Después del derrumbamiento en 2013 del Rana Plaza, el edificio convertido en fábrica textil en el que murieron más de 1.130 personas, su propietario, Sohel Rana, ha sido condenado a tres años de cárcel por corrupción. Sólo 3 años por ahora, porque el delito de corrupción es el primero de otros cuatro que se le imputan. En esencia, el tribunal condena a Rana por no declarar su riqueza ante la comisión anticorrupción después del desastre.
Una mujer visita el lugar del derrumbe del edificio Rana Plaza, cuando se cumple un año de la tragedia en Savar, Dacca (Bangladesh) / Abir Abdullah (EFE)
La pena, según el fiscal Salahuddin Eskander, supone «la primera vez» que Rana es «condenado y encarcelado». Y le esperan penas mayores porque entre los otros delitos que se le imputan consta el de asesinato. No será el único responsable ante los tribunales: Bangladesh juzgará a 37 personas más que podrían ser culpables de asesinato por el colapso del edificio. El juicio se ha visto retrasado por las apelaciones en la corte superior por parte de los acusados. Si se prueban los delitos de asesinatos, Rana y el resto de detenidos, podrían ser sentenciados a pena de muerte.
Lejos está el propietario de la fábrica de ver la luz. Cuando le arrestaron, días después del accidente, intentaba escaparse por la frontera con India. Se ha convertido así en el enemigo público número uno, sobre todo después de que los supervivientes empezaran a dar sus testimonios al público: muchos se vieron obligados a trabajar en el edificio a pesar de haberse quejado varias veces de las grietas que aparecían en las paredes. Business is business y la seguridad pasaba a ocupar un segundo plano.
De los 37 acusados, 17 y el empresario Rana están también acusados de violar las leyes de construcción al añadir tres pisos a los seis que ya tenía la torre. Los investigadores señalan que esta ampliación ilegal del edificio fue la culpable de la tragedia. Aunque los activistas se han mostrado satisfechos con la primera sentencia, instan a la fiscalía a acelerar la fecha del juicio por asesinato.
A pesar de que han pasado cuatro años, el abogado de Rana anunció que recurrirían la sentencia porque «en la cárcel no le dieron tiempo suficiente para reunirse con su abogado o su familia». Rana estaba vinculado al partido Liga Awami que gobierna el país.
Según los medios del país, el desastre de Rana Plaza supuso un cambio radical en el sector textil con nuevas medidas como inspecciones de seguridad y aumento de los salarios. 4 millones de bangladeshíes trabajan en la confección y la mayoría son mujeres. El país es el segundo exportador mundial después de China, con una industria que representa 30.000 millones de dólares del producto interior bruto.
Y ¿de quién se encontraron etiquetas tras el derrumbe? De las cinco fábricas que había en el complejo salía ropa de Benetton, El Corte Inglés, Mango y Primark. Ninguna de las tres multinacionales del textil ha asumido las consecuencias de sus actos. Benetton donó 1,1 millones de dólares a través de un fondo para las víctimas y El Corte Inglés no quiso hacer pública su cifra para que no se convirtiera en una competición. Mango se negó a pagar porque aunque ya había trabajadores cosiendo para ellos alegaron que sólo habían hecho «una prueba» y Primark dice haber pagado 14 millones de dólares a las familias desde el desastre.
Y aún queda tanto, tanto, tanto por hacer…
Pues espero que al menos las cárceles de ahí no sean como las de España.
01 septiembre 2017 | 19:04