¿Deben los gobernantes responder por su gestión de la pandemia? ¿Y la sociedad por permitir muertes evitables?

No es ningún secreto que en España hay muchas personas descontentas o indignadas con la gestión de la pandemia por parte de los gobiernos, central o regionales. Por desgracia, el problema está en el “o“: muchas de estas opiniones suelen venir condicionadas por posturas políticas radicales que aplauden automáticamente todo lo que hacen los propios y denostan igual de automáticamente todo lo que hacen los contrarios, por lo que su relevancia es cuestionable. Pero es natural que quienes han sufrido pérdidas personales muy dolorosas por la COVID-19 descarguen su pesar contra quienes podrían haber hecho más y mejor para evitarlo.

Solo unos pocos, como este blog, hemos criticado tanto los errores de Fernando Simón o la inacción del gobierno central al lavarse las manos (un gesto ahora muy necesario literalmente, pero no metafóricamente), como los caprichos arbitrarios y anticientíficos de la Comunidad de Madrid, o aplaudido tanto la construcción del Hospital Isabel Zendal como ciertas decisiones del gobierno central que quizá no se entendían, pero que se guiaban por la ciencia del momento, a veces equivocada.

Pero más allá de nuestras pequeñas y políticas ruedas de hámster, lo cierto es que España no es una excepción. En todo el mundo, una parte significativa de la población se ha rebelado contra la gestión de sus gobiernos.De EEUU a India, de Reino Unido a Brasil, la gente se siente vulnerable y traicionada por el fracaso de sus líderes“, escribe en la revista BMJ (British Medical Journal) su director ejecutivo, el médico del Imperial College London Kamran Abbasi, en un editorial en el que defiende la tesis de que los gobernantes del mundo deberían responder, ser evaluados y, en su caso, asumir castigos por su gestión de la pandemia.

Al comienzo de esta crisis, y sobre todo cuando la gente se vio de repente confinada, abundaban los comentarios alusivos a distopías de ciencia ficción, porque muchos apenas podían creer lo que estaba ocurriendo. Entiéndase que esto, en realidad, no era inconcebible, sino todo lo contrario, una catástrofe largamente anunciada: en 2015 y a propósito del entonces nuevo coronavirus MERS escribí aquí que sobre la posibilidad de una inmensa pandemia letal eran “muchos los epidemiólogos, virólogos y otros especialistas a los que durante años se les ha secado la boca a fuerza de repetir que en en este caso la pregunta no es si sucederá, sino cuándo“.

Lo cierto es que, durante años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos e instituciones gritaron a quien quisiera escuchar que una terrible pandemia era inminente. En 2007, como escribí para otro medio, “a juicio de la Organización Mundial de la Salud, el mundo está más cerca que nunca de otra pandemia desde 1968“. Por entonces los autores de un estudio sobre la gripe de 1918 decían confiar en que sus resultados ayudarían a luchar contra “la inevitable pandemia que puede matar a decenas de millones”.

Una calle de Madrid en octubre de 2020. Imagen de Efe / 20Minutos.es.

Una calle de Madrid en octubre de 2020. Imagen de Efe / 20Minutos.es.

Inconcebiblemente, hoy hay quienes todavía no se lo creen, y siguen pensando que esto no está ocurriendo, o que sí está ocurriendo, pero que es culpa de Spectra, Lex Luthor o el Dr. Maligno. O de Bill Gates; quien, por cierto, es uno de los que llevaban años advirtiendo sobre el riesgo de una gran pandemia. Pero si la gente de a pie ha podido permitirse el lujo de ignorar las repetidas advertencias de que alguno de los innumerables virus emergentes en la naturaleza podía llevarnos a donde estamos ahora, en cambio los gobiernos no podían ignorarlo. Y a pesar de todo, lo hicieron.

En la próxima asamblea general de la OMS, que se celebrará en mayo, un tema estrella a discutir será por qué el mundo no estaba preparado, no escuchó y no reaccionó, ni siquiera cuando el 30 de enero de 2020 se declaró la Emergencia Sanitaria de Preocupación Internacional (PHEIC), la definición técnica de la OMS que, según el Reglamento Sanitario Internacional firmado en 2005 por 196 países, debería haber disparado la adopción de medidas. Se pregunta Abbasi en el editorial del BMJ: “¿Cómo de grande es la omisión de no actuar inmediatamente después de que la OMS declarase una PHEIC el 30 de enero de 2020?

La inmensa mayoría de los países tardaron entre un mes y medio y dos meses en adoptar dichas medidas, y solo lo hicieron cuando la OMS comenzó a hablar informalmente de “pandemia”, que no es un término oficial como sí lo es la PHEIC. La OMS quiere analizar qué falló y por qué; dos investigaciones preliminares, una de la propia organización y otra de un panel asesor independiente, servirán de punto de partida. Por su parte, la OMS estudiará si debería reformar su sistema de alertas.

Pero incluso una vez se pusieron en marcha esas medidas, a España se le criticó que la desescalada posterior fue prematura y atropellada. Posiblemente la llegada del buen tiempo ayudó a reducir los contagios, pero el exceso de confianza llevó a que nuestro país se convirtiera después del verano en uno de los pozos negros de la pandemia en el mundo.

Y pese a ello, las medidas más drásticas nunca regresaron. El gobierno central se lavó las manos y dejó el problema en manos de las comunidades autónomas. Estas actuaron como a cada una se le antojó. Cuesta creer que al menos uno de los objetivos no fuese diluir las críticas entre los distintos colores y formaciones políticas, ya que esto fue exactamente lo que sucedió: a partir de entonces, no solo se aplacó la ferocidad de quienes antes gritaban, sino que unos pocos cientos de muertes al día ya resultaban aceptables siempre que las cifras fuesen inferiores a las de abril, e incluso motivo para el triunfalismo si hoy había algunas menos que ayer, y ayer menos que anteayer.

Pero hemos seguido teniendo cientos de muertes al día, todos los días, de lunes a domingo, durante meses. Se diría que estas muertes ahora escandalizan menos que las de abril, que esas vidas cuentan menos que las de abril. Ya nadie pregunta por qué no se ven ataúdes en TV. ¿Nos hemos acostumbrado, o es que estas muertes importan menos porque todos los bandos políticos tienen las suyas?

Y, al contrario, estas muertes de hoy deberían resultar aún más escandalosas que las de abril, porque hoy la ciencia tiene un conocimiento mucho mayor de cómo evitarlas. Durante el año de pandemia han aparecido docenas de estudios epidemiológicos que han analizado cuáles son las medidas más eficaces para reducir los contagios. La sorpresa ha sido que el confinamiento domiciliario no resulta tan beneficioso como se creía, y que de hecho puede aumentar la transmisión en los hogares.

Pero los principales y más amplios estudios, ya comentados aquí a lo largo de estos meses, tienden a converger en un pequeño grupo de medidas: prohibir las reuniones de más de 10 personas, cerrar los centros educativos, los centros de trabajo y los negocios no esenciales, sobre todo aquellos de alto riesgo donde el uso de la mascarilla no es permanente, como bares y restaurantes.

¿Se consigue algo con medidas más permisivas? Sí, por supuesto; en esto coinciden los estudios científicos rigurosos y las observaciones anecdóticas de la experiencia. Pero no se consigue tanto como se podría; se están permitiendo muertes que podrían evitarse. Y como se pregunta Abbasi, “cuando los políticos y los expertos dicen que están dispuestos a permitir decenas de miles de muertes prematuras para buscar la inmunidad poblacional o en la esperanza de apoyar la economía, ¿no es esto una indiferencia temeraria y premeditada hacia la vida humana?” “Cuando los políticos desprecian a sabiendas las recomendaciones científicas, la experiencia histórica e internacional, y sus propios modelos y estadísticas alarmantes porque actuar va contra su estrategia o ideología política, ¿es eso lícito?

Por ello, comenta Abbasi, “como mínimo la COVID-19 podría clasificarse como asesinato social, tal como explicaron recientemente dos profesores de criminología“. El director ejecutivo del BMJ se pregunta si sería posible incluir la mala praxis en salud pública dentro de los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, reconoce que establecer los estándares contra los cuales juzgar un supuesto crimen de este tipo sería complicado. Pero apunta una posible pauta: los países que han aplicado medidas más estrictas durante más tiempo y que con ello han conseguido resultados infinitamente superiores a otros, como Nueva Zelanda o Taiwán. Aún más complicado sería encontrar mecanismos legales por los cuales responsabilizar a los políticos, más allá de su propia decisión de dimitir –más bien rara– o la de los votantes de echarlos de su sillón.

Por último, Abbasi también propina un buen guantazo a los medios de comunicación, a los que recuerda “su deber de decir la verdad al poder y de responsabilizar a las autoridades“. Y sin embargo, prosigue, “muchos de los medios son también cómplices, atrapados en silos ideológicos que ven la pandemia a través de una lente de tribalismo político“. Aunque Abbasi centra sus críticas en su país, Reino Unido, es evidente que en España los medios de izquierdas han respaldado sin la menor fisura toda la actuación del gobierno central, y que en los de derechas no se encuentra la más mínima crítica a la gestión de sus correligionarios, como el gobierno regional de Madrid.

Esta semana la responsable de emergencias de la OMS, Catherine Smallwood, ha advertido contra el levantamiento de las restricciones en España. Nuestros niveles de transmisión son tan brutales que serían intolerables en otros países con cifras mucho más contenidas y con medidas mucho más drásticas. En el País Vasco un juez ha permitido reabrir la hostelería, despreciando la ciencia y a los científicos, calificando las restricciones como “medievales”, cuando es quien niega la ciencia el que está anclado en la Edad Media. ¿Debería también este individuo responder por una decisión que costará vidas? En las líneas editoriales de los medios, siempre tan militantes para otras cuestiones, se observa una tibieza escalofriante a la hora de valorar la prisa de los políticos por tumbar las restricciones, cuando no directamente un negacionismo de las evidencias científicas que ruegan a gritos no relajar las medidas.

Algunos [políticos] han expresado contrición, pero ‘lo siento’ suena a hueco mientras las muertes suben y las políticas que salvan vidas son deliberadamente evitadas, demoradas o mal aplicadas“, dice Abbasi.

Pero ¿debemos descargar toda la culpa en los políticos, cuando gran parte de la sociedad aplaude una relajación de las medidas que va a causar muertes? ¿Cuántas vidas de otros vale que la nuestra se acerque lo más posible a la normalidad? En Suecia, un país muy criticado por la laxitud de su actuación contra la pandemia, hasta un 30% de la población se confinó voluntariamente durante la primera ola, sin obligación legal alguna. Muchos establecimientos cerraron por decisión de sus propietarios. Allí la sociedad dio una lección a los políticos.

Hoy sabemos que esto no durará eternamente; el virus probablemente sí lo hará, pero entre la vacunación general, la inmunidad a diferentes epítopos del virus que poco a poco vamos a ir construyendo y la mayor vigilancia epidemiológica que seguirá la pista estrechamente a la evolución del SARS-CoV-2, podemos esperar que quizá en un par de años, o incluso menos, la amenaza se sitúe en un nivel similar al de las gripes estacionales, según la previsión más común entre los expertos.

Hasta entonces, es obvio que muchas personas no podrían aguantar sin su empleo o sin su negocio. Pero la solución a los problemas económicos debe ser económica. No puede taparse ese agujero con más muertos. Y si los gobernantes eligen esta segunda solución porque les resulta más barata que sostener a quienes más lo necesitan, ¿cómo es posible que la sociedad no reaccione? ¿Tanto se nos ha endurecido la piel que ya no nos importa?

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