La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

Archivo de junio, 2018

El necesario cambio de la acción climática de incremental a transformacional

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

Cada día son más las voces que denuncian que la velocidad a la que nos adaptamos a un sistema energético sostenible es demasiado lenta y que no podemos permitirnos más retrasos en la intensidad de las medidas regulatorias y en la adaptación de los comportamientos de los consumidores.

En un contexto en el que tan solo para el 2030 se estima un crecimiento de la población a nivel mundial de unos 1.000 millones según Naciones Unidas, con el  consiguiente crecimiento en la demanda de bienes y servicios, se nos presenta el doble reto de atender este crecimiento de la demanda al mismo tiempo que tenemos que contribuir a ser más sostenibles. Lo que requiere acelerar la mejora en eficiencia energética y el cambio de nuestro mix energético global.

Los efectos del cambio climático son ya visibles en toda Europa, con unas pérdidas económicas relacionadas que ascendieron a 11.600 millones de euros tan solo en 2015 según ha puesto de manifiesto Eurostat

Los efectos del cambio climático son ya visibles en toda Europa, con unas pérdidas económicas relacionadas que ascendieron a 11.600 millones de euros tan solo en 2015 según ha puesto de manifiesto Eurostat, además de los serios impactos causados por los desastres naturales que estamos sufriendo. Y sin embargo, seguimos pecando de falta de ambición, seguimos abordando el cuánto sin darnos cuenta que lo que subyace es un necesario e irreversible  cambio en nuestro estilo de vida. No solo con objetivos a largo plazo, sino también con compromisos más ambiciosos en el corto y medio, podremos abordar el problema al que nos enfrentamos en toda su dimensión.

Es precisamente bajo esta óptica desde la que hemos venido denunciando desde la Fundación Renovables el que no se hayan aprovechado las discusiones del paquete de invierno de la Unión Europea para consensuar esta necesaria mayor ambición para después de 2020 con unos objetivos nacionales vinculantes, tanto para la energía renovable como para la eficiencia energética.

Una  estrategia de la UE  capaz de ampliar la acción climática de incremental a transformacional para todos los sectores de nuestra economía,  capaz de identificar los  incentivos perversos que actualmente causan emisiones, es fundamental para descarbonizar nuestra sociedad a partir de la energía renovable combinada con el ahorro de energía.

Entre las numerosas ventajas  que conlleva esta descarbonización  de nuestra sociedad,  además de su reducción de CO2, se encuentran la reducción de la contaminación del agua, del suelo y del aire, la mayor independencia energética, la reducción de las importaciones y el impulso de la creación de trabajos locales en áreas urbanas y rurales.

Este cambio no puede basarse exclusivamente en la innovación tecnológica como se ha venido haciendo hasta ahora, sino que necesariamente tiene que abarcar medidas que van desde cómo abordar nuestro consumo excesivo de energía, nuestros patrones de movilidad, hasta los envoltorios de nuestra dieta alimentaria, entre otras. Necesitamos ser más proactivos en habilitar cambios en nuestro estilo de vida.

Necesariamente tiene que abarcar medidas que van desde cómo abordar nuestro consumo excesivo de energía, nuestros patrones de movilidad, hasta los envoltorios de nuestra dieta alimentaria, entre otras

En los últimos años en el contexto europeo han surgido iniciativas como el reciclaje, el car sharing,  la eliminación de bolsas en los supermercados,  etc.  que ya están demostrando su éxito a partir de enfoques que involucran la participación ciudadana y las comunidades locales para cambiar nuestros estilos de vida, promoviendo estilos más equitativos y sostenibles; acciones que deben abarcar desde el nivel político al cultural.

Son ya varios los países que como Holanda, Islandia, Suecia, Finlandia, Portugal o Francia se han comprometido a establecer medidas para alcanzar emisiones netas cero, demostrando que es políticamente factible adoptar estos objetivos en un contexto en el que además la evolución de  los costos de la tecnología necesaria para abordarlos lleva años demostrándonos que evoluciona más favorablemente que nuestras propias estimaciones. Esperemos que nuestro país sepa estar a la altura del reto que tenemos planteado y sepamos utilizar las herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano para contribuir con éxito a su necesaria transformación.

 

Estas medidas las puede (y debería) aprobar el Gobierno ya mismo

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Nada más hacerse oficial sus respectivos nombramientos, Alianza Mar Blava envió sendas cartas al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para solicitar la aplicación urgente por parte del nuevo Gobierno de una serie de medidas, que no necesitarían de tramitación parlamentaria, de protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales.

Así, mientras se tramita en las Cortes Generales una ley que prohíba definitivamente la realización de estas peligrosas actividades, la Alianza Mar Blava reclama al nuevo Gobierno que apruebe de forma urgente estas tres medidas:

  1. Una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, así como a la presentación de nuevos proyectos de prospecciones de hidrocarburos y de cualquier otro proyecto para la realización de campañas de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido u otras tecnologías generadoras de niveles inadmisibles de contaminación acústica submarina, que son muy lesivas para la fauna marina.
  2. El archivo definitivo de todas las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos y de todos los proyectos de exploración de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que están aún en tramitación.

En concreto, en el Mediterráneo, los siguientes:

  • Proyecto de sondeos acústicos “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, solicitado por INOGS de Trieste, Italia, en aguas situadas entre Mallorca e Ibiza y Formentera.
  • Proyecto de perforación de pozos de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. en el área “Ampliación de Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, denominado “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3″;
  • Doce permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de León;
  • El permiso de investigación de hidrocarburos “Medusa”, solicitado por Repsol, Cepsa y otras dos petroleras más también frente a las costas de Tarragona;
  1. La aprobación inmediata del Real Decreto, ya informado incluso por el Consejo de Estado, por el que se declara como Área Marina Protegida el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, se aprueba un régimen de protección preventiva, y se propone su inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona.

Esta protección legal debería impedir de facto la puesta en marcha de varios permisos de investigación de hidrocarburos en la zona (los ya citados “Nordeste 1” a “Nordeste 12” y “Medusa”), dado que su superficie de actuación se solaparía con la de ese espacio marino que alberga extraordinarios valores medioambientales.

Gobierno

La ciencia ha demostrado que, si queremos evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, deberíamos dejar sin quemar una gran parte de las reservas ya disponibles y comercializables de combustibles fósiles. Ante esta evidencia, ¿qué sentido tiene seguir buscando nuevos yacimientos de hidrocarburos? Ninguno.

En dichos escritos, Mar Blava plantea al Presidente del Gobierno y a la Ministra para la Transición Ecológica, la necesidad de que España prohíba por ley, como ya sucede en Francia o Nueva Zelanda (y se está tramitando en otros países, como Irlanda), las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en el mar. La necesidad de esta ley es algo con lo que el PSOE ha manifestado, en diversas ocasiones en los últimos años, estar completamente de acuerdo.

A tal fin, en 2017 la Alianza Mar Blava redactó e impulsó en el Parlament balear una Proposición de Ley que obtuvo un respaldo unánime de todos las fuerzas políticas allí representadas. Tras su aprobación en el Parlament en abril de 2017, esta Proposición de Ley  fue enviada al Congreso de los Diputados dado que la materia sobre la que versa es de competencia del Estado.

Dicha Proposición de Ley plantea prohibir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que el Estado español ejerza o pueda ejercer jurisdicción que alcance al menos a la protección de los recursos naturales. También la prohibición de la exploración a través de adquisiciones sísmicas, cualquiera que sea su finalidad, salvo que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad para el medio marino esté científicamente demostrada.

En su articulado se plantea su aplicación a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas comprendidas en su ámbito de aplicación que a su entrada en vigor no hubieran sido resueltas. Para las explotaciones de hidrocarburos cuyas concesiones hubieran sido otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor se aceptaba que éstas permanecieran vigentes hasta la terminación de su plazo o la concurrencia de caducidad o extinción anticipada, sin que cupiese prórroga alguna.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable

Lamentablemente en junio de 2017 el Gobierno Rajoy vetó en la Mesa del Congreso la tramitación de esta Proposición de Ley, aportando para ello un informe del Ministerio de Energía (MINETAD) lleno de falsedades y, además, anónimo.

Ese informe de veto del MINETAD no demostraba, porque hubiera sido imposible hacerlo, que la citada Proposición de Ley afectara a los Presupuestos Generales del Estado en vigor ese año (ese es el único motivo real por el que el Gobierno central hubiera podido vetarla justificadamente). No obstante, el veto fue apoyado en la Mesa del Congreso por los representantes de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, de modo que la iniciativa no se pudo tramitar. Actualmente, tras la sentencia unánime del Tribunal Constitucional del pasado 12 de abril, la Mesa del Congreso tiene que resolver el levantamiento del veto a esta Proposición de Ley, al igual que el de otras muchas iniciativas que el Gobierno vetó sin una “real y debida justificación”.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable. Teresa Ribera y Pedro Sánchez son plenamente conscientes de ello. Por ello, el nuevo Gobierno tiene en la aprobación de las medidas propuestas en este artículo, una excelente oportunidad de mostrar su credibilidad y su coherencia.

 

El final de una larga y oscura noche para las renovables en nuestro país

Por Luis Crespo – Presidente de Protermosolar 

 

Desde la toma de posesión del gobierno del PP a principios de esta década hasta la reciente moción de censura, las energías renovables han vivido una larga y terrible etapa que ha cercenado su desarrollo, desestabilizado las cuentas de empresas y familias, que habían realizado importantes inversiones confiadas en la seguridad jurídica de nuestro país, y limitado en gran medida la capacidad de proyección exterior de nuestras empresas, en un momento de expansión mundial de estas tecnologías.

El gobierno del PP mantuvo una actitud reaccionaria ante las energías renovables, que son las energías del futuro, desde su toma de posesión en 2011 hasta su desalojo la semana pasada.

Una de sus primeras medidas fue la moratoria renovable, mantenida hasta hace bien poco. Después vinieron recortes a la remuneración en cadena a todas las tecnologías, seguidos de una peculiar reforma. En 2013 se promulgó la ley del Sector Eléctrico, seguida en 2014 del Real Decreto que la desarrollaba y una Orden Ministerial que establecía unilateralmente las inversiones supuestamente realizadas en las instalaciones a las que se las iba a remunerar de acuerdo con una hipotética rentabilidad razonable, no confirmada en la realidad y que se  indexó arbitrariamente al nivel de la deuda española a largo plazo.

El gobierno del PP mantuvo una actitud reaccionaria ante las energías renovables, que son las energías del futuro, desde su toma de posesión en 2011 hasta su desalojo la semana pasada.

Con esta reforma, no solo se realizaron recortes adicionales en la mayor parte de las tecnologías, sino que se sumió al sector en una completa incertidumbre sobre su retribución, ya que la remuneración a las instalaciones realizadas y que tuvieron que financiarse a los tipos de hace casi 10 años, no iban a retribuirse de forma estable con esa supuesta rentabilidad razonable a las inversiones realizadas y financiadas entonces, sino que su retribución iba a depender en el futuro de la cotización del bono de deuda española.

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El conjunto de los recortes practicados retroactivamente sobre las condiciones publicadas en su día en B.O.E y que motivaron las inversiones, incluida la reforma vigente en la actualidad, son percibidas como una enorme trampa en la que los inversores nacionales se encuentran en la más completa indefensión.

Evidentemente, de haberse tenido sospechas de los cambios regulatorios que iban a producirse, no se hubiera realizado ninguna de las inversiones. España se encontraría todavía más lejos de alcanzar su compromiso del 20% de energía renovable en 2020 y los costes generación hubieran sido mucho más elevados que los que hemos tenido, dada la deflación de costes que producen las energías renovables (mayores que las primas recibidas) y cuyo positivo impacto solo recientemente empezaba a ser reconocidas por el gobierno cuando, ante las subidas del recibo de la luz, argumentaban que era debido a que no había habido suficiente viento en nuestro país.

Los inversores internacionales si están teniendo respuestas a sus demandas en las cortes de arbitraje internacional, en las que nuestro país tiene el dudoso honor de ser el primero en número de demandas por inseguridad jurídica de inversiones en energía

Los inversores internacionales si están teniendo respuestas a sus demandas en las cortes de arbitraje internacional, en las que nuestro país tiene el dudoso honor de ser el primero en número de demandas por inseguridad jurídica de inversiones en energía. Los laudos están reconociendo que son evidentes, imprevistos y desproporcionados los cambios en las reglas de juego producidos después de haber realizado las inversiones de acuerdo con las expectativas publicadas en un B.O.E. firmadas por el Rey de España. Sin embargo, los inversores nacionales no han encontrado ninguna sensibilidad en el Tribunal Supremo. Esperamos que puedan reconsiderar sus pasadas argumentaciones en futuras sentencias a la vista de las evidencias que los laudos internacionales están poniendo de manifiesto.

Que lamentables recuerdos nos deja este último ministro cuando se aferraba al mantenimiento de las centrales de carbón, a pesar de las intenciones de cierre de sus propietarios

Las recientes subastas, diseñadas para tratar de acercarnos a los compromisos europeos en el horizonte 2020 con el mínimo coste, sin tener en cuenta mínimos criterios de planificación sobre el diseño del mix más adecuado para el futuro de nuestro país, fueron también un ejemplo de improvisación y malas prácticas. Su ejecución total en el plazo fijado parece asimismo bastante dudosa.

El último movimiento del pasado gobierno fue el anuncio de una Ley de Transición Energética y Cambio Climático para la que nominaron un grupo de “expertos” cuyo informe, tras medio año de trabajo, resulta bastante sorprendente al llamar, en absoluta sintonía con el cesado ministro de energía, “transición energética” a mantener el carbón y las nucleares. Que lamentables recuerdos nos deja este último ministro cuando se aferraba al mantenimiento de las centrales de carbón, a pesar de las intenciones de cierre de sus propietarios, con el argumento demagógico y amenazante de que si se clausuraban esas centrales subiría el precio de la luz, ocultando que, si se sustituían por instalaciones renovables, el coste de la electricidad no solo no subiría, sino que bajaría.

La moción de censura ha supuesto la luz al final del túnel de la persecución que el gobierno del PP ha hecho a las renovables en este país.

Con el antiguo gobierno teníamos en el horizonte otro drástico recorte a partir de 2020, mientras que tanto el partido que soporta al nuevo gobierno como el resto de grupos parlamentarios, a excepción del PP, nos han demostrado fehacientemente su apoyo, o al menos su predisposición, a dejar establecida por ley la estabilidad retributiva para las instalaciones actuales.

Confiamos que los nuevos gobiernos, el actual y los que resulten de las futuras elecciones, así como la mayor parte de los miembros del parlamento, tengan una visión diferente

Confiamos que los nuevos gobiernos, el actual y los que resulten de las futuras elecciones, así como la mayor parte de los miembros del parlamento, tengan una visión diferente respecto a la que hemos venido sufriendo en esta larga etapa pasada, que, además de perjudicar al sector, ha impedido aprovechar la transición energética como palanca para la mejora de la economía de nuestro país, la creación de empleo y la convergencia regional.

La transición energética debe realizarse de forma planificada, con un adecuado mix de generación teniendo en cuenta las características y complementariedad de las diferentes tecnologías renovables (hidráulica, eólica, fotovoltaica, termosolar y biomasa). Un mix basado, además de la hidráulica, exclusivamente en eólica y fotovoltaica tendría muchos vertidos y seguiría necesitando el respaldo de las tecnologías convencionales.

Incorporando una contribución significativa de centrales termosolares, para su funcionamiento complementario a la fotovoltaica a partir de la puesta de sol y de biomasa, se conseguiría, además de un mix más barato que con el respaldo del gas, avanzar más rápidamente hacia la descarbonización de nuestro sistema eléctrico.

 

El dinero vira al verde

Por Manuel Peinado Lorca – Catedrático de la Universidad de Alcalá 

La necesidad de un cambio de modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y la sustitución progresiva de los combustibles fósiles por energía limpia es más que evidente en este primer cuarto de siglo. Parece que ha llegado el momento en el que las empresas vayan más allá del “condimento” publicitario verde y empiecen a adaptar sus productos, sus servicios y, sobre todo, sus estrategias de negocio a una economía baja en carbono.

En un artículo del año pasado en el que me ocupé del anunciado colapso de la industria petrolera, conté que los grandes inversores como el fondo soberano de Noruega o la Fundación Rockefeller, cuyos patronos lograron su vasta fortuna con el petróleo, estaban retirando sus inversiones en la industria de los combustibles fósiles. Otros grandes fondos de inversión ya se han unido a una tendencia que parece imparable, como es el caso del mayor fondo de pensiones sueco, AP7, y de su equivalente neozelandés NZSF, que han anunciado que retirarán paulatinamente todas sus inversiones en activos asociados a los combustibles fósiles. También lo han hecho algunos de los mayores bancos del mundo, como HSBC, que el pasado mes de abril anunció que no financiará más centrales eléctricas de carbón.

Ahora aparecen nuevos síntomas de que el dinero, tradicionalmente unido al pegajoso y contaminante negro de los combustibles fósiles, está virando hacia el verde de las renovables

Ahora aparecen nuevos síntomas de que el dinero, tradicionalmente unido al pegajoso y contaminante negro de los combustibles fósiles, está virando hacia el verde de las renovables. A ello no es ajena la alta rentabilidad de las empresas del sector renovables. Por citar el caso español, los dos mejores valores de la bolsa en el primer tramo de este año son de ese sector. Tanto Solaria como Audax Renovables (antiguamente Fersa) acumulan subidas de tres dígitos (160% y 380%, respectivamente), mientras que Saeta Yield se dispara un 26%.

Otra señal muy positiva es que más de una treintena de compañías del Ibex-35 (Ferrovial, Acciona, Iberdrola, Enagás, Abertis, Endesa, Gas Natural Fenosa, Telefónica, Santander, Ineco, Ecoterrae, Ecoembes, Logista, y BBVA, entre otras) se han unido para buscar oportunidades de negocio, crecimiento y empleo en el que a todas luces será un nuevo escenario económico.

fondos

Esas y otras empresas han constituido el Grupo Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV), cuyo presidente, Valentín Alfaya, reveló en una entrevista el principal objetivo del grupo: «[…] liderar en nuestro país la transición industrial que impone el Acuerdo de París (2015) y abordar junto a las administraciones públicas los grandes retos medioambientales».

En abril, GECV publicó un manifiesto reclamando al Gobierno la aprobación “urgente” de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La declaración de intenciones del manifiesto estaba patente desde su enunciado: «Tenemos ante nuestros ojos uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de su historia.  Si miramos hacia la mayor parte de los países de nuestro entorno, podremos contemplar una evolución inminente hacia una economía baja en carbono, un proceso iniciado a escala global que se traducirá necesariamente, en fuente de numerosas oportunidades. Las economías que se erijan como líderes de esa transición serán las primeras de la fila en aprovechar las bondades que la descarbonización ofrece. Y es que el actual sistema energético basado en combustibles fósiles es la principal causa del temido cambio climático cuyos tentáculos ya han empezado a dejar graves huellas en el planeta».

Los inversores que no reconozcan a tiempo los cambios tectónicos que se avecinan en el sector de la energía serán los que sufrirán las peores consecuencias.

El GECV está en la línea de la reciente iniciativa Climate Action 100+, que ha conseguido la adhesión de las principales empresas emisoras de gases de efecto invernadero de todo el mundo. Estas empresas han adquirido el compromiso de reducir las emisiones en sus instalaciones y de ofrecer una información transparente sobre su exposición al cambio climático y al cumplimiento del Acuerdo de París, lo que incluye los riesgos de no poder utilizar todas las reservas fósiles incluidas en sus balances contables. Según la comunidad científica, el 35% de las reservas de petróleo, el 50% de las reservas de gas y un 90% de las reservas de carbón deberán quedarse bajo tierra para cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Los inversores que no reconozcan a tiempo los cambios tectónicos que se avecinan en el sector de la energía serán los que sufrirán las peores consecuencias.

Siguen llegando señales de que el tiempo del cambio ya está aquí. Una parte importante del sector financiero ha llegado a la conclusión de que las empresas en las que invierten sus fondos han de cumplir con su responsabilidad social y ser respetuosas con el medio ambiente para ser rentables. Como ha señalado en un reciente artículo Mikel González-Eguino, la primera señal vino de la mano de una entrevista concedida a Financial Review por Jim Barry, director de inversiones e infraestructuras de Blackrock, el mayor gestor de fondos privados del mundo, en la que alertaba de que los planes para invertir más dinero en centrales de carbón eran como «negar la ley de la gravedad», una temeridad financiera. Blackrock no se ha quedado ahí.

Una parte importante del sector financiero ha llegado a la conclusión de que las empresas en las que invierten sus fondos han de cumplir con su responsabilidad social y ser respetuosas con el medio ambiente para ser rentables.

En una carta enviada a los consejeros delegados (CEOs) de las empresas de las que es accionista, Larry Fink, presidente de la financiera, da la alerta de los riesgos que corren si no se adaptan al nuevo tiempo que nos toca vivir. Según Fink, las empresas «no solo deben ofrecer un rendimiento financiero, sino también mostrar cómo contribuyen de forma positiva a la sociedad» y cómo «responden a desafíos sociales más amplios», porque de lo contrario podrían perder la «licencia social» para seguir operando. Fink advierte que los más ricos han cosechado ingentes beneficios tras la Gran Recesión, mientras que la gente común ha tenido que conformarse con salarios estancados. En la carta también advierte de los riesgos que supone el aumento de la desigualdad y de la «polarización», poniendo el dedo en la llaga del incremento de los gobiernos populistas y autoritarios en todo el mundo.

La segunda señal apareció en un monográfico de la revista The Economist, en el que se anunciaba el declive de los coches convencionales ante la expansión de los automóviles eléctricos. La tercera señal proviene de un informe publicado en noviembre de 2017 por Lazard, un banco de inversiones especializado en energía, cuyo último informe situaba el coste medio de la producción de electricidad de las centrales nucleares estadounidenses en 148 dólares por megavatio-hora, muy superior al coste de la producida por eólicas y solares fotovoltaicas, cifrada en 45 y 50 dólares, respectivamente.

En pleno Antropoceno, por convicción o por conveniencia, los inversores saben que la rentabilidad de sus fondos no puede ser una variable independiente de los límites ecológicos y sociales del planeta

La sinergia pública-privada también está ejerciendo un papel muy importante de liderazgo cuando los gobiernos fallan a la hora de dar certidumbre y establecer políticas claras para las inversiones en el largo plazo. Sin duda, este es el caso de Estados Unidos, donde el manifiesto We Are Still in (Nosotros seguimos todavía dentro), firmado por las principales empresas del país junto con 9 estados y 125 ciudades, reclama que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París. Las ciudades y estados participantes representan 120 millones de estadounidenses y contribuyen con 6,2 billones de dólares a la economía americana, e incluyen a ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Houston, Pittsburgh, Pennsilvania y Dubuque. Una mezcla de universidades, públicas y privadas, grandes y pequeñas, han incluido a su institución en la declaración. En total las empresas y los inversores signatarios tienen un ingreso anual de 1,4 billones de dólares e incluyen a más de 20 empresas de la lista Fortune 500, entre las que se encuentran Apple, eBay, Gap Inc., Google, Intel, Microsoft, y Nike, además de cientos de pequeñas empresas que también firmaron la declaración.

En definitiva, que la veta más granada del sector financiero ha llegado a la conclusión de que para que sus inversiones sean rentables deben ser respetuosas con el medio ambiente y con las sociedades en las que operan. Saben que durante demasiado tiempo la maximización de los beneficios a corto plazo ha primado sobre la sostenibilidad a largo y sobre la función social a que están obligadas, y son conscientes de que la vieja forma de rentabilizar sus inversiones no podrá continuar mucho más allá.

En pleno Antropoceno, por convicción o por conveniencia, los inversores saben que la rentabilidad de sus fondos no puede ser una variable independiente de los límites ecológicos y sociales del planeta. © Manuel Peinado Lorca. @mpeinadolorca.

La evolución de emisiones en España, radiografía de un fracaso

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Responsable de Cambio Climático en ISTAS

El último informe de Comisiones Obreras sobre la evolución de las emisiones de gases de invernadero en España no trae buenas noticias. Hace 15 años que no aumentaban tanto las emisiones. El informe estima que en 2017 las emisiones de estos gases fueron 339,2 millones de toneladas de CO2 equi­valente y que aumentaron un 4,5% respecto al año anterior. Se trataría del crecimiento anual más alto de emisiones desde el año 2002, antes de que entrara en vigor el Protocolo de Kioto.

emisiones

Actualmente la mayor parte de las emisiones se generan en el consumo y procesado de los combustibles fósiles. El incremento de las emisiones en 2017 se explica principalmente por el aumento del uso de carbón para la generación eléctrica en un 21% y del gas natural en las centrales de ciclo combinado en un 31,8%. También subió el consumo de petróleo en un 0,5% y el de gas natural un 9,8%. En el sector del transporte por carretera las emisiones crecieron un 2,4% ese año.

La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España es una radiografía perfecta del fracaso en la acción climática.

Hasta el momento no se han tomado medidas contundentes para la reducción y gestión de la demanda de energía. Más bien lo contrario. La política energética española se ha caracterizado en las últimas décadas por desarrollar una política activa de oferta. Esto ha sido así en el sector eléctrico, con una sobrecapacidad del parque generador más que reconocida y unos gastos derivados injustamente soportados por los consumidores particulares y más vulnerables.

Hasta el momento no se han tomado medidas contundentes para la reducción y gestión de la demanda de energía. Más bien lo contrario.

Y de forma calcada ha ocurrido con las políticas públicas del transporte que se han basado en el crecimiento continuado de infraestructuras innecesarias que han depredado el medio ambiente y acaparado el gasto público. Así, tras una política expansiva en la construcción y el urbanismo, las emisiones en 2007 llegaron a estar por encima del 50% los niveles de 1990.

A partir de 2008, las reducciones en las emisiones se explican fundamentalmente por la crisis económica y la caída de la producción industrial.

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Más tarde con la estabilización y crecimiento de la economía las emisiones se vuelven a recuperar lo que demuestra la ineficacia e inconsistencia de las políticas climáticas para sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, promover el ahorro y la eficiencia energética en empresas y hogares y fomentar una movilidad sostenible de pasajeros y mercancías, entre otras.

A pesar de que las energías renovables han sido hasta ahora el principal factor de reducción real de las emisiones en nuestra sociedad, en 2012 el actual Gobierno frenó drásticamente la instalación de nueva potencia y en los últimos años las emisiones españolas han fluctuado muy influenciadas por la hidraulicidad de cada año. Es decir, con menos lluvias se quema más carbón y gas.

España previsiblemente cumplirá con los objetivos climáticos a 2020 gracias al efecto de la crisis en la reducción de emisiones, pero va a tener muy difícil alcanzar los objetivos europeos a 2030 sino acelera el ritmo de la transición energética

España previsiblemente cumplirá con los objetivos climáticos a 2020 gracias al efecto de la crisis en la reducción de emisiones, pero va a tener muy difícil alcanzar los objetivos europeos a 2030 sino acelera el ritmo de la transición energética. Y eso que los compromisos se establecen en base al segundo año más alto en emisiones en nuestra historia, el año 2005.

Los compromisos para España para 2030 son una disminución del 26% de las emisiones de los sectores difusos (transporte, residencial, comercial, agricultura y ganadería, residuos, ….) y una reducción del 43% para los sectores sujetos al comercio de derechos de emisión (sectores energéticos e industriales, ETS) respecto a 2005.

Según CCOO, en 2017 las emisiones totales fueron un 22,8% superiores a las de 2005, y con estas cifras no se llega.

Basta con mirar las previsiones que daba el Gobierno español de incumplimiento de los objetivos a 2030 en base a las emisiones de 2016 que fueron mejores que las de 2017.

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España, la peor evolución del top 10 en la Unión Europea

La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en el último cuarto de siglo ha sido positiva en Europa pero muy negativa en España. España es uno de los países más emisores de la UE-28 y de los que más ha aumentado sus emisiones.

El análisis de la evolución de las emisiones respecto a los niveles del año base de 1990, referencia del Protocolo de Kioto, refleja que las emisiones crecieron un 17,91% en 2017. Una foto que también nos deja mal en comparación con otros países que ya han publicado un avance provisional de sus emisiones en ese período. Alemania habría disminuido un 27,70%, Reino Unido un 43% y Finlandia un 21%.

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Los datos de 2017 consolidan el mal comportamiento en emisiones de España, uno de los países con mayor recurso solar y de los más vulnerables a los impactos climáticos en Europa. De los 10 de países europeos más emisores de gases de efecto invernadero en 1990, el nuestro es el que muestra peor balance. En el período 1990-2015 fue el único que aumentó sus emisiones, mientras que el resto del top 10 redujeron sus emisiones de media un 26%.

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España es un lastre para que el conjunto de la Unión Europea cumpla con el Acuerdo de París. Esperemos que el nuevo gobierno entienda la descarbonización de la economía como una estrategia propia, como una oportunidad inmejorable para el cambio del modelo energético y productivo, para impulsar políticas sectoriales de innovación, para poner en pie una industria intensiva en conocimiento, para rehabilitar nuestras ciudades y nuestros edificios y en definitiva para impulsar la creación de empleo de calidad no deslocalizable.