La liberalización del sistema eléctrico europeo a finales de la década de los 90 fue promocionada, por parte de sus defensores, como el mejor paso hacia la libertad energética particular y ciudadana. Sin embargo, también es una muestra de debilidad del sistema. Sin duda, el mayor punto de crítica es el elevado precio de la electricidad que pagan los ciudadanos mes a mes. Pero hay otro punto de controversia en Alemania que ha ido ganando importancia en los últimos años: la recuperación de la operación de las redes de electricidad por parte de la ciudadanía.
Archivo de diciembre, 2019
Adorno y el verdadero irlandés
En los últimos meses he participado en varias mesas de debates sobre contratos bilaterales de compraventa de energía, que suelen denominarse PPA, de Power Purchase Agreement.
Siempre son debates muy entretenidos y creo que, a lo largo de los últimos 2-3 años, han ganado mucho en contenido. Hablamos ahora con más concreción, ya que hemos visto una gran proliferación de PPA’s en este periodo tan corto. A veces, parece que el pasado está más lejos de lo que está realmente y algunos sólo quieren PPA’s y no quieren saber ya nada de subastas. Es entendible porque el sector tiene todavía dificultades con la relación entre regulación y expectativas legítimas.
Va más allá, incluso, de querer ver sólo PPA’s. Hay quienes abren los debates con la pregunta: ¿qué es un PPA? En estas ocasiones suelo responder que, regulatoriamente, en España conocemos el contrato bilateral con entrega física de energía eléctrica, regulado por el Real Decreto 2019/1997, pero no diría que fuera el único PPA o, incluso, el verdadero. Es el único con entrega física, eso sí, pero no podemos considerarlo como la única configuración jurídica de un PPA.
Nadie considera la única configuración del PPA como aquella que sea con entrega física, pero, curiosamente, lo contrario sí que ocurre. En este debate semántico, en vez de ver el término PPA como una cesta de significados que contiene muchas subcategorías, algunos mantienen la postura de que aquel PPA que no coincide con el PPA que ellos firmaron, no es un PPA de verdad. Es otra cosa: it’s not the real McCoy.
Es una falacia clásica y tiene nombre: el verdadero irlandés. El verdadero irlandés sólo hace una serie de cosas y si alguna persona no las hace, o hace otras, entonces se dice de ella que no es irlandesa de verdad. El pensador alemán Theodor Adorno ha etiquetado esta forma de proceder como la violencia de las palabras. Nos permite menospreciar aquello que no entra en nuestra categoría por no pertenecernos.
Cualquiera de las configuraciones de un PPA al final del día tiene que plasmarse en un modelo jurídico y como no me limito a asesorar únicamente a un solo sujeto del sistema eléctrico en concreto, he tenido que configurar muchas modalidades de PPA diferentes. Diría que prácticamente todas desde la perspectiva de todas las partes. Para mí, el nombre en cuestión es de importancia subordinada, lo esencial es su finalidad.
Firmar un PPA no es una finalidad en sí, pues los clientes que vienen a verme para asesorarse no tienen las mismas necesidades. Un desarrollador de una planta de producción de electricidad puede buscar un PPA que le permita financiar su planta con deuda, mediante un Project Finance, con una contraparte que sea aceptable para su entidad financiera. Si la contraparte es una operadora dominante en el sistema, que tiene limitaciones legales para firmar operaciones con generadores de electricidad a partir de fuentes renovables, tendría que ser un contrato de coberturas financieras. Las grandes eléctricas tienen buenos ratings y, por ello, pueden ser una contraparte para este futuro generador eléctrico. Si las eléctricas dominantes quisieran que sólo se formalizaran PPA’s con ellas, dirían que su PPA es el verdadero. No obstante, no lo dicen.
Si este mismo futuro generador quisiera formalizar con una comercializadora no dominante, podría hacerlo de otra manera: por ejemplo, firmando un contrato de representación indirecta, en su caso también con redención de las garantías de origen al mismo comercializador. Puede que sea la forma más conveniente para aquellas comercializadoras que no están limitadas por ley para hacerlo. Para ellas puede que sea el mejor PPA. Por otro lado, también es posible que existan otras limitaciones, no relacionadas con la regulación del sector eléctrico, cuando tratamos con una comercializadora vinculada a la administración pública, por ejemplo. En tales casos puede ser más conveniente que el contrato sea de representación directa, para que no se le contabilice toda la energía como volumen de negocio, la cual le restaría a la proporción que debe tener como medio propio, debido a las obligaciones que tiene que observar cuando contrata con terceros.
Desde la perspectiva de la comercializadora es muy interesante equilibrar sus obligaciones de venta con las de compra, para estar menos expuesta a la volatilidad del mercado mayorista. Si tiene muchos contratos con consumidores a precios estables, una gran volatilidad repentina en el pool puede causarle serios problemas de tesorería, incluso económicos, a menos que se cubra a largo plazo firmando coberturas con terceros.
El consumidor está cobrando cada vez más importancia en el sistema eléctrico. Hace no mucho tiempo se le consideraba todavía el abonado que tenía que aceptar lo que la eléctrica consideraba mejor. Desde 2013 ya es realmente consumidor, porque puede elegir libremente su comercializadora. Desde la aprobación del actual paquete regulatorio “Winter Package” de la Unión Europea (UE), se propaga la centralidad del consumidor en la transición energética. El prosumidor, en España el autoconsumidor, es un elemento importante en ello.
Este consumidor también busca firmar PPA’s. Los primeros consumidores en interesarse vienen de sectores electro intensivos. Por un lado, están los que constituyeron sus propias comercializadoras y, por otro, los que buscan en los PPA la forma de internalizar un activo de generación. La finalidad aquí no es internalizar este activo en sí, pero sí su coste medio nivelado. Esta parte ya se ha liberalizado mediante el Real Decreto Ley 15/2018, sólo le falta reglamentación. A esto se refiere la redacción vigente de artículo 44 de la Ley del Sector Eléctrico cuando se habilita para firmar PPA’s a aquellos consumidores que no tienen capacidad técnica para ser directos en el sistema.
Todavía no existe en España la posibilidad de firmar PPA’s entre consumidores, los únicos sujetos del sistema que pueden comprar y vender energía entre ellos mismos son, hoy por hoy, las comercializadoras. La Directiva 2018/2001 UE, de energías renovables, que forma parte del “Winter Package” de la UE, ya comentado, nos brinda esta posibilidad. No significa, necesariamente, que otros sujetos, como por ejemplo las comercializadoras, no tengan un rol de mucha relevancia en estos PPA, pero sí que permite que no sean la parte dominante.
Muchas de estas modalidades son novedades económicas, porque es ahora cuando se han hecho económicamente viables; regulatoriamente vienen de finales de la década de 1990. Otras son novedades en el sentido regulatorio, como la parte que pone el énfasis en el consumidor, parte en la que hay más capacidad de desarrollo. Quién consiga mantener el visor abierto y cultivar una actitud adaptiva será quién podrá sacar más partido de todo ello. En mi opinión, hay lugar para todos en el sistema eléctrico y es inevitable su evolución, desde un sistema con abonados hasta un sistema con consumidores emancipados, que logre la plena equiparación de los sujetos consumidores con el resto.
Piet Holtrop – Abogado y socio protector de la Fundación Renovables
Hoy es el día de la transición justa en la COP25
Hoy, 12 de diciembre, es el día de la Transición Justa en la Cumbre de Cambio Climático que está celebrándose en Madrid.
La transición justa es la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima, que maximiza los beneficios de la acción climática a la vez que minimiza los impactos negativos en los trabajadores y en los territorios afectados. La transición justa es una agenda de ambición climática y de solidaridad con los territorios y los grupos de población más vulnerables.
Hoy es un día de reconocimiento a la labor realizada para que la transición justa fuera incluida en el Acuerdo de París y sea un concepto consolidado en las negociaciones climáticas. Las organizaciones sindicales han peleado duro en el marco de las Naciones Unidas para mostrar las interrelaciones entre la acción climática, los derechos humanos y la justicia social.
También tenemos que felicitarnos porque, en el ámbito español, en poco más de un año y con un Gobierno “inestable”; se han producido avances fundamentales para disponer de un valioso marco estatal de transición justa. Esto es así por tres razones.
En primer lugar, porque el diseño de los borradores de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) han demostrado una voluntad clara de aumentar la ambición climática respecto al punto de partida en el que estábamos, -sin entrar a valorar que sean textos mejorables-.
En segundo lugar, porque, en un plazo exprés, el Gobierno ha tenido que hacer los deberes que dejaron sin hacer anteriores ejecutivos y ha logrado alcanzar un acuerdo social para minimizar los impactos del cierre de la minería, además de poner en marcha un plan de acción urgente para la reactivación de las zonas más afectadas por el abandono del carbón. Ha defendido el principio de que la transición justa exige proteger a los trabajadores y a las trabajadoras y a los territorios más vulnerables. España es, probablemente, el país que más rápido se está deshaciendo del carbón en toda Europa (a pesar de no haber establecido, como tal, un calendario de cierre) y para ello se están ampliando todos los mecanismos de protección social al alcance y se están comprometiendo más de 600 millones de euros para las zonas afectadas.
En tercer lugar, porque se ha adoptado una Estrategia Nacional de Transición Justa que deja claro que esta no sólo va del abandono del uso del carbón. En el medio plazo se producirán otros procesos de cierre, como el derivado del final de la vida útil de las centrales nucleares, y la transición energética atravesará muchos otros sectores estratégicos como son la automoción, los sistemas de transporte o la industria pesada electro intensiva, entre otros. Además, la transición justa también es una herramienta para construir sociedades más resilientes.
Los escenarios de calentamiento global de más de 1,5 ºC auguran impactos severos en los países mediterráneos y, por tanto, será necesario adaptarse a un clima diferente, con extremos meteorológicos y a una menor disponibilidad de agua, entre otras consecuencias.
Eso representa también un desafío sin precedentes para repensar actividades como el turismo o la agricultura, que se sustentan en un desmedido consumo de agua y que son importantes fuentes de ingresos para muchas regiones.
España sigue ocupando los primeros puestos en tasas de desempleo, precariedad laboral, desigualdad de Europa y de proporción de trabajadores pobres de la OCDE. Ninguna estrategia de país puede dejar de lado las posibilidades de futuro de las actuales generaciones y de las que están por venir. Hoy es, por tanto, un día de celebración y reivindicación de la transición energética justa en España y en todo el mundo.
Por estos motivos, hoy jueves 12, en esta COP25, la sociedad civil alzará la voz por la justicia climática, la asunción de reglas fuertes que protejan todos los derechos humanos, los de la gente trabajadora, los de las mujeres, los de la juventud y los de las comunidades indígenas. Nuestras vidas, nuestros medios de subsistencia, nuestros empleos, nuestros territorios y nuestra dignidad dependen de que los gobiernos se comprometan y asuman con urgencia una mayor responsabilidad.
Por Begoña María Tomé – Gil – Patrona de Fundación Renovables y responsable de Energía y Cambio Climático de ISTAS
Siete propuestas para hacer frente a la emergencia climática
Durante el 2019 varios municipios, el Congreso de los Diputados e, incluso, el Parlamento Europeo han declarado el estado de emergencia climática. A lo largo de este año, el cambio climático ha ido alcanzado mayor protagonismo en la agenda pública empujado por las mayores manifestaciones por el clima de la historia que, lideradas por jóvenes, exigen acciones decididas y urgentes para mitigar el calentamiento global. En nuestro país, la atención mediática ha alcanzado niveles máximos durante estas semanas con la celebración de la COP 25 (Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático) en Madrid.
En este contexto, debemos reflexionar sobre qué medidas podemos tomar para hacer frente a la ya reconocida emergencia climática. Antes de comenzar, merece la pena echar un vistazo al histórico de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España. La siguiente figura recoge el reparto por sectores de las emisiones desde 1990 hasta 2017, último año con datos oficiales reportados. La figura muestra muchos aspectos relevantes de la estructura productiva en España y sus consecuencias climáticas. Por ejemplo, es interesante constatar cómo eliminar las emisiones asociadas a la generación de electricidad es muy deseable, aunque resulte insuficiente, o cómo las emisiones asociadas al transporte en carretera han aumentado considerablemente en las últimas décadas.
Pasemos ahora a describir algunas medidas que serían muy deseables, no solo por su capacidad de reducir las emisiones a corto plazo antes de 2030, sino, también, porque son justas en la medida en que exigen un mayor esfuerzo a aquellos sectores de la población con mayores rentas y, por tanto, a los que son mayores emisores de GEI:
- Eliminar la generación eléctrica basada en el carbón antes de 2025. El carbón representó en 2018 el 14,1% de la generación eléctrica en España mientras que fue el responsable del 55,5% de las emisiones de CO2 en este sector. Es técnicamente viable dejar de utilizar este combustible para generar electricidad en el corto plazo, lo cual supondría un ahorro aproximado del 10,3% de las emisiones globales del país. Para ello, es recomendable fijar un suelo al precio del CO2, de manera que no resulte rentable generar electricidad con carbón.
- Rehabilitar energéticamente un millón de viviendas al año supondría que en 2030 se evitarían emisiones de CO2 equivalentes al 4% de las emisiones globales en 2017. La rehabilitación energética no solo genera empleo al permitir reincorporar al mercado laboral a trabajadores de la construcción, sino que, además, puede ser una estupenda herramienta redistributiva. Experiencias como el plan MAD-RE del ayuntamiento de Madrid muestran que se puede destinar la inversión pública a cofinanciar intervenciones en los barrios más desfavorecidos, lo que permite reducir la desigualdad en las ciudades y la incidencia de la pobreza energética.
- Reducir el peso medio de los automóviles a valores de 1990. Desde hace varias décadas, la mejora de la eficiencia de los coches no se traduce en una disminución en el consumo de combustible y de las emisiones asociadas, debido a un aumento continuo de su peso. Reducir el peso medio de los automóviles, mediante la reforma de los impuestos de matriculación y circulación para que graven el peso y la potencia de los vehículos de manera progresiva, permitiría disminuir las emisiones globales de 2017 en un 3,6%.
- Electrificar un tercio del parque de automóviles. Asumiendo un sistema eléctrico de transición, en el que el carbón se elimina del mix eléctrico, conseguir que un tercio de los vehículos sean eléctricos en 2030 supondría un ahorro del 4,1% con respecto a las emisiones globales en 2017.
- Disminuir el consumo de carne a la mitad permitiría que el consumo promedio esté dentro de lo recomendado por la Fundación Española de Nutrición, al tiempo que se reducirían las emisiones en una cifra equivalente al 3,6% de las emisiones totales en 2017. Para incentivar este cambio de hábitos alimentarios es necesario que, tal y como están haciendo varias universidades extranjeras, los menús de colegios, universidades e instituciones públicas incluyan alternativas de consumo más saludables y con menor impacto ambiental.
- Reducir el número de vuelos, en particular aquellos de corta y media distancia que pueden ser sustituidos por el tren, permitiría un ahorro de emisiones equivalente al 1,4% de las emisiones globales en 2017. Para apoyar esta propuesta, es necesario añadir el IVA al combustible de la aviación y aplicar tasas progresivas que graven especialmente los vuelos en primera clase o business.
- Sustituir parte del transporte pesado en carreteras por tren permitiría reducir las emisiones asociadas a este sector. La transformación debe empezar por los siete principales ejes de la red nacional de carreteras que representan el 51% de las emisiones de este sector.
Las medidas incluidas en este artículo son un resumen de las propuestas presentadas en el documento ¿Qué hacemos frente a la emergencia climática? Los detalles adicionales, sobre la justificación de las medidas y la estimación de las emisiones de CO2, se pueden encontrar en él.
Por Marta Victoria – Patrona de Fundación Renovables y miembro del Observatorio Crítico de la Energía.