Si usted tiene planeado viajar próximamente a algún país de riesgo de enfermedades infecciosas y piensa acudir a un Centro de Vacunación Internacional (CVI), esto le interesa. Este artículo no trata de ciencia; sí de viajes, y de algo tan mixto como la política sanitaria. Más concretamente, de las consecuencias de su kafkiana burocracia sobre el sufrido ciudadano, sin olvidar su impacto sobre los profesionales implicados.
Imagen de US Army.
Comienzo relatando mi experiencia personal, que luego ampliaré al caso general. En el número 57 de la calle Francisco Silvela de Madrid se encuentra el más clásico de los CVI de la capital, presente allí desde que uno tiene memoria viajera. Con los años se han ido añadiendo otros centros, pero el de Silvela ofrece ciertas ventajas que, por ejemplo, no existen en el CVI del Hospital Carlos III. En este último, el servicio online de cita previa excluye a quienes viajamos con niños, obligándonos a ocupar una mañana entera colgados al teléfono, tratando una y otra vez de llamar a una línea que, o comunica, o suena sin que nadie descuelgue.
El motivo de esta distinción en el caso de los niños es que a estos no se les atiende en el Carlos III, sino en la Unidad de Pediatría del cercano Hospital La Paz. Las citas para ellos se conciertan también en el servicio telefónico del Carlos III, si uno consigue comunicar con él; pero se hace de forma individual: una cita diferente para cada adulto en el Carlos III, una cita diferente para cada niño en La Paz. Y el hecho de tener que visitar dos hospitales distintos no completa el circuito: si además hay que pagar tasas de vacunación, esto debe hacerse en un tercer lugar, una sucursal bancaria cercana. Todo un viaje antes del viaje.
En comparación con este engorroso proceso, el CVI de Francisco Silvela es rápido e indoloro. La web permite seleccionar la cita para el número total de personas, niños incluidos. Todo se hace allí, en la misma planta, incluyendo el pago de las tasas. Pero el centro de Francisco Silvela también esconde una sorpresa que al parecer es reciente, y que encaja perfectamente dentro del concepto kafkiano de la burocracia.
Si uno lo necesita, se le despachan las recetas de los medicamentos oportunos, como el Malarone –quimioprofilaxis contra la malaria– o el Vivotif –vacuna oral contra la fiebre tifoidea–. Pero cuando uno se presenta en la farmacia con sus recetas, allí le espera la sorpresa: las recetas del CVI de Francisco Silvela no son las oficiales de la Seguridad Social, por lo que no dan acceso al precio subvencionado del medicamento. En el caso del Malarone, la diferencia es de 2,6 euros a más de 26. Es decir, que aunque uno haya acudido a un centro público oficial, las recetas que allí se entregan son el equivalente sanitario de los billetes del Monopoly: completamente inútiles.
Con perplejidad, y sin poder recordar que esto me haya ocurrido en ocasiones anteriores, me pongo en contacto con el/la médico que me atendió en el CVI. Como no tengo permiso expreso para mencionar su nombre, lo dejaremos en Juana. Juana me explica que, en efecto, las recetas que hacen allí no son de la Seguridad Social (SS). “Para que en la farmacia apliquen la subvención tendréis que ir con las recetas oficiales que os hace vuestro médico de la SS”, añade. Juana me confirma además que la memoria no me falla: “Sé que en tiempos pasados sí se hacían aquí recetas oficiales, pero dejaron de suministrarlas, no sé qué problema hubo”.
El quid de la cuestión es que el CVI de Francisco Silvela no depende orgánicamente del sistema sanitario gestionado por la Comunidad de Madrid, sino del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP); es decir, de la Delegación del Gobierno. Y dado que el CVI no pertenece al Servicio Madrileño de Salud, no expide las recetas oficiales del Servicio Madrileño de Salud; a todos los efectos, un centro público despacha recetas que tienen la consideración de privadas. Juana reconoce que “respecto a la desconexión de administraciones, es algo que se debería arreglar, todos pensamos que no tiene ningún sentido, pero ya sabes: donde hay patrón…».
Para tratar de entender el alcance del problema a una escala más general, me pongo en contacto con Rosa López Gigosos, Jefa de Servicio de Sanidad Exterior del Centro de Vacunación Internacional (CVI) de Málaga. La doctora me confirma que no se trata de un problema exclusivo del CVI de Francisco Silvela, sino que afecta a muchos otros centros por todo el territorio del Estado. En concreto, me precisa, actualmente hay unos 30 CVI dependientes de la administración general del Estado (entre ellos, el de Francisco Silvela o el de Málaga), y unos 60 pertenecientes a las Comunidades Autónomas (como el del Carlos III) o a los Ayuntamientos (como el de la calle Montesa de Madrid).
“En casi todos los CVI dependientes del Estado los médicos carecen de talonarios de recetas de la Seguridad Social (del sistema autonómico de salud de la Comunidad donde el CVI se encuentra ubicado)”, señala López Gigosos. “Por tanto se prescribe en recetas, iguales a las privadas, sin financiación por parte de los sistemas autonómicos de salud”. “La forma de obtener una receta financiada es solicitar una cita con el médico de cabecera correspondiente y, si es tan amable, expedir de nuevo las recetas recomendadas por el médico de Sanidad Exterior” (la cursiva es mía).
Y todo esto, ¿por qué? La respuesta es sencilla: “En España, la Sanidad Exterior es una competencia exclusiva del Estado (establecida como tal en la Constitución), y los CVI son una parte de la Sanidad Exterior”, detalla López Gigosos. Con la transferencia de las competencias sanitarias a las CC AA, surgió un problema: la Sanidad Exterior era intransferible porque requeriría una reforma constitucional. Para permitir que las administraciones autonómicas pudieran disponer de sus propios CVI, se dio un rodeo legal, aplicando una fórmula de encomienda de gestión para ceder la titularidad a otras administraciones que sí tienen en su poder ese papelito mágico, la receta oficial.
En concreto, en Andalucía hay seis CVI del Estado (Almería, Huelva, Cádiz, Algeciras, Sevilla y Málaga) y uno de la Junta, en Granada. Este último, según López Gigosos, es el único de toda la Comunidad andaluza que administra las vacunas de forma gratuita y emplea recetas de la Seguridad Social. Así que un granadino pagará 2,6 euros por un envase de Malarone, mientras que un onubense deberá pagar diez veces más; a no ser que consiga una receta oficial por parte de su médico de cabecera o que esté dispuesto a recorrer casi 350 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta.
En resumen, y para López Gigosos, “el panorama es complejo, las desigualdades importantes, y el resultado caótico e injusto”. Pero además del impacto para el ciudadano individual, la doctora destaca su efecto sobre la eficacia de la Sanidad Exterior. Cuando los usuarios son obligados a acudir al médico de cabecera después de su visita al CVI para conseguir una receta oficial, “muchos viajeros desisten al primer contratiempo”. “Con este recorrido se pierde lo que llamamos oportunidad vacunal para numerosas vacunas como tétanos-difteria, hepatitis A y B, fiebre tifoidea, etc.”, apunta.
Por último, López Gigosos subraya también que el problema afecta a los CVI con los profesionales más cualificados y, a la vez, peor pagados: los centros dependientes del Estado utilizan especialistas que “suelen tener una formación excelente en vacunaciones de viajeros” y cuyos sueldos “son más bajos que los de cualquier otra administración”. Por el contrario, los CVI de las CC AA operan como una función más dentro del servicio de medicina preventiva y “los médicos suelen estar menos especializados”. Y por supuesto, en los centros autonómicos ofrecen toda la gama de vacunas posibles, mientras que en los estatales solo disponen de cinco, compradas con presupuesto de la Delegación o Subdelegación del Gobierno.
¿Solución? López Gigosos explica que tanto ella como sus colegas, a través de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), han denunciado el problema “en reiteradas ocasiones”. En su día se reunieron con la entonces ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que “comprendió bien la necesidad de mejorar todos los aspectos deficientes de la Sanidad Exterior, pero hubo cambio de gobierno antes de que hubiera tiempo de desarrollar los cambios”. Y el problema de fondo, concluye la doctora, es que todo esto “apenas interesa a nadie”.
¿Por qué no interesa? Los países desarrollados y solventes tienen ciudadanos que viajan; acogen a una población inmigrante que de vez en cuando regresa a visitar a sus familias; y generalmente mantienen vínculos históricos y comerciales con regiones del mundo afectadas por enfermedades infecciosas tropicales. Por todo ello, tienen sistemas de sanidad exterior y salud del viajero que son una referencia y un modelo para el resto del mundo. Aquí tenemos profesionales especializados que no solo dispensan una atención sanitaria excelente, sino que además firman publicaciones en las mejores revistas internacionales de salud del viajero y medicina tropical. Pero están enredados en un laberinto de burocracia kafkiana. Y con ellos, también lo estamos nosotros.