¿Qué es el ‘voto rogado’ en Grecia?

Por Vicky

La primera vez que alguien me dijo que la formalización de la intención de voto de los residentes en unas elecciones se llama “voto rogado”, pensé que me gastaban una broma. No porque me hiciera gracia el término, sino porque no me esperaba tal honestidad jurídica.

Conozco de primera mano de cuántas maneras te pueden fastidiar esa intención de ejercer tu derecho como ciudadano por más persistente que seas, hasta que te obliguen a resignarte de cualquier esfuerzo. Entonces, el término cobra sentido y todo lo que haces se parece más bien a un acto de desesperación, en el que ruegas una y otra vez mediante varias llamadas, correos, visitas y mucho papeleo a las legaciones diplomáticas de tu país para que te dejen votar. Si en el pasado los políticos eran los que rogaban por el voto con un sinfín de estrategias, ahora son los electores los que tienen que suplicar para ejercer su derecho.

Lo que en un principio iba a ser una medida para evitar el voto irregular, ha derivado a una especie de voto imposible. Este último se aplica en mi caso. En Grecia ni siquiera existe el llamado voto rogado para los emigrantes. El derecho a voto y a ser candidato ha sido objeto de largo debate. El caso más llamativo fue en las elecciones del 2015, la primera vez que Alexis Tsipras fue electo como primer ministro del país. En aquel entonces los dos grandes partidos griegos, el derechista Nueva Democracia y el socialista PASOK, a pesar de haber echado mano en el pasado de las subvenciones a los partidos para pagar los viajes de sus votantes desde el extranjero, movieron todas sus fichas para evitar el voto de los expatriados e incluso el de los habitantes que vivían a 200 kilómetros lejos de los colegios electorales.

Una mujer vota en las elecciones griegas. (EFE)

Para mí sería la primera vez que podría votar y, efectivamente, fue imposible hacerlo, bajo la excusa de que las papeletas no llegarían a tiempo desde España. Por supuesto hubo críticas e iniciativas para cambiar la situación, pero la legislación es tajante. De hecho, sorprende que el nuevo gobierno heleno no hizo nada para cambiar la ley al respecto. ¿Por confianza a sus electores o por pura burocracia?

Tal y como está la cosa, parece que nunca lo sabremos. Este verano los dos partidos que crearon esa incompetencia y pusieron todo tipo de pegas a su solución, según sus intereses en cada momento, fueron los que han pedido en el Parlamento heleno la resolución de esta ley. Ante la sorpresa de todos la propuesta fue denegada por el gobierno actual y han encargado su valoración a una comisión especial que dará la respuesta definitiva el próximo enero.

Hasta entonces los griegos del extranjero supongo que lo único que podemos hacer es seguir pendientes de la actualidad y seguir bromeando sobre este término burocrático para sentirnos menos humillados ante el poder.

Pegatinas que son repartidas en un colegio electoral en Estados Unidos para que los ciudadanos muestren que ya han ejercido su derecho al voto. (Jeff Kowalsky / EFE)

Todos los ciudadanos europeos, también los residentes en el extranjero, deben tener garantizado su derecho al voto. El pleno del Parlamento Europeo debatió el asunto con el Consejo y la Comisión el martes 2 de octubre.

Los nacionales de Chipre, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Malta y el Reino Unido que viven fuera no pueden votar en las elecciones nacionales, bajo la asunción de que los expatriados no se ven afectados por las decisiones políticas en su país de origen. Los residentes fuera de la UE no pueden participar en las elecciones europeas. En el caso de británicos e irlandeses que viven en otro Estado miembro, no pueden votar tampoco en las elecciones europeas.

En el caso de España, los eurodiputados apuntan a las dificultades para votar desde el extranjero. Desde 2011, los españoles residentes fuera del país están sujetos al proceso de “voto rogado”, que les obliga a solicitar el voto para cada proceso electoral. El sistema, cuyo objetivo es atajar el fraude en el voto entre los emigrantes, ha conllevado una significativa reducción de la participación de este colectivo en las elecciones.

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