. La mayoría de los consumidores cree que la ley debería exigir que las marcas declaren si pagan un salario justo y digno.

Una encuesta sobre lo que pensamos los consumidores europeos de las condiciones en las que se produce la ropa que compramos y su impacto medioambiental, elaborada por Fashion Revolution y encargada por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, señala que ocho de cada diez compradores consideran que se debería obligar por ley a las marcas a respetar los Derechos Humanos de todas las personas que intervienen en la elaboración de sus artículos.

Imagen: Efe

La encuesta, que se ha elaborado con las opiniones de 5.000 personas con edades entre los 16 y los 75 años, de los cinco principales mercados europeos: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España, señala que la mayoría de los consumidores -el 72%- de estos cinco países cree que la ley debería exigir que las marcas de ropa declaren si están pagando un salario justo y digno a sus trabajadores y trabajadoras. Esta misma exigencia se eleva a un 76% en el caso de la población encuestada en España.

Además, el 81% de los consumidores españoles cree que la legislación debería exigir a las marcas de ropa que adopten medidas para proteger el medio ambiente en cada una de las etapas de fabricación de sus productos.

El informe  también concluye que la mayoría de la población consumidora quiere saber en qué condiciones se fabrica su ropa. Así lo ha señalado el 59% de la muestra encuestada y en España este porcentaje asciende al 62%.

En concreto, un 69% de la ciudadanía española está interesada en conocer qué hacen las marcas de ropa para proteger los Derechos Humanos de los trabajadores y trabajadoras de toda la cadena de producción, cifra que se eleva al 73% en el caso de las mujeres españolas.

El  66% considera importante que las marcas de ropa publiquen información detallada sobre los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados en su cadena de suministro global. Y un 80% cree que las marcas de ropa deberían publicar qué fábricas utilizan para la confección de sus prendas.

En relación con la igualdad, el 84% de los consultados afirma que es importante que las empresas atenúen su impacto a largo plazo abordando el problema de la pobreza mundial, la protección del medio ambiente -un 88%- y la desigualdad de sexos -un 77%-. En este sentido, tres de cada cuatro personas en España creen que las marcas deberían contribuir en mayor medida a mejorar la vida de las mujeres que fabrican su ropa, zapatos y accesorios, y que constituyen la mayor parte de su fuerza laboral.

En cuanto a las actitudes ante la compra, casi el 40% tiene en cuenta las repercusiones sociales y ambientales de la fabricación de las prendas de moda. Pero cerca del 60% de la población no se plantea este tipo de cuestiones.

Entre los aspectos que los consumidores tienen en cuenta a la hora de comprar, el más importante es el pago de un salario justo y digno a los trabajadores, seguido de cerca por la protección del medio ambiente o las condiciones de trabajo. Criterios como la producción local o el uso de materiales reciclados resultan de menor relevancia para los consumidores.

El informe concluye con recomendaciones a los gobiernos para que den prioridad a la producción y consumo de moda sostenible en sus políticas y presupuestos, a las marcas para que incluyan más información en el etiquetado y a la ciudadanía para que se pregunte quién hace su ropa.

Esta encuesta, que se ha dado a conocer ahora, procede del estudio Consumer survey report, elaborado por Fashion Revolution y publicado en noviembre de 2018 en el marco del proyecto Trade Fair, Live Fair, financiado por la Unión Europea, en el que también participa la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Mónica Gómez, vicepresidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, afirma que los consumidores somos cada vez más conscientes de que los productos no aparecen por generación espontánea en las estanterías. «Cada vez pensamos más en las personas que hay detrás, en quién ha elaborado nuestra ropa y en qué condiciones. Y queremos saber y tener garantías de que consumimos sin que haya explotación y sin que nos estemos cargando el planeta. Se ha avanzado bastante en temas de seguridad laboral o el etiquetado, pero en materia de Derechos Humanos, tenemos casi todo por hacer».