La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

Archivo de julio, 2018

Un nuevo paso hacia un Mediterráneo libre de prospecciones de hidrocarburos, pero hacen falta más

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

De las medidas urgentes para la protección del Mediterráneo que Alianza Mar Blava solicitó al nuevo Gobierno, una ya es realidad. Se trata de la aprobación, efectuada en el Consejo de Ministros del pasado 29 de junio, del Real Decreto 669/2018, de protección del Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear como Área Marina Protegida, que establece además la adopción de un régimen de protección preventiva en esa zona y su inclusión dentro de la lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona, tal y como Mar Blava venía solicitando desde mediados de 2015.

Este nuevo espacio marino protegido tiene una superficie de 46.385,70 km2. Es una franja de aguas de unos 85 km de anchura media, que discurre entre la costa catalana y la valenciana, y el archipiélago balear. Se extiende por el norte dentro de las aguas de soberanía española a la altura del Cabo de Creus, en Gerona, hasta el Cabo de la Nao, en Alicante, por el sur; por el este, discurre paralela a las costas de islas de Ibiza, Mallorca y Menorca, a una distancia de unos 13 km; y por el oeste, también paralela a las costas catalana y valenciana, se mantiene a unos 38 km de distancia media.

La zona protegida comprende la totalidad del espacio marino, incluidas las aguas en las que está integrado, el lecho, el subsuelo y los recursos naturales existentes dentro de los límites establecidos por las coordenadas geográficas que marca el Real Decreto.

Para lograr la protección del Corredor de Migración de Cetáceos, a lo largo de 2016 y 2017 Alianza Mar Blava promovió, entre otras cosas, la consecución de apoyos institucionales, políticos, sociales y científicos, dentro y fuera de España.

El citado corredor tiene un altísimo valor ecológico por albergar una gran diversidad de especies de cetáceos (incluyendo la segunda y tercera especies más grandes de la Tierra: los rorcuales y los cachalotes, así como el delfín mular y el delfín listado y especies de cetáceos buceadores de gran profundidad como el calderón gris, el calderón común y el zifio de Cuvier) y, además, es de especial relevancia por ser utilizado como zona de paso migratorio por el rorcual común hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo. Todas estas especies han recibido ya estatus de protección por parte de varios regímenes de conservación tanto nacionales como  internacionales. Por no citar otras muchas especies de fauna marina (aves, tortugas, peces -incluidos los tiburones-, e invertebrados).

A mediados de 2015, Alianza Mar Blava incluyó entre sus objetivos la protección del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo como Área Marina Protegida (AMP) por el Gobierno español y como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) por el Convenio de Barcelona. Y así lo decidió, no sólo por la relevancia de este espacio marino desde el punto de vista de la protección de los ecosistemas y de la fauna marina del mar Mediterráneo, sino también para imposibilitar que se pudieran llevar a cabo diversos proyectos de prospecciones de hidrocarburos que distintas compañías petroleras habían solicitado en esta misma zona.

Algunos de éstos están aún en tramitación (ver más abajo) y otros cuyo archivo ya se ha logrado en los últimos años mediante otras estrategias. Así, en 2015 se consiguió el archivo de los permisos de investigación de hidrocarburos otorgados (en 2010) en el golfo de Valencia a la petrolera Cairn Energy; en 2016, el archivo del proyecto de prospecciones de Services Petroliers Schlumberger en el golfo de León; y en 2017, el de Spectrum Geo Limited en el mar Balear.

Mediterraneo

Para lograr la protección del Corredor de Migración de Cetáceos, a lo largo de 2016 y 2017 Alianza Mar Blava promovió, entre otras cosas, la consecución de apoyos institucionales, políticos, sociales y científicos, dentro y fuera de España. Entre los apoyos que logró sumar para consolidar esta iniciativa están los del Parlament balear, el Govern balear, la Generalitat de Cataluña, la Generalitat de Valencia, los Consells insulares de Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza, más de 10 ayuntamientos de las Islas Baleares y los ayuntamientos de Barcelona y Valencia, el Congreso de los Diputados y el Senado, las mayores ONG ecologistas de ámbito estatal, así como numerosos expertos y entidades científicas tanto nacionales como internacionales.

Con el fin de garantizar que no exista una merma del estado de conservación de las especies presentes en este espacio marino, en este Real Decreto se aprueba la aplicación de un régimen de protección preventiva que determina que quedará prohibido cualquier tipo de actividad extractiva de hidrocarburos, salvo aquéllas relacionadas con permisos de investigación o explotación en vigor” y también que no se permitirá el uso de sistemas activos destinados a la investigación geológica subterránea  (tanto por medio de sondas, aire comprimido o explosiones controladas como por medio de perforación subterránea), salvo aquéllas relacionadas con permisos de investigación o explotación en vigor”.

Sobre este espacio marino no hay actualmente ningún permiso de investigación o explotación en vigor. Pero lo que sí hay son varias solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, cuyas superficies de actuación prevista se solaparían con grandes áreas del citado Corredor. En concreto, los doce permisos denominados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de León y el denominado “Medusa”, solicitado por las petroleras Repsol, CEPSA, CNWL Oil España y POG, frente a las costas de Tarragona.

 Por lo tanto,Alianza Mar Blava considera que la consecuencia inmediata derivada de la protección del Corredor, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto y especificado en su régimen de protección preventiva, es que el Ministerio para la Transición Ecológica proceda al archivo definitivo de los citados proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación.

Alianza Mar Blava considera que la consecuencia inmediata derivada de la protección del Corredor, es que el Ministerio para la Transición Ecológica proceda al archivo definitivo de los citados proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación.

La protección del Corredor de Migración de Cetáceos era una medida muy importante y urgente. En primer lugar, por la extraordinaria importancia ecológica que este Corredor tiene por sí mismo. En segundo lugar, para posibilitar la puesta en marcha de medidas de protección que impidan que puedan materializarse una serie de proyectos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que amenazan seriamente sus valores naturales y su viabilidad. Y, por último, para poner actuar sobre procesos que ya están actuando negativamente sobre las especies que pueblan este corredor, como es el caso de la contaminación acústica submarina, para lo cual es fundamental que el Gobierno inicie de inmediato la elaboración de un eficaz Plan de Uso y Gestión de este nuevo espacio marino protegido.

Evidentemente con la declaración de esta nueva Área Marina Protegida no basta. Hacen falta nuevos pasos, que el Gobierno puede dar, mientras se tramita en las Cortes Generales una ley que prohíba definitivamente la realización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y otros recursos minerales en las aguas bajo jurisdicción española.

El primero es decretar una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, de nuevos proyectos de prospecciones de hidrocarburos y de cualquier otro proyecto para la realización de campañas de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido u otras tecnologías generadoras de niveles inadmisibles de contaminación acústica submarina, que son muy lesivas para la fauna marina.

El segundo, el archivo definitivo de todas las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos y de todos los proyectos de exploración de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que están aún en tramitación fuera del Corredor de Migración de Cetáceos: el proyecto “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, solicitado por INOGS de Trieste, Italia, en aguas situadas entre Mallorca e Ibiza y Formentera; y el proyecto de perforación de pozos de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. en el área “Ampliación de Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, denominado “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3″;

No tiene sentido seguir buscando nuevos yacimientos de hidrocarburos, ni en el mar ni en la tierra, si queremos ser coherentes con nuestros compromisos frente al desafío del cambio climático: #KeepItInTheGround.

El impuesto al Sol y la parábola del colibrí

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Una de las primeras actuaciones de la nueva ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha sido anunciar su intención de suprimir el llamado “Impuesto al Sol”. Un impuesto injusto que permite gravar la energía producida y autoconsumida por los propietarios de instalaciones de energías renovables, principalmente fotovoltaicas. Cuando esto ocurra, España dejará de tener la legislación más restrictiva que se conoce para estos sistemas y nos alinearemos con lo acordado por la Unión Europea, que considera que los ciudadanos tenemos derecho a producir, consumir e intercambiar energía sin trabas ni peajes.

Cada vez que se produce el debate sobre el desarrollo del autoconsumo, son algunas las voces que, siguiendo el argumentario de las empresas eléctricas, acusan a los autoconsumidores de depredadores del sistema, insolidarios y de querer ahorrase unas tasas y peajes que otros necesariamente tendrán que asumir, para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico. Nos ha sorprendido el artículo de opinión de Jesús Mota publicado en El País el pasado 16/06/18 definiendo a los autoconsumidores como los nuevos gorrones del sistema eléctrico.

Obviamente, no estoy de acuerdo con el punto de vista de este artículo. El planteamiento que allí se hace olvida algunos aspectos fundamentales del autoconsumo que voy a tratar de explicar.

La necesaria transición energética para pasar a una economía descarbonizada pasa inevitablemente por el uso masivo de las tecnologías renovables, pero pasa también por cambiar nuestra forma de consumir energía

La necesaria transición energética para pasar a una economía descarbonizada pasa inevitablemente por el uso masivo de las tecnologías renovables, pero pasa también por cambiar nuestra forma de consumir energía. El ahorro y la eficiencia energética deben convertirse en piedras angulares de la transición energética. Debemos pasar de un sistema de gestión de la oferta a un sistema de gestión de la demanda, donde los ciudadanos nos hagamos corresponsables de nuestro consumo energético.

impuesto al sol

El autoconsumo permite empoderar a la ciudadanía y hacerla partícipe de esta transición energética. Cuando un particular decide invertir en una planta de autoconsumo está produciendo beneficios económicos, ambientales y sociales. Económicos, porque, además de activar un sector que crea puestos de trabajo, produce energía limpia que tiene que dejar de producirse por otras fuentes, disminuyendo así la dependencia energética del país; ambientales, porque dejamos de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera y, por último, también sociales, ya que permite tomar conciencia de la importancia de un buen uso de la energía.

Estas razones hacen que tanto la mayoría de los países, como lo recientemente aprobado por la Unión Europea para la nueva directiva de renovables, definan el autoconsumo como uno de los actores principales del nuevo modelo energético.

Los autoconsumidores no queremos dejar de pagar las tasas que en justicia nos correspondan, pero no entendemos por qué debemos pagar un peaje a la energía que producimos y consumimos y que, en ningún caso, entra a la red eléctrica general

Los autoconsumidores no queremos dejar de pagar las tasas que en justicia nos correspondan, pero no entendemos por qué debemos pagar un peaje a la energía que producimos y consumimos y que, en ningún caso, entra a la red eléctrica general. Tampoco entendemos por qué no podemos intercambiar la energía producida con otros usuarios y recibir una compensación económica por la misma, en igualdad de condiciones con cualquier otro productor de energía.

El único efecto real de tener un sistema de autoconsumo es que disminuye la energía que necesito comprar a la compañía eléctrica, exactamente igual que si adopto medidas de ahorro energético para disminuir el consumo de mi vivienda ¿Alguien en su sano juicio tacharía de gorrones del sistema eléctrico a aquellos que quieran rebajar su factura eléctrica mejorando la eficiencia de los elementos de consumo, mediante iluminación led, comprando electrodomésticos de alto rendimiento o gestionando su consumo para poder disminuir la potencia contratada y la energía consumida? Esto se llama eficiencia energética y bien haríamos en ir bajando nuestras altas necesidades energéticas. Sin embargo, si esto se hace instalando módulos fotovoltaicos, entonces eres un gorrón del sistema. O ¿deberíamos poner también una tasa a los elementos de consumo de alta eficiencia para compensar la insolidaridad que supone un menor consumo respecto a aquellos que aún no han cambiado los elementos más antiguos y que consumen más? ¿Por qué deberíamos pagar una tasa por la energía que no le compramos a la compañía eléctrica?

El único efecto real de tener un sistema de autoconsumo es que disminuye la energía que necesito comprar a la compañía eléctrica, exactamente igual que si adopto medidas de ahorro energético para disminuir el consumo de mi vivienda

Conviene recordar que los autoconsumidores pagamos exactamente las mismas tasas y peajes que el resto de los consumidores domésticos de energía eléctrica por la energía que consumimos, ya que tenemos nuestro contrato de suministro exactamente igual a los demás usuarios, con la particularidad de no recibir ninguna compensación si decidimos inyectar la energía sobrante a la red y, por tanto, regalarla al sistema, para que se la venda a nuestros vecinos.

Algunos piensan que esto del autoconsumo es sólo cosa de aquellos que teniendo poder económico quieren además ahorrarse dinero y cargar los costes del sistema a los demás.

Nada más lejos de la realidad, lo que pasa es que los que así piensan parten de una hipótesis errónea: “Los beneficios del sistema eléctrico deben ser garantizados y si disminuye el consumo de energía, otros tendrán que pagar más para que los beneficios del sistema no decaigan”.

Necesitamos un sistema energético más justo, más democrático, donde todos los actores tengan derechos y obligaciones y cuyo principal objetivo sea el suministro de energía en condiciones  de equidad social.

La transición energética debe ser ante todo justa y esto implica revisar toda la estructura de nuestro sistema energético y, en particular, la infame estructura actual del recibo eléctrico, así como la fijación de precios de la energía. En esta nueva fijación de precios deberíamos incluir los beneficios económicos, medioambientales y sociales de las mismas, y también los costes asociados a sus respectivos impactos.

Por último, el precio de los sistemas fotovoltaicos hace que una amplia mayoría de la sociedad pueda hacer frente a la inversión necesaria para autoabastecerse al menos de una pequeña parte de la energía que necesita.

Si para dar cabida a las nuevas formas de generación, distribución y uso de la energía, es necesario cambiar las reglas de juego del actual sistema eléctrico, tendremos que hacerlo. Necesitamos un sistema energético más justo, más democrático, donde todos los actores tengan derechos y obligaciones y cuyo principal objetivo sea el suministro de energía en condiciones  de equidad social.

impuesto al sol

Desde la Fundación Renovables pensamos que la Transición Energética sólo es posible hacerla actuando conjuntamente sobre toda la estructura energética del país y con la colaboración de todos. La hoja de ruta que proponemos la hemos recogido en nuestro último informe.

Esta Transición Energética va a llevarse a cabo electrificando la demanda y generando con energías renovables. Necesitamos un sistema eléctrico transparente y democrático. No demonicemos a aquellos que han empezado el camino para conseguir este cambio de modelo.

Así, nuestra actitud debería ser como la del colibrí que intentaba apagar el fuego del bosque mientras que el resto de los animales huían y le decían,” ¿acaso crees que puedes tú sólo apagar el incendio?”, a lo que el colibrí contestó, “yo sé que no puedo sólo, pero estoy haciendo mi parte”.

Los autoconsumidores solos no vamos a poder cambiar el sistema energético, pero estamos haciendo nuestra parte. Ojalá, pronto, los demás hagan la suya. Mientras tanto, bienvenidas las iniciativas para acabar con el “Impuesto al Sol. Que así sea.

El cambio está en marcha, es la hora de acciones disruptivas que lo aceleren

Domingo Jiménez Beltrán – Patrono fundador de la Fundación Renovables

El mantra de todos los sectores que tienen que cambiar (energético, eléctrico, automóvil, petroquímica, plásticos, construcción, agrario…) ante la inexorable descarbonización de la economía para mitigar el Cambio Climático y consiguiente desenergización y desmaterialización de la misma para conseguirlo es siempre el mismo: “Hay que hacer el cambio aunque de forma progresiva”.

No son solo los empresarios los que piden tiempo, también los sindicatos, aunque éstos cada vez aceptan más la transición entendida como “transición justa”, es decir, que se prevea el impacto en el mundo laboral para que el proceso de inevitable pérdida de puestos de trabajo en los sectores que tienen que cambiar se mitigue con el posible trasvase a empleos en los nuevos sectores o, en todo caso, con planes de adaptación y de medidas socioeconómicas para mitigar los impactos.

El desafío es que como decía el propio Papa Francisco en su encíclica “Laudato si”, el recurso más escaso frente al Cambio Climático es el tiempo. No hay tiempo que perder. No solo ambientalmente sino también desde el punto de vista socioeconómico, dados los enormes costes del fenómeno y los beneficios del nuevo orden económico, que permiten decir que esta Transición Ecológica de la economía es oportuna y urgente aunque no hubiera calentamiento global.

La historia ambiental reciente muestra que frente a los desafíos ambientales no tenemos más que lo que se conoce como “falsos negativos”, o lo que es lo mismo, que a base de negar la evidencia, de minimizarla o de ralentizar las respuestas acudiendo a una interesada cautela, siempre hemos llegado demasiado tarde.

emisiones

Quien no lo crea que repase los dos sesudos y bien documentados informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente, AEMA, del año 2000 y 2013  “Lecciones tardías de alertas tempranas“ (1) donde se muestra y demuestra que llegamos demasiado  tarde en temas como el amianto (casi cien años tarde), la destrucción de la capa de ozono, el plomo en la gasolina, el mercurio (enfermedad de Minamata), el insecticida DDT o Dicloro difenil tricloroetano (50 años después de “La Primavera Silenciosa” de R. Carlson).

Actualmente estamos no solo repitiendo sino magnificando la historia en el caso del Cambio Climático (ya lo predijo, y con suficiente precisión, el Premio Nobel de Química en 1903 Svante A. Arrhenius hace más de cien años) que, además, a diferencia de casos anteriores, tiene ventajosas respuestas para su mitigación incluso desde el punto de vista socioeconómico.

Las partes interesadas se resisten y piden a que el cambio sea lento para que sus intereses no se vean afectados, sus activos no se devalúen y les dé tiempo a pasar a situaciones dominantes en el nuevo escenario.

Una vez más, estamos en un proceso de cambio urgente, inexorable y ventajoso. Una vez más, las partes interesadas se resisten y piden a que el cambio sea lento para que sus intereses no se vean afectados, sus activos no se devalúen y les dé tiempo a pasar a situaciones dominantes en el nuevo escenario.

Una vez más, y esta vez tasado en el tiempo, ya llegamos tarde. La temperatura media global no debe aumentar más de 1,5ºC al final del siglo, cuando ya hemos superado ampliamente el 1ºC en incremento y la tendencia es a superar los 3-3,5ºC al final del siglo, sabiendo que un incremento de 4ºC es equivalente a una glaciación a la inversa, o sea, estamos, como dicen un grupo de científicos de EEUU, ante una “big shit”.

Hace unos días pude apreciar en el aeropuerto de Bruselas la campaña que la gran empresa petrolera estatal noruega StatOil (principal aprovisionadora del mayor fondo soberano del mundo que curiosamente restringe fuertemente sus inversiones en activos fósiles) ha iniciado para reposicionarse frente a la inexorable mengua de la economía fósil y sus activos tóxicos.

Su anuncio en grandes letras en el túnel de embarque decía: ”Última llamada para StatOil. Equinor parte hacia el futuro. StatOil cambia su nombre a Equinor”. No requiere explicación de lo que claramente es un reposicionamiento hacia el futuro para el que solo pide un tiempo que no tenemos.

Tiempo que también piden muchos de los Estados Miembros de la UE, haciéndose eco de los intereses de las grandes empresas de la economía, al frenar las exigencias del Parlamento Europeo en cuanto a objetivos más ambiciosos para 2030 del llamado Paquete de Invierno en materia de Cambio Climático y Energía.

molinos eólicos

En Bruselas tuve ocasión de hablar recientemente con miembros del Parlamento Europeo y en particular con la que fuera ministra de Medio Ambiente Finlandesa, Sirpa PietikaInen, sobre estas situaciones de urgencia de cambio y el recurso a “medidas disruptivas”, que inexorablemente forman parte del cambio y que tiene la virtud de provocar el cambio de  forma rápida/rupturista, aunque exigen mucho coraje, responsabilidad política, pedagogía y el mayor apoyo social posible.

Para Pietikainen un caso ejemplar fue el del tabaco. Después de años de programa antitabaco, prohibición de la publicidad (que fue ya muy contestada por la prensa, incluyendo un gran medio español, que amenazaba en Bruselas con el fin de la prensa escrita debido a los ingresos que perderían si faltaba esta publicidad), etc. fue la prohibición generalizada de fumar en lugares públicos o incluso cerca de los mismos, en centros de trabajo o en los automóviles, la medida disruptiva que permitió un cambio relevante y sin ninguno de los efectos colaterales, que como el de la desaparición de la hostelería, se auspiciaban, sino todo lo contrario, ya que nunca había sido tan placentero ir a bares y restaurantes, ni tan buen negocio.

La lista de medidas rupturistas para acelerar obligadamente el cambio, para empezar a vivir y disfrutar ya de la Transición Ecológica de la economía sin tener que esperar a los grandes proyectos normativos de los que inexorablemente forman parte pero que no nos pueden retrasar es tan amplia como prometedora y solo requiere diálogo social y responsabilidad, propósito y coraje político.

La lista de medidas rupturistas para acelerar obligadamente el cambio, para empezar a vivir y disfrutar ya de la Transición Ecológica de la economía sin tener que esperar a los grandes proyectos normativos de los que inexorablemente forman parte pero que no nos pueden retrasar (llevamos diez años esperando el prometido  escenario energético 2030 y ya se hace larga la espera para la Ley de Cambio Climatico y Transición Energética, que puede reducirse por el obligado Plan integrado de Cambio Climático y Energía  para la Comisión a finales de año)  es tan amplia como prometedora y solo requiere diálogo social y responsabilidad, propósito y coraje político.

Mencionaré solo cuatro a modo de incentivo para establecer una lista abierta que acompañe, para acelerarla, a la Transición Ecológica de la economía española, conformando un verdadero “plan de choque” como propone la Ministra del ramo Teresa Ribera.

Para acelerar el cambio del modelo energético como vector de cambio de la Transición Ecológica:

A la espera de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que incluya objetivos más ambiciosos que los de la UE para 2030, que sería una medida disruptiva en sí misma:

 1.- Generalización del autoconsumo eléctrico con balance neto. Modificar la normativa española para maximizarlo y no limitarlo, como ahora, y promover la armonización a nivel UE, pudiendo llegar a 16 000 Mw instalados en 2030  (2) en España, lo que no solo contribuiría a generalizar rápidamente las renovables en generación distribuida sino también al empoderamiento de los ciudadanos y PYMEs que, además, no requerirían  incentivos, solo que no se pusieran obstáculos.

2- Comercialización solo de vehículos limpios, eléctricos fundamentalmente,  a partir de 2030 o incluso antes con objetivos intermedios. Con fuertes incentivos (que podrían provenir de impuestos a los carburantes fósiles y decreciendo con su desaparición) para los vehículos eléctricos y red de recarga siguiendo ejemplos como el de Noruega.

3- Un Plan ambicioso de rehabilitación de viviendas existentes en clave energética y de habitabilidad. Con incentivos sobre todo fiscales y financieros para rehabilitar anualmente, hasta 2030 y mas allá, más de un 2% del parque de viviendas existentes (como pedido por la Comisión en su Hoja de Ruta 2050 para uso eficiente de recursos (2)), más de  medio millón al año, priorizando las más deficitarias (3). Se potenciaría con una moratoria de diez años para nuevo suelo urbanizable.

Para la necesaria desmaterialización de la economía, hacia el “residuo cero”, clave para la Transición Ecológica:

4– Introducción de Sistema de Depósito en las cadenas de generación de residuos para asegurar su retorno a la cadena de producción y, cuando sea posible, su reutilización.

La sola introducción de un depósito cuando se adquiere un producto de cuyo uso se va a derivar un residuo al final de su vida útil o un residuo en consumo hace que el residuo, definido como algo que su poseedor destina  al abandono ya no lo sea al tener un precio y convertirse en un recurso.

Este sistema puede ir desde un depósito para los envases de bebidas hasta para los escombros de una obra pasando por los teléfonos móviles.

Con recuperación del depósito en el caso de los envases al devolver el casco, como hacíamos en su tiempo con “la casera” y  como ya se hace con gran éxito en reutilización y reciclado en muchos países  (hasta del 98% en Alemania) (4)

La sola aprobación de la reciente propuesta (28 de Mayo) de Directiva de la Comisión Europea para reducir el plástico en los envases alimentarios de un solo uso, con el objetivo de  superar  el 90% en su reciclado antes de 2025, no podría cumplirse en el caso de envases de bebidas sin recurrir a sistemas de depósito, lo que muestra la virtud y capacidad disruptiva de “obligaciones de medios” frente a obligaciones de resultados difíciles de controlar.

Ante la dilación en la acción forzada por los intereses sectoriales y  secundada por la lentitud de los grandes proyectos legislativos pidamos la disrupción

Depósito que cuando hay demoliciones en un edificio se paga al obtener la licencia de obra según el escombro que se prevé y que se recupera al entregarlo en los centros de reciclado previstos (caso de Dinamarca entre muchos otros).

En el caso  de los teléfonos móviles, de los que todos tenemos unos cuantos acumulados en casa, que son verdaderas minas de metales preciados y raros, se pueden depositar en máquinas sofisticadas que no solo devuelven el depósito sino algo más si el aparato se comprueba como reutilizable y no solo reciclable.

De hecho hay pocos residuos de productos de consumo no consumibles que no puedan ser sometidos a sistemas de depósito (5) y con ello hacer realidad el “residuo cero” y la economía circular auspiciada por la Comisión Europea (6).

Ante la dilación en la acción forzada por los intereses sectoriales y  secundada por la lentitud de los grandes proyectos legislativos pidamos la disrupción, pidamos ya desde la sociedad civil medidas que inexorablemente forman parte del futuro,  que son deseables y viables ya y aceleradoras de un  cambio ilusionante.

 

(1) https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2

(2) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0571_/com_com(2011)0571_es.pdf

(3) https://fundacionrenovables.org/documento/hacia-una-transicion-energetica-sostenible/

(4) http://www.retorna.org/es/

(5) https://reloopplatform.eu/

(6) https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es

 

 

 

Fiscalidad ecológica 4.0, veinte años después

Por Jordi Ortega – Experto en Energía jordi ortega

Fiscalidad ecológica 1.0 a la ley de renovables

Hace veinte años tenía lugar un interesante debate sobre la fiscalidad ecológica. Los Verdes alemanes proponían en su programa electoral incrementar a 5 DM el litro de gasolina (aún no había euros, equivale a 2,56 euros). Realizarlo en 8 años. En aquella época el precio del barril de petróleo estaba a 12 dólares ¿Se hizo Los Verdes un “harakiri”? Su lema en la campaña electoral de 1998 era: “0,30 marcos anuales”. Tenía un error táctico: la “baja elasticidad” de la demanda. Era preciso un incremento inicial de 15%, de 0,50 DM; para, después, mantener crecimiento lineal del 5%. Buscaba mejorar la eficiencia energética, impulsar la innovación tecnológica, crear empleo y  reducir un 25% las emisiones de carbono.

En abril de 1999 se aprobaba la reforma fiscal ecológica a los pocos meses del formarse un gobierno de SPD y verdes en octubre de 1998. No era un impuesto ecológico “finalista”. Servía para reducir cotizaciones sociales. El crecimiento económico hasta la crisis energética se basaba en disponer de recursos energéticos abundantes y baratos, y distribuir rentas con impuestos sobre ingresos. Se gravaba a bienes y desgravaba a males. En el año 2000, a iniciativa del parlamento, ante la pasividad y resistencia del gobierno, se aprobaba una tasa finalista sobre el kWh: servía para retribuir la energía renovable con un precio regulado (FiT). En 1999 se aprueba “programa de 100.000 techos solares” (siguiendo el exitosos modelo en Japón, en Alemania hasta 2004 se instalan 400 MW).

Freno a la transición energética

Lo primero que cayó fue ese programa. Fue abolido en 2004 con la excusa de que los mercados de carbono actuarían de forma más eficiente. La tasa para retribuir a la renovable sobrevivió, quizá porque los resultados vendrían después. Se intensificó la presión para abolir la tasa finalista al kWh que el SPD mantuvo hasta que 2009. Cuando salieron del gobierno y entraron los liberales la eólica deja de ser retribuida a precio regulado, la industria dejó de pagar dicha tasa y se cubrió con la tasa la diferencia del precio de pool, no el precio de mercado. Los dos céntimos pasaron a ser 6 céntimos kWh.

En 2013 INSM lanzó la campaña: “650 euros por segundo de subvenciones”; reciclada en “520.000 millones de subvenciones a la transición energética hasta 2025” (incluida todos peajes que nada tenían que ver con las energías renovables). La reforma de 2013 y 2015 supuso sustituir precios regulados por precios competitivos de “subastas”. Se puso techos a las renovables, con subastas desiertas, y se apartó a los ciudadanos de una papel activo en la transformación del modelo energético. Hay muchos mercados que funcionan muy eficazmente con “precios regulados”. Desde el 2013 la tasa al kWh se mantuvo en 6 céntimos, pero frente los 24 GW instalados en 2010-2012, en 2013-2017 se instalaron, a pesar de menor coste, menos renovable que en 2004. La transición energética (Energie-Wende) se convierte en Final energético (Energie-Ende).

Fiscalidad ecológica 4.0.

Claudia Kemfert del Instituto Económico Alemán (DIW) reclamaba la necesidad de una fiscalidad ecológica 4.0. Equiparar los impuestos del diésel y gasolina, equiparar fiscalidad sobre electricidad y combustibles líquidos, pero también dar una “finalidad” a la fiscalidad ecológica. Los gobiernos regionales en Alemania han reformulado el “programa de 100.000 techos solares” de 1999 para, como señala Claudia Kemfert, pasar a edificios de consumo cero.

energiewende

Gravar con 2 céntimos el kWh no logra que la factura eléctrica aparezcan los 26,300 millones de euros que es el coste que se calcula tiene la generación con carbón en el cambio climático y la salud. La fiscalidad 4.0 no se basa en el dolor de un elevado coste del carbono. Las retribuciones garantizadas fomentan una competencia entre fabricantes solares atroz. Incluso limitando el potencial al dejar fuera a los menos eficientes acelerando caídas de precios. Es el mercado el que estimula la investigación, no los subsidios. La electrificación térmica de edificios pasa por programas de 100.000 bombas de calor (automáticamente lleva a casas bien aisladas térmicamente). Falta sistemas de almacenamiento: baterías y enchufes para coches eléctricos.

En la factura eléctrica no quedan reflejados los 26.300 millones de euros que la generación con carbón tiene sobre el clima, medio ambiente y la salud. La fiscalidad 1.0 busca cubrir con impuesto ese coste, la fiscalidad 4.0 busca prescindir de la generación energética fósil. La pregunta del sigo XX es cómo generamos electricidad cuando no hay sol, ¿con gas? La pregunta del siglo XXI es cómo usamos la energía renovable: por un lado aprovechamos su multifuncionalidad en bombas de calor, coche eléctrico, baterías, etc., y, por otro lado, optimizamos la energía acumulada. No podemos seguir pensando en cargar el coche eléctrico en horario nocturno con tarifas “más baratas”.

La falacia del precio del carbono

Los mercados de carbono solo han servido para una preferencia por el gas frente al carbón cuando el precio es muy elevado. El coste para el consumidor se calculó en Alemania en 7.000 millones de euros. Supuso que el coste marginal del carbón llevara beneficios extra a hidráulica y nuclear. La renovable al hundir precios convirtió la nuclear y carbón en tecnologías ruinosas. Una tasa que hasta 2009 no supero 2 céntimos kWh, en cambio, generó 400.000 empleos, masivas inversiones en renovables, modificó el mix energético, una competencia entre fabricante provocó una caída de precios. Esta es la finalidad que debe de tener la fiscalidad ecológica 4.0: arrastrar las tecnologías complementarias a las renovables en edificios a que se desarrollen para multiplicar la productividad de la fotovoltaica. Buscar sumar en cadena aceleradores.

La energía solar tiene la ventaja, respecto a otras tecnologías renovables, que no necesita dar el rodeo improductivo y antieconómico de ser vertida a redes centralizadas. En cambio no vemos más allá de los mercados de carbono y el precio del CO2. El grupo de expertos en transición energética formado en España para informar sobre posibles escenarios proponían una fiscalidad ecológica que queda por detrás de los planteamiento de los años 90. El único resultado es recaudatorio. Los “programas” son políticas industriales ecológicas que dejan atrás todas las políticas desarrolladas que hasta ahora.

Barreras mentales

Son necesarios “mercados directos” entre particulares. La idea de un mercado europeo de electricidad que regule las cantidades de producción y de una señala precios sirve cuando existen pocos generadores. Para innumerables generadores solo en el papel suena convincente. La misma convicción con la que afirmaba que los ordenadores portátiles suponían sobrecapacidad y era algo tremendamente antieconómico. Tenemos ejemplo de empresas que desaparecen por ser incapaces de cambiar el ADN de su modelo de negocio. Nokia se deshizo en los 90 de todo lo que le apartaba de la telefonía móvil, se centró en una sola cosa. Pero en 2007 fue incapaz de ver que la tendencia era el Smartphone: desapareció. La industria del automóvil piensa que el motor diésel tiene recorrido. Aunque logre un 60% de eficiencia nunca alcanzará la eficiencia del motor eléctrico. Igual que una cámara digital siempre será más eficiente que otra con carrete. Si la fiscalidad 1.0 se pelea contra la realidad fósil, la fiscalidad 4.0 crear ese otro modelo que deja el modelo fósil obsoleto.

El desafío es poner a ciudadanos “programas” para acelerar el cambio. Las actuales subvenciones crean cuellos de botella, se acaban a las horas de salir publicadas. La fiscalidad ecológica 4.0 crea ese flujo de recursos ¿Qué hacen las empresas energéticas convencionales para adaptarse? Buscarlas rentas monopólicas de distribución cómodas y seguras pidiendo al gobierno ampliar redes. El gobierno alemán modifica la directiva para que a partir de 2026 la nueva fotovoltaica en autoconsumo garantice esos cómodos beneficios de las inversiones en redes. La negligencia del gobierno federal alemán lo compensan ciudades y regiones. Necesitamos aquí ese enfoque “finalista” e ir, directamente, a la fiscalidad ecológica 4.0. Acelerar, con programas, las tecnologías que respondan a las preguntas del siglo XXI.