La semana pasada supimos que la RAE había hecho 1.697 modificaciones y añadiduras en su diccionario, una actuación que había permitido que entrasen en el DRAE términos tan variopintos como culamen, gayumbos, canalillo, pepero, sociata u okupa, entre otros.
Las actualizaciones del DRAE casi siempre suelen traer polémica, ya que son muchas las personas que no están de acuerdo con la inclusión de según qué términos. Hace dos años ya hubo polémica, cuando palabras como muslamen, rojillo, antiespañol o cultureta entraron en el diccionario. A menudo, las críticas a la RAE vienen por incluir términos que, a juicio de los detractores, pudiesen resultar ofensivos, machistas, homófobos o socialmente injustos. Es lo que pasa con términos como gallego (que en su quinta acepción significa «tonto»), marica (referido al hombre homosexual) o rural (cuya segunda acepción lo define como «inculto, tosco, apegado a cosas lugareñas»).
El verano pasado, el secretario de la RAE, Darío Villanueva, se defendió de las críticas y aseguró que el diccionario en ningún caso puede regirse por criterios de corrección política. Y tenía toda la razón del mundo. La RAE sufre críticas a diario e incluso parece estar empezando a perder representatividad. No obstante, antes de criticar la inclusión de según qué términos en el diccionario, habría que tener en cuenta varias cosas.
Para entender la labor del diccionario, hay que tener en cuenta que su carácter no (solo) es normativo, sino, sobre todo, descriptivo. A diferencia de su gramática, en la que sí establece normas, la motivación principal del DRAE no es realizar una lista de palabras que se pueden decir, sino registrar los distintos usos que los hablantes hacen de las palabras. Muchas veces, independientemente de que a la RAE le guste o no la forma en que se construyen estos términos.
Por eso, cuando decimos que la RAE ha admitido una palabra, estamos siendo incorrectos. La RAE no admite palabras; la RAE incluye, incorpora o registra palabras. Y el criterio no es otro que su uso. Si la RAE detecta que un término es usado por una mediana generalidad de personas con una acepción determinada, su misión es incluir esa acepción en el diccionario. El objetivo último de un diccionario, no lo olvidemos, es que cualquier persona pueda saber qué significa una palabra que otra persona acaba de decir en la calle, no saber qué significado quieren que le demos los académicos.
Así que, nos guste o no, si los ciudadanos se acostumbran a usar palabras como marica, okupa, culamen o pepero, lo lógico es que la RAE las incluya en el diccionario.
Jueza es una barbaridad lo mismo que sería Juezo, es meter con calzador un femenino por ser políticamente correcto donde no cabe.
«Españolizar» una voz extranjera, puede ser una barbaridad, pero españolizar unas SIGLAS como es CD-ROM en cederrón, me parece que roza los histriónico.
26 junio 2012 | 08:00
¡Excelente!
26 junio 2012 | 13:41
No estoy de acuerdo con que la RAE «incluya» palabras que una «mediana generalidad de personas» usan y que de remate, hablan «asqueroso», debido a que ellos son quienes deberían enseñarnos lo correcto no lo que nosotros en la ignorancia decimos por la boca. Es algo absurdo, por favor. Eso es, por ejemplo, como si yo le aceptara a mis hijos comportamientos contrarios a las reglas de la casa. Y que solo porque como las incumplen constantemente, deba incluirlas en las normas.
01 julio 2012 | 01:58