Un grave envenenamiento pone en peligro la recuperación del único buitre de Canarias

Butihondo, único guirre que logró recuperarse del envenamiento masivo, es atendido por los veterinarios del Oasis Wildlife.

En principio, el Cabildo de Fuerteventura informó el pasado 27 de abril de la localización de dos ejemplares de guirre (alimoche canario, Neophron percnopterus majorensis) muertos por envenenamiento y otro en estado crítico en la zona de Cofete, en el Parque Natural de Jandía. Gracias a un estupendo trabajo periodístico de Antonio Cabrera en el periódico La Provincia, ahora sabemos que el desastre fue mucho mayor y había sido ocultado por la administración insular.

En realidad han muerto envenenados seis guirres junto con un número no determinado de cuervos canarios (Corvus corax canariensis), gaviotas patiamarillas atlánticas (Larus michahellis atlantis) e incluso varios gatos.

Es el envenenamiento de fauna salvaje más grave del que se tiene registro en Canarias.

Esta altísima mortandad se produjo en plena época de nidificación, lo que supuso la muerte por inanición de todos los pollos que criaban los progenitores muertos.

Un desastre sin paliativos que pone en peligro la exitosa recuperación lograda con el único buitre de Canarias. En Fuerteventura y Lanzarote, los dos últimos reductos de esta subespecie de alimoche, solo estaban censadas 21 parejas reproductoras en 1998. Dos décadas después había ya 67.

¿Quién lo hizo?

A pesar de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil fue avisado una semana más tarde de aparecer muertos los animales, la investigación policial parece ser que va muy adelantada y todo apunta a un mismo sospechoso: uno de los muchos que tienen ganado alegalmente (y sin control) en este valioso espacio natural protegido.

Dirán algunos que es un ganadero, pero en la Península de Jandía no existen ganaderos profesionales. Durante más de 500 años ha sido un territorio privado y quienes ahora crían allí ganado no son propietarios ni de los terrenos donde tienen en precarios corrales a sus rebaños ni pagan un alquiler por el uso de los pastos. Tampoco se dedican a esta actividad a tiempo completo, sino que lo hacen como una rentable afición.

¿Cómo lo hizo?

Según los primeros resultados de laboratorio, el criminal (porque poner veneno en el campo es un delito penal) roció un animal muerto con un potente veneno ilegal denominado carbofurano, uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos que existen en el mundo. Prohibido desde 2008, muchos agricultores canarios siguen conservando en sus casas grandes cantidades del producto que con más éxito se comercializó durante décadas para luchar contra las plagas de tomateras y plataneras, el Furadán.

¿Por qué lo hizo?

Casi con toda seguridad, para matar cuervos. La subespecie canaria de cuervo está en peligro de extinción, pero siempre ha sido odiada por los ganaderos y agricultores, que la acusan injustamente de matar a las crías de cabras y ovejas, a las que arrancarían la lengua y sacarían los ojos por pura maldad; también de devorar las cosechas.

Es posible que algún cuervo ataque a alguno de esos animales si los encuentra desatendidos por sus madres al poco de nacer, pero a pesar de los numerosos controles y seguimientos realizados en los últimos años por la propia Administración, solo se han registrado seis incidentes por año en un total de 163 explotaciones ganaderas para una población de cuervos cercana a los 1.300 ejemplares.

A pesar de ello, los políticos de Fuerteventura, tan dados al populismo, se han lanzado a dar pábulo a todas estas historias no confirmadas. Han declarado al cuervo como plaga y han solicitado el control de sus poblaciones, esto es, matarlos.

Como no pueden hacerlo, pues es una especie protegida, algunos vecinos, envenenados por las soflamas de sus dirigentes, han decidido hacerles el trabajo sucio.

¿Qué pasará si descubren al envenenador?

Si la Guardia Civil consigue pruebas para llevar ante el juez, al sospechoso se le puede caer el pelo. Que se lo digan a los presidentes de dos cotos de caza y a un guarda de Navarra que el año pasado fueron condenados a dos años y ocho meses de prisión, la mayor pena impuesta hasta ahora en España por un delito contra la fauna por envenenamiento de aves rapaces.

Si se pudiese condenar también a los instigadores del envenamiento, en el Cabildo de Fuerteventura iban a quedar muy pocos políticos.

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