La alargada sombra de la corrupción sigue persiguiendo al Partido Popular. Y nada parece indicar que tal persecución concluya sin que la Justicia intente alcanzar la meta que muchos adivinan al final del camino. Todos los grandes partidos políticos han tenido un ‘señor X’ en algún momento de su historia y el PP no iba a ser menos. La imputación de María Dolores de Cospedal –ex secretaria general de los populares, ex ministra de Defensa y ex presidenta de Castilla La Mancha– por la llamada ‘operación Kitchen’, eleva un escalón más las responsabilidades de la cúpula conservadora en la trama corrupta que durante años ha sobrevolado Génova 13.  Hay muchos que piensan que tras la caída de Cospedal ya sólo queda el diluvio.

Y el diluvio no lo va a detener Pablo Casado esquivando realidades, ocultando vergüenzas y echando a la plebe encima de los periodistas que se limitan a preguntar; ni tampoco acusando al Gobierno central –que bastante tiene con lo suyo– de su propia porqueriza; ni mintiéndose con que todo esto es para tapar el tema de los indultos y la unidad de España, porque mucho antes del referéndum ilegal del 1-O de 2017 al PP ya le llegaba el agua al cuello por culpa de la corrupción. Si nada tiene que temer el actual líder conservador, lo mejor es que dé la cara antes de que se la partan por dejación de funciones. Anclarse en que todo esto forma parte del pasado puede volverse contra él porque la ahora imputada, no hay que olvidarlo, le apoyó sin fisuras para alcanzar la presidencia del partido.

Un partido que sigue temblando cada vez que Luis Bárcenas –condenado el pasado mes de octubre a 29 años y un mes de prisión por blanqueo, falsedad documental y delito fiscal– abre y cierra su caja de Pandora. Su salida por la puerta de atrás de la formación conservadora en 2013, obligado por la entonces secretaria general del partido, marca un antes y un después en la historia más oscura de los populares.

Cospedal quiso acabar con el tesorero desde el mismo día que llegó a la planta noble de Génova en junio de 2008. No se fiaba de él, le parecía muy turbio en lo económico –y algo de razón debía tener porque se le han encontrado hasta el momento 69 millones de euros en paraísos fiscales de Suiza, Estados Unidos y Canadá– y misógino, machista y despótico en el trato personal. Y no paró hasta que, después de un sinfín de enfrentamientos y ante la pasividad del siempre pasivo Mariano Rajoy, llegó el famoso despido ‘en simulación y en diferido’ del antiguo jefe de finanzas y guardián de todos los secretos del Partido Popular. Nadie sospechó entonces que tal desencuentro iba a poner patas arriba a la formación conservadora, sin disimular y en directo. Pero eso fue exactamente lo que pasó cuando el despedido decidió filtrar a la prensa los famosos ‘papeles’ que llevan su nombre.

Papeles que no solo destaparon la existencia de la ‘caja b’ de la formación, los sobresueldos, los buenos habanos y las bolsas repletas de billetes con donaciones opacas –procedentes todas ellas de un buen número de empresarios que pasaban por Génova a la caza de contratos y favores– con las que el PP se dopó en numerosos procesos electorales, sino que dejaron también al descubierto la cadena de responsabilidades de todo esto dentro de la dirección del partido. Desde entonces, averiguar todo lo que sabía Bárcenas sobre cada uno de ellos se convirtió en prioritario y necesario para la cúpula del PP.

Y fruto de esta necesidad nació la ‘Kitchen’: la operación parapolicial financiada con fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.  Según el sumario, dicho espionaje fue organizado por el entonces jefe de la Policía Nacional, el ya imputado Eugenio Pino, que utilizó a hombres de su confianza para llevarlo a cabo. Pretendían hacerse con todo el material altamente sensible en posesión del ex tesorero que pudiera poner en peligro a los máximos dirigentes del partido presidido por Mariano Rajoy, que por aquel entonces también era jefe del Gobierno de España.

En esta película de espías no falta de nada: ni el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz –ya imputado–; ni su segundo, el también investigado Francisco Martínez; ni tan siquiera el comisario jubilado José Manuel Villarejo, nexo de unión entre los policías que llevaban a cabo el ‘trabajo’ y María Dolores de Cospedal, la entonces ‘numero 2’ del PP. También hay que meter en el guión a Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general y amigo del policía; al chófer del ex tesorero que acabó engañando a su jefe a cambio de dinero; a un falso cura que asaltó el domicilio de Bárcenas y quiso ‘secuestrar’ a su familia, sin olvidarnos de un sinfín de encuentros clandestinos –algunos de ellos en la planta más noble de la sede popular, sin pasar por recepción– del ex comisario que todo lo grababa con la ex secretaria general que de todo hablaba.

El cerco sobre la ‘era Rajoy’ se estrecha. La presunta participación de su ministro de Interior y de la secretaria general de su partido en el espionaje a Luis Bárcenas, para tratar de poner a salvo lo mucho y comprometido que almacenaba el hombre que manejaba los dineros del Partido Popular, deja al que fuera presidente en La Moncloa y también en Génova 13 en una posición comprometida, y sin flotador, ante el diluvio que viene.

María Dolores de Cospedal el 19 de julio de 2018, un día antes de despedirse de la secretaría general del PP. (GTRES)

Estamos condenados al indulto sin juicio previo. De nada parece servir la Ley con mayúscula, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado; de nada tampoco la dignidad y el sentido común; de nada que el autoindulto sea, además de ilegal, una farsa y un insulto colectivo; de nada resaltar que no se puede indultar porque sí a un familiar, a un amigo o al principal dirigente del partido que te mantiene como presidente del Gobierno. Que no puede el gobernante perdonarse a sí mismo y que no se puede perdonar, además, a quien no quiere ser perdonado ni tampoco a quién no cree que haya cometido ninguna ilegalidad y por lo tanto está predispuesto para volver a intentarlo a la mínima oportunidad; que no se puede llamar a la justicia venganza y que hacer que se cumplan las penas por el delito cometido nunca puede ser considerado revancha. La siempre inquietante razón de Estado lo es mucho más cuando se transmuta en razón de Gobierno.

También se ha dicho que el indulto político de los independentistas que quisieron poner patas abajo el orden constitucional servirá para cerrar heridas, volver a la senda del diálogo, de la cordura y de la esperanza; que hay que ser generosos, olvidarnos del pasado y saber perdonar por un futuro de concordia entre todos; que ya llevan tres años y medio  encarcelados y que mantener en prisión a los condenados aumentaría aún más el enfrentamiento y la distancia que separa a muchos catalanes de España. O como dijo este lunes Sánchez, “será una decisión que nos permita transitar de un mal pasado a un futuro mejor”. Ojalá sea así aunque el panorama que se vislumbra o adivina no invite al optimismo general.

(Alberto Ortega/Europa Press)

Ante este argumentario de Moncloa no son pocos, juristas especialmente pero no solo, los que están convencidos de que cualquier perdón confirmará su victoria, dará alas a los independentistas y revitalizará el movimiento. Es más: la gracia demostrará que para algunos saltarse la ley puede tener ventajas y que Cataluña no es una comunidad autónoma como las demás y que por lo tanto debe ser tratada de forma diferente. Y esto lo piensa no sólo la derecha cavernosa que se citó y volverá a citarse en Colón y que para nada representa a otros muchos ciudadanos contrarios a los indultos, sino destacados dirigentes socialistas: los viejos de toda la vida y algunos barones actuales lo han dicho abiertamente, mientras que algunos de la nueva ola callan para que Moncloa o Ferraz, que ya es lo mismo, no se los lleve por delante.

Estamos ante el presidente más liante de nuestra democracia reciente. El hombre que cambia de opinión con una solvencia sorprendente y siempre, a la vista está, pensando más en sus intereses personales que en el tan manido bien común. El hombre que un mes antes de las últimas elecciones generales, siendo presidente del Gobierno en funciones, dijo a los ciudadanos que tenían que ir a votar que estaba a favor del cumplimiento íntegro de las penas y que ahora afirma, cuando no hay elecciones hasta dentro de por lo menos dos años y medio, que la venganza y la revancha no son “valores constitucionales”.

Hay quien trata de poner en valor la “valiente” decisión del presidente y destacar el “coraje” que supone llevar a cabo un indulto con el inmenso gasto que le va a suponer, electoralmente hablando. Pero eso es hacer trampas y no conocer el cortoplacismo en el que tan bien se desenvuelve el líder socialista: Sánchez nunca ha sido un hombre de tiro largo sino más bien todo lo contrario. Su ‘gurú’ de bolsillo suele decir que hay que gobernar semana a semana y bajo esta premisa quedan muchísimas hasta finales de 2023 cuando los ciudadanos tengan que volver a votar. Y para entonces es casi seguro que más de un conejo habrá salido de su siempre prodigiosa chistera.

“Creo que los indultos no están para hacer política –ha escrito Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho– y es fácil que cuando así sea el Tribunal llamado a revisarlos pueda detectar un fuerte componente de arbitrariedad (o si se prefiere de oportunismo político o partidista) y que además le resulte difícil encuadrarlo en los conceptos jurídicos indeterminados de equidad, justicia o utilidad social que emplea la Ley. En suma, desde el punto de vista del Estado de Derecho, el menoscabo que se produce inevitablemente con un indulto de estas características no se ve compensado con ningún beneficio para los intereses generales, aunque tengan interés para un partido o partidos determinados”.

Salvando todas las distancias es como si se indulta, sin todas las garantías que prevé la ley, a un pirómano, a un cleptómano o a un maltratador. Es seguro que tras salir de prisión el pirómano vuelva a las cerillas, el cleptómano a meterse en el bolsillo lo que no es suyo y el maltratador a las hostias. ¿Se acuerdan de la fábula de la rana y escorpión? Pues el independentista no podrá evitar –así lo ha dicho y es de admirar su sinceridad y valentía al reconocerlo– volver a intentarlo, no podrá dejar de ser quien es ni actuar en contra de su naturaleza. Se nos viene encima el ‘procés 2.0’ y sólo nos queda esperar que no se nos lleve barranco abajo.

Por ese barranco por el que se tiraría sin dudarlo Iván Redondo si su jefe se lo pidiera. Por ese barranco de decorado televisivo que el hombre que todo lo sabe ha plagiado del mismísimo Aaron Sorkin para locura de sus incondicionales, periodísticos especialmente. Creíamos que con Iglesias se habían acabado la mitomanía de las series en la política española, pero no hemos tenido tanta suerte; el gran asesor ha copiado al creador de El Ala Oeste de la Casa Blanca para sumar otra genialidad a su ya lustroso catálogo. En el capítulo 3 de la sexta temporada de la citada serie, Leo Mc Garry, jefe de gabinete del presidente Bartlet, le pregunta a este si recuerda lo qué le dijo cuando le ofreció el puesto. “Necesito que te tires por un barranco”, le contestó entonces el primer mandatario norteamericano. Y por ese barranco de cartón piedra ideado por Aaron Sorkin pero trasladado a la imaginaria ala oeste de Moncloa siguen Redondo y su jefe en caída libre, sin freno alguno pero con la inestimable ayuda del Boletín Oficial del Estado, la razón de Gobierno que todo lo puede.