La innecesaria “interrumpibilidad” que nunca se aplica y encarece nuestra factura eléctrica

Por José María González Vélez – Presidente de Gesternova

recibo de la luz

En las cuentas del Sistema Eléctrico hay varios conceptos que el usuario, por lo general, ignora y que no dejan de sorprender, en algunos casos por su cuantía y en otros porque sigan vigentes cuando han perdido el sentido que en algún tiempo pudieron tener. En el primer grupo figuraría, por ejemplo, la operación del sistema y en el segundo —en el que quiero detenerme— una de las anomalías de este sistema como son los pagos por interrumpibilidad, que es lo que perciben ciertos grandes consumidores de electricidad por prestarse a ser privados del suministro en determinadas circunstancias, si así lo requiere el Operador del Sistema.

Según los datos provisionales de Red Eléctrica de España (REE), la demanda nacional en 2016 fue de 265.317.000 MWh, un 0,8% superior a la de 2015. Al coste de cada uno de esos MWh en el mercado diario tenemos que añadir otros conceptos como, por ejemplo, la operación del sistema por la que pagamos el pasado año 3,33 €/MWh, es decir 883,5 millones de euros (M€) en el año, o la citada “interrumpibilidad” que alcanzó los 517,4 M€.

Parémonos un momento a analizar este coste porque la cosa tiene miga. Según REE la potencia instalada en el sistema es de 105.308 MW. Cierto es que no toda está disponible siempre, pero cubre de sobra 1,5 veces el pico de demanda, sin contar la capacidad de las interconexiones.

El récord absoluto de potencia demandada, que incluye verano e invierno, se produjo el 17 de diciembre de 2007 y se elevó a 45.450 megavatios. La punta de demanda en 2016 ha sido de 40.489 MW, un 10,9% inferior al récord de 2007. Considerando la potencia disponible en no más de 70.000 MW, ¿tenemos de verdad que pagar por derecho del sistema a interrumpir hipotéticamente 517,4 M€? ¿Así se protege al pequeño consumidor o se protege a los grandes consumidores? Para este año 2017 están presupuestados otros 550 M€ por un servicio que seguro no se usará.

Otra vez nos encontramos con el dilema de la legitimidad que, no lo negamos, tiene el gobernante para proteger una industria o sector, pero ¿eso le da derecho a incluir en los costes del consumo eléctrico este impuesto escondido? ¿Se aprovecha de que al consumidor doméstico esto le supone aproximadamente 2 euros al año y no lo notará? Efectivamente, es casi despreciable, pero no deja de ser una trampa y no es de recibo que quienes tienen nuestro mandato para gobernar nos hagan trampas, por insignificantes que nos parezcan. Recuerdo que de pequeño, en lugares concurridos se colocaban trileros a los que perseguía la policía, precisamente porque hacían trampas.

Mas consideraciones. Si hay mecanismos de mercado, con contratos a plazo y/o bilaterales, cualquier consumidor, grande o pequeño, puede contratar energía para todas las horas del año. Una industria está capacitada para saber aproximadamente la energía que va a consumir y comprarla a precio conocido por los períodos que quiera.

Pues bien, si en un momento la producción bajara tanto o el consumo aumentara por encima de lo previsto, los precios horarios de la energía se moverían hacía arriba tanto como fuera necesario. El límite en la oferta está en 180,30 €/MWh, tanto en el mercado diario como en los intradiarios, y no existe tope en el caso de restricciones técnicas, luego un gran consumidor que haya comprado a precios de mercado (inferior a 50€ de media) podría vender su capacidad de energía para que el sistema no tuviera que suministrarle a precios que compensaran parar su industria en determinados momentos. Claro que tal como está nuestro Sistema Eléctrico sería difícil que obtuvieran ingresos por estos conceptos.

No tengo memoria de la última vez que haya sido necesario interrumpir el suministro, pero tengo la certeza de que no lo ha sido en los diez últimos años. Y ha habido años que esta subvención a la industria le ha costado al sistema, a sus usuarios, cerca de mil M€.

Por analogía. El sistema también tiene la capacidad de ordenar el disparo —la desconexión— de centrales eólicas (sobre todo) para mantener niveles de seguridad del suministro y, sin embargo, no son compensados por ello. Es más, REE argumenta que tiene que disparar esos centros de generación porque no puede parar una central nuclear, por ejemplo. Pero es que las renovables tienen, o tenían, derecho preferente a volcar su energía al sistema. Y no han sido compensados por la generación nuclear que, no pudiendo regular su generación, tendría que abonar el perjuicio económico a las centrales de energía renovable que obliga a parar.

  • Imagen: Jorge Paris

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