Se dice que los artículos de opinión deben invitar a la positividad en quienes los leen, máxime en estos tiempos pandémicos. Será porque desgracias y pesares ya trae bastantes la vida corriente; llegar a fin de mes en condiciones no traumáticas supone una aventura para mucha gente. Seguramente debería ser así, pero que cada cual gestione lo aquí recogido de la mejor forma. Sin embargo, son cosas que ocurren, deberán ser contadas.
Con sinceridad, a quien esto escribe no le apetecía comenzar un artículo diciendo que el 26% de la población de España se encuentra en riesgo de exclusión, que el sistema de asistencia social –que creíamos bueno hasta hace poco- está resquebrajado y que los sucesivos poderes públicos no han hecho ni medio bien la tarea correctora de desigualdades. Les han fallado a quienes más necesidades tienen, a pesar de que les vendían lo contrario. Hay que decir enseguida que esta afirmaciones no son propias, están tomadas casi de forma textual de Philip Alston, que ejerció desde 2014 hasta hace unos meses como relator especial sobre pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas. Las escribió tras visitar España. Fueron recogidas ampliamente por los medios de comunicación, también por 20minutos.es en diversas fechas.
Todo lo anterior y muchas más tesis preocupantes figuran en el Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, que estuvo de visita por las CC AA de Madrid, Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña, antes de que nos golpeara estrepitosamente la pandemia. Algunos dirán que poco pudo enterarse en apenas 12 días, que se dejó mucho territorio sin visitar. De cualquier manera, habrá que reconocer que si lo que dice se acerca al estado general de las cosas el asunto es extremadamente grave. Porque el informe también subraya que más de la mitad de los españoles llega con dificultades a fin de mes para solventar sus penurias económicas y vivenciales; un 5,4 sufre pobreza material severa. El futuro se ensombrece con otras conclusiones: se dan altas tasas de desempleo, asunto que se ha cronificado especialmente en los más jóvenes; el acceso a la vivienda para una buena parte de la población tiene dificultades de enormes proporciones; los programas de protección social son insuficientes para las crecientes necesidades; el sistema educativo es enormemente segregador y sigue manteniendo sus rémoras anacrónicas; casi el 30% de la población infantil se encontraba en 2018 en riesgo de pobreza o exclusión social; las políticas tributarias y de gasto continúan favoreciendo a las clases acomodadas. En fin, todo esto en el contexto de una burocracia que no se simplifica para mejorar el bienestar de las personas.
No se olvidó de recordar que las buenas intenciones expresadas por las administraciones y la clase política hace una década se quedaron sin desarrollar, tal que si se hubieran diluido en un papel mojado. Alston se dio por enterado del anuncio del Gobierno actual de que se propone dar prioridad a los derechos sociales, la justicia fiscal y la mejora de las condiciones materiales de las personas más vulnerables. Pero, a la vez, lanza un apremio junto con una invitación: los gobiernos pueden optar, si lo desean y se implican, por eliminar la pobreza.
Lo que pide Alston lo dicen también otras fuentes. Desde Cáritas española se alerta de que el coeficiente Gini, que sirve para medir la desigualdad en los países, ha subido 6 puntos en diez años, lo que ha colocado a España en el sexto país de la OCDE en desigualdad. Además, el último informe Foessa de 2019 La exclusión social se enquista en una sociedad cada vez más desvinculada recoge que el 18,4% de la población española está en situación de exclusión social. También se dice allí que unos 8,5 millones de personas no participan en la vida cultural, económica y social de nuestro país (1,2 millones más que antes de la crisis de 2008). Solamente con los datos aportados por unos y otros, podemos afirmar que la pobreza en España tiene poco de coyuntural, se está convirtiendo en estructural.
Querríamos ser portadores de buenas noticias, pero por el mundo las cosas en este asunto vital no van a mejor. Algunos países e instituciones celebraban hace unos años que la “pobreza extrema” se había reducido de 1.900 millones a 736 entre 1990 y 2015. Pero hay que saber que el listón que definía la sí/no pobreza extrema estaba muy bajo, en 1,9 dólares diarios, lo cual solamente asegura una subsistencia infame, tanto que en muchos países ni siquiera cubre el coste de la alimentación y vivienda. Lo cierto es que casi la mitad de la población mundial, unos 3.400 millones, (mal)vive con 5,5 USD diarios. En estos casos, si un milagro internacional no lo remedia, la pobreza será siempre estructural, crecientemente injusta. Mal asunto. Hay más noticias malas, al menos preocupantes. Unicef alerta de que la pandemia ha debilitado tanto los sistemas sanitarios de los países más vulnerables que en los próximos seis meses podrían morir unos 6.000 niños más cada día por causas fácilmente previsibles y de no difícil gestión. Según estimaciones de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (Escuela Johns Hopkins Bloomberg de Salud Pública) que ha sido publicado por The Lancet, no sería de extrañar que se produjesen en países de ingresos bajos y medios 1,2 millones de muertes, adicionales a los actuales 2,5 millones, de menores de cinco años en el próximo semestre, debido a la reducción de atención médica en servicios rutinarios.
En este escenario crítico a escala mundial, la pandemia no ha hecho sino destapar y acentuar unos males que venían de antes. El crecimiento económico vía aumento del PIB, al que se le suponía el remedio de todos los males, no ha logrado aminorar la explosión de la desigualdad y el aumento del hambre en muchos países. Estos deterioros sociales han venido acompañados de costes inasumibles en salud y vivienda, con progresivas desigualdades en la distribución de la riqueza, con la proliferación de empleos donde se cobran salarios indignantes. Además, han fallado las redes de seguridad social y se ha deteriorado enormemente el medioambiente tanto en el suelo como en el mar o en el aire. Han barrios enteros de grandes ciudades en donde la pobreza escribe el epitafio de sus habitantes. Allí la pandemia se ha cebado de manera especial.
Volviendo a España, pero valdría para el mundo en su conjunto, el enorme y trascendente reto de las Agendas 2030 enunciadas lo mismo por el Gobierno, con su Secretaría de Estado para la Agenda 2030, que por parte de las administraciones autonómicas y municipales (que crearon comisiones y organismos ad hoc), está pendiente y cada vez le queda menos tiempo para conseguir revertir la tendencia negativa en asuntos varios. ¡A este paso no llegaremos a coronar la Cima 2030! Recordemos que el primero de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) enuncia la necesidad de poner fin a la pobreza. Si por descuido o negligencia es estructural, esos deseos comprometidos se convertirán en un trampantojo; más bien en un fraude moral para el presente y sobre todo para las futuras generaciones. No podemos resignarnos a que las cosas sucedan tal cual, a pesar de las losas que nos ha echado encima la covid-19. Urge que los políticos entiendan que el asunto es grave, que se pongan a trabajar con denuedo; habrán de explicar con claridad la situación y lo que va a hacer para revertirla, para que la ciudadanía los acompañe en la reducción de las desigualdades y en la progresiva eliminación de la pobreza.
Dos mujeres buscan comida en un contenedor de basuras en Madrid. (Jorge París/archivo)