La hipoteca ambiental y económica de los residuos nucleares

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de Alianza Mar Blava

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Una de las características inherentes a las centrales nucleares es la generación de residuos radiactivos, de baja, media o alta actividad. Son un material muy peligroso, especialmente los de la última categoría (donde se incluye al combustible nuclear irradiado, tras su uso en los reactores nucleares) dado su elevado potencial radiotóxico y a su alto nivel de radiactividad, que persiste durante cientos de miles de años.

Debido a estas características, estos residuos suponen un importante problema ambiental, de salud pública y económico, que nadie sabe bien cómo resolver. De hecho, todas las opciones de gestión de los residuos radiactivos de alta actividad propuestas por la industria nuclear plantean serios inconvenientes (p.ej. almacenamiento geológico profundo, almacenes temporales centralizados, reprocesamiento, transmutación nuclear…).

No existe ninguna solución técnica que garantice que no se producirán efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente a corto, medio o largo plazo.

El problema es, sin duda, técnicamente muy complejo, puesto que se requeriría encontrar una fórmula que garantizase verdaderamente la seguridad durante muchísimos milenios. La industria nuclear lleva muchos años sin lograr avances reales sobre esta cuestión. Se están encontrando serias deficiencias técnicas en proyectos que previamente se habían presentado como supuestamente bien diseñados.

Muestra de ello es que, recientemente, el Tribunal Ambiental de Suecia ha denegado la solicitud de licencia de la empresa de residuos nucleares sueca (SKB) para la construcción de un repositorio final de combustible nuclear gastado en Forsmark, Suecia. Este caso es uno de los asuntos ambientales más trascendentales en Suecia en los últimos tiempos.

El Tribunal Ambiental sueco ha tomado en consideración los puntos de vista de todas las partes del caso, incluidos el de los científicos que demostraron las deficiencias del proyecto y probaron los riesgos de mal funcionamiento del método seleccionado. La ONG sueca Office for Nuclear Waste Review (MKG) y la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza (SSNC), también críticas con respecto al proyecto, han calificado la decisión como un gran triunfo para la seguridad y el medio ambiente. La decisión final la tiene el Gobierno sueco, pero se entiende que no podrá discrepar de lo que ha sentenciado este tribunal.

La gestión de los residuos, también un problema económico

La Comisión Europea, en su informe de 2016 sobre la industria nuclear, partiendo de la información suministrada por los 14 países nuclearizados que hay en la Unión Europea, concluyó que el coste total del desmantelamiento y el manejo de los residuos radiactivos en la UE será de 253.000 millones de euros (M€) hasta 2050, aproximadamente la mitad (123.000 M€) para el desmantelamiento de las centrales y la otra mitad (130.000 M€) para la gestión de los residuos, incluyendo en esta partida el coste de los almacenamientos geológicos profundos (AGP), opción con graves incertidumbres técnicas, ofertada por la industria nuclear como la opción de depósito definitivo pero que no está disponible en ninguna parte del mundo. Entre tanto, todos los países, también España, han optado por el almacenamiento temporal (entre 50 y 70 años).

Seguramente el coste final del desmantelamiento y la gestión de esos desechos será mucho más elevado que el que se plasmó en ese informe de la Comisión Europea, dado el planteamiento siempre demasiado “optimista” (minimizador de costes económicos) al respecto de la industria nuclear y de los países con instalaciones nucleares.

Así, por ejemplo, en España, la estimación del coste de la gestión de los residuos radiactivos desde 1985 hasta (solamente) el año 2070 era según el VI Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado en 2006, de 13.000 M€. Sin embargo, con datos de 2015, el gasto se estimaba ya en 15.800 M€.

Las últimas estimaciones de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A (ENRESA), entidad que tiene encomendada en España la gestión de éstos y el desmantelamiento de las centrales nucleares y otras instalaciones del ciclo nuclear, el coste total de esa gestión se elevará a 17.397 M€ entre 2010 y 2088, casi un 34% más de lo previsto en el VI PGRR.

Eso es lo que se estima que costará hasta esa fecha. Otra cosa es que ENRESA vaya a poder disponer del dinero necesario para desempeñar su misión. El Tribunal de Cuentas, en un informe de 2015, cuestionó el sistema de financiación de ENRESA y estimó que se estaba produciendo un significativo desfase (que calculó que podría llegar a ser de 1.800 M€) entre los ingresos esperados y los gastos previstos. El Tribunal de Cuentas advertía que, de seguir con el sistema actual, las “generaciones futuras” tendrán que asumir “parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoeléctricas”, pues «quedarían sin cubrir el 28% de las necesidades de financiación estimadas por Enresa para hacer frente al flujo de costes previstos en el periodo 2010-2085 por la gestión de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado».

En consecuencia, el Tribunal de Cuentas pidió cambiar el modelo de financiación para que pudiera cubrirse plenamente el coste de esta gestión.

El 28 de diciembre de 2012, el BOE publicó la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en la que se establecía, justificadamente, “un gravamen sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en las centrales nucleares, así como sobre su almacenamiento en instalaciones centralizadas, al objeto de compensar a la sociedad por las cargas que debe soportar como consecuencia de dicha generación”.

En coherencia con lo que concluía el Tribunal de Cuentas, sería lógico aumentar la carga impositiva  establecida en esa ley a los productores de estos peligrosos residuos, es decir a las centrales nucleares. Sin embargo, las compañías eléctricas propietarias de éstas (Iberdrola y Endesa y, en menor medida, Gas Natural), irresponsablemente, han pedido lo contrario.

En relación con esto, por la gran cantidad de dinero público que –con toda probabilidad, inútilmente- se está invirtiendo en él, debemos citar que sigue sin arrancar el proyecto estrella de ENRESA, el denominado Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos de alta actividad, piedra angular del actual PGRR.

El PGRR en vigor fue aprobado en 2006 por el Consejo de Ministros. En él se establecía como “un objetivo básico prioritario” el poder “disponer de un ATC tipo bóvedas en el entorno del año 2010, cuyo periodo operativo sería del orden de unos 60 años”. Han pasado casi 12 años desde la aprobación del PGRR y el proyecto del ATC lleva más de 7 años de retraso sobre su teórica fecha de inicio de operación.

Nunca ha sido necesario construir un ATC en España, pues, para el almacenamiento temporal de residuos radiactivos, existe una alternativa más ventajosa, tanto desde el punto de vista de seguridad como del económico y social: los Almacenes Temporales Individualizados (ATI), de contenedores en seco y en superficie, a albergar en los emplazamientos de las actuales centrales nucleares. Si ya en 2006 no tenía sentido alguno plantear esa opción centralizada, ahora, en 2018, con ATI construidos o ya planificados en todas las centrales nucleares, es más absurdo e innecesario que nunca.

El ATC no tiene visos de prosperar

Como han demostrado los informes del área de Ciencias de la Tierra del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la consultora contratada, los terrenos donde se pretende ubicar la instalación no reúnen, a causa de factores hidrogeológicos, los requisitos técnicos y de seguridad adecuados. Por otro lado, la zona en cuestión goza de un alto valor natural, donde se ubica la laguna de El Hito, de gran importancia ornitológica, de modo que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado incluir esos terrenos dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Y, por si lo anterior fuera poco, el municipio no dispone de agua suficiente para satisfacer las necesidades del ATC.

Así lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) en la reciente sentencia en la que avala la anulación del Plan de Ordenación Municipal (POM) de la localidad conquense de Villar de Cañas en la que se incluye la instalación de este proyecto. La sentencia está basada, entre otros argumentos, en tres informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que, según la Consejera de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, revelan que el POM promovido por el Ayuntamiento de Villar de Cañas demandaba un suministro de agua casi ocho veces superior del que dispone actualmente la localidad, lo que es imposible de proporcionar, por lo que el proyecto del ATC no cuenta con recursos hídricos suficientes para llevarse a cabo. Aunque cabría recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el propio alcalde de Villar de Cañas, ferviente partidario del ATC, ha anunciado que no recurrirá la sentencia del TSJCM porque, en efecto, el municipio no dispone de agua suficiente.

La selección de Villar de Cañas para albergar el ATC se hizo en su momento por criterios meramente políticos. La evolución de los acontecimientos en estos últimos años lo ha venido a certificar de forma notoria, al demostrarse la falta de idoneidad técnica del emplazamiento previsto. Lo que no se entiende es el empecinamiento del Partido Popular y del Gobierno central en seguir adelante con el proyecto, gastando dinero público, pese a todas estas evidencias

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