a 2030, con países exiguos de ambición e incluso desaparecidos en la COP que está teniendo lugar en Madrid (China, USA, India, Rusia…).

De hecho, a nivel global las emisiones de CO2 crecieron un 2,1% en 2018 y se espera que este 2019 cierre con un máximo histórico al aumentar, desgraciadamente, un 0,6%. Por este motivo, ya no se trata de transitar, sino de cambiar la “energía” del sistema económico para poder sobrevivir. Para ello necesitamos subvertir el modelo energético de forma drástica y alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050, además de cambiar la forma en la que nos relacionamos con la energía.

No es un secreto que el sector energético se está intentando desvincular de la industria de los combustibles fósiles tanto en la UE como en China. La intención, por grande que sea, no es un reflejo actual de la realidad, la mayoría de los ciudadanos no quieren perder su “estado de bienestar” y las empresas no quieren disminuir la rentabilidad de sus activos de hidrocarburos. Una muestra clara es que la generación de electricidad supuso el pasado año un total del 28% de las emisiones de CO2, suponiendo alrededor de 33,1 Gt de un total de las 55,3 Gt emitidas. El reloj del planeta se está quedando, siendo positivo, sin tiempo.

La inacción ya no es una opción, solo tenemos que aprovechar, más y mejor, los recursos naturales que ya disponemos. Un ejemplo claro es el Sol, el cual emite a la Tierra, en forma de radiación solar, 470 exajulios de energía cada 88 minutos, lo que equivale, nada más y nada menos, al consumo que realiza la humanidad durante un año. En un supuesto de que fuésemos capaces de almacenar la décima parte del 1% de la energía solar que recibimos, obtendríamos seis veces más energía que la que actualmente mueve nuestra economía a nivel global (130.566 TWh). Esta característica de omnipresencia que posee la radiación solar no la tiene en exclusiva, el viento sopla en todas partes aun a pesar de una frecuencia variable.

En este sentido, un estudio de la Universidad de Standford sobre la capacidad eólica global obtuvo como resultado de que, si el 20% de la energía eólica disponible en mundo pudiera almacenarse, se podría multiplicar por siete el consumo eléctrico actual, un dato que no debe caer en el olvido.

Si unimos este hecho a la evidente y enorme potencia de la eólica offshore en la actualidad, la cual podría llegar a generar 420.000 TWh/año a nivel global (18 veces la demanda actual), y al potencial de la energía solar; no existen dudas de cuál es el camino a impulsar si queremos descarbonizar la economía.

Son datos más que evidentes ya que centran los diálogos y los estímulos operativos de cambio dentro de los diferentes sectores sociales, empresariales y políticos. Los Estados que intenten proseguir por la senda del uso de los combustibles fósiles llegarán a un destino, si lo alcanzan, en el que los activos de explotación, transporte y distribución hayan quedado obsoletos y perdido su rentabilidad. Sin embargo, si se toma a tiempo el camino lógico y rentable de potenciar las renovables para descarbonizar la economía en 2050, un Estado puede cumplir los objetivos de reducción de emisiones con un coste marginal de producción energética cercano a cero. A nivel empresarial y estatal, una decisión coherente.

Las compañías eléctricas de “toda la vida”, aun consumiendo gas y carbón, ya lo han asumido, entendido e incorporado a su vorágine de marketing. Por mucho que nos intenten vender su energía “verde”, no es la manera en la que tenemos que mirar al futuro, los grandes causantes del problema no deben ser la solución. No queremos que nos vendan la solución. En la senda de la descarbonización debemos modificar el sistema de gestión para alcanzar el máximo potencial, apoyándonos en el autoconsumo, los sistemas de almacenamiento conjuntamente con las tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).

Este desarrollo tecnológico y el gran potencial de las fuentes de energía renovable permitirán una “democratización” del sistema eléctrico mediante una correcta gestión de la demanda, la generación distribuida y la integración del potencial renovable; como proponemos en el último informe de la Fundación Renovables. El consumidor debe dejar de ser un rehén del sistema, actuando ahora como productor, gestor y usuario de energía, considerando a esta como un derecho innato y no como un vector económico. El Sol y el viento nos permitirán alcanzar los objetivos del Acuerdo de París si los estados quieren apretar el acelerador con políticas y compromisos más ambiciosos, pero no a cualquier precio. El sistema energético distribuido de manera horizontal y renovable es el único futuro posible si queremos sobrevivir como especie. Pónganse a trabajar, ya ha comenzado la cuenta atrás.

Ismael Morales – Departamento de Comunicación de Fundación Renovables

Un nuevo contrato social para la democratización de la energía en Terrassa

La ciudad de Terrassa, la tercera con más población de Cataluña, debe asumir un nuevo compromiso cívico y de acción de gobierno. Empezó el año con buen pie mediante una reforma de las ordenanzas fiscales energéticas para impulsar la compra colectiva de más de 100 instalaciones de captadores solares (Impuls Solar Vallès), promovida por Som Energía. Asimismo, se aprobó por unanimidad el Plan Estratégico municipal de la Economía Social y Solidaria.

Se abre ahora (con nuevas legislaciones y renovadas garantías de futuro) una gran ventana de oportunidad para hacer crecer la energía solar (térmica y fotovoltaica), eólica, geotermia, etc. y, de este modo, producir y consumir energía renovable, tanto de forma individual como mancomunada. Esto puede hacerse bien con instalaciones asequibles en las viviendas que dispongan de condiciones para captar energía o bien mediante la participación en una gran diversidad de proyectos de generación de energía renovable de titularidad colectiva y cooperativa que promueven, entre otros, Som Energia, ECOOO oleada solar, o Viure de l’aire del cel. Con todo, es necesario avanzar con mayor decisión. Es imprescindible actuar y hacerlo de manera multidisciplinar.

Tal y como defiende la Fundación Renovables en su último informe “El Contrato Social de la Energía: Electrificar para democratizar”, se requiere una nueva exigencia (derechos y obligaciones) para cambiar el orden moral del sistema actual, donde se defina el uso social de la energía como un servicio público y como un bien de interés general, cuyo acceso universal debe quedar garantizado, al menos, en su formato eléctrico a partir de fuentes renovables. Es la única vía para lograr un futuro sostenible bajo criterios de eficiencia, equidad, justicia social y compromiso con el medio ambiente.

Ello debe hacerse innovando, de manera disruptiva, desde el Gobierno central, pero también las ciudades deben jugar un rol importante mediante un nuevo sistema descentralizado y multidireccional que haga partícipe a la ciudadanía, tanto para comprar como para generar electricidad.

Hay que poner a trabajar el Observatorio de la Contratación Pública de Terrassa, indispensable para fortalecer la compra y contratación pública responsable. Se deben establecer compromisos inmediatos para desarrollar una apuesta industrial y estratégica para un cambio de modelo a favor de las energías renovables. Se precisa asimismo una pedagogía activa para avanzar en el nuevo contrato social y la nueva cultura de la energía en todas las escuelas. También en el ámbito profesional, en las universidades, institutos, colegios, barrios, comercios y empresas, mediante la implicación de los sindicatos y los distintos sectores profesionales. Promovamos una gran plataforma de experimentación que genere empleo de calidad, impulse nuevas iniciativas empresariales y haga crecer la economía cooperativa, social y solidaria. Se trata de democratizar y transformar las actuales estructuras para que impulsen y aceleren una transición energética, ética y social.

Para ello sería muy oportuna una auténtica Agencia Energética de Terrassa. Así lo hemos planteado al responsable de la nueva concejalía de Economía Social y Solidaria. Le instamos a promover, sin mayor dilación, un Plan de instalación urgente de equipos de generación eléctrica (fotovoltaica, eólica…) en todos los equipamientos, edificios y locales de titularidad pública. El ahorro y el aprovechamiento permite asumir su inversión en un tiempo razonable. Un Plan de aprovechamiento solar de todos los tejados y cubiertas de las naves de los polígonos industriales es también muy necesario, pues se debe facilitar a toda la ciudadanía la contratación de su energía de origen renovable, facilitando la conexión en red de todas las viviendas que tengan posibilidades de producir energía en su tejado o terraza.Ello permite multiplicar exponencialmente el número de tejados solares, la producción energética descentralizada y su conexión en red, ajustando, además, la energía producida con las necesidades ciudadanas a partir de criterios de responsabilidad social para resolver eficientemente y con equidad las situaciones de pobreza energética. De esta manera se procura el acceso universal de la energía con precios justos y garantías de suministro.

La mencionada Agencia Energética debe ser fruto de un esfuerzo mancomunado: Ayuntamiento de Terrassa, redes tecnológicas universitarias y profesionales, empresas y cooperativas productoras y comercializadoras de energía renovable, de la economía social y de la banca y los fondos éticos. Una buena base que permita edificar una sólida estructura energética y permita hacer realidad un nuevo contrato social para la democratización de la energía.

Se trata de establecer una gran alianza social, un pacto de ciudad (más allá de las urgencias, modas y etiquetas electorales) para hacer realidad un compromiso colectivo con respecto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y los retos de la Cumbre del Clima COP25 que se celebrará los próximos días en Madrid. Así deberían entenderlo los alcaldes y alcaldesas de nuestras ciudades. Asumamos un rol activo y responsable con su presencia institucional, conscientes de que sus decisiones nos interpelan y comprometen a todos y a todas.  Nos jugamos el futuro de las nuevas generaciones y no hay margen de error y nuevas oportunidades.

Por Domènec Martinez – Socio de Fundación Renovables y Representante del Grupo Local Som Energia