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Tampoco Breton Woods es una marca de Whisky. Porque el periodismo internacional no es solo cosa de hombres, ocho mujeres ofrecen un punto de vista diferente sobre lo que pasa en el mundo.

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California pretende reabrir el corredor de la muerte

En California llevan 10 años sin ejecutar a nadie. El pasado 6 de noviembre el Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California inició una consulta pública sobre su nuevo protocolo de inyección letal para volver a llevar los reos al corredor de la muerte. El próximo viernes, 22 de enero, es el último día para que los californianos envíen sus comentarios sobre esta nueva propuesta. De ser aceptada significaría la reanudación de las ejecuciones en este estado.

California es de lejos el estado de Estados Unidos con mayor población en el corredor de la muerte, seguido de Florida y Texas: 745 reos contabilizados en diciembre de 2015. Solo en 2015 fueron sentenciadas 12 personas.

Death Row / VoA

Death Row / VoA

La última ejecución en California se llevó a cabo en 2006, año en que un tribunal decretó que el método de inyección letal utilizado en California violaba los derechos de los reos. Desde entonces la aplicación de la pena de muerte o pena capital ha estado en suspenso. Para poder reanudar las ejecuciones, las autoridades de California debían establecer una nueva normativa sobre la manera de llevarlas a cabo.

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Cuando la muerte es el precio

Por Cláudia Morán

El periodista norteamericano James Foley acaba de ser asesinado por Estado Islámico / GlobalPost

El periodista norteamericano James Foley acaba de ser asesinado por Estado Islámico / GlobalPost

En “La muerte tenía un precio” dos cazadores de recompensas (interpretados por Clint Eastwood y Lee Van Cleef) capturan y matan villanos a cambio de una cantidad de dinero. Siendo consciente de que este resumen no hace justicia a la gran película de Sergio Leone, diré en mi defensa que la intencionalidad de este artículo es otra. En la vida real, lejos de la ambientación del spaghetti western, vemos cómo en cada conflicto el verdadero precio a pagar es la muerte y que los villanos no son siempre los que mueren, sino más frecuentemente los que matan. James Foley es una de las víctimas que se ha cobrado el conflicto en Irak, un periodista norteamericano que acaba de ser asesinado por el grupo yihadista Estado Islámico -a falta de confirmarse la veracidad del vídeo de su ejecución-. Su muerte, según afirma el propio Foley en el vídeo, es el precio a pagar por la nueva invasión estadounidense de Irak.

“A fin de cuentas, supongo que desearía no ser estadounidense”. Aquellos que conozcan bien el orgullo de la nación norteamericana entenderán que esta frase de Foley, minutos antes de ser degollado, caiga como un jarro de agua fría sobre Washington. Después de matar a Foley, el verdugo muestra a otro periodista estadounidense, Steven Joel Sotloff, y asegura que su vida “depende de la próxima decisión de Obama”. Sotloff y Foley llevaban desaparecidos uno y dos años en Siria, respectivamente, donde se encontraban cubriendo el conflicto. El fallecido ya había sido retenido en 2011 por el Ejército de Libia, mientras cubría la situación del país tras la muerte de Gaddafi.

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Esperando la muerte en Estados Unidos

Crédito: Amnesty International USA

Crédito: Amnesty International USA

Hay una cosa que Estados Unidos tiene en común con países tan distintos como Bangladesh, China, Irán, Iraq, Corea del Norte, Arabia Saudita, Sudán o Yemen. Estos son los 9 países en los que se ha concentrado el mayor número de ejecuciones en los últimos cinco años, según un informe publicado por Amnistía Internacional (AI) sobre la pena de muerte en el mundo. Aunque no es justo ponerlos a todos en el mismo saco, porque en cada país las condiciones y las cifras son muy distintas, Estados Unidos está ahí, en esa misma lista, y entre los 58 países donde este tipo de pena es legal. A pesar de que así se viole el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Y es que cuando se trata de la pena de muerte, Estados Unidos se aleja mucho de la moralidad europea, ya que en toda la UE este tipo de condena es ilegal. Desde que se levantó una moratoria en el país en 1976, 1.300 prisioneros han sido ejecutados (de los cuales solo 14 eran mujeres, según Death Penalty Infornation Center. Hoy la pena de muerte se aplica todavía en 32 estados del país y de los 18 estados que la han abolido, seis lo han hecho en los últimos siete años.

Para hacernos una idea de las cifras según AI, en 2013 tuvieron lugar en Estados Unidos 39 ejecuciones – 16 de las cuales ocurrieron sólo en el estado de Tejas- y se impusieron un total de 80 condenas a pena de muerte.

A pesar de que varios estudios demuestran que el número de estadounidenses que apoyan esta práctica se ha reducido durante las dos últimas décadas, estos siguen siendo mayoría. Según un estudio llevado a cabo en 2013, el 55% considera la pena de muerte una medida justa para aquellas personas que han cometido un asesinato, mientras que un 37% se opone.

Cuanto más ancha es la brecha entre detractores y partidarios, más intenso es el debate sobre este tema tan controvertido y más fuerte es la presión que recibe tanto desde dentro como desde fuera un país que se autoproclama el país de la libertad.

Razones por las que oponerse a la pena de muerte

Uno de los principales motivos para oponerse es la posibilidad de ejecutar a una persona inocente. En los EE.UU., 130 personas condenadas a muerte han sido declaradas inocentes desde 1973 y liberadas de la pena de muerte tras pasar una media de 10 años en prisión.

Hay otros argumentos, sin embargo, como la arbitrariedad en su aplicación (la pena de muerte sólo se aplica, en la práctica, en un pequeño porcentaje de las jurisdicciones estadounidenses ya que, por ejemplo, menos del 1% de los condados en estados donde está permitida acumulan el 30% de las ejecuciones desde 1976).

Otro es la dudosa capacidad de disuasión que tiene la práctica o incluso el elevado coste en términos económicos. La defensa de un caso de pena de muerte cuesta alrededor de cuatro veces más que la defensa de un caso en el que no se busca la pena de muerte, según un nuevo estudio realizado por el Consejo Judicial de Kansas. El estudio subraya también que el promedio de los gastos de defensa para los casos de pena de muerte es de 395.762 dólares por cada caso, en comparación con los 98.963 por caso cuando no se pidió la pena de muerte. Esto lo explica el hecho de que cada vez que se plantea una ejecución, se requiere que el sistema jurídico pase por una larga serie de precedentes en la Corte Suprema de los EE.UU y requiere aplicar un proceso más metódico y fiable.

Además, todos los modos de ejecutar a personas causan tanto sufrimiento a la persona condenada que equivalen a tortura, incluso la inyección letal, que no es tan “humana” como se había pensado. Un ejemplo reciente de ello: la prolongada muerte de Clayton D. Lockett en Oklahoma.

Como ironizó sobre ello en un tweet @TheTweetOfGod, que recoge un artículo del NYT: “¿Cómo puede Oklahoma hacer tal chapuza en una ejecución? Si hay algo que uno espera que los americanos sepan hacer a estas alturas es matar a alguien.”

 

BLANCA BLAY

blanca.blay@gmail.com