Apena decir esto sobre uno de los argumentos de vida en común. El derecho a la educación constituye una luz que debe iluminar la convivencia en el mundo, la progresión de las personas en la consecución de sus logros vitales. Aparece ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948; dice en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a una educación. Esta tendrá por objeto “el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos”. Pero este ideal común no obligaba al cumplimiento por parte de los estados. En 1959 se firmaba la Declaración Universal de los Derechos del Niño en la que los 78 estados que entonces formaban la ONU adquirían nuevos compromisos como la educación universal y gratuita. Unos años más tarde, 1966 y 1976, se rubricaron pactos mundiales en los que se añadía la obligación de los estados firmantes de hacer realidad esa educación en sus territorios.
Se han cumplido 30 años desde que en septiembre de 1990 comenzó su andadura la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), encomienda asumida por la mayor parte de los países del mundo; todavía falta EE UU por ratificarla. Los niños y las niñas, los adolescentes hasta los 18 años, se convertían en sujetos y titulares de derecho, no solo eran objeto de derechos como antes. Así se detallaba profusamente en sus 54 artículos. En el 28 y 29 amplían el ámbito de protección del derecho a la educación atendiendo al principio del interés superior del niño. Allí se delimitan con claridad las obligaciones de los estados para, entre otras, implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita; desarrollar la educación secundaria, general y profesional; fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. Además, esa educación debería ayudar a desarrollar la personalidad y las capacidades de los escolares, a descubrir la necesidad de respetar los derechos humanos, las libertades fundamentales y el medioambiente. En fin, preparar a niños y niñas, y adolescentes, para asumir una vida responsable en una sociedad libre.
Posteriormente, la Declaración del Milenio en el año 2000 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –núm. 4- en 2015, en el seno de la ONU, han incidido en el derecho humano a la educación. Han sido muchas las organizaciones internacionales, las iniciativas de los gobiernos y entidades sociales que hicieron suya esta idea. Deberíamos suponer que el objetivo de lograr este derecho estaría conseguido. Pues no. La vuelta a las clases en muchos países es un buen momento para recordar el punto donde nos encontramos y los retos pendientes. Unesco alertaba en marzo de que 1.300 millones de niños y jóvenes se habían visto privados de la educación reglada por el cierre de las escuelas en 139 países debido a la covid-19. La respuesta mundial a esta situación ha tenido más sombras que luces. El 4 de septiembre pasado, unos días antes de que los ministros de finanzas acudan a la ONU a una reunión con el Secretario General para abordar la financiación de la educación por la pandemia, el Blog de la Educación Mundial de la Unesco, que hace el seguimiento de la educación mundial, alertaba de que “hay que actuar ahora para reducir el impacto de la covid-19 en el costo de la educación del ODS 4.” Pocas personas estarían en desacuerdo con lo que este ODS formula: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
El derecho universal a la educación soporta todavía enormes carencias: muchas en los países de IDH bajo o medio pero también bastantes en algunos sectores de los de ingresos medios y altos. Parece que la compleja vuelta a las aulas –en muchos sitios están a mitad de curso- va a verse muy limitada en algunos países, pues los sistemas alternativos todavía van a dejar fuera a más de 400 millones de escolares, según las últimas estimaciones de Unesco. Mientras las escuelas no reciban la atención especial que merecen, no será efectivo el derecho que niños, niñas y adolescentes tienen escrito en tantos lugares, y ha sido ratificado por los gobiernos de casi todo el mundo. Se dice una y otra vez que la educación es un argumento de vida en todas las sociedades. El pedagogo Francesco Tonucci se atreve a afirmar, así lo manifestó en una reciente entrevista concedida a Rtve, que en la consecución de ese derecho nos encontramos en una situación de ilegalidad.
Pasados unos meses de este incierto comienzo de curso, deberemos llevar a cabo un análisis crítico de la vuelta a los centros escolares. Sin duda, habrá resultados diferentes en las distintas Comunidades Autónomas de España. Si se busca de una manera objetiva se encontrarán fortalezas y debilidades, se verá dónde se han limitado las amenazas y se han reducido las debilidades. Habrá que saber responder a contingencias varias que surgirán seguro; estar preparados para dar una respuesta rápida, de calidad y atendiendo a las distintas vulnerabilidades. Los Gobiernos deben conseguir involucrar a todos los sectores implicados en la consecución de este derecho humano, mantener una interlocución permanente entre ellos; además de ser generosos en la dotación de recursos. En Europa se conocerá qué países lo habían organizado mejor, previendo la mayor parte de las contingencias. Habrá que aprender de aquellos que se han visto menos afectados por los contratiempos –algunas noticias avanzan que serán Dinamarca, Alemania y otros nórdicos-.
En el resto del mundo, se verán casos exitosos y fracasos flagrantes. Al final, la educación es vida, hubiera afirmado John Dewey hoy mismo. La más favorable existencia de todos necesita una educación de calidad como una parte principal pues permite el acceso y disfrute a otros derechos humanos. Como tal, los Gobiernos han de considerarla una prioridad, ahora mismo y siempre. Los dineros dedicados a la educación son una inversión con altas rentabilidades éticas, sociales y económicas; la mejor pues beneficia a la sociedad al completo. Si hacen dejación de este deber, o cometen serios despistes en la búsqueda del derecho humano que es la educación universal, de calidad y gratuita, no merecen tener la responsabilidad que la sociedad les hemos entregado.
Toma de temperatura a la entrada a un colegio. (Álex Oltra/EP)