Agentes del Ministerio de Medio Ambiente han matado recientemente un lobo cerca de Bulnes, en el corazón del Parque Nacional de Picos de Europa, probablemente el último ejemplar que quedaba en el sector asturiano. En realidad había dos, pero el otro, una hembra, fue abatida por los técnicos el pasado 29 de mayo en Cabrales: estaba preñada y a punto de parir cinco cachorros.

Ni son los primeros ni serán los últimos. Por que la dirección técnica del bello espacio protegido tiene previsto seguir controlando a tiro limpio el aumento de las poblaciones de cánido salvaje, aunque eso sí, “de acuerdo con todos los requisitos legales y procedimentales aplicables”. La normativa reguladora del Parque Nacional establece que, en aras de la compatibilidad de la protección de la fauna salvaje y las actividades tradicionales como la ganadería, pueden matarse lobos “siempre con arreglo a procedimientos y cuantías estrictamente determinados, si el nivel de daños registrado así lo aconseja y no hay otra solución”. Y parece ser que no hay otra solución más efectiva y entretenida para algunos que el rifle.

A día de hoy hay abiertos 69 expedientes por daño de lobo en Picos de Europa, 49 de ellos en su vertiente asturiana, con unas 115 reses afectadas. Estas cifras contrastan con las de 2006, año en el que se abrieron 35 expedientes, con 59 reses muertas.

La Asociación para la Defensa Jurídica del Medio Ambiente ULEX, presidida por un antiguo guarda del Parque Nacional, afirma que las cacerías en los Picos de Europa y su entorno suponen un nuevo episodio de “furtivismo de Estado”, pues se utilizan “medios públicos para cometer tropelías”. Y ha denunciado estas muertes en los tribunales.

Curiosamente, su postura ultraconservacionista, anteponiendo la conservación del lobo a cualquier otro aspecto, no es defendida por el Fondo Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), un referente histórico en la defensa de la naturaleza en España. Sus responsables aceptan el control de los lobos en la vertiente asturiana, donde la escasez de animales salvajes provoca que prácticamente sólo ataquen a ganado doméstico, como un mal menor para conservar sus excelentes poblaciones en la vertiente castellano-leonesa. Y concluye FAPAS:

“Quienes conozcan los Picos saben de sobra que una de las mayores actividades económicas del pastor es la fabricación de quesos. Si matamos ovejas ¿con qué hacemos el queso? Que se vayan los pastores y se queden los lobos, alegan algunos, y decimos nosotros, si no hay pastores, no hay ganado y no habrá buitres, y además, si no hay ganado ¿de qué comerán los lobos?”

En realidad el lobo ha matado 2.500 cabras y ovejas en los últimos quince años en el Parque, y los ganaderos han sido siempre indemnizados. También es cierto que paralelamente a su caza, el total de animales muertos a causa de sus ataques se ha reducido en un 85% en los últimos cuatro años.

Entonces ¿qué hacemos? ¿Seguimos matando lobos o los capturamos vivos y los llevamos a otros lugares? Y si optamos por su traslado ¿a dónde los llevamos, qué ganadero va a querer tener por vecino al terrible cánido?

Nos guste o no, el hombre marca las normas. Y ha decidido que el lobo sólo puede estar donde no haga demasiado daño al ganado. Que primero son las personas, nuestros últimos y esforzados pastores de montaña, y después los animales salvajes.

Personalmente defiendo esta filosofía, pero no su aplicación. Hace falta mucho sentido común, cada vez más escaso, junto con una brillante y minuciosa gestión de los recursos naturales, para acercar intereses desde hace miles de años contrapuestos, los del ganadero con los del lobo. El exceso de protección puede provocar exactamente lo contrario, la vuelta de los energúmenos, del veneno, del fuego y de los furtivos. Pero señores del Ministerio, miren el calendario. Estamos en el siglo XXI. Utilicen su inteligencia y sus recursos para lograr una gestión modélica en Picos de Europa que, de momento, no han conseguido.

Imágenes de la loba y de sus cinco fetos muertos en mayo pasado en Picos de Europa, obtenida por la Asociación para la Defensa Jurídica del Medio Ambiente ULEX y publicada en La Nueva España.