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La semana pasada la Eurocámara aprobó un proyecto de ley para obligar a las empresas europeas a mostrar que los minerales que emplean no proceden de zonas en conflicto. Hasta ahora esta demostración era voluntaria.
Esta medida afecta a minerales como el estaño, tantalio, tungsteno y oro que son esenciales en la fabricación de tecnologías de uso diario como ordenadores portátiles, electrodomésticos, automóviles y teléfonos móviles.
Muchos consideran este proyecto de ley como un hecho histórico. Así lo afirmaba por ejemplo Michael Gibb the Global Witness: “Es un momento histórico. Se ha votado por una ley que debe provocar una diferencia real en las vidas de aquellos que sufren por el comercio de minerales de conflicto” . A este proyecto le seguirá una nueva negociación con el Consejo de la UE y la Comisión Europea. La finalidad es que disminuyan los conflictos relacionados con la relación de estos materiales, situados, sobretodo, en África.
Hasta ahora, la Comisión Europea proponía una «autocertificación» voluntaria de las empresas. El laborista británico, David Martin, afirma que «desde hace cinco años, rigen estas directivas voluntarias y el 80% de las empresas han elegido no informar sobre la manera en que controlan sus filiales de aprovisionamiento», en declaraciones a AFP.
Gerardo Ríos, coordinador del equipo de empresas de Amnistía Internacional, afirmaba en la Cadena SER que “es un día para estar satisfechos”. Y así es, después de un tímido intento de la Comisión Europea, el Parlamento ha aprobado una enmienda, la 155, que obliga a todas las empresas de la cadena comercial a vincularse a la legislación, identificando de dónde provienen los materiales que comercian. Gracias a la presión de más de 150 organizaciones, políticos y miembros de la sociedad civil —entre ellos, el doctor Denis Mukwege, galardonado con el Premio Sájarov 2014 de la UE a la Libertad de Conciencia, se han conseguido 378 a favor contra 300.
La duda es si la medida se quedará corta; por ahora no es una ley, sólo un mandato. Si finalmente se consigue introducir la ley, las empresas tendrán la obligación de inspeccionar su cadena de suministros para asegurarse de que no reciben minerales procedentes de zonas de conflicto. Estarán obligados de inspeccionar y certificar desde las plantas de fundición y las refinerías, hasta los industriales europeos que compran la materia. Esta nueva regulación afectaría a unas 880.000 empresas de la Unión Europea. «Una vez que exista la legislación, es trabajar para que se aplique» porque las leyes no garantizan que no se cometan delitos, pero si existen permite que se exija y se condene, añadió Ríos.
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Diamantes de sangre
África posee el 30% de los recursos minerales de todo el mundo, la producción minera representa el 24% del PIB continental. La República Democrática del Congo es el escenario preferido, varios grupos rebeldes llevan décadas financiando sus actividades mediante la comercialización de los denominados “minerales de conflicto” en la región de los Grandes Lagos. En total hay 27 conflictos relacionados con estos minerales en este continente.
Como sentencia Mbuyi Kabunda, profesor Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad Autónoma e investigador y miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, «hay una hipocresía de los países occidentales que se aprovechan de los conflictos para comprar estos diamantes de sangre, como el coltán«. De hecho, su país de origen, la República Democrática del Congo, es el primer productor de coltán, mineral que, según él mismo lamenta, «se ha convertido en la fuente de las desgracias del pueblo congoleño, y mientras allí es su desgracia en otros países es una bendición y hacemos ojos ciegos a que se cometan violaciones de derechos humanos para conseguirlos”.
Según un informe de Amnistía Internacional y Global Witness, el 80% de las empresas no controla el suministro de sus minerales, ni son capaces de revelar si en sus productos hay minerales procedentes de zonas en conflicto o no. Muchas veces, el negocio que generan estos minerales retroalimenta el conflicto a través de la financiación de grupos armados.
Por ello, Kabunda considera que, con la aprobación del proyecto de ley, “se ha dado un paso muy importante en la lucha contra estas prácticas”. “Si de verdad se aplica, se podrá poner fin al drama que vive la zona oriental de la República Democrática del Congo con el coltán”.
Esperemos que ahora que por fin se ha abordado con seriedad el tema, se consiga derrocar este mortífero negocio que financia la violencia y el abuso de los derechos humanos.
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