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El alojamiento y el transporte, los dos sectores de la economía colaborativa más fuertes en España

El 55% de los españoles han utilizado servicios de economía colaborativa al menos una vez en el último año; la mayoría de ellos ( 35%-40%), a través de plataformas de compraventa de bienes de segunda mano.

Son datos reflejados en el primer informe sobre las cifras de la economía colaborativa en España, adelantados esta semana durante la celebración de Sharing Madrid, las jornadas sobre innovación con impacto positivo, organizado por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y Sharing España, colectivo que agrupa a las empresas y plataformas de economía colaborativa, bajo demanda y de acceso.

El estudio, que nace impulsado por Adigital, Círculo de Empresarios, Fundación de Estudios Financieros y Cotec, sitúa el alojamiento y el transporte entre los otros dos sectores en los que la economía colaborativa ha penetrado con más fuerza. Aglutinan, en concreto, a un 30-35% y un 10-15% de los usuarios, respectivamente.

Aunque los resultados finales de este estudio se publicarán dentro de unas semanas, los primeros datos disponibles han servido para corroborar el impacto de la economía colaborativa en nuestro país. Así como lo han hecho las más de 600 personas y entidades que han pasado por Sharing Madrid y que han ofrecido testimonio de la velocidad a la que estos cambios se están produciendo y consolidando en España.

Durante los días 13 y 14 de junio, Sharing Madrid ha conseguido sentar en la misma mesa por primera vez a interlocutores como Uber, Cabify, la aplicación para taxis Micocar, y representantes de la administración pública, como el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Cataluña o la representante de la Comisión Europea, Katerina Fortun.

Además, han sido parte igualmente protagonista de esta cita empresas como Blablacar, Airbnb e Emov; Antonio Maudes, director del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC; y académicos y expertos como el periodista Fernando Gallardo, Juan Ramón Rallo, doctor en Economía y Director del Instituto Juan de Mariana.

Todos ellos han participado en el debate sobre el futuro de la movilidad en las ciudades, el turismo colaborativo, la gestión de las organizaciones, la economía circular o los modelos energéticos distribuidos, además de otros desafíos como la sostenibilidad, el emprendimiento, la gobernanza de nuestras ciudades y la regulación de los nuevos modelos de negocio disruptivos.

A este último tema se ha referido José Luis Zimmermann, director general de Adigital, quien aseguró que Europa y España, en particular, necesitan una regulación inteligente que garantice la protección y competitividad de la economía digital y colaborativa.

Smart regulation significa crear un entorno simple, transparente, claro y predecible para los negocios y la ciudadanía, que se mantenga en el tiempo mientras aparecen soluciones a los desafíos que van surgiendo”, señaló.

Tras esta primera edición, Sharing Madrid pretende convertirse en el punto de partida de un debate abierto en el que participen todos los agentes implicados en el rediseño y reinvención de las ciudades. Un espacio de diálogo que permita avanzar en la búsqueda de soluciones a las fricciones asociadas a los modelos de negocio disruptivos e impulse la innovación con impacto positivo para el desarrollo económico y social.

. Adigital es la Asociación Española de la Economía Digital, formada por más de 500 asociados. Tiene como objetivo promover y apoyar la economía digital en España en sus diferentes aspectos como son el desarrollo de los servicios de la sociedad de la información, el comercio electrónico, marketing y comunicación digital, las aplicaciones móviles, los contenidos digitales, la publicidad digital y otras actividades conexas como son los servicios de contact center, agencias y redes de publicidad, logística o medios de pago.

. Sharing España es un colectivo que nace dentro de la Adigital y que agrupa a diferentes empresas de la economía colaborativa, bajo demanda y de acceso, con el objetivo de analizar y divulgar el impacto que estas nuevas economías y los modelos basados en plataformas tienen en el desarrollo socioeconómico y en la sostenibilidad del país.

Consumo colaborativo: ¿colaboración o negocio?

¿Colaboración o negocio? Consumo colaborativo: del valor para los usuarios a una sociedad con valores es el título del informe que acaba de presentar la Organización de Consumidores y Usuarios, que concluye que las plataformas de consumo colaborativo P2P son eficientes y útiles para sus usuarios, pero tan solo una minoría de ellas se plantea como misión transformar la sociedad hacia una economía con valores.

Para unos, el consumo colaborativo es una poderosa herramienta de transformación social, para otros solo una amenaza que introduce competencia desleal y distorsiona el mercado de trabajo. Lo que parece claro es que se trata de una nueva forma de entender el consumo.

Los  usuarios tienen claro que el consumo colaborativo crea valor para ellos, es útil y responde a sus expectativas. Los pocos conflictos que mencionan los encuestados confirman la idea de que en general es un entorno seguro.

Conscientes de su relevancia, OCU y las organizaciones de Bélgica, Italia y Portugal pusieron en marcha a principios de 2015 una extensa investigación. Los resultados hablan de utilidad y eficiencia, pero también reflejan que son necesarias mejoras desde el punto de vista legal y de protección a los consumidores.

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El informe identifica 70 webs de 55 plataformas diferentes que operan en los cuatro países y que son una buena muestra de sectores como el alquiler de alojamientos P2P, el carpooling, el crowdfunding, o los huertos urbanos. El estudio incluye una encuesta con más de 8.670 respuestas, una evaluación legal y social de las plataformas y un cuestionario a las plataformas sobre su funcionamiento.

Por otro lado, el estudio legal pone de manifiesto que convendría definir mejor la responsabilidad de las plataformas respecto a las transacciones que se cierran a través de ellas, mejorar la información, conseguir que la distinción entre proveedores profesionales y particulares resulte clara para los usuarios y mejorar los sistemas de resolución de conflictos.

Todos los modelos de plataformas que existen son útiles para los usuarios, pero solo una pequeña parte de las plataformas se plantea como misión la mejora social de la comunidad.

10 propuestas de mejora

1) Trabajar para crear un entorno seguro en que los usuarios puedan interaccionar.

2) Establecer reglas de uso fáciles de comprender y muy visibles para los usuarios. Toda la información legal y las condiciones de uso deben indicarse en la lengua o lenguas del país en el que operan.

3) Comprobar que los proveedores disponen ya de los seguros adecuados para la actividad que ofrecen o bien proporcionar una cobertura adecuada. Por ejemplo, las plataformas que se dedican a transporte (alquiler de coches entre particulares, por ejemplo) deben asegurarse de que los conductores disponen de un seguro apropiado y las dedicadas al alojamiento deberían proporcionar un seguro que cubra los daños a la propiedad.

4) Informar a todos sus usuarios, tanto a los que actúan como consumidores como los que asumen el papel de prosumidores, de la legislación que se les aplica, según el país y el sector en el que operen. Esta información debe estar visible y redactada con claridad.

5) Aclarar y mejorar la protección al consumidor: con demasiada frecuencia, los consumidores no reciben suficiente información (a veces, ninguna) sobre la plataforma que están usando, la actividad en la que participan y sus derechos básicos.

6) Teniendo en cuenta que la legislación que se aplica a cada transacción depende de si el proveedor es una empresa o un particular, las plataformas deberían desarrollar los filtros adecuados para que los consumidores tengan siempre claro el estatus legal del proveedor.

7) Desarrollar sistemas de reputación virtual fiables, que incluyan mecanismos como los comentarios cruzados y la verificación de identidad de los usuarios.

8) Desarrollar y poner en práctica mecanismos de reclamación adecuados, que permitan un buen seguimiento de la reclamación y guarden un registro de la solución acordada entre las partes.

9) Sería beneficioso para el conjunto de la economía colaborativa que las plataformas fueran más transparentes y rindieran cuentas de su impacto económico, social y medioambiental.

10) Realizar mayores esfuerzos para medir el triple impacto de sus actividades en los aspectos económico, social y medioambiental.

10 peticiones a legisladores y administraciones

  1. Las autoridades deben asegurar la unidad del mercado entre las diferentes regiones y países introduciendo un marco común europeo para proteger a los usuarios.
  2. Promover un entorno competitivo para evitar la creación de oligopolios y monopolios en el consumo colaborativo.
  3. Aclarar las funciones y las responsabilidades de las plataformas.
  4. Los legisladores deben definir los parámetros que distinguen a una actividad profesional de una actividad privada.
  5. El consumo colaborativo no debe ser asfixiado por un exceso de regulación.
  6. Los legisladores deben reconocer al “prosumidor” como un nuevo actor económico y definir reglas simples que delimiten las obligaciones tributarias y administrativas para los ciudadanos que ofrecen un servicio no profesional de forma ocasional. No hay ninguna razón para prohibir tales actividades.
  7. Un buen cumplimiento de las obligaciones fiscales para contrarrestar la competencia desleal y por su contribución positiva a la sociedad. En particular, dado que los puestos de trabajo estables son cada vez más escasos y que los prosumidores  pueden generar microingresos mediante los servicios que prestan.
  8. Los gobiernos deben supervisar y evaluar el triple impacto (económico, social y ambiental) del consumo colaborativo en la sociedad.
  9. Los legisladores deben garantizar el derecho a la innovación tecnológica, incluso si la innovación supone un reto a la forma tradicional de hacer negocios. Debe dar cabida a las mejoras que son posibles gracias a la tecnología.
  10. Y, por último, los gobiernos deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales que se aplican a todos los participantes en el consumo colaborativo.Informe completo: pincha aquí.

La economía colaborativa empieza a calar en España

El interés por la economía colaborativa comienza a extenderse por casi todo tipo de públicos, con una lógica transversal, según señala una encuesta realizada este verano por los investigadores sociales Luis Miguel Barral (@luismi_barral), de TooMuch, y Xavier Moraño (@Xavier_MF), de Target-Empírica, sobre el grado de conocimiento que los españoles tienen de la economía colaborativa.

Tampoco es un fenómeno que esté captando especialmente la atención de las personas con más estrechez económica. Los datos indican que el conocimiento y simpatía hacia la economía colaborativa avanza más rápido entre los públicos mejor formados y con mayores ingresos.

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Los resultados de la encuesta, realizada entre 1.480 internautas españoles de 18 a 65 años, elegidos al azar, señalan que:

El 18% de los entrevistados ya ha oído hablar del término “economía colaborativa o consumo colaborativo”. Serían algo más de 3 millones de personas, según afirman los investigadores.
De ellos, 1,8 millones afirma saber lo que es. El resto (1,2 millones) ha oído hablar de la economía colaborativa, pero no están seguros de lo que es.
La notoriedad del término “economía colaborativa o consumo colaborativo” avanza por todas las generaciones, pero es algo mayor entre los de 30 y 50 años. Y es mayor cuanto más elevado es el nivel de estudios. También cuanto más elevados son los ingresos económicos personales y cuanto mayor es la afinidad con Internet.
Las palabras y conceptos más usados para definir la economía colaborativa son: compartir, uso vs. propiedad, trueque, grupos de compra, cooperación, tecnología e Internet.

De las tres empresas más emblemáticas BlaBlaCar es la más notoria. El 54% de los internautas españoles sabe que existe esta plataforma. Le sigue Uber, una empresa con menor implantación que BlaBlaCar en España pero que ha sido noticia por la polémica ante la oposición frontal de los taxistas europeos, lo que explica que alrededor de 3 millones de internautas españoles la conozcan. Una prueba de la sobrenotoriedad de Uber -señalan Barral y Moraño- es que duplica el conocimiento de Airbnb, uno de los iconos de la economía colaborativa.

En relación a lo que debe hacer el Gobierno con las empresas de la economía colaborativa como las citadas -prohibirlas, legislar para limitarla, legislar para que crezca o no reglarla-, algo más del 50% de los encuestados aún no tiene una opinión al respecto. En la otra mitad, son minoritarias las opciones de prohibir (4,5%) o limitar (6,9%), frente a las de regular para crecer (23,2%) o directamente no regular (12,8%).