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La financiación colectiva recaudó en España 101 millones de euros en 2017

Un estudio realizado por Universo Crowdfunding y la Universidad Complutense de Madrid, titulado Informe sobre Crowdfunding en España 2017,  señala que la microfinanciación colectiva recaudó en España 101.651.284 euros en 2017, un 35,33% más que en 2016.

Los proyectos financiados por este sistema superan por primera vez los 100 millones de euros en España mediante los diferentes tipos de  financiación participativa (crowdfunding) que operan en nuestro país. Una cifra muy destacable, no solo porque ya supone una cantidad muy importante, sino porque todo indica que seguirá creciendo con fuerza en los próximos años.

Las plataformas de préstamo (crowdlending) son las que más volumen de capital gestionan, con 35.916.516 euros (el 35,33% del dinero recaudado en 2017). Le siguen la microfinan ciación de Inversión (Equity Crowdfunding) con 23.196.229 euros (el 22,82% del dinero recaudado en 2017) y el crowdfunding inmobiliario, con 23.148.200 euros (el 22,77% del dinero recaudado en 2017).

Por detrás se sitúan el crowdfunding de recompensas, con 11.581.603 euros (el 11,39% del dinero recaudado en 2017), y el de donaciones, que recaudó 7.808.736 euros (el 7,68% de lo recaudado el año pasado).

 

El estudio también señala que el sistema de financiación colectiva  de recompensa cae un 7,43 %, dato que llama la atención puesto que fueron las plataformas de recompensa las que iniciaron y empujaron el desarrollo de la microfinanciación en España.

“Este retroceso podría apuntar a un desplazamiento de las recompensas a favor de las modalidades de inversión y préstamos como ocurre en otras economías donde la financiación participativa tiene un nivel de desarrollo igual al nuestro o es superior, como el caso de Reino Unido y Estados Unidos”, señala el estudio.

El crowdfunding de donaciones es el que más crece, un 86,93%, y pasa de los 4.177.304 euros en 2016 a 7.808.736 euros en 2017. Una tendencia que indica, según los autores del informe, que queda mucho camino por recorrer y mucho potencial para las asociaciones, ONG’s o fundaciones, que son las principales promotoras de este tipo de campañas

En cuanto al número de plataformas activas en España, este se mantiene. Sin embargo, los expertos señalan que la recaudación total en el sector (101 millones de euros) es aún insuficiente para poder garantizar la sostenibilidad de muchas de ellas. Esto se evidencia en el alto porcentaje de desaparición de las mismas en los últimos tres años, cercano a un 20% en 2017.

En 2016 se crearon 5 nuevas plataformas y se cerraron ocho, mientras que en 2017 se crearon 13 y cerraron 10, lo que da idea de la alta rotación de plataformas. En 2017 había tres plataformas más (51) que en 2016 (48) y una más que en 2015 (50), lo que sugiere una especie de techo en torno a las 50 plataformas en los últimos años.

El crowdfunding es el término inglés para referirse a la financiación colectiva, es decir, a un grupo de personas apoyando económicamente a un proyecto.

Informe Crowdfunding en España 2017

La moda sostenible y ética llega al Parlamento Europeo

Hoy comienza la semana Fashion Revolution  y promete ser especial para toda la industria textil y  para todos los que llevan tiempo reivindicando un cambio profundo en su desarrollo.

También para The Circular Project, el primer espacio de Madrid especializado en la comercialización y difusión de la moda sostenible y ética, que con su nombre alude a la Economía Circular y fomenta una moda cuyos materiales al final de su vida puedan integrarse de nuevo en la Naturaleza, para que se reutilicen, reciclen y optimicen.

The Circular Project y su impulsora, Paloma García, apoyarán in situ la presentación y votación posterior del informe textil abanderado por la eurodiputada Lola Sánchez Caldentey, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, en el Parlamento Europeo. También estarán en esta sesión Cristina Sánchez activa colaboradora de la campaña internacional Fashion Revolution Spain, José A. Martínez impulsor de Stars for workers y Javier Gallego Crudo que será el altavoz con su  programa de radio independiente Carne Cruda, emitiendo en directo la presentación del informe desde el Parlamento Europeo, este miércoles 26 de abril.

La industria textil dista mucho de ser responsable, ética, sostenible y es la segunda industria más contaminante del planeta y en la que más abusos laborales se producen, señala Paloma García. Por eso, esta semana promete ser muy especial para toda la industria y para los que llevan tiempo reivindicando un cambio profundo, como ella.

El informe textil de Lola Sánchez Caldentey, elegida en dos años consecutivos la eurodiputada más justa por la Fundación Max Van der Stoel, se votará este jueves 27 de abril en el Parlamento Europeo.

Sánchez Caldentey hizo una llamada de atención hace unos meses en la Eurocámara y puso de nuevo sobre la mesa las promesas incumplidas después de los terribles acontecimientos de Daca (Bangladesh) el 24 de abril del 2013, cuando se derrumbó el Rana Plaza y murieron 113 trabajadores del textil. Solicitó reabrir el asunto y comenzar a trabajar de forma eficaz para facilitar unos mecanismos que faciliten la trazabilidad y la transparencia en toda la cadena de suministro en un sector que hasta ahora resulta muy opaco.

De este modo se redactó el Informe 2016/2140 (INI) que pretende ser vinculante para todos los actores implicados y que pide a la Comisión Europea una propuesta legislativa sobre obligaciones de diligencia debida.

En este informe se pone de manifiesto entre otras cosas que:

  • La cadena de suministro del sector de la confección se encuentra entre las que más riesgo tienen de que se produzcan violaciones de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.
  • El desarrollo económico no puede avanzar si no es de la mano de la justicia social. Esto exige una gestión responsable de todas las cadenas de valor mundiales.
  • La dispersión geográfica de las diferentes etapas de los procesos de producción, los bajos precios, los cortos periodos de entrega, la subcontratación y las relaciones de corta duración entre comprador y proveedor hacen que se reduzca la visibilidad y la transparencia y aumente el riesgo de la violación de derechos humanos y labores, así como los daños medioambientales.

“El consumidor tiene derecho a saber y por ello la transparencia se considera el eje motor y un requisito indispensable e irrenunciable por el que trabajar y legislar. Mientras tanto –señala Paloma García- seguiré diciendo: producción local, consumo local para un cambio global”.

Consumo colaborativo: ¿colaboración o negocio?

¿Colaboración o negocio? Consumo colaborativo: del valor para los usuarios a una sociedad con valores es el título del informe que acaba de presentar la Organización de Consumidores y Usuarios, que concluye que las plataformas de consumo colaborativo P2P son eficientes y útiles para sus usuarios, pero tan solo una minoría de ellas se plantea como misión transformar la sociedad hacia una economía con valores.

Para unos, el consumo colaborativo es una poderosa herramienta de transformación social, para otros solo una amenaza que introduce competencia desleal y distorsiona el mercado de trabajo. Lo que parece claro es que se trata de una nueva forma de entender el consumo.

Los  usuarios tienen claro que el consumo colaborativo crea valor para ellos, es útil y responde a sus expectativas. Los pocos conflictos que mencionan los encuestados confirman la idea de que en general es un entorno seguro.

Conscientes de su relevancia, OCU y las organizaciones de Bélgica, Italia y Portugal pusieron en marcha a principios de 2015 una extensa investigación. Los resultados hablan de utilidad y eficiencia, pero también reflejan que son necesarias mejoras desde el punto de vista legal y de protección a los consumidores.

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El informe identifica 70 webs de 55 plataformas diferentes que operan en los cuatro países y que son una buena muestra de sectores como el alquiler de alojamientos P2P, el carpooling, el crowdfunding, o los huertos urbanos. El estudio incluye una encuesta con más de 8.670 respuestas, una evaluación legal y social de las plataformas y un cuestionario a las plataformas sobre su funcionamiento.

Por otro lado, el estudio legal pone de manifiesto que convendría definir mejor la responsabilidad de las plataformas respecto a las transacciones que se cierran a través de ellas, mejorar la información, conseguir que la distinción entre proveedores profesionales y particulares resulte clara para los usuarios y mejorar los sistemas de resolución de conflictos.

Todos los modelos de plataformas que existen son útiles para los usuarios, pero solo una pequeña parte de las plataformas se plantea como misión la mejora social de la comunidad.

10 propuestas de mejora

1) Trabajar para crear un entorno seguro en que los usuarios puedan interaccionar.

2) Establecer reglas de uso fáciles de comprender y muy visibles para los usuarios. Toda la información legal y las condiciones de uso deben indicarse en la lengua o lenguas del país en el que operan.

3) Comprobar que los proveedores disponen ya de los seguros adecuados para la actividad que ofrecen o bien proporcionar una cobertura adecuada. Por ejemplo, las plataformas que se dedican a transporte (alquiler de coches entre particulares, por ejemplo) deben asegurarse de que los conductores disponen de un seguro apropiado y las dedicadas al alojamiento deberían proporcionar un seguro que cubra los daños a la propiedad.

4) Informar a todos sus usuarios, tanto a los que actúan como consumidores como los que asumen el papel de prosumidores, de la legislación que se les aplica, según el país y el sector en el que operen. Esta información debe estar visible y redactada con claridad.

5) Aclarar y mejorar la protección al consumidor: con demasiada frecuencia, los consumidores no reciben suficiente información (a veces, ninguna) sobre la plataforma que están usando, la actividad en la que participan y sus derechos básicos.

6) Teniendo en cuenta que la legislación que se aplica a cada transacción depende de si el proveedor es una empresa o un particular, las plataformas deberían desarrollar los filtros adecuados para que los consumidores tengan siempre claro el estatus legal del proveedor.

7) Desarrollar sistemas de reputación virtual fiables, que incluyan mecanismos como los comentarios cruzados y la verificación de identidad de los usuarios.

8) Desarrollar y poner en práctica mecanismos de reclamación adecuados, que permitan un buen seguimiento de la reclamación y guarden un registro de la solución acordada entre las partes.

9) Sería beneficioso para el conjunto de la economía colaborativa que las plataformas fueran más transparentes y rindieran cuentas de su impacto económico, social y medioambiental.

10) Realizar mayores esfuerzos para medir el triple impacto de sus actividades en los aspectos económico, social y medioambiental.

10 peticiones a legisladores y administraciones

  1. Las autoridades deben asegurar la unidad del mercado entre las diferentes regiones y países introduciendo un marco común europeo para proteger a los usuarios.
  2. Promover un entorno competitivo para evitar la creación de oligopolios y monopolios en el consumo colaborativo.
  3. Aclarar las funciones y las responsabilidades de las plataformas.
  4. Los legisladores deben definir los parámetros que distinguen a una actividad profesional de una actividad privada.
  5. El consumo colaborativo no debe ser asfixiado por un exceso de regulación.
  6. Los legisladores deben reconocer al “prosumidor” como un nuevo actor económico y definir reglas simples que delimiten las obligaciones tributarias y administrativas para los ciudadanos que ofrecen un servicio no profesional de forma ocasional. No hay ninguna razón para prohibir tales actividades.
  7. Un buen cumplimiento de las obligaciones fiscales para contrarrestar la competencia desleal y por su contribución positiva a la sociedad. En particular, dado que los puestos de trabajo estables son cada vez más escasos y que los prosumidores  pueden generar microingresos mediante los servicios que prestan.
  8. Los gobiernos deben supervisar y evaluar el triple impacto (económico, social y ambiental) del consumo colaborativo en la sociedad.
  9. Los legisladores deben garantizar el derecho a la innovación tecnológica, incluso si la innovación supone un reto a la forma tradicional de hacer negocios. Debe dar cabida a las mejoras que son posibles gracias a la tecnología.
  10. Y, por último, los gobiernos deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales que se aplican a todos los participantes en el consumo colaborativo.Informe completo: pincha aquí.