Una bombilla / CC by Christophe Goessen (Flickr)
La muerte la semana pasada en Reus de una anciana en un incendio provocado por la velas que usaba al tener la luz cortada por impago ha puesto el foco mediático sobre la pobreza energética. España no es el único país de la Unión Europea donde existe. De hecho un estudio de la Comisión Europea publicado en 2015 recogía que se trata de un problema que afecta millones de personas en diferentes estados miembros y que existen diferencias en el modo de abordarlo según el país.
Una encuesta sobre Ingresos y Condiciones de Vida en la UE revelaba que ni más ni menos que 54 millones de europeos (casi el 11% de la población) fueron incapaces de mantener sus casas a una temperatura adecuada en 2012. La misma encuesta ofrecía resultados similares cuando se preguntaba por problemas a la hora de pagar las facturas de suministros básicos.
Más sorprendente es otro dato: menos de un tercio de los países comunitarios reconocen oficialmente la pobreza energética y sólo unos pocos – Reino Unido, Irlanda, Francia y Chipre- incluyen este concepto en su legislación nacional. Sobre las medidas introducidas, la más popular entre los países que han impulsado algún tipo de normativa para proteger a los más vulnerables es la protección en caso de corte por impago. Otra medida, por ejemplo, es ofrecer tarifas sociales. Especialmente los estados miembros del sur, como Chipre, España, Francia, Grecia, Portugal o Bélgica son donde existe un sistema de tarifas para grupos más vulnerables como vía para garantizar que todos los hogares tienen acceso a energía a un precio justo. Aunque no siempre es así. En Grecia, por ejemplo, un proyecto de investigación bajo el nombre EVENT detectó que las ayudas estatales para las personas que tienen problemas para hacer frente al pago de suministros era insuficiente porque estaban calculadas basándose en precios estimados por debajo del precio de mercado.
En Bélgica, por ejemplo, las suministradoras de gas y electricidad están obligadas a ofrecer una tarifa social para los consumidores que necesitan protección. De este modo, hay un máximo cargo por el servicio que no puede ser excedido por las compañías.
La presión de las eléctricas
Con todo, el riesgo de padecer pobreza energética no depende únicamente del nivel de ingresos sino también de otros factores como el precio de la energía y la variación de este a lo largo del tiempo, con el consecuente impacto en la población. En España por ejemplo el encarecimiento de la electricidad y el gas entre 2008 y 2014 ha sido de un 73% y un 67%, respectivamente.
Como explicaba Greenpeace en un comunicado, aunque se reduzca a cero el consumo de electricidad, el consumidor tendría que seguir pagando una parte de la factura eléctrica fija que es proporcional a la potencia contratada. “Este término fijo ha crecido desmesuradamente en los últimos años a causa de la presión de las empresas eléctricas, que no quieren ver mermados sus beneficios”, asegura la organización. En Reino Unido, por ejemplo, se conoce las seis grandes empresas privadas que controlan los suministros básicos como las ‘big six’ porque se alían para sacar el máximo beneficio.
Otro problema común es que las instalaciones en las viviendas son muy defectuosas y las casas no son eficientes energéticamente, en parte, por el boom immobiliario de los años noventa, según algunos expertos.
Ante la magnitud de este problema es hora que los gobiernos garanticen la protección de los más vulnerables y sea posible, como se ha demostrado por ejemplo en Francia, sancionar a las grandes empresas suministradoras. En este país los cortes de suministro de electricidad y gas a personas vulnerables están prohibidas entre noviembre y marzo, cuando las temperaturas son más bajas, y el corte de agua está prohibido durante todo el año. Sería una gran oportunidad para que las instituciones europeas lideraran la lucha contra los lobbies y establecieran mecanismos de protección y garantía a las personas además de compartir experiencias entre estados miembros.
De pobreza energética nada, hablen de abusos energéticos y políticos de puertas giratorias impuestos abusivos y mentiras gubernamentales
24 noviembre 2016 | 13:17