La movilidad laboral es una de las cuatro libertades en las que se basa el mercado único de la UE, junto con la libre circulación de mercancías, capitales y servicios.

Las normas de la UE sobre la libre circulación de los trabajadores dan derecho a los ciudadanos de la Unión a desplazarse a otro estado miembro y trabajar allí con las mismas condiciones que los nacionales, sin ningún tipo de restricción o discriminación.

Los trabajadores que se desplazan temporalmente a otro país de la UE a trabajar siguen pagando las cotizaciones a la seguridad social de su país de origen durante un máximo de dos años, pero están sujetos a todas las leyes sociales del país de acogida en temas como el salario mínimo, la igualdad de remuneración, tiempo de trabajo, las vacaciones pagadas, así como la salud y la seguridad en el trabajo.

Los trabajadores en búsqueda de empleo tienen derecho a la prestación por desempleo desde el país de la UE en que trabajaron (de su estado miembro de origen), durante 3 meses, o en el caso de algunos países de 6 meses, si se registraron como desempleados en el estado miembro del último empleo. Los países receptores no tienen que pagar las prestaciones por desempleo a los solicitantes que llegan de otro país de la UE desde el primer día.

Sin embargo, las normas de la UE para las personas que no están trabajando y que no buscan trabajo, son más restrictivas. La ley de la UE permite a los estados miembros exigir que las personas no activas, como estudiantes o jubilados, demuestren que cuentan con los recursos económicos suficientes para no ser una carga para el país de acogida, si desean permanecer más de tres meses.

La libre circulación de mano de obra puede dar más flexibilidad a los mercados de trabajo, tanto en los países de acogida como en los países de origen.

Para los países de origen la movilidad laboral puede causar problemas, como la «fuga de cerebros» y la escasez de personal cualificado.

EURES, la red de búsqueda de empleo intereuropeo, cuenta con cerca de 1,4 millones de vacantes, 1,1 millones de personas que buscan empleo y 30.000 empresas reclutadoras registradas.

Las ampliaciones de Estados en la UE de 2004 y 2007 trajeron un enorme incremento en el número de trabajadores que se desplazaban de un estado miembro a otro. El número aumentó de 4,7 millones en 2005, a 8 millones en 2013, lo que, supone un aumento del 2,1% al 3,3% de la fuerza laboral total.

La dureza de la crisis y las escasas oportunidades laborales en España han obligado a los parados españoles a buscar trabajo lejos de sus hogares, sin importar la distancia o el país. Así lo reflejan las últimas estadísticas sobre movilidad en la Unión Europea, que constatan que España es el segundo país donde más ha crecido el flujo de trabajadores hacia otro país comunitario. El incremento entre 2010 y 2013 ha sido del 99%. Un dato sólo superado por Grecia (150%) y que viene a constatar los efectos migratorios de la elevada tasa de paro.

Los datos vienen acompañados de una encuesta que sitúa a los trabajadores españoles como los sextos con más disposición a irse a trabajar a otro país. Además, los jóvenes españoles son los que ocupan el primer lugar en el registro de la Comisión Europea para encontrar un empleo en otro estado miembro (EURES).

En total, 10,3 millones de europeos trabajan en otro estado miembro. Su perfil socioeconómico revela que son más activos económicamente que los nacionales, trabajan por lo general en empleos temporales y están sobrecualificados respecto a los empleos que ocupan.

Elena González
@elenagm86