Crédito: Amnesty International USA
Hay una cosa que Estados Unidos tiene en común con países tan distintos como Bangladesh, China, Irán, Iraq, Corea del Norte, Arabia Saudita, Sudán o Yemen. Estos son los 9 países en los que se ha concentrado el mayor número de ejecuciones en los últimos cinco años, según un informe publicado por Amnistía Internacional (AI) sobre la pena de muerte en el mundo. Aunque no es justo ponerlos a todos en el mismo saco, porque en cada país las condiciones y las cifras son muy distintas, Estados Unidos está ahí, en esa misma lista, y entre los 58 países donde este tipo de pena es legal. A pesar de que así se viole el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Y es que cuando se trata de la pena de muerte, Estados Unidos se aleja mucho de la moralidad europea, ya que en toda la UE este tipo de condena es ilegal. Desde que se levantó una moratoria en el país en 1976, 1.300 prisioneros han sido ejecutados (de los cuales solo 14 eran mujeres, según Death Penalty Infornation Center. Hoy la pena de muerte se aplica todavía en 32 estados del país y de los 18 estados que la han abolido, seis lo han hecho en los últimos siete años.
Para hacernos una idea de las cifras según AI, en 2013 tuvieron lugar en Estados Unidos 39 ejecuciones – 16 de las cuales ocurrieron sólo en el estado de Tejas- y se impusieron un total de 80 condenas a pena de muerte.
A pesar de que varios estudios demuestran que el número de estadounidenses que apoyan esta práctica se ha reducido durante las dos últimas décadas, estos siguen siendo mayoría. Según un estudio llevado a cabo en 2013, el 55% considera la pena de muerte una medida justa para aquellas personas que han cometido un asesinato, mientras que un 37% se opone.
Cuanto más ancha es la brecha entre detractores y partidarios, más intenso es el debate sobre este tema tan controvertido y más fuerte es la presión que recibe tanto desde dentro como desde fuera un país que se autoproclama el país de la libertad.
Razones por las que oponerse a la pena de muerte
Uno de los principales motivos para oponerse es la posibilidad de ejecutar a una persona inocente. En los EE.UU., 130 personas condenadas a muerte han sido declaradas inocentes desde 1973 y liberadas de la pena de muerte tras pasar una media de 10 años en prisión.
Hay otros argumentos, sin embargo, como la arbitrariedad en su aplicación (la pena de muerte sólo se aplica, en la práctica, en un pequeño porcentaje de las jurisdicciones estadounidenses ya que, por ejemplo, menos del 1% de los condados en estados donde está permitida acumulan el 30% de las ejecuciones desde 1976).
Otro es la dudosa capacidad de disuasión que tiene la práctica o incluso el elevado coste en términos económicos. La defensa de un caso de pena de muerte cuesta alrededor de cuatro veces más que la defensa de un caso en el que no se busca la pena de muerte, según un nuevo estudio realizado por el Consejo Judicial de Kansas. El estudio subraya también que el promedio de los gastos de defensa para los casos de pena de muerte es de 395.762 dólares por cada caso, en comparación con los 98.963 por caso cuando no se pidió la pena de muerte. Esto lo explica el hecho de que cada vez que se plantea una ejecución, se requiere que el sistema jurídico pase por una larga serie de precedentes en la Corte Suprema de los EE.UU y requiere aplicar un proceso más metódico y fiable.
Además, todos los modos de ejecutar a personas causan tanto sufrimiento a la persona condenada que equivalen a tortura, incluso la inyección letal, que no es tan «humana» como se había pensado. Un ejemplo reciente de ello: la prolongada muerte de Clayton D. Lockett en Oklahoma.
Como ironizó sobre ello en un tweet @TheTweetOfGod, que recoge un artículo del NYT: “¿Cómo puede Oklahoma hacer tal chapuza en una ejecución? Si hay algo que uno espera que los americanos sepan hacer a estas alturas es matar a alguien.”
BLANCA BLAY
blanca.blay@gmail.com
