A veces tengo la impresión de que lo único que busca el Ejército israelí con sus incursiones armadas y sus constantes violaciones de la legalidad internacional y los derechos humanos, es provocar la reacción violenta de los palestinos.
Una reacción que permita seguir justificando a los gobernantes hebreos, con la excusa de la «seguridad», la ocupación de territorios que hace décadas que tendrían que haber devuelto a sus legítimos dueños, según lo ha repetido en tantas ocasiones el Consejo de Seguridad de la ONU.
Cuando Hamás llevaba 14 meses de tregua, buscando legitimar así el poder que había conseguido en enero de este año en las urnas, el Tsahal – nombre con el que se conoce al Ejército israelí – golpeaba con fuerza a Gaza a través de ataques con artillería desde la frontera y bombardeos.
Hasta que el asesinato de la familia Galia el día 9 de junio, en la playa de Beit Lahia, empujó a los líderes del brazo armado de la organización islamista a volver a empuñar las armas.
Aún recuerdo con desazón el encuentro con uno de los cuatro supervivientes de la familia, Jamal, que acaba de volver del hospital de Israel en el que había pasado dos meses internado y que me recibió en la puerta de su casa en Beit Lahia.
Como consecuencia, Hamás llevó a cabo una operación junto a miembros de los Comités Populares de la Resistencia a través de un túnel que los condujo al puesto militar de Kerem Shalón. Allí, el 25 de junio, mataron a dos soldados y secuestraron a un tercero: el cabo Gilad Shalit.
La respuesta del Ejército de Defensa de Israel, que según muchos analistas estaba planeada de antemano, fue brutal y desproporcionada, lo mismo que sucedería semanas más tarde en el Líbano tras el secuestro de dos soldados israelíes por parte de Hebzolá (que esperaba poder utilizarlos como moneda de cambio por algunos de los cientos de libaneses que Israel había encarcelado a lo largo de los 22 años de ocupación ilegal del sur del país del cedro).
El día 27 de junio los tanques entraron tanto por el sur como por el norte, y la aviación comenzó a destruir de forma sistemática edificios públicos e infraestructuras como puentes, carreteras y centrales eléctricas.
Cuando ya parecía quedar poco por arrasar – los principales ministerios habían sido reducidos a escombros, así como todos los puentes de la franja de Gaza -, los ataques de los cazabombarderos F16 y de los helicópteros Apache se centraron en las casas de civiles, tanto líderes políticos como miembros de la resistencia, en una serie de acciones que contravienen los principios elementales del Derecho Internacional Humanitario y la Cuarta Convención de Ginebra.
Recuerdo que en los meses de julio y agosto, además de cubrir las incursiones de los blindados, me dedicaba a seguir día a día las casas que acababan de ser destruidas, en lo que no era más que otra herramienta del brutal castigo colectivo al que Israel está sometiendo a los habitantes de la franja de Gaza.
Para evitar la muerte de civiles, los soldados hebreos comenzaron a llamar por teléfono para alertar a los habitantes de la vivienda. «Abandone su casa, en veinte minutos será destruida», decía una voz en árabe o hebreo a través del teléfono. Pero lo cierto es que resultaba un método impreciso, como en el caso de una vivienda que visité en Siyaía varias horas más tarde de que fuera atacada. Por error, el misil había destruido también la casa de los vecinos, hiriendo a una anciana que se encontraba en su interior.
Otra equivocación fue la que denuncié en este blog en agosto. Los F16 lanzaron su carga sobre una vivienda pensando que pertenecía a un alto cargo de los Comités Populares de la Resistencia cuando, en realidad, hacía un año que la había vendido. El dueño de la casa me dijo: «Al menos podrían haber llamado para disculparse».
Las primeras llamadas del Ejército israelí produjeron un extraño fenómeno en Gaza. Decenas de personas comenzaron a recibir mensajes semejantes, lo que producía pánico en la población, robos en las casas vacías. La principal empresa de móviles de la región, Jawal, decidió entonces terminar con la posibilidad de establecer comunicaciones con número oculto.
Cuando los periodistas de la cadena Fox fueron secuestrados en Gaza, uno de los rumores que corría era que estaban siendo empleados como escudos humanos por los micilianos para proteger ciertas casas. Lo cierto es que, durante los 14 días que duró el secuestro, el número de ataques de la aviación israelí disminuyó notablemente.
Hasta el momento, más de 60 casas fueron destruidas siguiendo este método, que no es digno de un Estado que se llama democrático, pues condena sin juicio ni testigos a familias enteras a perder todo lo que tienen por el mero hecho de que uno de sus miembros está relacionado con alguna organización política o paramilitar.
Lo que sí parece acertado por parte de los palestinos, y todo un signo de unión en estos tiempos de fractura interna entre Hamás y Fatah, es la iniciativa que pusieron en marcha ayer de forma espontánea. A través de mensajes de teléfonos móviles y del llamado de los imán de la mezquita de Beit Lahia, más de 300 personas, en su mayoría mujeres, se congregaron en la casa de Uael Barud, guardaespaldas del primer ministro Ismail Haniya, que estaba a punto de ser bombardeada.
De haber caído en la tentanción de atacar la vivienda, el Ejército israelí habría provocado otra masacre, que se sumaría así a la larga lista que lleva a sus espaldas: la familia Galia, Qaná, Beit Hanún (tanto las dos mujeres que fueron asesinadas cuando intentaban actuar como escudos humanos, como los 18 miembros de la familia Al Kafarna).
Ese es el camino que debe seguir la población palestina, y que tanto se le reclama: la resistencia pacífica frente a la política violenta de los ocupantes. Los actos contra civiles israelíes, tanto con atentados suicidas como a través del lanzamiento de misiles Qassam, además de moralmente erróneos, le restan apoyos a su causa.
El problema es la violencia desmedida con que siempre ha respondido a estas iniciativas el Ejército israelí. ¿Cómo manifestarse de forma pacífica frente a soldados que parecen actuar sin límites éticos, a través de métodos humillantes, desproporcionados, violentos?
El caso de Rachel Corrie, que en el año 2003 murió aplastada por una excavadora en Gaza sirve de ejemplo. Ese es el precio que pagó una extranjera por atreverse a desafiar, sin arma alguna en sus manos, al poder militar hebreo. ¿Qué precio hubiese pagado en su lugar un palestino?
Quizás la respuesta esté en Bilín, ciudad cercana a Ramala en la que cada viernes se mafiestan palestinos, israelíes pacifistas y voluntarios extranjeros contra la construcción del muro. Son pocas las marchas a las que los soldados israelíes no responden con disparos y cargas.
En su excelente libro, Generación Intifada, Laetitia Bucaille, describe justamente los movimientos no violentos que surgieron durante la Segunda Intifada, y muestra la imposibilidad que tuvieron de prosperar debido a la brutal represión que padecieron. Es importante señalar que quienes participan en ellos no sólo se enfrentan a las agresiones del Tsahal, sino también a la cárcel, ya que el sistema legal israelí permite mantener a los palestinos en la prisión durante años sin tener que llevarlos a juicio.
Otra pregunta que tendría sentido formular es por qué el Ejecutivo de Ehud Olmert no dialoga con Hamás, por qué razón no busca interlocutores válidos, moderados, dentro de la estructura de la organización. No son pocos los informes de expertos del gobierno que señalan que esos canales de comunicación están abiertos, y que hay dentro del grupo islamistas facciones dispuestas a buscar una salida dialogada al conflicto. ¿Por qué aferrarse al hecho de que Hamás no reconoce al Estado de Israel, un error a todas luces, o que facciones armadas siguen lanzando Qassam? ¿Por qué no buscar el acuerdo a pesar de todo? ¿Por qué enrocarse en posiciones tan radicales?
Al analizar todos estos comportamientos, creo que resulta lógico preguntarse si el gobierno de Israel tiene intención alguna de buscar la paz y el diálogo.
O si, en el fondo, lo que intenta es enturbiar el ambiente empleando la agresión desproporcionada, grautita, sin sentido (recordemos que, en los últimos cinco meses, más de 400 palestinos han muerto en Gaza) para evitar que se aborde una vez por todas el problema de fondo: la retirada negociada de los territorios conquistados en 1967.
Una decisión que divide a los ciudadanos israelíes, que implicaría la salida de más de 200 mil colonos y la renuncia a fuentes de agua potable vitales para Israel.
Por ahora, lo único que está sobre la mesa es el plan electoral de salida de Cisjordania de Ehud Olmert. Un plan similar al que Ariel Sharón aplicó de forma unilateral en Gaza, que daría vida a un Estado palestino inviable, dividido en guetos comunicados por túneles, que Israel podría abrir y cerrar a su antojo.
¿Se busca llevar la situación a tal extremo de miseria y desesperación, que tanto los palestinos como el resto del mundo no tengan más opción que aceptar esta iniciativa si es que en algún momento Olmert la retoma y la pone en práctica?