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La gestión irresponsable y nefasta de las Administraciones en la crisis del ébola en España

Por Manuel Martín García, presidente de la Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Pública
y médico especialista en Salud Pública.

La gestión de la epidemia del virus ébola por parte del Ministerio de Sanidad se puede catalogar de nefasta e irresponsable. El origen del problema está en la decisión de repatriar a los misioneros afectados por la infección, sin contar con los recursos pertinentes para atenderlos, al haberse cerrado el único hospital de referencia para el tratamiento de infecciosos y enfermedades tropicales existente en España, como parte del plan de ahorro de gasto sanitario de la Comunidad de Madrid con el visto bueno de la ministra Ana Mato.

Unos 200 trabajadores del hospital universitario La Paz piden la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato. (Ángel Díaz/EFE)

Unos 200 trabajadores del hospital universitario La Paz piden la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato. (Ángel Díaz/EFE)

El hospital Carlos III estaba desmantelado, la planta habilitada para recibir y tratar a los afectados estaba totalmente abandonada, sin laboratorio, sin banco de sangre, etc. Se montó deprisa y corriendo y no disponía de un laboratorio capacitado para analizar las muestras de los enfermos, por lo que estas debieron trasladarse al Hospital de la Paz, incrementando de esta manera el riesgo de difusión de la enfermedad. Pero, además, el hospital carecía de personal experto en el tratamiento y control de estos graves problemas al haber despedido o trasladado a estos a otros centros sanitarios. Y habría que añadir, según denunciaron los propios trabajadores afectados, la escasa y deficiente formación de los profesionales que atendieron los primeros casos, que apenas recibieron un cursillo de 15 minutos, así como la ausencia de protocolos específicos adaptados a las características del centro. Los protocolos deben llegar a todo el personal y los familiares de los afectados y deben responder a las características de cada hospital, especificar qué personal se va a ocupar del paciente, por dónde va a entrar, qué pasillo va a recorrer hasta la planta de aislamiento, que medios protectores utilizar, etc.

El descontrol ha hecho posible la diseminación de la infección entre familiares, amigos y otras personas Este caos determinó que la auxiliar afectada, a pesar de haber estado en contacto con los enfermos, no estuviera sometida a control epidemiológico, por lo que a pesar de estar con fiebre más de seis días, no se despertaran todas las alarmas y tuviera que ser la propia afectada la que acudiera a un servicio normal de urgencias en demanda de un análisis y diagnóstico. El descontrol ha hecho factible el posible contagio entre familiares, amigos y otras personas en contacto con ella o con sus secreciones, que son las trasmisoras de la infección. Por no haber, no hay ni siquiera un registro del personal que atendió a los enfermos afectados para proceder a su control y seguimiento.

Entre las causas de esta situación, está la política de recorte y desmantelamiento de la sanidad pública para reducir el gasto público que ha determinado el cierre del Hospital Carlos III, el intento de convertir el Hospital de la Princesa en un centro de crónicos, el cierre de camas, el cierre de laboratorios de los hospitales y la privatización del laboratorio central y el despido de trabajadores (más de 53.000 en todo el sistema sanitario).

Entre las consecuencias cabría destacar los riesgos para los trabajadores sanitarios que no cuentan con los recursos y normas necesarios para realizar su trabajo con las debida seguridad; el riesgo ciudadano de una enfermedad de alta contagiosidad y elevada mortalidad, que está generando una gran alarma social; el descrédito de nuestro sistema sanitario que gozaba de una gran prestigio internacional; y el riesgo de que la Unión Europea adopte medidas para controlar la epidemia que puede afectar la salud y la economía de nuestro país.

Esta crisis es consecuencia directa de la deriva neoliberal de un gobierno empeñado en recortar servicios públicos y reducir las regulaciones sanitarias que garantizan la seguridad de la población, con la única finalidad de favorecer al sector privado; y de la incompetencia manifiesta de una ministra de Sanidad incapaz de gestionar el sistema público. Para hacer frente a la misma sería urgente y necesario la dimisión de la máxima responsable del Ministerio y la creación de una comisión de expertos que ponga en marcha medidas para hacer frete a la epidemia.

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