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Los lobbies en la UE: transparencia a medias

Perdón. Hace unas semanas comencé la casa por el tejado. Os hablé primero del lobby de la bicicleta –que stricto sensu ni es tal– y también del lobby laicista, pero olvidé comentar el estado de la cuestión lobista en la UE. Un tema complejo, confusamente entendido por muchos (a uno y a otro lado de la línea ideológica) y cuyo entramado legal ha experimentado cambios durante estos últimos años.

Bruselas es, después de Washington, el segundo centro de poder político del mundo donde más grupos de presión se arremolinan para tratar de influir en las decisiones de los legisladores. Hay cerca de 30.000 lobbies trabajando entre la Comisión y el Parlamento, según Corporate Europe Observatory). Una cifra muchísimo mayor que la registrada –el llamado Registro de Transparencia no es obligatorio, como sucede en EE UU- que apenas sobrepasa los 6.000 (marzo de 2014).

Una imagen del logotipo de Telefónica en su sede central (EFE).

Una imagen del logotipo de Telefónica en su sede central (EFE).

Las crónicas desde Bruselas describen un trasiego –yo cuando estuve no fui capaz de darme cuenta– de gente encorbatada circulando por los edificios comunitarios o dando información a los viandantes, sobre todo en las semanas de pleno en el PE. Más de 4000 personas, según Blanca Blay, están acreditadas para acceder a las instalaciones del hemiciclo y circular con libertad.

El asusto de la regulación de los lobbies en la UE viene de largo. En Influir para decidir, un artículo publicado en 1995 en la Revista de Estudios Políticos, Francesc Morata ya hablaba del creciente “foco de interés” de los grupos de presión. Entonces las cifras, veinte años atrás, eran mucho menores: alrededor de 3000 lobbies y 10.000 personas más o menos dedicadas a la actividad de influir. Hoy la cosa es tan diferente que, desde hace un par de años, la UE entró a regular directamente su inscripción.

Inscribirse en el Registro de Transparencia es gratuito y salvo unas cuentas excepciones –iglesias, partidos políticos, autoridades locales– el resto de organizaciones por pequeñas que sean, pueden en teoría inscribirse para influir legalmente en el proceso de toma de decisiones diarias sin tener la obligación, además, de regentar una oficina propia en Bruselas. Eso sí, todos, pequeños y grandes, deben suscribir un código de conducta.

Según el Informe anual sobre el funcionamiento del Registro de trasparencia de 2013, el útlimo disponible, más de la mitad de las organizaciones apuntadas pertenecían a empresas y agrupaciones profesionales y comerciales, y solo un tercio ONG. Una cifra que va en aumento (un 10% más cada año) según el actual sistema común –que lleva en funcionamiento varios años- va siendo conocido por las entidades con intereses comunitarios.

Visto desde España, y a pesar de que el sistema sigue siendo imperfecto, sobre todo comparado con el estadounidense, la regulación de los lobbies en la UE es de una transparencia inusitada. En España también hay lobbies, como en cualquier  otro estado, pero ni hay un registro oficial de tales ni de momento parece que vaya a haberlo en un futuro a corto plazo.

Para compensar esta carencia informativa, he hecho una somera búsqueda, en el Registro europeo, de los lobbies con sede social en España que llevan a cabo sus labores de influencia en Bruselas. El resultado de la búsqueda me devuelve casi 370 asociaciones y empresas que gastan dinero en promocionarse en las instituciones comunitarias. Hay nombres propios obvios, como Telefónica, Abertis o Repsol. Pero también muchas asociaciones agrarias, fundaciones culturales catalanas, universidades (alguna pública, como la de Vigo, y también privadas) y hasta la Gran Logia Simbólica Española, una organización masónica; aunque no todas, claro, dedican los mismos recursos ni personal a hacer lobby.

El debate sobre la regulación de los lobbies sigue siendo crucial. No hay que ser ingenuos respecto a su existencia e influencia en la política, pero tampoco conspiranoicos respecto a su poder, que a veces es menor del que se dice. El foco de debate debería ser otro: qué instrumentos son los más útiles para su regulación o si es necesario crear un registro obligatorio, como algunos especialistas en el tema, caso de Direnc Kanol, investigadora de la Universidad de Siena, argumenta positivamente en un artículo del Journal of Contemporary European Research. Ya que haberlos haylos, que al menos que los conozcamos por sus nombres y funciones.