Hoy se celebra el I Encuentro Sobre Activismo, Prensa Y Libertad De Información, primer acto de la Plataforma en Defensa de la libertad de Información (PDLI) que han puesto en marcha dieciocho entidades y profesionales. Esta plataforma nace “por la preocupación ante las amenazas a los derechos de libertad de información y expresión en España”. La plataforma está integrada por organizaciones y personas del ámbito jurídico (Unión de Fiscales Progresistas, Ilustre Colegio de Abogados y Comisión Legal Sol), del periodismo (Federación de Sindicatos de Periodistas, elDiario.es, 20minutos, Disopress y la revista Mongolia) y de los movimientos sociales y ciudadanos (OCU, CEACCU).
Con el encuentro de esta tarde, los organizadores pretenden “poner de manifiesto que la defensa de las libertades de expresión e información no es algo que pueda restringirse a un determinado sector, como el del periodismo o los medios. Sin libertad de información no hay democracia”, explican en un texto de introducción en la web. “Pero, además, los límites al ejercicio de estos derechos (a través de leyes restrictivas, acciones judiciales, o prácticas de control y represión) se dirigen tanto contra periodistas, como contra organizaciones sociales, activistas, movimientos de protesta y medios ciudadanos. Uno de los objetivos de la “Plataforma en Defensa de la Libertad de Información” (PDLI) es hacer un seguimiento y denuncia de estos ataques. Somos conscientes de la responsabilidad que supone el reto de medir la salud de la libertad de información en España: unos criterios equivocados pueden dar por resultado una foto poco fiable o falseada”.
En el intenso programa de trabajo del encuentro de la PDLI figuran, entre otros temas para la discusión, la ley de seguridad ciudadana y las consecuencias para medios y ciudadanía, regulación y garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de información de periodistas profesionales, activistas y movimientos sociales y las demandas por el derecho al honor como límite de la libertad de información.
La periodista Virginia Pérez Alonso, vicedirectora editorial del grupo 20 Minutos, preside la PDLI, mientras que la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Sonia Gumpert Melgosa, es su vicepresidenta. También integran la junta directiva Mario Tascón, Juan Luis Sánchez, Carlos Sánchez Almeida, Stéphane M. Grueso y Yolanda Quintana.
MISIÓN INTERNACIONAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ESPAÑA
Barbara Trionfi, directora adjunta del IPI.
En el acto de clausura del encuentro, participará Barbara Trionfi, directora adjunta del International Press Institute (IPI), que está participando estos días en la Primera Misión Internacional para la Libertad de Expresión en España. En esta misión, que forma parte del seguimiento a una carta oficial enviada por dichas organizaciones al Comité de las Naciones Unidas de Derechos Humanos el 17 de octubre 2014 donde se elevaron los puntos más preocupantes sobre la libertad de expresión en España, participan expertos internacionales del Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), Access Info Europe, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ),Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación Mundial de Periódicos y Publicistas (WAN-IFRA), la Federación Europea de Periodistas, y la Fundación Open Society (OSF).
Barbara Trionfi explica que el primer objetivo de la misión es “mantener conversaciones con distintos representantes de medios audiovisuales, periódicos y diarios digitales, para ver los elementos que afectan a la libertad de prensa y las posibilidades que tienen los periodistas para trabajar de forma independiente de los distintos poderes políticos y económicos”. En estos días, los componentes de la misión, tanto en Madrid como en Barcelona, se reúnen con directivos de medios de comunicación, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la oficina del Defensor del Pueblo, la Secretaria de Estado de Comunicación, la FAPE y otras organizaciones que trabajan en este ámbito.
El segundo objetivo de la misión “es generar conciencia entre los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil de la presencia de entidades internacionales que trabajan sobre los estándares internacionales de la libertad de prensa. Las leyes en España son diferentes de la jurisprudencia que genera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los periodistas deben saber que sus derechos también están protegidos por órganos que están fuera de España”.
“Con los resultados de la misión se elaborará un informe donde se identificarán los problemas y se realizarán algunas recomendaciones para el Gobierno, para organismos estatales, como es el caso de la televisión pública y también para organizaciones privadas”, comenta la directora adjunta del IPI.
Tronfi considera que en España algunas normas legales pueden impactar negativamente en la libertad de expresión. “Mi primera impresión y, según los análisis anteriores del IPI, es que, por supuesto, en España hay libertad de prensa, pero también encontramos algunos problemas que estamos considerando. Por ejemplo, la independencia de los medios públicos, un problema que es estructural y habría que mirar cómo cambiar las estructuras para que las televisiones públicas sean independientes de los gobiernos. También hay un problema con las leyes relacionadas con la difamación (injuria y calumnia), que afectan mucho a medios pequeños que no pueden defenderse al no poder afrontar los gastos que genera una querella. Por otra parte, España es uno de los últimos países de Europa que ha legislado en materias de transparencia y acceso a la información pública. Nos preocupa la Ley de Transparencia que va a entrar en vigor en unos días”.
Mientras haya medios de comunicación de todas las ideologías habrá libertad de información.Los intentos de monopolización y o nacionalización de medios de comucicación reducirán la libertad de información.
Según Pablo Iglesias que haya medios de comunicación privados es un atentado contra la libertad de expresión. O sea que la garantía de la libertad de expresión la dan en españa medios como TVE, TV3, Canal Sur, etc
02 diciembre 2014 | 12:11
La verdad es que llamar «la sociedad civil» a estos grupos puede ser un poco arriesgado.
Pero vamos a darles un voto de confianza que seguro que su intención es loable….
http://t.co/9O6k3ZetrL
02 diciembre 2014 | 13:28
¿Hablaran de la libertad de expresión española?¡Estoy casi seguro que no les dejarán, o controlarán a los periodistas, este si, este no,!
Clica sobre mi nombre
02 diciembre 2014 | 14:16
Aprovecho esta oportunidad para exponer una denuncia falsa contra mi honor hecha por una mala persona que me odia y a la que ya le he ganado todos los pleitos en los que nos hemos encontrado aunque en las otras ocasiones, eran falsedades de poca entidad que le gané sin abogado ni nada En esta no la voy a dejar pasar, se ha pasado y ya no le voy tolerar más acoso, amenazas ni mentiras y le voy a pedir daños y perjuicios. esta vez me voy a gastar lo que sea en abogados . Espero que escarmiente y me deje tranquilo como yo a él. Estas cosas solo pasan en este bendito país donde la justicia permite lo que sea de quien tiene influencias de algo.
Clica sobre mi nombre
02 diciembre 2014 | 14:41
Justicia y libertad son como la luz, positivo y negativo, debería funcionar. Pero la justicia no es justa para empezar. Porque España no tiene la última palabra, en la justicia española. TV todas tiene pilares del partido que gobierna en su casa o comunidad. Luego tienen su justicia ejemplo Cataluña. Quien puede parar a un presidente y hacerle un juicio. Contra el pueblo español. Pues hace y deshace lo que quiere, está bien que mire por sus habitantes catalanes. Pero somos una nación quien mira por los demás, no puede haber ciudadanos de segunda por que vives en otra comunidad. La lengua y la historia y el futuro deben ser de España, No futuro según las comunidades y su educación sobre la diferencia que hay entre los españoles. Somos iguales ante la ley. Donde está la ley que diga que soy igual, que otro de otra comunidad. La justicia tiene que ponerse en su lugar. En lo más alto de este País España.
02 diciembre 2014 | 16:15
Podemos afirmar que en el estado español se ha prohibido el derecho a opinar, siempre que sea una opinión crítica con el régimen.
«Hace poco alertábamos sobre la escalada represiva que el régimen está llevando a cabo contra la libertad de expresión, estirándo como un chicle el artículo 578 del código penal, ese al que llaman “delito de enaltecimiento del terrorismo”.
La detención, bautizada como “operación araña”, el pasado 28 de abril por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de 21 personas por simplemente opinar en las redes sociales abre una puerta a la total persecución de la libre expresión de ideas en público.
En los últimos días, además, se ha puesto de manifiesto que esta escalada represiva contra cualquier opinión distinta a la del gobierno es la nueva línea a seguir por el régimen, tanto desde la Audiencia Nacional como desde el resto del aparato judicial.
La condena al twittero L.J.M. a pagar 300 euros de multa, las costas del juicio y 1.000 euros de indemnización a la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, por llamarla “puta” en un comentario de twitter, constituye un absurdo, pero lo realmente grave es que la fiscalía pedía 4 años de prisión por este hecho. Es una muestra más de cómo el derecho a la libertad de expresión se está reduciendo hasta límites insospechados y de cómo los poderosos usan su privilegiada posición para amedrentrar e inculcar el terror a cualquiera que ose llevarles la contraria.
Otro ataque más a la libre opinión y expresión ha sido la reciente denuncia por parte de la policía municipal de Iruña a un grupo de personas que parodió una procesión en la pasada semana santa. A estas personas se les acusa de un “delito contra la libertad religiosa”.
Cómo comentábamos recientemente, las condenas por delitos de opinión se están haciendo habituales, como muestran las sentencias contra la twittera @albacorazonnegro (1 año de prisión), Pablo Hasel (2 años de prisión), los Bastoners Solidaris (1 año de prisión) o a Fernando Sota, el Tafallés que ingresó el pasado domingo en prisión por una condena de un año por haber puesto las fotos de dos presos políticos de su pueblo. Este último caso ha causado un gran revuelo ya que lo habitual cuando hay condenas no superiores a 2 años es dejar la condena en suspenso.
Ahora a todo esto hay que sumarle las razzias policiales como la del pasado 28 de abril.
En los últimos tiempos estamos viendo como cualquier ciudadano, simplemente por protestar en la calle, es susceptible de ser apaleado impunemente, o detenido semanas después en una nueva razzia policial, e incluso de ingresar directamente en prisión, como en el caso de Miguel e Isma, detenidos por el 22M. Tras imponer el terror contra el que se atreva a protestar en la calle, el siguiente paso está siendo imponer el terror contra el que se atreva a opinar publicamente, siempre que sea una opinión contraria a la del régimen.
La inclusión en esta operación de personas como Aitor Cuervo, un poeta antifascista con cierta relevancia, o de Aitor Martínez Ibarrola, que escribe en el medio digital popular Topatu.info, pone de manifiesto la posibilidad de que los comentarios en las redes sociales puedan usarse como una burda excusa para perseguir y reprimir a activistas sociales, a gente relevante del mundo de la cultura o a periodistas incómodos para el poder.
Las noticias difundidas por los mass-media, en las que dicen que se investiga otros 200 perfiles más de las redes sociales, nos alertan sobre la clara posibilidad de que las siguientes detenciones sean así: detenciones políticas en las que lo que se persigue son las ideas y el compromiso con ellas, pero poniendo la excusa de que “el detenido afirmó una vez en su cuenta de facebook que ‘esta boca es mía’ ”.
En definitiva, en el estado español el artículo 20 de la constitución, el que garantiza el derecho a la libertad de expresión, ha sido derogado de facto. Hemos retrocedido años atrás en el tiempo, a los años de la censura, el tijeretazo y la inquisición. Podemos afirmar que en el estado español se ha prohibido el derecho a opinar, siempre que sea una opinión crítica con el régimen».
lahaine.org
10/5/2014
02 diciembre 2014 | 21:29