Un desfile militar de las FARC en una imagen de archivo / 20 Minutos
Entramos en una semana clave para el proceso de Paz en Colombia. El alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, indicó ayer que la semana entrante las FARC anunciaran las zonas rurales donde entregará las armas.
La desmilitarización de las FARC es uno de los puntos primordiales para que se pueda seguir desplegando el proceso de paz en Colombia. Según el acuerdo de Paz, ratificado por el Congreso el 30 de noviembre, los 5.800 combatientes de las FARC tienen hasta finales de año para reunirse en una de las 27 zonas rurales para iniciar la desmovilización y el desarme del grupo.
«Para esta semana estarán listas aproximadamente la mitad de las zonas veredales, 17 ya tendrán los terrenos listos, organizados, esto no ha sido fácil porque recordemos que son zonas temporales de 180 días máximo», señaló Jaramillo este sábado en una rueda de prensa, según recoge el diario colombiano el Espectador.
Una vez los guerrilleros entreguen el armamento, un equipo tripartito, conformado por militares colombianos, miembros de las FARC y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), será el encargado de verificar y supervisar el arsenal.
El viernes, por eso, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que las zonas donde el grupo guerrillero tiene que iniciar el desarme y la desmovilización no tienen las medidas de seguridad adecuadas, según recoge un comunicado en su web. Además, resaltó que tampoco están habilitadas para recibir personas, ya que hay un acceso limitado de agua potable, comida, electricidad o servicios médicos.
Vacío de poder
Esta agencia de la ONU también puso de manifiesto que el Gobierno colombiano aún no ha intervenido en las zonas que estaban bajo control de las FARC. Esto puede conllevar que haya un vacío de poder una vez el grupo guerrillero las abandone del todo y que, de hecho, ya se está empezando a notar.
“Los grupos armados y criminales están compitiendo por el control de las actividades económicas ilegales en estas áreas, como el cultivo de coca y la minería ilegal. En medio de esta situación, existe el riesgo de una mayor violación de los derechos humanos”, destaca el comunicado.
De hecho, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha contabilizado en lo que llevamos de 2016 un total de 61 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en áreas rurales. De estos, 21 fueron una vez se firmó el acuerdo de paz el 26 de septiembre.
Es en este contexto, esta agencia instó al Gobierno colombiano a realizar una acción “inmediata, determinada y visible sobre el terreno para proporcionar seguridad y servicios básicos”, que debe ir orientada a asegurar y cumplir “la promesa de paz para Colombia”.
La verdad es que sería una pena que después de firmar el proceso de Paz en Colombia y de acabar con un conflicto que dura más de cincuenta años, la población local no encontrara esta paz soñada porque el Estado no ponga medidas de seguridad para garantizarla.