Goldman Sachs is not an after shave Goldman Sachs is not an after shave

Tampoco Breton Woods es una marca de Whisky. Porque el periodismo internacional no es solo cosa de hombres, ocho mujeres ofrecen un punto de vista diferente sobre lo que pasa en el mundo.

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El bipartidismo en España hace aguas

Ada Colau

Ada Colau dipositando su voto / Twitter

“Sí, se puede”, son los gritos con los que los simpatizantes han acogido este domingo a Ada Colau, de Guanyem Barcelona, la lista más votada en el Ayuntamiento de Barcelona, la segunda ciudad más importante en España.

Pero, ¿quién es Ada Colau? Ella es una de las fundadores de uno de los movimientos sociales más reconocidos en España, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que nació en 2009 en Barcelona para luchar contra los desahucios de personas que no podían pagar las hipotecas de sus casas. Este movimiento rápidamente se expandió por toda España y su grito era: “Si, se puede”.

“Ha sido la victoria de David contra Goliat”, ha dicho en el principio de su discurso Ada Colau, quien ha reconocido que “ha ganado la gente, la ciudadanía, la esperanza, la ilusión y el deseo de cambio contra la campaña del miedo”. Colau ya ha mostrado su interés de ser la próxima alcaldesa de Barcelona. Pero no lo tendrá fácil, tiene once de concejales, mientras que la segunda fuerza, la formación de centro derecha nacionalista de CIU, tiene diez. Hasta siete formaciones políticas se reparten los 41 concejales de Barcelona, un puzzle complicado de encajar que obligará hacer pactos.

Y, precisamente, esta es la tónica que se ha dado en las elecciones municipales que se han disputado este domingo en España donde el bipartidismo se ha dinamitado y aunque sigue siendo la opción más votada, un 52% han optado por ella, 27% por el PP y 25% el PSOE, queda lejos del 65,32% que consiguió el bipartidismo en 2011 o el 73% del 2007.

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Libia, navegando hacia la muerte

Libia

La bandera del Estado Islámico ondea en la ciudad de Ragua / GTRES

Libia, crónica de una muerte anunciada. Podría ser el título de una macabra novela, pero es la realidad pura y dura. Tres años y medio después de la muerte del dictador libio, Muammar al Gadafi, ¿qué es hoy Libia? Un país sumergido en el caos y la anarquía de las guerras de guerrillas, que se ha convertido en la puerta de salida de los africanos y sirios hacia Europa a causa de la permeabilidad de sus fronteras.

Las potencias occidentales ayudaron a los rebeldes a derrocar el régimen de Gadafi, asesinado por una turba en octubre de 2011. Una vez muerto el dictador, se retiraron del país que, desde entonces, vive en una completa guerra civil conformada por milicias armadas y donde no se ha podido constituir un estado.

Este conflicto se ha internacionalizado. Mientras que Qatar apoya los grupos islamistas, Emiratos Árabes con el apoyo de Egipto en agosto de 2014 bombardeó posiciones de las milicias islamistas cercanas a la capital, Trípoli. Estos ataques se realizaron en el marco de la Operación Dignidad, iniciada por el general libio Jalifa Haftar para evitar que los islamistas se expandieran por el país.

Unos meses antes, en junio, los moderados, que habían ganado las elecciones, tenían que conformar el nuevo Parlamento, pero los diputados islamistas, que vencieron en los comicios del 2012, se negaron a dejar sus cargos como protesta contra la  Operación Dignidad.

Así mientras el caos sucumbe la vida política y de las calles libias, el grupo yihadista Estado Islámico (EI) ha conseguido hacer en este país su principal feudo en el norte de África.

Además, Libia, en las orillas del Mediterráneo, es una de las grandes perlitas de África, ya que cuenta con las reservas de petróleo más grandes de este continente y las novenas del mundo. Así pues, todos se juegan mucho en este país, ya que se encuentra en una posición estratégica en el Mediterráneo, al tiempo que es un potencial económico por sus reservas de crudo.

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Frentes abiertos contra Monsanto

Trigo

Un campo de trigo en España / EP

Monsanto se retira de Europa y dejará de vender sus transgénicos en casi toda la región, excepto España y Portugal. La empresa agrícola estadounidense anunció esta medida a principios de febrero, casi un mes después que la Unión Europea (UE) anunciara que no alcanzaron ningún acuerdo sobre una política común sobre Organismos Modificados Genéticamente (OMG).

Básicamente, el 13 de enero el Parlamento Europeo, con el apoyo de los populares y socialdemócratas,  aprobó la reforma de la directiva comunitaria sobre la directiva de transgénicos que da vía libre a cada uno de los estados miembros para que decida si prohíbe los transgénicos o no en su territorio.

“No gastaremos más dinero para convencer a la gente para cultivarlas”, afirmó recientemente Brandon Mitchener, responsable de Public Affairs de Monsanto para Europa y Oriente Medio en una entrevista que concedió a Investigative Reporting Denmark.

En Europa la producción de transgénicos tampoco es abundante. De hecho, tan solo el 1% de todo el maíz que se cultiva es transgénico y países como Alemania, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Luxemburgo, Bulgaria, Suiza, Austria, Irlanda y Hungría se han declarado “zonas libres de transgénicos”.

Según un estudio de la ONG Ecologistas en Acción los transgénicos pueden tener riesgos para la salud humana como el incremento de toxicidad, de alergias, propagación a la resistencia de los antibióticos, creación de nuevas enfermedades o el aumento de residuos tóxicos en los alimentos.

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Marruecos infrahumano

Campamento de inmigrantes en el Monte Gurugú, con Melilla al fondo / Javier Bauluz - Periodismo Humano

Campamento de inmigrantes en el Monte Gurugú, con Melilla al fondo / Javier Bauluz – Periodismo Humano

En el Monte Gurugú, situado en territorio marroquí y muy próximo a la frontera con Melilla, viven cientos de inmigrantes subsaharianos. Unos, envueltos de esperanza, esperan saltar al otro lado de la valla y olvidar el horror de sus países de origen; otros, la inminente regularización de sus papeles. Y todos quieren lo mismo: sobrevivir. Pero el martes pasado, de madrugada, gendarmes marroquíes detuvieron con violencia a unas 300 personas de los campamentos más numerosos y cercanos a la frontera, la mayoría procedentes de Camerún y Mali, pero también de Costa de Marfil. Acto seguido, los metieron en varios autobuses con destino desconocido, pudiendo haber sido deportados. Marruecos lo ha hecho previo aviso oficial y nadie en la comunidad internacional ha alzado la voz. Mientras, numerosas organizaciones están denunciando una campaña de deportaciones masivas que violan de pleno la legislación internacional.

Entidades como Gadem, PRODEIN y Caminando Fronteras han denunciado la violencia del operativo policial que, además de propinar golpes a los detenidos, procedió a la quema de los campamentos para no dejar ni rastro. Su ropa, sus víveres, sus pertenencias, todo lo que los inmigrantes tenían consigo ha quedado reducido a cenizas. Este modus operandi es especialmente preocupante teniendo en cuenta el número de menores de edad que se encontraban entre los detenidos, según dichas organizaciones, y también mujeres. Gadem asegura y denuncia que estas expulsiones son contrarias a la legislación internacional, y subraya que algunos de los inmigrantes se encuentran “en un proceso de regularización abierto y en instancia de recurso”. Además, alerta de que estos traslados podrían ser el inicio de una campaña de deportaciones masivas “en vuelos no regulares”, lo cual también atentaría contra la normativa internacional.

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¿Quién paga la universidad?

Santo Tomás de Aquino

Flickr/ Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias del Trabajo Universidad de Sevilla

Hoy, 28 de enero, se celebra la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de los universitarios. En este día nos preguntamos ¿quién paga realmente la Universidad?

En todos los países las administraciones públicas contribuyen al gasto en educación superior. Pero con frecuencia, las cuantías asignadas a las instituciones de educación superior únicamente cubren una parte del coste de la enseñanza. En la mayoría de los países una parte importante de los ingresos de las universidades dependen de las aportaciones privadas de los alumnos y sus familias. Únicamente en cinco países europeos [Dinamarca, Grecia, Malta, Suecia y el Reino Unido (Escocia)] sólo los estudiantes extranjeros (de países no pertenecientes a la UE o al AEE) tienen que pagar tasas para estudiar en los programas de grado. En el Reino Unido (Escocia), una agencia gubernamental se hace cargo de las tasas de inscripción fijadas oficialmente, independientemente de los medios económicos de los estudiantes, previa solicitud del interesado y siempre que no repita.

Technical University of Denmark

Flickr/ News Oresund

En Dinamarca la Universidad es gratuita; además, el Estado da una pequeña ayuda al alumno: entre 390 y 785 euros al mes. Eso sí, también tiene su punto negativo. Los “estudiantes eternos”, aquellos que alargan su vida universitaria hasta los 35 años con lo que el gasto para las arcas públicas se dispara. Aunque ahora ya han endurecido las condiciones para que el estudiante perciba el subsidio. En Dinamarca se gastan por alumno universitario al año 17.120 euros; en España, 10.600 (incluyendo lo que ponen las familias); en 2011 en Dinamarca se destinaba el 1,9% del PIB a universidades; en España, el 1,1%; pero la presión fiscal también es diferente en ambos países, mientras que en el país nórdico es del 48% del PIB; en España, es del 32,5%.

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¿Quién gana y quién pierde con la crisis del petróleo?

Crisis petróleo

Un directivo de la empresa saudí Aramco cerca de un campo petrolífero de Howta / GTRES

El desplome del petróleo no ha afectado por igual a todos los países, ha habido ganadores y perdedores. Hace tan solo unos meses, en junio, el precio del barril Brent estaba por las nubes, concretamente, a 115 dólares (unos 94 euros) el barril, pero ahora su valor ha caído en picado y seis meses después ronda los 60 dólares (49 euros) por barril.

¿Pero cómo se ha llegado a la situación actual?

En 2011, el precio del petróleo se disparó, superando por primera vez la barrera de los 100 dólares por barril. Eso se debió, principalmente, por dos motivos: por un lado las primaveras árabes y las consecuentes guerras en Libia y Siria hicieron que disminuyera la producción de crudo en estos países; y al terremoto de Japón y sus consecuencias en la central nuclear de Fukushima, que inspiró un temor ante la amenaza nuclear, propició que aumentara la demanda de petróleo. En ese entonces, por ejemplo, Alemania se comprometió a cerrar sus centrales nucleares para 2022.

Ahora, esta tendencia se ha invertido: hay más producción de petróleo y menos demanda. Esto se debe, por un lado, a las nuevas técnicas empleadas en Estados Unidos como el fraking que tienen como finalidad extraer más crudo en suelo estadounidense e importar menos; así como la consolidación de las potencias emergentes como Brasil que cada vez producen más petróleo en sus territorios y dependen menos del mercado internacional.

Pero también se juega una guerra geoestratégica en Oriente  Medio. La opción más cómoda para muchos países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) seria bajar la producción de petróleo, lo que acabaría forzando que aumentara su precio. Sin embargo, Arabia Saudita se opone a esto y en la reciente cumbre de la OPEP en Viena se acordó mantener los actuales ritmos de producción por petición de Riad.

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Agredir a Greenpeace, agredirnos a todos

Momento en que una lancha de la Armada embiste a una de Greenpeace / GREENPEACE

Momento en que una lancha de la Armada embiste a una de Greenpeace / GREENPEACE

Matilda Brunetti no podía imaginar que su participación en una protesta pacífica contra las prospecciones petrolíferas de las islas Canarias la harían acabar en el hospital. La activista de Greenpeace, italiana de 23 años, sufrió varios cortes y una fractura de tibia tras las embestidas de dos botes del Ejército español contra el suyo y los de sus compañeros. Aunque la Armada española lo negó, el vídeo difundido por Greenpeace en las redes sociales no deja lugar a dudas: el Ejército atacó a la organización ecologista que, efectivamente, protestaba pacíficamente.

Este ataque no sólo es una agresión a Greenpeace, sino a todos los españoles y a la sociedad canaria en particular, que lleva meses protestando sin descanso contra las prospecciones petrolíferas que Repsol pretende llevar a cabo en el este de Fuerteventura y Lanzarote. Sin embargo, la gran indignación social no ha sido escuchada por el Gobierno español, que dio luz verde a dichas prospecciones. Ni tampoco por el Tribunal Consitucional, que tumbó una propuesta por parte del gobierno de las islas para preguntar a los canarios: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. Está claro que sin preguntas no se pueden oír respuestas.

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Marruecos-España: trampa en las vallas

Un grupo de inmigrantes viajan en patera en aguas de Melilla / EFE - ARCHIVO

Un grupo de inmigrantes viaja en patera en aguas de Melilla / EFE – ARCHIVO

Últimamente, cuando hablamos de inmigración lo hacemos en medio de un ir y venir de números y hechos poco contextualizados: “300 inmigrantes intentan saltar la valla de Melilla”, “Más de 17.000 inmigrantes intentan entrar por Ceuta y Melilla este año”, “Inmigrantes apedrean a los agentes de la valla de Melilla en un nuevo asalto“. Pero hay mucho más de lo que hablar, bastante más. Hay que hablar de las devoluciones en caliente. Consisten en “agilizar” la devolución a su país de origen de los inmigrantes que intentan saltar la valla, aún cuando éstos han solicitado el derecho de asilo (recogido en la Carta Internacional de Derechos Humanos).

Ésta es una práctica habitual en la frontera de Ceuta y Melilla que separa Marruecos de España, donde el método que todos hemos podido ver han sido brutales palizas propinadas por gendarmes marroquíes… en territorio español -y ante la presencia de la Guardia Civil española-. Organizaciones e instituciones como Amnistía Internacional, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) o la propia ONU han denunciado esta práctica, llegando incluso a condenar a España, en el caso del TDHE, por violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

A pesar de estar prohibidas por la Ley española de Extranjería, las devoluciones en caliente son una realidad del día a día y, según los planes del gobierno español, podrían llegar a estar amparadas por la ley. Ya abordamos el tema una vez aquí, con motivo del primer aniversario de la tragedia de Lampedusa, y ahora volvemos a hacerlo de la mano de PEIO AIERBE, coordinador del Centro de Estudio y Documentación sobre racismo y xenofobia Mugak.

Estamos viendo palizas y agresiones a los inmigrantes subsaharianos en la frontera, incluso en territorio español. ¿Es cosa de ahora o estamos ante una práctica habitual de las autoridades de Marruecos?

P.A. El maltrato hacia las personas que tratan de saltar la valla en Ceuta y Melilla es, por desgracia, habitual por parte de las fuerzas policiales marroquíes. El punto álgido de esta política represiva quedó simbolizada, hace ya diez años, cuando en septiembre de 2005 cinco inmigrantes murieron por disparos y un centenar resultaron heridos cuando intentaban saltar la valla. Los gobiernos español y marroquí se acusaron mutuamente de ser los autores de los disparos, pero ambos colaboraron para que no llegara a realizarse una investigación que aclarara las responsabilidades. En la actualidad, la novedad viene de la estrecha colaboración entre ambas administraciones en la represión de estas personas, lo que se ha visualizado en la entrada de gendarmes marroquíes a territorio español para llevarse a inmigrantes que habían logrado superar la valla. Esta entrada, violando lo que se reclama como soberanía española, hubiera levantado en el pasado fuertes críticas en sectores militares y conservadores. En cambio, hoy en día, todo vale contra lo que se ha construido política y mediáticamente como una amenaza.

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Peor que Lampedusa

Por Cláudia Morán

Casi 400 inmigrantes murieron hace un año en Lampedusa cuando intentaban alcanzar la costa / Nino Randazzo - EFE

Casi 400 inmigrantes murieron hace un año en Lampedusa cuando intentaban alcanzar la costa / Nino Randazzo – EFE

Acaba de cumplirse un año de la tragedia en Lampedusa en la que murieron 368 personas inmigrantes intentando alcanzar la costa italiana. Y a pesar del impacto que aún perdura, lo cierto es que hay algo peor que Lampedusa. No, no me refiero a la supuesta avalancha de inmigrantes en el Mediterráneo, como dieron a entender muchas imágenes de la frontera entre Marruecos y España. Peor que Lampedusa son las 3.000 personas que han muerto este año intentando alcanzar Europa sin que nadie, ni siquiera después de la tragedia que sacó los colores a la Unión Europea, haya puesto los medios suficientes para evitarlo.

Los medios de comunicación y la falsa idea de avalancha

Peor que Lampedusa es la facilidad con la que se habla de “avalancha” para referirse a la inmigración. El desconocimiento y la falta de contexto, ligados a la impresión que nos provocan las imágenes de cientos de inmigrantes tratando de saltar una valla o de alcanzar una playa, son una mezcla peligrosa. Según Elena Sánchez Montijano, investigadora experta en inmigración internacional de Cidob, la inmigración que llega a España por Ceuta y Melilla “no es un drama de avalancha” y explica que entra “muchísima más gente” por los aeropuertos con visados de turista para después quedarse. Además, hace hincapié en la mala situación económica que atraviesa España, lo cual provoca que las redes de inmigrantes subsaharianos opten por países como “Bélgica, Francia o Alemania, donde hay algo de mercado de trabajo”.

Los medios de comunicación y la Guardia Civil han difundido imágenes de unos 1.000 subsaharianos tratando de saltar la valla, que han derivado en una cierta sensación de invasión en la sociedad española. También a raíz del escándalo de las pelotas de goma lanzadas por la Guardia Civil en febrero de este año en Ceuta, varios medios sacaron diariamente en portada cada movimiento de los inmigrantes. Así lo explica Jonathan Zaragoza, experto en ciencias políticas del Instituto Europeo Universitario de Florencia: “‘Gracias’ a que el tema de la inmigración en Ceuta y Melilla estaba en todos los titulares, cada vez que había un intento de cruzar por parte de 150 inmigrantes ‘El País’ y otros medios lo ponían enseguida en primera página”. Zaragoza también se muestra reacio a hablar de avalancha y hace referencia a los datos de entidades como FRONTEX, que reflejan cuántos inmigrantes llegan cada año a las costas europeas: “A Grecia y Turquía llegan unos 30.000 cada año, en cambio a Ceuta y Melilla llegaron unos 2.500 el año pasado”, y señala que el caso de Lampedusa sí puede dar “cierta sensación de invasión” porque su población no llega a los 3.000 habitantes y “les han llegado 80.000 en un año”, pero quiere recalcar que Lampedusa “es Unión Europea y es Italia”. En el caso de Melilla, que tiene 80.000 habitantes, explica que “que en diez minutos salten 1.000 da una imagen de avalancha, pero en términos generales tampoco es para alarmarse”.

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Aumenta la “movilidad laboral” dentro de la Unión Europea

La movilidad laboral es una de las cuatro libertades en las que se basa el mercado único de la UE, junto con la libre circulación de mercancías, capitales y servicios.

UEpaíses

Las normas de la UE sobre la libre circulación de los trabajadores dan derecho a los ciudadanos de la Unión a desplazarse a otro estado miembro y trabajar allí con las mismas condiciones que los nacionales, sin ningún tipo de restricción o discriminación.

Los trabajadores que se desplazan temporalmente a otro país de la UE a trabajar siguen pagando las cotizaciones a la seguridad social de su país de origen durante un máximo de dos años, pero están sujetos a todas las leyes sociales del país de acogida en temas como el salario mínimo, la igualdad de remuneración, tiempo de trabajo, las vacaciones pagadas, así como la salud y la seguridad en el trabajo.

Los trabajadores en búsqueda de empleo tienen derecho a la prestación por desempleo desde el país de la UE en que trabajaron (de su estado miembro de origen), durante 3 meses, o en el caso de algunos países de 6 meses, si se registraron como desempleados en el estado miembro del último empleo. Los países receptores no tienen que pagar las prestaciones por desempleo a los solicitantes que llegan de otro país de la UE desde el primer día.

Sin embargo, las normas de la UE para las personas que no están trabajando y que no buscan trabajo, son más restrictivas. La ley de la UE permite a los estados miembros exigir que las personas no activas, como estudiantes o jubilados, demuestren que cuentan con los recursos económicos suficientes para no ser una carga para el país de acogida, si desean permanecer más de tres meses.

La libre circulación de mano de obra puede dar más flexibilidad a los mercados de trabajo, tanto en los países de acogida como en los países de origen.

Para los países de origen la movilidad laboral puede causar problemas, como la “fuga de cerebros” y la escasez de personal cualificado.

EURES, la red de búsqueda de empleo intereuropeo, cuenta con cerca de 1,4 millones de vacantes, 1,1 millones de personas que buscan empleo y 30.000 empresas reclutadoras registradas.

Las ampliaciones de Estados en la UE de 2004 y 2007 trajeron un enorme incremento en el número de trabajadores que se desplazaban de un estado miembro a otro. El número aumentó de 4,7 millones en 2005, a 8 millones en 2013, lo que, supone un aumento del 2,1% al 3,3% de la fuerza laboral total.

impact on destination countries

La dureza de la crisis y las escasas oportunidades laborales en España han obligado a los parados españoles a buscar trabajo lejos de sus hogares, sin importar la distancia o el país. Así lo reflejan las últimas estadísticas sobre movilidad en la Unión Europea, que constatan que España es el segundo país donde más ha crecido el flujo de trabajadores hacia otro país comunitario. El incremento entre 2010 y 2013 ha sido del 99%. Un dato sólo superado por Grecia (150%) y que viene a constatar los efectos migratorios de la elevada tasa de paro.

Los datos vienen acompañados de una encuesta que sitúa a los trabajadores españoles como los sextos con más disposición a irse a trabajar a otro país. Además, los jóvenes españoles son los que ocupan el primer lugar en el registro de la Comisión Europea para encontrar un empleo en otro estado miembro (EURES).

En total, 10,3 millones de europeos trabajan en otro estado miembro. Su perfil socioeconómico revela que son más activos económicamente que los nacionales, trabajan por lo general en empleos temporales y están sobrecualificados respecto a los empleos que ocupan.

Elena González
@elenagm86