Archivo de diciembre, 2020

Por qué a las autoridades les interesa hacerte un test de antígeno, pero a ti te interesa hacerte una PCR

Me consta que hay mucha gente confusa por lo que a todas luces es un flagrante paradojo (no, no es una errata): todos los medios ya han contado que los test de antígeno de la COVID-19 no están recomendados para personas asintomáticas, y sin embargo muchas autoridades, en España y otros países, están testando masivamente a la población asintomática con estas pruebas. ¿Qué está pasando?

Hay una explicación para ello, aunque no es tranquilizadora.

Por mi parte, opino que la razón de las autoridades para hacer lo que hacen es válida y defendible, pero solo siempre y cuando informen a los ciudadanos de dicha razón y del propósito de estos test. Cosa que no están haciendo. Y al no hacerlo, resulta que el ciudadano obtiene una idea errónea del resultado del test: esa persona piensa que está obteniendo un diagnóstico, si tiene o no tiene el virus, cuando lo cierto es que el test únicamente está determinando si puede ser un peligro de contagio para otros, sin importar si ella misma está enferma o no.

Para empezar, y brevemente, dado que esto ya lo he explicado en numerosas ocasiones, para este propósito debemos diferenciar entre dos tipos de test: moleculares y de antígeno. Ambos están dirigidos a detectar una infección activa, a diferencia de los de anticuerpos, que revelan una infección pasada (o la inmunidad adquirida por vacunación).

Los test moleculares analizan la presencia del ARN del virus, es decir, su material genético, y lo que generalmente hacen estas pruebas es producir muchas copias de ese material, si está presente, para poder detectarlo. El ejemplo más conocido de test molecular es la PCR, pero hay muchos otros; también lo es el TMA recientemente utilizado en España, que emplea un mecanismo distinto. En resumen, los test moleculares son como microscopios analíticos: amplifican mucho lo que hay para poder observarlo.

En cambio, los test de antígeno detectan una proteína del virus, normalmente la proteína Spike o espícula, el pincho que el SARS-CoV-2 emplea para adherirse a las células humanas e infectarlas. En este caso no hay multiplicación de copias, porque esto no puede hacerse con una proteína. Por lo tanto, un test de antígeno no amplifica nada; detecta lo que hay. Y por ello, es mucho menos sensible que un test molecular, normalmente entre 100 y 10.000 veces menos.

Con esto se entiende que los test de antígeno son mucho más propensos a dar falsos negativos que los moleculares: personas que realmente están infectadas, pero que tienen el virus en baja cantidad. Una PCR daría un resultado positivo, pero quizá un test de antígeno no alcance a detectar su baja carga viral.

Así, pretender equiparar de cara al público el uso y los resultados de los test de PCR con los de los test de antígeno es erróneo y engañoso. Tomemos como ejemplo el test adquirido por varias comunidades autónomas, el Panbio de Abbott.

Test rápido de antígeno Panbio. Imagen de Abbott.

Test rápido de antígeno Panbio. Imagen de Abbott.

El prospecto de uso de esta prueba dice:

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device es una prueba rápida de diagnóstico in vitro para la detección cualitativa del antígeno (Ag) del SARS-CoV-2 en muestras de hisopado nasofaríngeos humanos de individuos que cumplen con los criterios clínicos y/o epidemiológicos de COVID-19.

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device es solo para uso profesional y está destinado a ser utilizado como ayuda en el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2.

La prueba proporciona resultados preliminares de la prueba (sic). Los resultados negativos no excluyen la infección por SARS-CoV-2 y no pueden usarse como la única base para el tratamiento u otras decisiones de manejo.

Es decir, el test de antígeno de Abbott aclara que debe utilizarse en personas con claras sospechas de padecer COVID-19; y que es una ayuda al diagnóstico, pero que un resultado negativo no debe tomarse como una confirmación de ausencia de infección.

En la web del producto, la compañía precisa que el test está indicado para pacientes con sospecha de infección actual por COVID-19, y que “también puede ser útil para respaldar estrategias de salud pública, como el rastreo de contactos y pruebas a gran escala de personas con sospecha de tener infección activa“. En EEUU este mismo test de Abbott se vende bajo otro nombre, BinaxNOW, y en formato de tarjeta en lugar de cartucho. La web de Abbott para el BinaxNOW añade que el test “puede identificar estos antígenos, que típicamente se detectan después de que empiecen los síntomas“, y que la prueba detecta el virus en la parte temprana de la enfermedad, cuando la gente es más infecciosa“.

A todo esto hay que añadir una salvedad: una carta reciente a la revista The Lancet alerta de proclamas infladas de sensibilidad para los test rápidos de COVID-19“. Los autores, de la Universidad de Yale, escriben: “Los fabricantes han presentado la sensibilidad y especificidad de estos test de un modo que infla estas características de su validez“. En concreto, mencionan el BinaxNOW de Abbott al que la compañía adjudica un 97,1% de sensibilidad. Pero en realidad esta no es una medida de la sensibilidad real, sino una comparación con un test de PCR, los cuales a su vez tienen diferentes sensibilidades en función de lo mejores o peores que sean. Ajustando este parámetro, dicen los autores, la sensibilidad real del test de Abbott se quedaría en un 89,4%; es decir, más de diez falsos negativos de cada cien infectados. “Las organizaciones que confían en el BinaxNOW están ignorando el triple de infecciones de lo que creían“, alerta el estudio.

Pero los investigadores de Yale añaden: “El uso de estos antígenos en el mundo real se ha extendido más allá de la autorización de emergencia para el diagnóstico con síntomas, al cribado de rutina. El cribado es fundamental para el control de la COVID-19, particularmente porque las infecciones silenciosas (es decir, asintomáticas y presintomáticas) son los principales motores de la transmisión. Sin embargo, no se ha evaluado la utilidad de los test rápidos de antígenos para la detección de infecciones asintomáticas o durante el periodo de incubación. El riesgo de ignorar o malentender las imperfecciones de la sensibilidad de los test se pone de manifiesto por el brote en la Casa Blanca, donde se confió exclusivamente en un cribado rápido de antígenos como medida suficiente para prevenir la transmisión“.

Esto último se refiere al brote que afectó a la sede presidencial de EEUU –incluyendo al propio Donald Trump–, donde se celebraron numerosos eventos multitudinarios confiando solo en el test de Abbott; según contaron varios expertos al diario The New York Times, el error fue que estos test “se usaron incorrectamente, para testar a personas que no tenían ningún síntoma“.

Pero incluso este 89,4% de sensibilidad del test de Abbott puede ser una sobreestimación: un estudio reciente con datos reales en Países Bajos y Aruba encontró que la sensibilidad del Panbio se sitúa entre el 72,6% y el 81,0%. Es decir, que hasta más de 27 infectados de cada 100 pueden marcharse a casa con un test de antígeno negativo, pensando que no tienen el virus.

Todo lo cual nos devuelve a la pregunta inicial: si estos test de antígeno son tan falibles, ¿por qué las autoridades los están utilizando en cribados masivos?

La respuesta es esta: porque a nivel epidemiológico, las autoridades consideran que un cribado masivo de la población con test de antígenos va a interceptar muchos de los posibles casos de personas que podrían transmitir el virus a otras. La facilidad y la rapidez de estos test hace que compense el dejar escapar un cierto número de infectados si con ello se logra identificar un número comparativamente mucho mayor.

Un estudio del Panbio de Abbott dirigido por Oriol Mitjà en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona concluyó que la utilidad diagnóstica del test es particularmente buena en muestras con cargas virales asociadas con un alto riesgo de transmisión viral“, en realidad con independencia de la presencia de síntomas (los datos actuales muestran que la carga viral no necesariamente tiene por qué ser diferente en personas sintomáticas y asintomáticas, pero también que, aunque los asintomáticos infectan, posiblemente infecten menos que los sintomáticos).

Es decir, que el test de Abbott no trata de identificar quiénes están infectados, sino quiénes pueden contagiar a otros. El Panbio, según la propia compañía, “identifica pacientes potencialmente contagiosos en 15 minutos“. Y a esto se agarran las autoridades, con la idea de que el cribado masivo va a reducir los contagios. Pero en los lugares donde esto se hace bien, los test de antígeno se repiten de forma periódica, para capturar un posible momento en la evolución de la infección de una persona en que su carga viral salte en el test. Por ejemplo, en Singapur todos los trabajadores de varios sectores industriales reciben un test una vez a la semana o cada quince días, lo mismo que los contactos estrechos de los positivos. Si se hace un test y ya, como está ocurriendo en España, solo se obtiene una foto fija. Pero esa foto fija puede cambiar de hoy a mañana.

El problema principal, claro, es que la persona que va a hacerse un test de antígeno porque las autoridades la han convocado para ello piensa inocentemente que va a recibir un diagnóstico; que va a saber si tiene el virus o no. Y no es así. Es por ello que uno de los máximos responsables de Sanidad de Reino Unido, James Bethell, ha publicado una carta advirtiendo de queel testado de muestras de personas sin síntomas no es una manera precisa de cribar a la población general, y hay un riesgo real de dar una falsa sensación de seguridad […] Solo debería testarse a las personas con síntomas de COVID-19“. Los comentarios de Bethell responden a un estudio en Liverpool en el que un cribado masivo con un test de antígeno (otro diferente al de Abbott) detectó menos de la mitad de las infecciones asintomáticas, el 48,89%.

En resumen, sí, el cribado masivo de la población con test de antígeno tiene una indudable utilidad epidemiológica, ya que puede cortar muchas posibles cadenas de contagios que de otro modo se iniciarían a partir de personas que están infectadas y no lo saben.

Pero un test de antígeno no es un diagnóstico. Y si las autoridades que disponen estos cribados no explican claramente a los ciudadanos que el test no va a decirles si están infectados o no, sino solo si en el momento del test existe un riesgo evidente y extremo de que contagien a otros, entonces no solamente se está engañando a la población, sino que se menoscaba la propia utilidad del cribado masivo: una persona que se marcha con un falso negativo se lanzará alegremente al mundo –y a las reuniones navideñas– pensando que está libre del virus, cuando en realidad posteriormente podría convertirse en un peligro para otros si su carga viral asciende.

Naturalmente, muchos se preguntarán: entonces, ¿de qué me sirve un test de antígeno? A efectos de lo que buscan quienes quieren reunirse con sus familiares sabiendo con certeza que no llevarán el virus con ellos, un test de antígeno no es una buena opción. Para este fin, solo una PCR sirve.

Sorpresa: la medida que más reduce los contagios no es el confinamiento, sino la limitación de reuniones y los cierres

A lo largo de estos meses, es mucho lo que la ciencia nos ha enseñado sobre esta pandemia y el nuevo virus, todo lo cual será inmensamente valioso si algún día nos vemos enfrentados a algo peor.

Sí, sé que puede resultar extraña la mención de algo peor, o incluso de la próxima pandemia cuando aún no hemos salido de esta. Pero no olvidemos que los anteriores coronavirus epidémicos, el SARS-1 y el MERS, eran entre 10 y 30 veces más letales que este; la gripe aviar H5N1 mata 60 veces más que la COVID-19. Y no hace falta explicar la mortalidad del ébola. Este último es de más difícil contagio, pero el sarampión, el virus más contagioso del mundo, es hasta casi 10 veces más infeccioso que el nuevo coronavirus. SARS-1 y MERS pudieron contenerse con relativa facilidad gracias a que no se observó transmisión asintomática o presintomática, la que nos ha llevado al desastre de la cóvid. No hay ninguna razón científica para que no pudiese surgir la tormenta perfecta, la madre de todos los virus: tan infeccioso como el sarampión, con transmisión asintomática, tan letal como la gripe aviar o el ébola. Y no queremos imaginar lo que esto significaría. Si se contagiara el 90% de los contactos de cada infectado y muriera entre el 60 y el 90% de ellos, no habría infraestructura ni personal para atender a los enfermos. No se sabría qué hacer con los fallecidos. No habría científicos desarrollando una vacuna. El orden social se descompondría. Sí, podría ser muchísimo peor.

Entre esas cosas que la ciencia nos ha enseñado se cuenta el mayor estudio epidemiológico de la historia en condiciones reales: más de cien países desplegando distintas medidas al mismo tiempo contra un mismo virus y documentando los resultados; todo ello está generando un inmenso volumen de datos que permitirá a los epidemiólogos refinar las estrategias de lucha contra la actual pandemia, y responder mejor contra otras futuras.

Como ya he contado aquí anteriormente, una conclusión general que puede extraerse de todos estos estudios es que cualquier medida de restricción del contacto entre personas consigue alguna reducción de los contagios respecto a no hacer nada: restringir la movilidad, limitar las reuniones, los aforos o los horarios, cerrar los establecimientos, los centros de trabajo o las escuelas…

Cualquiera de estas medidas por separado logra algún efecto; si bien, como es lógico, no todas tienen la misma eficacia, y las medidas menores solo consiguen efectos menores. Pero aunque ciertos líderes políticos den muestras de estar aún anclados en el pensamiento mágico, para esto no hay décimos, números de la suerte ni bombos: impones medidas, los contagios bajan. Retiras medidas, los contagios suben. Así funciona el mundo real. Lo hemos visto en Madrid, donde la epidemia ha repuntado de nuevo cuando se han retirado las restricciones discriminatorias por zonas, aunque el mensaje políticamente conveniente sea que la culpa es del Black Friday y de los puentes.

Entre todas estas medidas, existe una que marca el listón máximo: el confinamiento domiciliario. La orden a todos los ciudadanos de permanecer en casa se ha aplicado con distinta frecuencia y duración en diferentes lugares. Pero allí donde se ha evitado, como en España durante este otoño, no ha sido por considerarse innecesaria o superflua, sino por intentar mantener la actividad económica, aun a costa de perder más vidas. Con esto no pretendo minimizar los perjuicios que causa el confinamiento domiciliario en otros aspectos: los causa, y muy graves. Pero es una cuestión de prioridades.

Confinamiento de la COVID-19 en Turín (Italia). Imagen de pxhere.

Confinamiento de la COVID-19 en Turín (Italia). Imagen de pxhere.

Se ha dado por hecho que el confinamiento, como medida que engloba y supera a todas las demás, es la más efectiva. Pero ¿es así? El problema es que ciertos estudios anteriores no han podido separar claramente cuál es el impacto añadido del confinamiento domiciliario respecto a otras medidas parciales, como los cierres o las limitaciones de movilidad. Sin embargo, algunos estudios que ya habían examinado el efecto incremental de las distintas medidas parecían apuntar a que el confinamiento realmente no aportaba tanto beneficio adicional como podría esperarse.

Un nuevo y amplio estudio internacional publicado en la revista Science socava aún más la efectividad del confinamiento. Los autores han analizado separadamente el impacto de distintos tipos de medidas en 41 países durante la primera oleada de la pandemia, desde enero hasta mayo.

Y este es el resultado: la medida con mayor impacto en la reducción de contagios es prohibir las reuniones de más de diez personas, seguida, por este orden, del cierre de escuelas y universidades, la prohibición de las reuniones de más de cien personas, el cierre de los negocios no esenciales, cancelar los eventos con más de mil personas y el cierre de los negocios calificados como de alto riesgo (bares, restaurantes y locales nocturnos).

Añadir a estas medidas el confinamiento domiciliario aporta un extra de reducción de contagios, pero es menor que la eficacia de cada una de las anteriores medidas por separado: en torno a un 15% adicional de disminución de la tasa de reproducción (a cuántas personas, como media, contagia cada infectado), frente al más del 40% que logra la medida más eficaz de todas, la prohibición de las reuniones de más de diez personas. En este gráfico del estudio puede verse el efecto de las distintas medidas en la tasa de reproducción del virus:

Efecto de las distintas medidas en la reducción de la tasa de reproducción del virus de la COVID-19. Imagen de Brauner et al, Science 2020.

Efecto de las distintas medidas en la reducción de la tasa de reproducción del virus de la COVID-19. Imagen de Brauner et al, Science 2020.

Es importante tener en cuenta que algunas de estas medidas son independientes entre sí, por ejemplo el cierre de escuelas y el de establecimientos comerciales. Sin embargo, otras son acumulativas, como las prohibiciones de reuniones de más de mil, cien o diez personas, o el cierre de los negocios de alto riesgo o el de todos los no esenciales. En estos casos, lo importante es considerar cuánto beneficio añade subir un escalón más en las restricciones. Y esto es lo que concluyen los autores: “Cerrar la mayoría de los negocios no esenciales de atención al público solo resulta un poco más efectivo que los cierres que solo afectan a los negocios con alto riesgo de infección, como bares, restaurantes y locales nocturnos”.

Llama la atención el hecho de que el cierre de escuelas y universidades aparezca como la segunda medida más eficaz. Durante meses, diversos responsables políticos han difundido el mensaje de que los centros educativos no están contribuyendo a los contagios. Y si bien, como también señalan los autores, los contagios en la segunda ola en toda Europa –no solo en España– han experimentado un aumento considerable en la franja de población más joven, se nos ha vendido la idea de que esto se debía al ocio.

Los resultados del estudio no parecen apoyar esta idea; en su lugar, los autores sugieren que probablemente muchos niños y jóvenes estén contrayendo el virus en los centros educativos sin que estos casos se revelen, ya que con gran frecuencia son asintomáticos, pero que después transmiten el virus en casa a sus familiares de mayor edad. Los autores reconocen que la reapertura de colegios y universidades no necesariamente llevará a grandes repuntes de contagios si se toman medidas como la reducción del número de alumnos por aula, distancias y mascarillas, pero concluyen: “Las instituciones educativas pueden tener aún un gran papel en la transmisión, a pesar de las medidas de seguridad”.

En resumen, y según el nuevo estudio, la combinación de limitación de reuniones a diez personas, el cierre de escuelas y universidades y la clausura de bares, restaurantes y locales nocturnos son la mejor apuesta para contener la propagación del virus, mientras que “decretar una orden de permanecer en casa tiene un efecto pequeño cuando un país ya ha cerrado los centros educativos y los negocios no esenciales y ha prohibido las reuniones”, dicen los autores.

Conviene insistir en la conclusión: no es que el confinamiento no consiga una mejora, que sí lo hace, sino que tal mejora es pequeña en comparación con el efecto de aplicar otras medidas, lo cual puede cuestionar seriamente si compensa imponer confinamientos obligatorios, teniendo en cuenta sus múltiples consecuencias disruptivas y traumáticas (consecuencias que, por cierto, no ocurren con la vacunación obligatoria que en cambio nadie parece plantearse, lo que nos lleva a concluir que aún hay mucho recorrido en la educación bioética).

Pero como suelo advertir aquí, este estudio no debe tomarse como un dogma definitivo e inmutable a grabar en piedra. Los propios autores aclaran: “Nuestras estimaciones no deberían tomarse como la última palabra en la efectividad de las medidas no farmacológicas”. No es la conclusión definitiva; la ciencia siempre es un proceso en construcción. Pero sí es la ciencia más actual, y por lo tanto la que debería guiar la toma de las decisiones actuales. Esto, si los responsables políticos quisieran escuchar a la ciencia.

Diez datos sobre la nueva variante inglesa del coronavirus

Con respecto a la nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 de la COVID-19 identificada en Reino Unido y que está desatando el pánico, quisiera traer aquí unos cuantos datos para poner las cosas en su adecuado contexto:

  • Todo virus está mutando constantemente. Es parte natural de la biología. Respecto al virus de la COVID-19, existen ya cientos de miles de mutaciones. En la proteína Spike (espícula), la que se une a las células, hay ya catalogadas unas 4.000 mutaciones, según el consorcio genómico de COVID-19 de Reino Unido.
  • Sobre esta nueva variante surgida en Inglaterra, llamada B.1.1.7 o VUI-202012/01, ha dicho Boris Johnson que es un 70% más contagiosa. El dato procede de un informe del comité asesor del gobierno británico, según el cual la secuencia genómica de la variante sugiere que podría multiplicarse un 71% más deprisa (es decir, 1,7 veces), lo que podría traducirse en un aumento en la tasa de reproducción (a cuántas personas contagia como media cada infectado) de entre 0,39 y 0,93. O sea, que si actualmente la tasa de reproducción del virus en España está casi en 1 (por debajo de 1 es cuando la epidemia empieza a descender), con la nueva variante podría ascender a entre 1,4 y casi 2.
  • Sin embargo, y dado que aún no hay estudios disponibles, todo lo anterior es teórico. De hecho, cuenta la revista Science que los expertos desconfían de estas previsiones: según el virólogo Christian Drosten –el mayor experto en Alemania, el primero que desarrolló un test de PCR contra este nuevo virus–, “hay demasiadas incógnitas para decir algo así”. Drosten señala que la nueva variante contiene una deleción (pérdida) de un fragmento genético, lo que otros estudios han mostrado que no aumenta, sino que reduce la infectividad del virus. Los expertos coinciden en que es prematuro hablar de una mayor infectividad.
Ilustración del coronavirus SARS-CoV-2. Imagen de CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / Wikipedia.

Ilustración del coronavirus SARS-CoV-2. Imagen de CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / Wikipedia.

  • Quisiera recordar aquí que hace meses surgió una nueva variante del virus llamada D614G (por la mutación concreta que portaba) que se extendió por Europa rápidamente y después por todo el mundo. Sobre esta variante se dijo que era mucho más infecciosa, lo que luego se ha cuestionado. Se dijo que aumentaba la mortalidad un 50%, lo que después se desmintió. Y los estudios mostraron que se multiplicaba 10 veces más deprisa.
  • Si en efecto esta nueva variante fuera más infecciosa, es de esperar que acabe imponiéndose a los demás linajes que están circulando ahora. Con vuelos o sin vuelos. Sería raro que no estuviera ya más extendida de lo que hasta ahora se ha detectado, y que no estuviera ya aquí.
  • Respecto a si será más peligrosa o letal, lo único que aún puede decirse es que no se sabe, pero que los datos disponibles no invitan a sospechar que sea así: los expertos del gobierno británico han identificado cuatro muertes entre 1.000 casos, lo que estaría en los mismos niveles de mortalidad ya conocidos. Pero se necesitarán más datos para sacar conclusiones relevantes.
  • Por último, preguntas: ¿puede una persona ya recuperada de la infección reinfectarse con esta nueva variante? ¿La detectan los test? ¿Servirán las vacunas? Respecto a lo primero, los expertos apuntan que esta variante podría ser antigénicamente distinta, lo que abre la posibilidad de la reinfección; se han detectado cuatro casos probables de reinfección entre 915 personas con la nueva variante. Una vez más, aún no hay datos suficientes.
  • En cuanto a los test, las PCR más comúnmente utilizadas sí detectan esta nueva variante. Aún se está evaluando si los test de antígeno serán válidos.
  • Por último, sobre si las vacunas actuales servirán contra esta nueva variante, aún no hay ninguna certeza. Pero el hecho de que con el tiempo surjan nuevas variantes que escapen a las vacunas ya disponibles es algo totalmente esperable, aún más con la presión selectiva de las vacunas, y los científicos ya han contado con esto desde el principio. Lo maravilloso de la tecnología de ARN utilizada por Pfizer-BioNTech y Moderna-NIAID es que las vacunas pueden retocarse rápidamente contra nuevas variantes del virus, solo modificando la secuencia de ARN.
  • En resumen, ¿hay motivos para la preocupación? Por supuesto, cualquier cambio en la situación exige una estrecha vigilancia y nuevos estudios. De todas las variantes del virus surgidas hasta ahora, el motivo por el que esta ha generado más inquietud es porque contiene 17 mutaciones al mismo tiempo, lo que abre muchas incógnitas a la vez. Pero las respuestas rápidas que hoy quiere el público, la ciencia aún no las tiene.

No es posible convencer a los antivacunas: las campañas de información no bastan

En los casi siete años que llevo haciendo este blog, me he ocupado aquí en numerosas ocasiones de las pseudociencias; lo suficiente para recibir mi correspondiente ración de troleo y hate mail. Pero no lo suficiente para contentar a quienes, comprensiblemente, me reprochan que pese a todo no le dedico a ello suficiente cuota de pantalla. Y digo comprensiblemente porque entiendo el argumento: algunos piensan que todo outlet mediático de ciencia tiene la obligación inherente de combatir la anticiencia a capa y espada, noche y día, dada la importancia de la misión. Y esto es razonable. Lo que ocurre es que, la vocación de apóstol, se tiene o no se tiene, y yo no la tengo.

Entiéndase: lo de apóstol no va con ningún ánimo peyorativo, sino simplemente descriptivo. Un apóstol (acepción 5 de la RAE) suele plantarse en mitad del ágora para pregonar su mensaje a aquellos que no necesariamente quieren escucharlo, con el propósito de captar su atención a toda costa y convencer al menos a algunos de ellos. En cambio, lo mío es más sentarme en un rincón y contar cosas de las que sé para quienes voluntariamente deseen sentarse a escuchar.

En el menú de esas cosas no solo se incluyen la inmunología, mi materia de tesis (sí, es cierto que desde febrero este blog se ha convertido en coronablog, como lo llama un amigo, pero creo que en este caso sí es una obligación ineludible), la bioquímica y la biología molecular, mi especialidad de carrera, o la biología sin más, mi campo profesional, sino también la ciencia en general. Lo bueno de la ciencia es que es sistemática y previsible. Conociendo sus mecanismos, se sabe qué buscar, cómo buscarlo y a quién preguntar; diferenciar ciencia de lo que no lo es y a los auténticos expertos de quienes no lo son. Buscando esa ciencia y preguntando a quienes la conocen, es posible también contar cosas de las que uno no sabe, de forma no demasiado desacertada (creo, aunque es simplemente una visión personal, que esto es lo que diferencia la divulgación científica de la información científica).

Entre esas cosas de las que no sé se incluye la psicología de la conspiranoia, la pseudociencia y la anticiencia. Y como no sé, no aventuro opiniones personales que no tendrían el menor valor, sino que desde hace años sigo los estudios que publican quienes sí saben, y pregunto a sus autores. Y esos estudios y esos autores me han transmitido repetida y consistemente un mensaje común: no es posible convencer con argumentos racionales a quienes no basan su pensamiento en argumentos racionales. Por explicarlo de algún modo, tratar de convencer con argumentos científicos a un conspiranoico, creyente en la pseudociencia o defensor de la anticiencia, es como cambiarnos de calcetines para ver si cambia el color del jersey.

Vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. Imagen de U.S. Secretary of Defense / Wikipedia.

Vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. Imagen de U.S. Secretary of Defense / Wikipedia.

Recientemente insistía sobre ello en un artículo en The Conversation el psicólogo Jay Maddock, profesor de Salud Pública de la Universidad A&M de Texas. Maddock ponía dos ejemplos. En 2008 se extendió en EEUU el bulo de que el entonces presidente Barack Obama no había nacido en aquel país, un rumor alentado, cómo no, por Donald Trump. A instancias de una petición, se rescató y examinó el certificado de nacimiento de Obama en Hawái –el propio Maddock presidía la Comisión de Salud de aquel estado por entonces–, certificándose su autenticidad. Para sorpresa de Maddock, el bulo siguió vivo y coleando, inmune a la evidencia. Y aún perdura.

Para el caso que nos ocupa, Maddock contaba también que en una ocasión escuchó un podcast sobre el movimiento antivacunas, al que llamaba una mujer que no creía en la seguridad de las vacunas. El locutor le preguntaba cuántas pruebas más –las que ya existen son muy numerosas y arrolladoras– necesitaría para cambiar de idea. La mujer respondía que no existía ningún volumen de pruebas capaz de convencerla de lo contrario.

Maddock aclara que esa idea tan extendida de que la creencia en conspiranoias y pseudociencias obedece a una carencia de suficiente información para adoptar juicios racionales correctos es, simplemente, una idea de la vieja escuela. Anticuada. Obsoleta. Descartada. Los antivacunas, o más ampliamente los adeptos a cualquier conspiranoia o construcción mental acientífica o anticientífica, no son en general más tontos ni más ignorantes. En su lugar, explica el psicólogo, la mente humana tiene tendencia a los sesgos cognitivos que bloquean el pensamiento racional; son como atajos que nos ayudan a procesar más fácilmente la información en un mundo complejo, saturado de datos y opiniones.

En concreto, el psicólogo se centra en el sesgo que más compete a este terreno, la disonancia cognitiva: cuando recibimos información que no está alineada con nuestras creencias, se nos crea un conflicto que solemos resolver simplemente interpretando esa nueva información de un modo que justifica nuestras creencias preexistentes, y todo arreglado. Para ello contamos además con la ayuda del sesgo de confirmación: escuchamos solo aquello que alimenta nuestras creencias e ignoramos el resto.

Según Maddock, estos fenómenos se hiperinflaman en la era de las redes sociales, hoy convertidas en la principal fuente de información para multitud de personas que han preferido prescindir de los medios de comunicación; esta opción reduce la disonancia cognitiva al evitar aquellas informaciones que uno no desea recibir, las contrarias a las propias creencias, sumiendo a la gente en burbujas donde no se corre el riesgo de afrontar informaciones incómodas.

(Nota: Aunque Maddock no menciona tal cosa, uno no puede evitar la sensación de que, en una sociedad tan hiperpolarizada como la española de hoy en día, los medios tradicionales también están contribuyendo a alimentar esas burbujas de ceguera lateral, que se han inflado también durante la pandemia para defender o atacar respectivamente la gestión de los dos bandos políticos).

Todo esto viene al caso porque nos hallamos ahora en un momento crucial, en el que va a comenzar el despliegue masivo de las vacunas contra la cóvid. Una vez más se escucharán los mensajes de los antivacunas. Y sí, es esencial tratar de neutralizar estos mensajes, porque su efecto en los indecisos puede ser demoledor. Con frecuencia he observado a mi alrededor –e incluso escuchado en algunos medios– que, si bien la mayoría de los científicos no cree (nótese la cursiva) en un vínculo entre vacunas y autismo, algunos sí lo defienden ateniéndose a presuntos datos. Esto es completamente falso: ningún científico defiende este vínculo porque tales datos jamás han existido; el autor de este bulo, el exmédico inglés Andrew Wakefield, inventó una relación inexistente con el propósito de lucrarse con las patentes de diagnóstico que registró y con demandas contra las compañías fabricantes de vacunas, como en su día destapó una investigación del BMJ (British Medical Journal).

Así, incluso mensajes falsos, sobre los que no existe ni ha existido nunca la menor sombra de debate en la comunidad científica, llegan a calar entre el público, alimentando la reticencia a las vacunas. Diversos estudios han mostrado que la propagación de estos bulos, apoyada en el poder de las redes sociales, incide directamente en la actitud del público frente a las vacunas.

En un nuevo estudio en la revista BMJ Global Health, los expertos en políticas de salud pública Steven Lloyd Wilson y Charles Wiysonge han analizado el efecto de la desinformación sobre las vacunaciones en la población de 137 países, y lo han cuantificado: los resultados muestran que un solo punto de aumento de la difusión de informaciones falsas sobre vacunas, en una escala de cinco puntos, se asocia con un aumento del 15% en los tuits negativos sobre las vacunas, y con un 2% de reducción en la tasa de cobertura de vacunación año tras año en un país.

Los resultados del estudio son sumamente preocupantes, pero es de vital importancia asimilar las conclusiones de los autores, según reflejan en otro artículo en The Conversation. Lloyd Wilson y Wiysonge escriben:

Los resultados demuestran que la divulgación pública y la educación pública sobre la importancia de la vacunación no bastarán para asegurar una óptima cobertura de las vacunas de COVID-19. Los gobiernos deberían responsabilizar a las redes sociales obligándolas a retirar los contenidos antivacunas falsos, con independencia de la fuente.

Y añaden:

La clave para contrarrestar la desinformación online es su retirada de las redes sociales. La presentación de argumentos contra la desinformación flagrante tiene el efecto paradójico de reforzar la desinformación, porque argumentar en contra de ella le confiere legitimidad.

Conclusión. Seguro que en los próximos meses vamos a escuchar de nuevo mil veces repetida esa idea obsoleta y demostradamente errónea: que la antivacunación se combate con información y campañas. Esta información y estas campañas son sin duda ineludibles, y quizá puedan salvaguardar a algunos indecisos de caer en la negación.

Pero no servirán de nada contra la antivacunación. No son la clave. No bastan. Y no funcionarán mientras el mensaje positivo no se acompañe con una supresión del mensaje negativo, mientras se siga permitiendo la desinformación en las redes sociales y mientras los medios continúen dando acogida a falsos debates y voz a falsos mensajes.

Célula de español científico: una vacuna no es un “antídoto”

No es que importe mucho ni a muchos, pero dado que probablemente nadie más va a decirlo, al menos alguien tiene que intentar velar un poco por la precisión del lenguaje en lo que se refiere a la pandemia de COVID-19. O al menos, que no pueda decirse que nadie lo ha dicho.

Los periodistas son incansables consumidores de sinónimos. Dado que se considera pobre repetir la misma palabra dos veces de forma relativamente seguida en un texto, se buscan términos alternativos. De ahí surgen expresiones como “el ejecutivo”, cuando uno vuelve a referirse por segunda vez al gobierno, o las perífrasis para designar a los partidos políticos, como “la formación liderada por fulano”, o sobre todo, esos términos tan típicos del periodismo deportivo, como “esférico” por “balón”, “guardameta” por “portero” o “tanto” por “gol”.

En el caso de la pandemia y con toda la información actual sobre las vacunas, también los periodistas se han visto obligados a elegir un sinónimo. Pero han elegido mal. Porque últimamente no dejo de escuchar la palabra “antídoto” como sinónimo de “vacuna”. Y no, un antídoto no es una vacuna. Son dos conceptos totalmente diferentes.

Vacuna contra la gripe. Imagen de CDC.

Vacuna contra la gripe. Imagen de CDC.

No hace falta, creo, explicar qué es una vacuna. Pero un antídoto es una sustancia que se administra a una persona envenenada para neutralizar los efectos del veneno. En muchos casos ese fármaco es un anticuerpo que se une a las moléculas del veneno y anula su efecto. Es decir, que un antídoto actúa contra un veneno, no contra un patógeno (de hecho, incluso cuando ese veneno lo produce un patógeno, como una bacteria, tampoco suele llamarse antídoto, sino antitoxina); no es preventivo, sino que se administra a una persona ya envenenada; y no busca una respuesta activa del organismo como en el caso de la vacuna, sino que se limita a neutralizar el veneno de forma pasiva. O sea, no tiene nada que ver con una vacuna. Y por lo tanto, llamar antídoto a una vacuna es un sinsentido que chirría enormemente.

Como sinónimo de “vacuna” podría utilizarse simplemente un término más genérico como “formulación” o incluso “fármaco” o “medicamento”, ya que una vacuna es un fármaco preventivo (también hay vacunas terapéuticas, aunque no es el caso). Si el contexto de la frase lo permite, dos sinónimos adecuados son “inmunización” e “inoculación”. Ninguno de los dos es realmente un sinónimo exacto de “vacuna”, ya que la inmunización es más amplia, pudiendo referirse a otros casos en los que no interviene una vacuna. Inmunización se aplica también a la pasiva, cuando se administran anticuerpos contra un patógeno.

En cuanto a la inoculación, originalmente era de hecho un método distinto de la vacunación; esta última se refería a la protección contra la viruela mediante la inyección de material del virus vacuno, mientras que la inoculación se refería a la variolación, el uso de material de la propia viruela humana. Actualmente la inoculación abarca también situaciones en las que no se pretende una inmunización, por ejemplo cuando se inocula un cultivo celular con un microbio, o un alimento con un hongo (como la levadura) destinado a la fermentación. Pero salvando estas diferencias, puede considerarse que “inmunización” e “inoculación” son opciones adecuadas cuando interesa no repetir la palabra “vacuna”.

Y por cierto, una última aclaración: el nombre comercial (su verdadero nombre es Gam-COVID-Vac) de la vacuna rusa Sputnik V debe leerse como “Sputnik uve”, y no como “Sputnik cinco”, como a menudo se está diciendo y escuchando en los medios. “V” no es el número romano 5, sino simplemente una letra uve de… vacuna.

¿Debería ser obligatoria la vacunación contra la cóvid?

No parece que esté en el ánimo de las autoridades españolas imponer la vacunación obligatoria contra la COVID-19, algo que se está discutiendo también en otros países. Las razones a favor de la obligatoriedad son obvias y no necesitan explicación: desde que la pandemia comenzó a ser tal y los estudios científicos empezaron a revelar el perfil de este virus, se hizo evidente que no iba a desaparecer sin más, y que la única salida era la imunidad. Hoy muchos están ya familiarizados con la idea de la inmunidad grupal/colectiva/de rebaño. Y aunque algunos vayamos a vacunarnos el primer día que se nos permita, cuando nos toque el turno, esto solo servirá para nuestra tranquilidad personal; para que todo vuelva a la normalidad sería necesario que una inmensa mayoría de la población hiciera lo mismo. Y si las encuestas aciertan, no parece que esto vaya a ocurrir con una vacunación voluntaria.

(Nota: siempre insisto en algo que no debe olvidarse, y es que la inmunidad grupal no detendrá en seco la propagación del virus por arte de magia, sino que será una frenada lenta. Superar este umbral logrará que la curva adopte una trayectoria descendente constante, sin posibilidad de volver a remontar –siempre que la inmunidad sea duradera, claro–, pero los contagios continuarán, disminuyendo poco a poco hasta que la epidemia se extinga).

Pero aunque no sea necesario explicar por qué lo más sensato y racional sería una vacunación obligatoria, es obvio que existen argumentos en contra que van más allá de lo sensato y racional, apelando a cuestiones éticas, legales, políticas, ideológicas… Argumentos que, por otra parte, son opinables y pueden rebatirse.

Primer argumento: no puede confiarse en la absoluta seguridad de las vacunas

Sin duda este es el principal argumento contra la vacunación obligatoria, el que más ronda en las cabezas de quienes rechazan vacunarse o son reticentes a hacerlo: el miedo.

Aunque en la discusión pública suelen armar más ruido los movimientos antivacunas, no olvidemos que, cuando la Organización Mundial de la Salud definió las 10 mayores amenazas actuales para la salud, no incluyó entre ellas la antivacunación, sino la “reticencia a las vacunas”, un concepto más amplio que incluye no solo las corrientes militantes radicales anticientíficas, sino también a los ciudadanos normales que simplemente tienen miedo de sufrir alguna reacción adversa.

Como inmunólogo, confieso que nunca he acabado de entender por qué parecen existir siempre más reticencias frente a las vacunas que a otros medicamentos. Una vacuna es un medicamento. Que, como todos los medicamentos, busca alterar ciertos mecanismos del organismo de modo que se logre un efecto terapéutico. Todos los medicamentos conllevan un pequeño riesgo de efectos secundarios que aparecen detallados en el prospecto. La única diferencia en el caso de las vacunas es que se administran a personas sanas, por lo que normalmente no existe la sensación de necesidad personal del enfermo que toma un medicamento. Pero en la situación actual nadie debería dudar de que existe una urgente necesidad colectiva.

Vacuna. Imagen de U.S. Air Force / Staff Sgt. Joshua Garcia.

Vacuna. Imagen de U.S. Air Force / Staff Sgt. Joshua Garcia.

No pretendo aquí convencer a nadie sobre la seguridad de las vacunas, dado que no podría aportar nada nuevo al respecto frente a la información que puede encontrarse por todo internet. Pero sí quisiera corregir un error muy común que observo a mi alrededor, y es que muchas personas parecen creer que la seguridad de las vacunas se da poco menos que por supuesta por defecto y mientras no se demuestre lo contrario, como cuando se saca a la venta cualquier artículo de consumo. Algunos medios están contribuyendo a esta idea errónea calificando de conejillos de indias a las primeras personas que van a recibir las vacunaciones masivas.

No es así. Las vacunas no tienen por qué ser seguras de por sí, y esto no se da por hecho en ningún caso. Las vacunas son seguras porque toda vacuna aprobada por las autoridades reguladoras ha superado varias fases de ensayos que han analizado exhaustivamente su seguridad. Antes de los datos de eficacia que han saltado a los medios, las vacunas han pasado por fases previas en las que solo se ha analizado su seguridad, no su eficacia. Y antes de eso, se han testado en animales, solo cuando su perfil de seguridad era lo suficientemente convincente como para iniciar tales ensayos. Los conejillos de indias no son las personas, sino los conejillos de indias; o más concretamente –las cobayas no suelen utilizarse mucho en la ciencia actual– los ratones y monos que han recibido las vacunas en primer lugar. En resumen, las vacunas son seguras cuando se descubre que lo son. Y ninguna que no sea capaz de demostrarlo consigue la autorización necesaria para llegar a la población.

Segundo argumento: es una invasión de las autoridades en la libertad de elegir

Aquí salimos de la ciencia para entrar en el terreno ético-político-ideológico. Respecto a cuánta cuota de nuestra libertad personal estamos dispuestos a ceder a las autoridades, es algo que varía con los tiempos y las culturas. Por ejemplo, en España aceptamos con toda naturalidad que es obligatorio para todos los mayores de 14 años tener un DNI o un NIE para los extranjeros. Pero en Reino Unido y EEUU no existen estos documentos a nivel estatal y con carácter general obligatorio para todos los ciudadanos, porque allí los intentos de los gobiernos de implantarlos han encontrado fuertes resistencias de amplios sectores de población que consideran un DNI obligatorio como una invasión de la libertad y la privacidad.

Lo mismo se aplica a otras medidas que buscan el bien común incluso sacrificando alguna pequeña libertad personal. E incluso a ciertas obligaciones que realmente no logran un bien común, sino simplemente el nuestro propio. Por ejemplo, en España es obligatorio llevar cinturón de seguridad en el coche y casco en la moto, cuando estas medidas realmente no buscan el bien común sino el individual del propio usuario. Existen argumentos razonables para defender que el casco debería ser una cuestión de libertad personal, ya que el no llevarlo no perjudica a otros, y de hecho es así en muchos países.

Pero en el caso de las vacunas, y como ya he explicado aquí anteriormente, no es una cuestión de libertad personal, ya que afecta a toda la comunidad. Ya antes de la cóvid, la entrada de un niño no vacunado en un aula ha representado siempre un riesgo para otros niños que, o bien no han podido vacunarse por motivos médicos, o bien sí han recibido la inoculación pero no han desarrollado inmunidad. En España no existe ninguna vacunación obligatoria –es solo un eufemismo que designa a las que el usuario no tiene que pagar directamente. El problema es que dejar esta responsabilidad en manos de los centros educativos lleva a inútiles y costosas batallas legales cuando los legisladores se lavan las manos.

En otros países sí se han ido imponiendo las vacunaciones obligatorias en los niños, y sin duda este es un camino que poco a poco irá recorriéndose en todo el mundo. Probablemente en general se cree que debe recorrerse con calma, de modo que vaya calando en los ciudadanos sin que se interprete como una imposición inaceptable. Pero si dejar que un solo niño muera por esta inacción ya es inaceptable, mucho más inaceptable es dejar que miles de personas continúen muriendo de cóvid cuando tenemos el modo de evitarlo.

Tercer argumento: la obligatoriedad en algunos países no ha conseguido más vacunaciones

Habría que preguntar a los expertos en leyes si el hecho de que una norma no cale ni se acepte de forma inmediata en la sociedad es algo que invalide la norma. Pero desde el punto de vista de un no experto, no lo parece. Volviendo al ejemplo del cinturón de seguridad, los que ya tenemos años recordamos la época en que esta obligación se impuso en España. No fue ni mucho menos una medida que estuviera refrendando lo que ya ocurría en la calle: nadie llevaba cinturón en los asientos traseros, y muchos tampoco en los delanteros. Al principio hubo un amplio rechazo, e incluso abundaban los típicos comentarios que descalificaban a quienes tomaban esta precaución.

El uso del cinturón de seguridad no se impuso por aclamación popular, porque de pronto la gente se volviera más sensata, sino por obligación legal y por mecanismos sancionadores. El hecho de que en algunos países la vacunación obligatoria todavía no haya logrado aumentar las cuotas de vacunación simplemente revela que se está recorriendo ese camino, y que las leyes y las sanciones no deben bajar la guardia hasta que la responsabilidad de todos en este terreno se acepte como algo natural.

Cuarto argumento: es mejor educar que obligar, la obligación crea rechazo

Por supuesto que la educación pública es esencial, pero plantear la educación y la obligatoriedad como una dicotomía es un falso debate. Muchas de las medidas que a partir de un cierto momento se imponen como obligatorias en la sociedad necesitan campañas paralelas de información y educación para que el público comprenda el porqué de la medida. Ceder a la tentación de no disgustar a nadie simplemente para no engrosar las filas de los antivacunas nos llevaría a permitir cualquier clase de pseudomedicina o, en un sentido más amplio, cualquier clase de negocio fraudulento.

Quinto argumento: es mejor una obligatoriedad indirecta

Algunos defienden que puede ser más aconsejable dejar que la propia sociedad vaya presionando hacia la vacunación obligatoria a través de mecanismos, digamos, no oficiales: que los empleadores, propietarios de negocios abiertos al público, compañías de transportes y otros etcéteras pidan certificados de vacunación a sus empleados/clientes/usuarios y otros etcéteras, de modo que los ciudadanos se sientan obligados a vacunarse, sin que las autoridades se lo impongan, si quieren optar a llevar una vida normal.

Esta sería una posible vía. Pero en mi opinión, es una vía equivocada. Es un error suponer que las empresas privadas deban hacerse cargo de una responsabilidad del bien común cuando las autoridades renuncian a dicha responsabilidad. Y es un error suponer que van a hacerlo si esto les supone un daño a su negocio, perdiendo clientes o trabajadores cualificados.

Pero sobre todo, esta postura puede dar a entender una reticencia a las vacunas por parte de las propias autoridades que no resulta precisamente muy ejemplar ni muy educadora. Si las autoridades están realmente convencidas de que los beneficios de las vacunas exceden infinitamente a sus posibles perjuicios, ¿por qué sus acciones sugieren lo contrario y, sobre todo, cómo esperan educar a los ciudadanos? Las medidas no farmacológicas para contener la pandemia, como los confinamientos, se han impuesto de manera obligatoria, a pesar de que sus perjuicios son grandes y evidentes, tanto para la actividad económica como para la salud física y mental de las personas. ¿Qué problema hay entonces en imponer como obligatoria una medida cuyos beneficios son inmensos y cuyos perjuicios son mínimos?

Sexto argumento: no puede imponerse a las personas de bajo riesgo

Otra de las ideas que está circulando es que, dado el bajo riesgo que generalmente supone la cóvid en las personas jóvenes y sanas, sería excesivo obligar a este sector de población a vacunarse. Una vez más, subyace a este argumento la falsa idea de que la vacunación conlleva un riesgo solo aceptable cuando el beneficio es inmenso.

Por supuesto que también existen otras razones en contra de este argumento. Para el conocimiento científico actual, la cóvid todavía es una siniestra lotería. Hay jóvenes sanos que mueren y personas mayores que pasan la infección sin enterarse. Hasta que se conozcan en detalle los factores que determinan el pronóstico de la enfermedad en cada paciente, si es que algún día llegan a conocerse, no puede asegurarse que nadie esté libre de riesgo. Y sería una inmensa contradicción en el mensaje público de las autoridades si por un lado se destaca la importancia de la prevención entre los jóvenes, como se está haciendo, y por otro lado se les considera eximidos de la obligación de vacunarse porque el riesgo no va con ellos.

Pero sobre todo, la pandemia nos ha dejado el mensaje de que este es un problema global. Y que este es un momento histórico en el que el compromiso humanitario nos pide actuar todos para salvar a todos. El compromiso social solidario de todos no consiste en aplaudir en los balcones o cantar el Resistiré, sino en aceptar la obligación ética de vacunarse. Y si existen objeciones a que una obligación ética de tal urgencia se convierta en una obligación legal, quienes se niegan a imponer la obligatoriedad de vacunarse tendrán que encontrar la manera de educarnos a quienes no comprenderemos cuál es entonces el propósito de las leyes.

Por qué las medidas de Madrid han funcionado. Y por qué son un error

Hace unos días comenté aquí algo que me han pedido que explique mejor, y hoy vengo a hacerlo. Se trata de las medidas excepcionales de restricción de la movilidad adoptadas en la Comunidad de Madrid. Resumo lo que todo el mundo sabe: en la capital del país y su provincia la epidemia de COVID-19 estaba desbocada después del verano. El gobierno conservador de la Comunidad de Madrid optó por un modelo peculiar y heterodoxo de medidas restringidas a determinadas zonas, algo que se aparta de la corriente mayoritaria en todo el mundo.

Estas decisiones fueron muy criticadas por sectores de la izquierda, alegando que no iban a servir para reducir los contagios. Pero sí, las medidas de Madrid sirvieron para reducir los contagios. A lo que esos mismos sectores de la izquierda han respondido culpando a Madrid de falsear sus datos al cambiar la estrategia de testado.

Vayamos por partes; y como siempre en este blog, ateniéndonos a lo que dice la ciencia.

Con respecto a lo último, es cierto que Madrid reemplazó a finales de septiembre su estrategia anterior de testado por otra que iba a tener como consecuencia previsible un descenso en el número oficial de contagios. El mero hecho de cambiar los test moleculares de PCR por test de antígenos supone probablemente detectar muchos menos casos de los reales.

La explicación es que la PCR y el test de antígenos no son equivalentes ni intercambiables: no detectan la misma cosa, ni su sensibilidad es parecida, ni están indicados para los mismos usos. La PCR es la regla de oro: amplifica la señal de la presencia del material genético del virus a lo largo de varios ciclos, de modo que es difícil que incluso una mínima presencia del virus escape al test. De hecho, el error de la PCR puede tender hacia los falsos positivos si el número de ciclos aumenta por encima de los valores recomendados. En muchos casos, la PCR puede también arrojar un positivo cuando el paciente que ha superado la enfermedad realmente ya no es infeccioso.

Por el contrario, un test de antígenos no amplifica nada; simplemente detecta. Por ello, generalmente estos test son entre 100 y 10.000 veces menos sensibles que una PCR. Y por lo tanto, su problema principal son los falsos negativos. Los test de antígenos solo están recomendados en personas sintomáticas durante la primera semana después del comienzo de los síntomas; es decir, durante el periodo supuesto en el que la carga viral es mayor. Por lo tanto, no están recomendados para el cribado masivo de la población asintomática, a pesar de que se estén utilizando para este fin. Hacer un cribado masivo de la población asintomática con test de antígenos es un buen modo de presentar una buena hoja de resultados, sobre todo cuando estas unidades se detraen del testado de los contactos de los casos confirmados positivos por PCR.

Dicho esto, y pese a todo, sí, las medidas de Madrid han logrado doblegar la curva de contagios. Pero es que nadie que conozca la ciencia implicada podía esperar otra cosa; quienes atribuyen el efecto en Madrid exclusivamente al cambio en los test sencillamente no conocen la ciencia relevante.

Como ya expliqué aquí, si hay una conclusión general que pueda extraerse de los muchos estudios epidemiológicos ya publicados desde que comenzó esta pandemia, es que cualquier medida de restricción de la movilidad tiene un efecto beneficioso en la curva de contagios. Uno de los últimos grandes estudios relevantes al respecto, publicado en The Lancet Infectious Diseases por la Usher Network for COVID-19 Evidence Reviews (UNCOVER) de la Universidad de Edimburgo, ha recopilado los datos sobre las medidas adoptadas en 131 países a lo largo de la pandemia y su efecto en el ritmo de contagios.

La conclusión: Las medidas no farmacéuticas individuales, incluyendo cierre de escuelas, cierre de centros de trabajo, prohibición de eventos públicos, prohibición de reuniones de más de diez personas, requerimentos de permanecer en casa y límites de movimientos internos se asocian con una reducción en la transmisión del SARS-CoV-2“. Es decir, cualquier medida de limitación y restricción de la movilidad funciona, lo cual por otra parte no resulta nada sorprendente.

Por lo tanto, si las medidas de cierre por zonas introducidas en Madrid no hubieran tenido efectos positivos, realmente habría sido difícil explicar por qué, dado que cualquier restricción –por ejemplo, si se confinara a la población por apellidos o por números de DNI– debería resultar positiva, de acuerdo a los estudios. Como también es evidente que allí donde apenas hay contagios el efecto de las medidas será menor; en Madrid la epidemia era tan rampante después del verano que forzosamente cualquier medida restrictiva debía tener un mayor impacto que la misma medida en zonas de menor transmisión.

Un control policial en una zona confinada de Madrid. Imagen de 20Minutos.es / Víctor Lerena / Efe.

Un control policial en una zona confinada de Madrid. Imagen de 20Minutos.es / Víctor Lerena / Efe.

Ahora bien, frente a lo anterior hay dos peros. El primero: sí, las medidas funcionan. Pero ¿son las que mejor funcionan? Y a este respecto la ciencia deja pocas dudas: la respuesta es no. Tanto el estudio citado como otros muchos publicados durante la pandemia, varios de ellos ya comentados aquí durante estos meses, concluyen que lo más efectivo son las medidas generales aplicadas a toda la población (y sobre todo, el confinamiento total).

Un nuevo estudio recién publicado en PNAS viene a corroborar esta idea. Los investigadores han modelizado la evolución de la epidemia en dos poblaciones teóricas separadas, cuando las medidas son las mismas en las dos y cuando son diferentes. Y la conclusión es que el descenso de los contagios es mayor cuando las medidas en las dos poblaciones están sincronizadas que cuando son diferentes.Estos hallazgos subrayan la necesidad de una política integrada y holística“, escriben los autores.

Según explica en una nota de prensa el coautor del estudio Gregory Glass, “cuanta más gente se mueve entre poblaciones y cuanto más descoordinadas están las respuestas en estas poblaciones, sin importar lo bueno que sea el control local, peor va la enfermedad“. Y respecto al movimiento, no olvidemos que los confinamientos perimetrales son enormemente porosos, dado que trabajar en el propio barrio donde uno vive (o incluso en la población donde uno vive) es casi un privilegio inaccesible para muchos.

Curiosamente, con su estudio los autores dirigen su crítica a la descoordinación entre estados de EEUU a la hora de tomar medidas; es decir, a la falta de sincronía entre gobiernos diferentes. Ni siquiera contemplan el hecho de que un mismo gobierno esté adoptando medidas distintas para diferentes zonas bajo su autoridad, como se ha hecho en Madrid (en EEUU muchos condados están actuando con autonomía, pero aplican sus medidas a todos los residentes del condado).

Por lo tanto, y aunque políticamente sea rentable presentar unas cifras en descenso, científicamente las medidas parciales no son defendibles frente a las medidas totales; cuántos contagios o cuántas muertes pueden resultar aceptables es una discusión política, pero científicamente no hay debate.

El segundo pero no es menos importante. Si las medidas de Madrid han funcionado, ¿por qué no se han adoptado en todas partes? ¿Por qué la corriente mayoritaria en todo el mundo ha sido aplicar las medidas a todas las personas afectadas por el gobierno de un ámbito geográfico concreto (ya sea local, regional o nacional) y no aplicar esas medidas a unas zonas sí y a otras no, a unas personas sí y a otras no, dentro del área de competencia de dicho gobierno, como ha hecho la Comunidad de Madrid?

La respuesta es muy sencilla: porque los científicos recomiendan tomar medidas no discriminatorias. Y lo que la Comunidad de Madrid ha venido presentando una y otra vez bajo el eufemismo de “medidas quirúrgicas” son sencillamente medidas discriminatorias.

A mediados del mes pasado, una treintena de científicos de todo el mundo, incluyendo algunas de las voces más relevantes durante la pandemia, publicaba una carta en The Lancet bajo el título Consenso científico sobre la pandemia de COVID-19: debemos actuar ya. Como su título indica, y dado que han sido miles los estudios publicados desde el comienzo de la pandemia, a veces discrepantes o incluso contradictorios, los científicos decidieron recopilar todo aquello que ya puede considerarse consenso científico. Nótese que, si bien la carta está sujeta a una limitación en el número de autores, su contenido reflejaba el llamado Memorándum John Snow, una declaración de consenso científico redactada por casi 80 expertos y refrendada por casi 7.000 investigadores y profesionales de la salud. Es decir, que el Memorándum John Snow puede considerarse LA ciencia actual sobre la pandemia.

Y entre las diversas cosas que dice dicho memorándum, una de ellas es esta, que ya traje aquí en un artículo anterior:

El aislamiento prolongado de grandes porciones de la población es prácticamente imposible y altamente contrario a la ética. La evidencia empírica de muchos países muestra que no es viable restringir brotes incontrolados a secciones particulares de la sociedad. Esta estrategia además incurre en el riesgo de exacerbar aún más las desigualdades socioeconómicas y la discriminación estructural que la pandemia ya ha dejado de manifiesto. Los esfuerzos especiales para proteger a los más vulnerables son esenciales, pero deben ir de la mano de estrategias en varios frentes a nivel de toda la población.

Es decir: la ciencia no apoya las medidas discriminatorias que se aplican a una parte de la población y a otras no. El consenso científico está recomendando aplicar las medidas a toda la población sin distinciones, dado que lo contrario incurre en el riesgo de provocar o aumentar las desigualdades sociales.

Esto mismo ha sido puesto de manifiesto por otros expertos a lo largo de la pandemia. En septiembre el director de The Lancet, Richard Horton, escribía un editorial en su revista en el que advertía de que la de COVID-19 no es una pandemia, sino una sindemia. Este término, introducido en los años 90 y generalizado recientemente, se refiere a cómo una pandemia puede actuar en sinergia con otros factores socioeconómicos de modo que sus efectos sean mucho más profundos y nocivos para sectores de población marginados o desfavorecidos.

En países como Reino Unido, EEUU o Francia, donde abundan los guetos de minorías étnicas, varios estudios ya han desvelado cómo la pandemia se está cebando especialmente con estos sectores de población. En dichos países no se han aplicado medidas discriminatorias –“quirúrgicas”– restringidas a esos distritos o barrios. En España tenemos la fortuna de no tener guetos étnicos, al menos al mismo nivel de segregación que en otros países. Pero ya en septiembre, cuando se decretaron los primeros confinamientos por zonas en Madrid, la edición estadounidense de Reuters titulaba: “La región de Madrid ordena un confinamiento parcial en las áreas más pobres golpeadas por la COVID-19“. Lo cierto es que aplicar medidas solo a una parte de la población implica un concepto discriminatorio de la política guiado por intereses ajenos a lo que dicta el consenso científico.

En resumen, sí, las medidas de Madrid funcionan, como era de esperar. Pero no, no son las que mejor funcionan. Y sobre todo, no, no se está haciendo nada similar en otras regiones del mundo porque, al menos en los lugares donde se siguen las recomendaciones científicas, se consideraría éticamente inaceptable imponer medidas discriminatorias a solo una parte de la población.

Evidentemente, el ejemplo de Madrid podría cundir. Existe el riesgo de que gobernantes de todo el mundo puedan sentirse tentados al ver que es posible aplacar la pandemia tomando medidas más estrictas solo contra una parte de la población, generalmente más pobre –Vallecas ha estado confinado dos meses, Majadahonda solo uno–, manteniendo abiertos los distritos más comerciales y turísticos y los barrios de mayor poder adquisitivo.

Un ejemplo son las aglomeraciones en las calles peatonales céntricas de Madrid el pasado fin de semana (que, por cierto, de por sí no suponen el menor riesgo añadido de contagio, pero otro cantar muy diferente es cuando esas muchedumbres invaden los locales cerrados, sobre todo aquellos en los que se consume). Pero muchos madrileños ni siquiera pudieron salir de sus barrios o poblaciones el fin de semana. Los científicos han insistido repetidamente en que este es un problema de todos, y que todos debemos aportar por igual. Contra los gobernantes que tratan a sus gobernados por distintos raseros, la ciencia no tiene soluciones.