Archivo de noviembre, 2018

Luces Largas, Luces Cortas

El largo y el corto plazo son una misma realidad, sólo depende de la lupa con la que se mire. La simbiosis entre el largo y el corto plazo es total: el corto plazo carecería de guía sin metas a largo plazo, y éstas no se podrían cumplir si no se fueran superando lo hitos marcados a lo largo del camino.

Este principio, de validez general, adquiere especial relevancia cuando se trata del cumplimiento de objetivos en materia de clima y de energía. Los cambios en las pautas de inversión, producción y consumo necesarios para la descarbonización requieren plazos amplios que no son compatibles con la improvisación. En el sector eléctrico, el aumento en la penetración de las energías renovables exige llevar a cabo inversiones en nuevas plantas de generación renovable. Exige construir más subestaciones eléctricas y desplegar más kilómetros de líneas de alta tensión y de distribución que lleven la electricidad de los puntos de producción a los de consumo. Exige aumentar la capacidad de interconexión eléctrica con los países vecinos para compartir los excesos de producción renovable que se verifiquen a cada lado de la frontera, así como para compartir la reserva de capacidad firme que es necesaria en ausencia de sol, viento o agua. Exige también desarrollar nuevas actividades que doten de empleo y actividad a las comarcas que se verán afectadas por el cierre de las centrales eléctricas contaminantes.

 

A su vez, la reducción de emisiones en el sector del transporte exige que se reoriente la producción y adquisición de automóviles hacia el vehículo eléctrico, que se redoblen los esfuerzos en I+D+i para aumentar la autonomía de las baterías y reducir sus costes, y que se instalen puntos de carga en lugares públicos, hogares y centros de trabajo. En el sector de la edificación, se requiere la rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia energética, y en la agricultura y la industria, serán necesarias inversiones que reduzcan las emisiones y mejoren la eficiencia energética de los procesos productivos.

Nada de esto sería posible sin una planificación –en muchos casos vinculante– en horizontes que hagan posible cambios de tal envergadura. Por ello, a nadie debiera sorprender el que el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas líneas generales ya se han hecho públicas, plantee objetivos a más de diez y a más de treinta años vista. Así, en el horizonte 2030, el texto contempla una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 20% con respecto a 1990 (un 37% por debajo de su nivel actual), un aumento en el peso de las energías renovables sobre el consumo de energía final hasta alcanzar el 35% (para lo cual el 70% de la generación eléctrica habrá de ser renovable, doblando la cifra actual), y mejoras sustanciales en la eficiencia energética. En el horizonte 2050, las emisiones deberán haber caído un 90% por debajo de los niveles de 1990, y el sector eléctrico habrá de quedar libre de emisiones.

Cuando, previsiblemente antes de final de año, se envíe el Anteproyecto de Ley al Parlamento, a los diputados – o al menos así lo espero – no les resultará difícil aprobar objetivos que serán vinculantes para cuando, parafraseando a Keynes, todos estén muertos – con perdón de sus señorías ¿O es que alguno va a poner en duda la conveniencia de que los diputados que vengan después asuman el compromiso de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones que ellos ahora establezcan?

Pero, si de verdad asumen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático, los responsables políticos deberían además definir, aprobar y hacer cumplir cuestiones que afectan al presente inmediato. Sin una definición de las medidas a corto plazo, el cumplimiento de los objetivos a largo puede quedar comprometido.

Sólo en lo que concierne al sector eléctrico, la lista de preguntas sin respuesta es larga ¿Cómo se va a reformar el mercado eléctrico para permitir que las inversiones en energías renovables tengan lugar? ¿Cómo se pueden descargar sus cuentas de costes innecesarios e injustificados, y con ello permitir que la descarbonización no suponga una mayor presión sobre las tarifas eléctricas? ¿Cómo se van a diseñar las nuevas subastas para la incorporación de renovables? ¿Cómo se va a establecer la prioridad entre centrales cuando la producción renovable supere a la demanda de electricidad? ¿Cómo se va a promover el desarrollo de las baterías y cómo y por quién van a ser gestionadas? Y la energía hidroeléctrica, que es la mayor batería del sistema, y que junto con las interconexiones, deben de jugar un papel crucial para mantener los equilibrios de un sistema eléctrico con alta penetración de renovables, ¿cómo y quién va a gestionar ambas? ¿Cómo se va a promover la inversión y disponibilidad de las centrales que aportan capacidad firme al sistema eléctrico? ¿Y cómo se va a potenciar una mayor flexibilidad de la demanda? ¿Se va a anunciar ya el cierre de las centrales nucleares que en breve irán alcanzando los 40 años de vida de diseño desde el inicio de sus operaciones, la primera Almaraz I en 2021?…

En definitiva, poner las luces largas para establecer objetivos a medio y largo plazo es fundamental para que los agentes económicos puedan planificar y readaptar sus decisiones. Pero de poco sirve saber dónde queremos llegar, si no tenemos puestas las luces cortas para saber cómo y por dónde empezar a recorrer este camino tan necesario.

Por Natalia Fabra – Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Carlos III de Madrid y Patrona de la Fundación Renovables

Tras el impuesto al sol, llega el Impuesto a la libre competencia energética

Si creías que el “impuesto” al sol era el tributo más disparatado del sector energético, te equivocabas. Y no me refiero al hecho de que el “impuesto al sol” no fuera uno, sino dos; ni a que no era un impuesto, sino un cargo; o que no era al sol, sino a cualquier forma de generación renovable.

De lo que quiero hablar hoy es de un absurdo tributario que existe en España, atribuible a la pereza si pensamos bien o a la conveniencia si pensamos mal, que lastra la libre competencia en el sector energético y que sirve para apuntalar la posición dominante de las empresas incumbentes. Hablamos del “Impuesto de Actividades Económicas” (IAE) en su aplicación a las comercializadoras de electricidad y gas.

Este impuesto fue creado en 1990, cuando sólo existían en el sector eléctrico la generación, la distribución y el transporte. En 1997 la relación con el cliente se desglosa en física (distribuidora) y virtual (comercializadora), pero nadie se acuerda de crear en la normativa de Actividades Económicas un epígrafe específico para esa nueva actividad conocida como “comercialización”. Ante la falta de regulación, se comienza requiriendo a las comercializadoras que paguen el impuesto en el municipio donde tengan oficinas.

No obstante, con la crisis económica, los Ayuntamientos comenzaron a realizar “fiscalidad innovadora” para incrementar la recaudación. Dentro de esa innovación fiscal se incluyó cobrar a los operadores virtuales de energía y telefonía una tasa de ocupación del suelo por el uso de las redes, a pesar de que éstas pertenecen a la distribuidora, consistente en el 1,5% de los ingresos obtenidos por su actividad en el municipio. El Tribunal de Justicia de la UE anuló la aplicación de la tasa en telefonía, mientras que en energía los tribunales nacionales han dado la razón a los Ayuntamientos y el asunto no ha llegado aún a Europa.

Espoleados por esta victoria fiscal (provisional) en materia energética, el siguiente paso de los Ayuntamientos ha sido aplicar un impuesto a la libre competencia. Partiendo de la idea de que se puede cobrar a la comercializadora por usar una línea que ocupa el espacio público, aunque no sea suya, ¿por qué no considerar que, al usar esa red, es como si tuvieran establecimiento permanente en el municipio y que deben pagar también el “Impuesto de Actividades Económicas”?

Sólo con una mayor competencia será posible la normalización de precios en el mercado eléctrico español. Y para ello, es urgente incluir un epígrafe nacional del IAE a la comercialización que dependa de los MWh comercializados.

Una vez decidido que las comercializadoras tienen que pagar, y contra el criterio del comité de Expertos del Gobierno central y de la propia CNMC, los técnicos municipales se pusieron a buscar entre los diferentes epígrafes del IAE alguno para aplicar a las comercializadoras, y al no encontrarlo, decidieron tirar de cajón de sastre e inscribir a las comercializadoras en distintos epígrafes genéricos: 619.9 (Comercio mayorista de otros productos), 659.9 (Comercio minorista de otros productos), 663.9 (Comercio al por menor de mercancías sin establecimiento), 999 (otros servicios).

Y aquí está justamente el problema: todos los epígrafes que están utilizando los Ayuntamientos incluyen tipos impositivos que no dependen de la capacidad económica del sujeto, ni de los MWh vendidos, ni están pensados para servicios prestados en todo el territorio nacional. Por ejemplo, el epígrafe 619 establece un pago fijo de 664,35 EUR, que puede tener sentido para quien tiene un comercio únicamente en ese municipio con una clientela determinada, pero resulta una tropelía si se aplica a una compañía que presta virtualmente servicios por todo el territorio, y que puede tener únicamente un cliente en el municipio. Si consideramos un margen medio de comercialización de 30 €/cliente/año en el sector eléctrico, hablamos de que para poder cubrir el coste del impuesto en un municipio se necesitan 17 clientes (y si se quieren cubrir el resto de costes, muchos más). No hay que olvidar que en España hay 7.373 municipios de menos de 10.000 habitantes, de los 8.124 totales. Para colmo, si se tienen 9.999 clientes en ese municipio, también se paga 664,35 €, igual que la comercializadora que tenga un solo cliente.

Si el “Impuesto a la libre competencia” (IAE) les impide poder ejercer su actividad económica, esto hace más difícil y caro poder contratar comercializadoras renovables para el cliente final.

Y te preguntarás, ¿y qué tiene que ver toda esta maraña fiscal con las renovables? Por desgracia, mucho. Las comercializadoras tradicionales comercializan energía contaminante (carbón, gas natural, nuclear, fuel) mientras que muchas de las comercializadoras emergentes son 100% renovables. Si el “Impuesto a la libre competencia” (IAE) les impide poder ejercer su actividad económica, esto hace más difícil y caro poder contratar comercializadoras renovables para el cliente final.

Y no sólo eso. Los precios altos del pool en España no se explican únicamente por factores externos como el precio de referencia del gas (TTF) o de los derechos de emisiones de CO2 europeos (EUAs), sino sobre todo por una clara falta de competencia, pues el 91% de los clientes aún tienen una de las 5 comercializadoras tradicionales y el 70% desconoce qué suministro tiene contratado. Sólo con una mayor competencia será posible la normalización de precios en el mercado eléctrico español. Y para ello, es urgente incluir un epígrafe nacional del IAE a la comercialización que dependa de los MWh comercializados. No para recaudar menos, sino para que cada cual pague en función de lo que vende (MWh) y no de en los municipios distintos a los que vende.

Por Daniel Pérez – Patrono de la Fundación Renovables

La transición energética es cosa de todos

El cambio climático supone una alteración anómala de los fenómenos meteorológicos, debido al incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto hace que aumente la temperatura y haya más energía disponible en la atmósfera. Así, como estamos viendo, los fenómenos meteorológicos son cada vez más intensos. De manera que, o dejamos de emitir gases a la atmósfera, o las condiciones para la vida se van a volver cada vez más complicadas.

Todos los estudios científicos demuestran que el cambio climático es ya una realidad a la que tenemos que enfrentarnos diariamente y que la intensidad de este cambio y sus efectos irán en aumento en los próximos años. Los científicos estiman que el tiempo de reacción que nos queda, si no hacemos nada, para que se produzcan efectos catastróficos irreversibles, es tan sólo de doce años (2030). Esta es la razón de que 2030 aparezca como una fecha objetivo en los planes de reducción de emisiones de la Unión Europea y de muchos países del planeta. También nos dicen los últimos informes que las emisiones globales a la atmósfera siguen aumentando.

La llamada Transición Energética consiste en ser capaces de cambiar nuestro modelo energético actual a otro más respetuoso con el medio ambiente, lo que significa básicamente dejar de utilizar combustibles fósiles y cubrir nuestras necesidades de energía a partir de fuentes renovables. Sólo así podremos frenar el cambio climático y necesitamos hacerlo de forma urgente.

El nuevo Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, presentado hace unos días por el Gobierno, es, sin duda, una buena noticia, aunque debe considerarse sólo como un primer paso para afrontar la necesaria descarbonización de la economía española. En su tramitación parlamentaria y, sobre todo, en su desarrollo normativo posterior y en su aplicación, podremos calibrar la profundidad y efectividad de las medidas que se anuncian para luchar contra el cambio climático. Un documento que, como hemos denunciado desde la Fundación Renovables, carece de la ambición necesaria para llevar a cabo la Transición Energética y que no es coherente ni con la urgencia del problema ni con los objetivos de emisiones cero en 2050 que recomiendan los expertos.

No se trata de un problema ideológico. Las energías renovables han alcanzado una madurez tecnológica que hacen posible su utilización a gran escala a precios competitivos respecto a otras tecnologías. Las ventajas son evidentes para un país con una muy alta dependencia de los combustibles fósiles, que lastran nuestra balanza comercial, y que tiene gran disponibilidad de recursos renovables, principalmente sol y viento. Por tanto, debería resultar sencillo que los diferentes partidos políticos se pusieran rápidamente de acuerdo en este tema.

En las sociedades democráticas, donde los ciudadanos elegimos a nuestros representantes políticos, medidas como las que hay que tomar para afrontar este cambio, a menudo drásticas, e implementadas en un corto plazo tiempo, requieren que los ciudadanos estemos convencidos y participemos activamente en este cambio, toda vez que los responsables políticos no parecen estar muy dispuestos a tomar medidas que puedan poner en riesgo inmediato su empleo. Tendremos que exigírselo y las próximas convocatorias electorales es un buen momento para ello.

Las energías renovables han alcanzado una madurez tecnológica que hacen posible su utilización a gran escala a precios competitivos respecto a otras tecnologías

Una de las cosas que más llama la atención de esta Ley es la ausencia de medidas para la democratización del sistema energético y la participación de la ciudadanía, aspectos claves para el éxito de la misma.

Por tanto, bienvenida la nueva Ley, pero recordemos que no es posible  llevar a cabo la Transición Energética sin la participación ciudadana. Participación política, organización social y responsabilidad deben jugar un papel clave.

Durante muchos años, hemos diseñado un modo de vida totalmente dependiente de los combustibles fósiles que, ahora, por un problema de supervivencia, tenemos urgentemente que cambiar.  ¿Cómo nos convencemos, cada uno de nosotros, de que no hay otro camino, de que es urgente hacerlo?

En este debate político y social, aquellos que ven peligrar sus intereses económicos van a intentar oponerse y retrasar todo lo posible este cambio. Pero las evidencias son abrumadoras. Cuanto más tardemos peor.

Nos movemos en permanentes contradicciones que dificultan este proceso:

  • Confundimos nuestros derechos fundamentales con hábitos, costumbres y usos. Poder respirar aire limpio es un derecho, tener vehículo privado no, como no lo es tener un barco o un avión privado, por más que en casi todas las familias tengamos al menos un coche y lo consideremos parte fundamental de nuestro modo de vida.
  • Nos parece bien que se mejore la calidad del aire en las ciudades que vivimos, pero nos oponemos a que se tomen medidas para restringir el uso de vehículos privados en las mismas, sobre todo si eso implica dejar el vehículo propio en casa. Lo mismo ocurre con el tiempo que pasamos en atascos de tráfico, que nos parecen insoportables. No acabamos de visualizar que somos a la vez responsables y víctimas de un problema que nosotros mismos provocamos con nuestros comportamientos diarios y que, por lo tanto, somos parte de la solución. Bajo el argumento, muchas veces cierto, de que el transporte público, que nos permitiría una alternativa de movilidad sostenible, es deficiente no cambiamos nuestros hábitos ni exigimos un transporte público eficiente. No queremos ni oír hablar de subidas de impuestos, ni de impuestos a los combustibles fósiles. Tampoco invertimos dinero en instalaciones de autoconsumo ni en medidas de ahorro energético, a no ser que estén subvencionadas.

Si democratizamos nuestro sistema energético y empoderamos a los ciudadanos para que sean responsables y artífices de la transición energética estaremos poniendo las bases de una transformación económica mucho más profunda, donde la tasa de crecimiento deje de ser el único parámetro económico que mida nuestro bienestar.

La frase que el  economista británico Kenneth Boulding utilizaba allá por los años 60, “Quién cree que un crecimiento infinito es compatible con un planeta finito o está loco o es un economista”, recobra con la transición energética todo su sentido y vigencia. Mi experiencia me dice que economistas no hay tantos.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

¿Cómo ha cambiado el clima en tu ciudad desde que naciste?

El calentamiento global del planeta va tan deprisa que, salvo para los niños y los muy jóvenes, a los demás nos resulta perfectamente posible darnos cuenta del cambio climático que se ha producido a lo largo de nuestra vida. En cuanto nos paremos a pensar un poco, tratando de recordar cómo eran los otoños, los inviernos, las primaveras y los veranos de hace unas décadas en comparación con los de ahora, caeremos en la cuenta de que el cambio que se ha producido en tan poco tiempo es realmente significativo.

Hace unas semanas descubrí que ‘The New York Times’ (NYT) había publicado una página web, realizada con la colaboración del Climate Impact Lab (un grupo de científicos del clima, economistas y analistas de datos de varias universidades y centros de investigación de Estados Unidos) donde se puede ver, de una forma muy gráfica, cómo ha ido aumentando la temperatura en muchas ciudades del mundo, desde una fecha concreta hasta hoy.

planeta

La aplicación te propone hacer la comparación de la situación actual con la que había el año de tu nacimiento en tu ciudad natal. Una vez introducidos esos dos datos te muestra, en primer lugar, una gráfica donde se representa la diferencia de temperatura en esa población respecto a la del año en que naciste. En concreto, lo que la gráfica proporciona es el número de días muy calurosos en los que se alcanzó una temperatura de 32ºC o más. Después, la aplicación te muestra una previsión a futuro, en el marco de lo que prevén diversos modelos climáticos desarrollados por los científicos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la edad media (tomados ambos sexos) de la población española es de 43 años. Así pues, introduje en esa web la fecha de 1975 como año de nacimiento del ciudadano promedio en España y fue introduciendo diferentes ciudades en el campo “localidad”. Supongamos que somos ese ciudadano promedio.

Para el área de Madrid, la gráfica resultante señala, en primer lugar, que cuando naciste, en 1975, se podía esperar cerca de 31 días al año en los que se alcanzaban al menos 32ºC y luego muestra, con una tendencia al alza muy clara, cómo el número de éstos sube con respecto a dicho año hasta llegar a los 54 días calurosos (con 32ºC o más) que se pueden esperar en la actualidad. Para el 2055, cuando tengas 80 años, los modelos muestran que podrás sufrir 74 días muy calurosos (el rango probable está entre 65 y 89 días, según se consideren los diferentes escenarios).

Para el área de Ibiza, la aplicación da los siguientes datos: 48 días calurosos en 1975, 84 en la actualidad y un promedio de 104 días en 2055 (el rango probable está entre 97 y 119).

En Sevilla: 72 días calurosos en 1975,  92 en 2018 y un promedio de 110 días en 2055 (rango entre 102 y 121).

 

En Cáceres: 45 días calurosos en 1975,  69 en 2018 y un promedio de 87 días en 2055 (rango entre 81 y 97).

Según este análisis del Climate Impact Lab para el NYT, en España, salvo las zonas con mayor influencia del Atlántico y del Cantábrico, el resto de áreas seguirá sufriendo un pronunciado aumento de las temperaturas en los próximos años. Y ello incluso si todos los países del mundo hacen sus deberes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que si, por el contrario, aquellos continuasen emitiendo a las altas tasas del pasado, el futuro podría ser todavía más caluroso.

Sufrir temperaturas altas no es solo una molestia con respecto al grado de confort que preferimos tener, es un problema que puede tener repercusiones muy graves para la salud pública, especialmente para los sectores de población más vulnerables. Además, el abastecimiento de agua, el suministro de energía y comida, y, por supuesto, los ecosistemas naturales, pueden verse muy seriamente trastornados.

Sufrir temperaturas altas no es solo una molestia con respecto al grado de confort que preferimos tener, es un problema que puede tener repercusiones muy graves para la salud pública, especialmente para los sectores de población más vulnerables

Cada vez con más frecuencia nos impactan noticias que demuestran que las previsiones sobre los efectos esperados del cambio climático ya se están cumpliendo. En las últimas semanas, por ejemplo, las de las tremendas inundaciones ocurridas en las Baleares y diferentes partes de la costa mediterránea y en el sur de Francia; la de que el huracán Leslie llegase a la Península Ibérica convertido en tormenta tropical, causando destrozos y dejando miles de casas sin luz en Portugal y otros trastornos menores en diversas partes de España; la del tornado que dejó a oscuras durante varios días a media isla de Menorca después de destruir varias torres de alta tensión doblándolas como si hubieran sido de plastilina; la de los gravísimos incendios forestales en California, aún activos a la hora de escribir estas líneas, con resultado de decenas de muertos y centenares de desaparecidos, 40.000 evacuados, más de 12.000 edificios destruidos (en su mayoría en la localidad de Paradise, que ha quedado completamente engullida por las llamas) y que han quemado cerca de 60.000 hectáreas de vegetación.

También quiero referirme a la prolongada y gravísima sequía sin precedentes sufrida por todo el norte de Europa desde mayo (en determinadas zonas, desde marzo) hasta mediados de agosto, que secó ríos y embalses en países como el Reino Unido, devastó cosechas causando un aumento de los precios de las cereales y otros productos hortícolas, provocó graves incendios forestales en Suecia (incluso en zonas del Círculo Polar Ártico) que tuvo que recurrir a la ayuda de la Unión Europea para tratar de contener los hasta 40 focos que llegó a tener activos simultáneamente. Según los científicos, estas grandes anomalías, en especial la ola de calor del norte de Europa no se explican sólo por la variabilidad natural.

Aunque no se pueda achacar al cambio climático la ocurrencia de ningún evento meteorológico concreto, todos los escenarios científicos apuntan a que, en conjunción con el aumento de la temperatura media global del planeta, fenómenos extremos de distinta naturaleza, como los mencionados, irán a más en los próximos años.

 

Tampoco debemos ignorar otros efectos esperados del cambio climático, asociados a la salud, como la aparición de nuevas enfermedades (o reaparición de algunas hace tiempo olvidadas). Así, en 2018, se han confirmado tres casos de dengue contraídos, por primera vez, en territorio español. También se está expandiendo por nuestras latitudes otro virus, el de la fiebre del Nilo occidental, transmitido -como el del dengue- por mosquitos, que ha sido la causa de la muerte de 85 personas este verano en varios países de sur de Europa. A consecuencia del calentamiento global, se reproducen las condiciones climáticas que favorecen la proliferación de las especies de mosquitos que transmiten esos virus.

Las consecuencias de llegar a un incremento de 1,5ºC serían mucho más graves, como nos ha recientemente alertado el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático

Estos hechos son algunas pinceladas de lo que conlleva un aumento de 1ºC en la temperatura media de La Tierra. Pero hay que tenerlo en mente porque las consecuencias de llegar a un incremento de 1,5ºC serían mucho más graves, como nos ha recientemente alertado el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, en sus siglas inglesas), autoridad científica auspiciada por Naciones Unidas sobre esta materia.

El IPCC nos advierte en su último informe de que el cambio climático avanza a un ritmo mayor del esperado y que se nos acaba el tiempo para hacer frente a este problema. Aunque ya estamos sufriendo sus consecuencias, si reaccionamos hoy, con suficiente diligencia, aún estaremos a tiempo de evitar las consecuencias más catastróficas e irreversibles que conllevaría alcanzar un escenario con un aumento de 1,5ºC de la temperatura media del planeta. Para ello el IPCC reclama que hay que hacer rápidamente cambios “de gran alcance y sin precedentes” en nuestro sistema energético y económico.

Dentro de menos de un mes se celebrará la cumbre anual sobre cambio climático de Naciones Unidas (COP24) en Polonia. De cara a esta reunión, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha publicado una encuesta (25.000 participantes, de más de 18 años, de 30 naciones, de la Unión Europea más Estados Unidos y China) sobre la percepción ciudadana sobre el calentamiento global. Con respecto a los ciudadanos europeos, un 78% de los encuestados se declaró preocupado o alarmado al respecto, siendo las poblaciones del sur de Europa las que mostraron un mayor grado de preocupación por los efectos del cambio climático. En España, el porcentaje subió a un 87%, bastante por encima de la media europea, sólo por detrás de Portugal, Grecia, Chipre y Malta. Un 70% de los españoles afirmó que cree que el cambio climático es una amenaza para la humanidad.

Estos datos demuestran que la ciudadanía ha tomado mayoritariamente conciencia del problema. Ello da a los gobiernos legitimidad para poner urgentemente en marcha políticas ambiciosas para hacer frente al desafío del cambio climático. Y deben darse prisa porque no hay tiempo que perder.

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Ácido clorhídrico e hipoclorito de sodio

Durante las últimas 5, casi 6 semanas hemos podido comentar el nuevo Real Decreto – Ley 15/2018 (RDL15) en múltiples ocasiones, el 9 de octubre durante la “Jornada técnica de UNEF sobre PPA’s”, el mismo día durante la clausura de la “Presentación del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España”, en la misma semana, el jueves 11 de octubre en la “Jornada sobre autoconsumo en el sector residencial” del Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña & Solartys, todas estas en Barcelona, y unas semanas después durante el “Congreso Renovable 2018” de APPA en Madrid, y la última vez durante el “V Foro Solar” de UNEF, también en Madrid.

Seguramente que se ha comentado en más sitios, y no me gustaría  olvidarme de nadie, sólo he mencionado los eventos donde me invitaron como ponente para ventilar mi opinión. En las dos primeras jornadas ya puse sobre la mesa un tema importante sobre los derechos de acceso y conexión, que es la subida de los avales del 10 a 40 euros por MW solicitado. En las siguientes jornadas, sobre todo durante el Congreso de APPA y el Foro de UNEF lo he podido profundizar, tanto durante los debates oficiales, como durante las conversaciones al margen de ello.

reto energético

El título de este artículo recoge la metáfora que utilicé durante varios de estos debates, multiplicar el aval por 4 es como utilizar ácido clorhídrico en vez de hipoclorito de sodio. Popularmente se llaman salfumant o agua fuerte y lejía. Son dos desinfectantes, el primero mucho más fuerte que el segundo. Ambos peligrosos para la salud pública. Muchas veces se pueden utilizar detergentes mucho menos agresivos para conseguir el mismo resultado. La cuestión es limpiar con detalle donde es importante.

Lo de multiplicar por 4 los avales ha sido idea nuestra, del sector, y creo que nos hemos equivocado de detergente. Le puede pasar a todo el mundo. La intención es  eliminar la especulación del sector, porque es un agente infectante. Actúa de dos formas, en primer lugar hay agentes que piden puntos de conexión y acceso únicamente para venderlo, generalmente son agentes ajenos al sector, y luego hay agentes del sector que actúan como marmotas, se llenan la boca con mucho más de lo que son capaces de tragar. Los primeros especulan que podrán ganar un extra con algo que tienen que hacer otros, y los segundos especulan que serán capaces de hacer algo en el futuro, que otros ya son capaces de hacer ahora.

Es importante destacar que la medida se incluyó por escuchar  los comentarios recogidos durante el proceso de consulta pública del borrador para el Real Decreto de acceso y conexión, que se estaba tramitando paralelamente al RDL 15, y que se trata de buscar una solución técnica para conseguir una finalidad sobre la cual no hay debate.

El problema con el remedio de los avales multiplicados es que afecta de forma indiscriminada a todos. Un aval tiene un coste y, de esta forma, de una manera lineal, estaríamos incrementando el coste total de los 50 ó 70 mil megavatios en potencia renovable que tenemos que instalar en la próxima década, y aún muchos más si miramos el objetivo de tener nuestra electricidad 100% renovable en el año 2050. Por esta razón creo que debemos esforzarnos un poco como sector, y hacer sugerencias más sofisticadas para limpiar la especulación, y evitarla en el futuro.

Lo que se podría proponer es un sistema matizado, que además garantizaría los principios del acceso libre y sin obstáculos administrativos, económicos o financieros a un mercado en régimen de libre competencia, como lo prescriben las directivas Europeas vigentes, y las futuras, del paquete de invierno.

En primer lugar, avanzaría el test de idoneidad que actualmente ya existe para el responsable de obtener la autorización administrativa para la instalación de producción de electricidad por la que se pide el acceso y punto de conexión. No es coherente poder pedir este punto si de entrada no sabes hacer otra cosa con ello que venderlo. Sería suficiente una declaración responsable, con posibilidad para la administración pública de revisar de oficio, pedir documentación y subsanación. La Ley del Sector Eléctrico conoce un régimen sancionador que se podría aplicar en caso de declaraciones falsas o fraudulentas. Un aval más elevado no rehúye este tipo de especulador, lo hace la verificación de capacidad técnica, económica y financiera. De este modo estamos poniendo condiciones iguales para todos al acceder a este mercado, a la vez agilizando este acceso. Podría incluso hacerse un registro de agentes habilitados, para simplificarlo aún más, de este modo sería suficiente hacer referencia al registro para cada petición, sin perjuicio de que debe ser posible la declaración responsable sin estar dado de alta todavía en este registro, y sin perjuicio de que la primera declaración responsable debería dar lugar a una inscripción de oficio en tal registro.

Con esta primera medida, los agentes podrían tener acceso al sistema para aportar su granito para conseguir los objetivos para evitar el cambio climático, sin que se vean bloqueados por grandes volúmenes de avales que tendrían que presentar, que podrían actuar como una barrera financiera.

En segundo lugar, en la actualidad ya hay plazos para ejecutar, y el nuevo RDL15 introduce algunos más. Es aquí donde veo oportuno introducir avales, y lo haría según incumplimientos de estos plazos, y según el motivo del incumplimiento. Si el motivo del incumplimiento es imputable a la Administración Pública se le debe prorrogar el plazo al interesado, sin más. Si el motivo es imputable al interesado, pero no es voluntario, debería ser un aval de 10 euros por MW, que podría ir incrementándose en función de la perduración del incumplimiento del plazo. Un ejemplo de un motivo que es imputable al interesado, pero que no es voluntario, es el retraso de un suministro de un proveedor que no cumple con su plazo de entrega. Si fuera el incumplimiento de un plazo por voluntad del interesado, es decir sin justificación objetiva ni subjetiva más allá de que nos hemos despistado con el plazo, sería por ejemplo esta misma entrega que no se habría pedido a tiempo. Para esta última categoría impondría un aval empezando con 40 euros el MW, también aumentando según perduración.

Con esta segunda medida, nos habríamos asegurado la inclusión de un mecanismo de aceleración de la transición energética, sin perder de vista las garantías necesarias para los agentes que tienen que realizarla operacionalmente.

Estas ideas se han ido macerando como fruto de muchas conversaciones con agentes muy variados del sector. Seguiré trabajando durante estas semanas para aportar concreción a estas ideas, y las iré compartiendo con todos estos agentes y personas. Espero que entre todos podamos enriquecer el debate público con estas ideas, e incluso quizá ayudar a mejorar un poquito nuestra regulación.

Piet Holtrop – Abogado

Fijar un suelo para el precio del CO2

La Unión Europea (UE) tiene el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% en 2020, un 40% en 2030 y entre un 80 y 95% en 2050, siempre con respecto a los niveles de 1990. Para España estos compromisos se concretan en objetivos de reducción de emisiones diferentes, vinculantes a nivel estatal en algunos horizontes temporales y no vinculantes en otros. Estos objetivos requieren una transformación radical de nuestro modelo energético y pueden parecernos muy ambiciosos, pero en realidad ni siquiera llegan a ser suficientes.

El reciente informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) titulado El cambio climático de 1,5°C alerta de que, para evitar que el aumento de la temperatura media del planeta supere 1,5°C, es necesario descarbonizar nuestra economía de una manera más acelerada y profunda de lo que se estimaba hasta ahora, alcanzando un sistema global con emisiones netas nulas en 2050. De acuerdo con este informe, limitar el aumento de temperatura a 1,5°C en lugar de 2°C disminuye muy significativamente la probabilidad de fenómenos extremos asociados al cambio climático y reduce el riesgo de cambios de larga duración o irreversibles.

La UE también tiene unos compromisos relativos al porcentaje de energía de origen renovable y aumento de eficiencia que, además de contribuir a los objetivos de reducción de emisiones, tienen otras ventajas asociadas como la reducción de la contaminación local, por ejemplo, los episodios de contaminación del aire en grandes ciudades como Madrid, un menor consumo de combustibles fósiles y otros materiales o la generación de empleos asociados.

Además de estos compromisos, el principal mecanismo que la UE ha implementado para conseguir los objetivos de reducción de emisiones es el mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (conocido como ETS, siglas en inglés de European Trade System). Así, las actividades incluidas en los sectores ETS, que representan aproximadamente la mitad de las emisiones de la UE y entre las que se incluyen la generación de electricidad y los grandes consumos industriales, deberán adquirir en el mercado tantos derechos como emisiones de gases de efecto invernadero resulten de su actividad.

Los sectores no ETS (agricultura, edificación, residuos y transporte excluyendo la aviación), responsables de la otra mitad de las emisiones, no están obligados a adquirir derechos de emisión. Las estrategias para reducir las emisiones de los sectores no ETS se centran en el ahorro, la eficiencia, y el uso de energías renovables, así como en incentivos fiscales que propicien tanto la selección de tecnologías menos contaminantes como cambios de comportamiento.

Figura 1. Distribución por sectores de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea en 2016. Fuente: European Environment Agency.

Pero volvamos al mercado de derechos de emisión. La justificación conceptual de esta herramienta es sencilla: el pago por el derecho de emisión es un mecanismo para internalizar los costes ambientales asociados a dicha emisión. Uno de los principales defensores de la tasación de las emisiones de gases de efecto invernadero es William D. Nordhaus, premio Nobel de economía de este mismo año. El comité de los Premios Nobel destacó que el profesor Nordhaus había demostrado que “el remedio más eficiente para los problemas causados por gases de efecto invernadero es un esquema global mediante el cual se impone una tasa de carbono universal”.

El párrafo anterior requiere varios comentarios adicionales. En primer lugar, no está demostrado que remedios alternativos, tales como una fuerte regulación para reducir, a tiempo y en cantidad suficiente, las emisiones de CO2 no sean más efectivos. En segundo lugar, el propio concepto de internalización presenta muchos inconvenientes pues ¿cómo se traduce a un precio de CO2 la pérdida de biodiversidad asociada con la desaparición de un ecosistema, la extinción de una especie o las muertes humanas causadas por fenómenos extremos asociados al cambio climático?

Además de estas salvedades, el problema es que el mercado de derechos de emisión europeo lleva varios años siendo prácticamente inútil, puesto que el precio que ha estado fijando el mercado para los derechos de emisión es tan bajo que no supone en realidad ningún estímulo ni siquiera para, por ejemplo, dejar de utilizar fuentes de generación de electricidad altamente emisoras como las centrales de carbón.

Figura 2. Evolución del precio de los derechos de emisión de CO2 en €/tCO2. Fuente: sandbag.

Después de más de seis años por debajo de 10 €/tCO2, el precio de los derechos de emisión ha comenzado a subir en los últimos meses, llegando a superar 20 €/tCO2 entre los últimos días de agosto y los primeros de octubre de 2018. En España, algunos han asociado la progresiva subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista que comenzó en mayo de 2018 con el aumento del precio del CO2. Sin embargo, existen varias causas adicionales que influyen directamente en esta escalada de precios. Una es el aumento del precio de las materias primas que utilizan algunas centrales, carbón y gas natural. La otra, es el carácter oligopólico del mercado mayorista: esto permite que, cuando el coste de una determinada tecnología aumenta (bien por un aumento del coste de la materia prima, bien por un aumento del precio del CO2), el precio al que ofertan el resto (incluida la hidroeléctrica) también lo hace, de manera que los impuestos ambientales, en lugar de alterar el orden de entrada al mercado y desplazar las tecnologías más contaminantes, se traduce en un aumento del precio que fija el mercado. Como resultado de este funcionamiento deficiente, en septiembre de 2018 el precio medio del mercado eléctrico no solo ha sido un 45% más alto que el valor medio para el mismo mes del año anterior, sino que las emisiones de CO2 han resultado un 18% superiores.

¿Cómo podemos garantizar que el precio del CO2 sea el suficiente para cumplir su cometido, es decir, reducir las emisiones asociadas a los sectores ETS tan rápido como es necesario para limitar las consecuencias del cambio climático?

Así pues, ¿cómo podemos garantizar que el precio del CO2 sea el suficiente para cumplir su cometido, es decir, reducir las emisiones asociadas a los sectores ETS tan rápido como es necesario para limitar las consecuencias del cambio climático? Podríamos resignarnos a pensar que debemos esperar a que Europa diseñe un mecanismo más efectivo, pero la realidad es que no tenemos tiempo, como nos recuerda el último informe del IPCC, el cambio climático avanza ya demasiado rápido para eso. Por ello, la experiencia de Reino Unido, todavía ejecutada en un contexto de pertenencia a la Unión Europea, puede servirnos de ejemplo a imitar.

Reino Unido introdujo en 2013 la política de apoyo al precio del carbono (Carbon Price Support) mediante la cual se establece un suelo para el precio de los derechos de emisión. En caso de que el precio de los derechos de emisión en el mercado resulte inferior a este suelo, aquellas actividades emisoras deben pagar una tasa por sus emisiones igual a la diferencia entre el precio que fije el mercado y el valor del suelo.  Además, el valor del suelo va aumentando con el tiempo, lo cual ha permitido a Reino Unido incentivar una descarbonización acelerada dentro del mecanismo vigente del mercado de derechos de emisión. El valor actual del suelo es de 18 £/tCO2 (21,6 €/tCO2) y permanecerá fijo hasta 2020. Los efectos de esta medida, que se concretan en el cierre de algunas centrales de carbón y la sustitución de generación basada en carbón por gas, has sido muy positivos. Las emisiones asociadas al sector eléctrico en Reino Unido se redujeron a la mitad en cuatro años,  desde 159 MtCO2 en 2012 hasta 78 MtCO2 en 2016. Como consecuencia, el país ha alcanzado niveles de emisión de CO2 tan reducidos que no se veían desde finales del siglo XIX.

 

Figura 3. Evolución del uso de distintos combustibles en Reino Unido y del precio del CO2. Fuente:  Wilson & Staffell, Nature Energy 3, 2018.

 

Figura 4. Evolución de las emisiones de CO2 en Reino Unido entre 1860 y 2016. Fuente: Carbon Brief.

Fijar un suelo para el precio de las emisiones de CO2 en nuestro país daría una señal estable en el largo plazo que podría servir para acelerar la descarbonización del sistema eléctrico y del resto de actividades incluidas en los sectores ETS. Si esta medida se acompaña de la necesaria reforma del mercado eléctrico que permita que cada tecnología cobre según su coste de generación, el precio del CO2 servirá como una herramienta efectiva para alterar el orden de entrada al mercado, expulsando del sistema a las tecnologías más contaminantes. Aun teniendo claro que no podemos limitarnos a establecer mecanismos de mercado para alcanzar una economía compatible con un aumento de temperatura medio del planeta inferior a 1,5°C y que esta no es la única herramienta que necesitamos, es una de las que podrían resultar más efectivas a corto plazo.

Por Marta Victoria – Observatorio Crítico de la Energía marta victoria