Entre un 20 y un 30% de la población en edad laboral en la Europa de los 15 y en Estados Unidos percibe algún tipo de ganancia por su cuenta. De ellos, un 15% -y la cifra va en aumento- utiliza plataformas digitales para obtener esos ingresos.

Son datos del informe Trabajo independiente: elección, necesidad y economía bajo demanda, publicado por McKinsey en octubre de 2016, y que ha servido de base a la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) para reclamar la adecuación de la legislación laboral a las actividades de las plataformas digitales.

Unas empresas sin trabajadores al uso, sino con «prestadores de servicios» que no mantienen con la matriz más relación laboral que la de adaptarse a su objeto de negocio para conseguir unos ingresos por cuenta propia.

En España hay 3.215.086 afiliados al Régimen Especial Trabajadores Autónomos (RETA). Son tan solo una cuarta parte del total de 12 millones de trabajadores independientes que McKinsey atribuye a España.

La consultora coincide con el RETA en que hay tres millones de personas en el país que han escogido voluntariamente trabajar por cuenta propia y esa es su fuente primaria de ingresos. Pero saca de la sombra a otros nueve millones de individuos que, de alguna manera, perciben ingresos a partir de trabajos por cuenta propia.

Cuatro millones de ellos los reciben como suplemento a su actividad habitual, tres millones dependen de esta vía como fuente de ingresos (contra su voluntad), y dos millones recurren a ello por problemas financieros, es decir, complementan su trabajo con fuentes suplementarias por necesidad.

De estos datos se extraen cuatro tipologías en las que McKinsey divide a los trabajadores: Independientes o autónomos: perceptores ocasionales (40%), que utilizan el trabajo independiente para ingresos suplementarios y lo hacen por elección; agentes libres (30%), que eligen activamente el trabajo independiente y esta es su fuente primaria de ingresos; individuos con problemas económicos (16%), que complementan su trabajo con fuentes suplementarias por necesidad; y personas reacias (14%), cuya fuente de ingresos es el trabajo independiente, aunque preferirían empleos tradicionales.

Este es el panorama general que presenta McKinsey, pero el informe va más allá y se centra en la llamada «economía bajo demanda» (gig economy) y en su intersección con la economía colaborativa, a cuyos usuarios mete en el saco de los trabajadores independientes.

«Millones de trabajadores por cuenta propia, autónomos, trabajadores temporales, así como las personas que alquilan habitaciones en Airbnb, conducen para Uber o venden productos en eBay, son parte de esta significativa tendencia».

El 15% de la fuerza de trabajo independiente (autónomo) ha usado alguna plataforma digital P2P bajo demanda para generar ingresos. Es decir, el 4% de la población en edad laboral.

«Estas plataformas han crecido rápidamente en los últimos años y, a medida que se expanden podrían tener un efecto transformador aplicado al mercado de trabajo», dice el informe de McKinsey.

Asimismo, un reciente informe sobre la economía colaborativa en España realizado por la Fundación EY -junto con Adigital, Fundación Cotec, Fundación de Estudios Financieros y Círculo de Empresarios- estima que el impacto económico de las actividades colaborativas subyacentes a las plataformas ya supone entre un 1 y un 1,4% del PIB y ascenderá hasta un 2 a 2,9% en 2025. Según este estudio, los servicios de microtareas entre pares son los que tienen un mayor potencial de crecimiento.

Basándose en las propuestas de estudios, expertos y organismos internacionales, y las experiencias de otros países, Adigital propone delimitar el tipo de relaciones existentes entre las plataformas y sus usuarios y defiende la existencia de una relación mercantil –no laboral-, representada mediante la figura del autónomo como el régimen que mejor se adapta a esta realidad en la mayoría de los casos, con algunos matices, señala José Luis Zimmermann, director general de Adigital.

Sin embargo, consideran  que la actual ley que regula el trabajo de los autónomos es en España poco flexible y provoca escasa competitividad por lo que son partidarios de una nueva regulación más amplia a la que se llegue por consenso de todos los agentes sociales, partidos políticos y asociaciones profesionales.

El informe propone también mejorar la colaboración entre los organismos públicos y las plataformas para facilitar los procesos de recaudación tributaria y de gestión de cotizaciones, así como introducir modelos mixtos que combinen la existencia de empleados y autónomos dentro de la plataformas, algo que no es posible en la actualidad y que se considera indicio de laboralidad -que existe una relación laboral entre la plataforma y el usuario-, como ocurre si la plataforma decide ofrecer servicios y coberturas extra u otros beneficios a sus usuarios.

Con ello, Adigital cree que se contribuiría a eliminar la precariedad y a aflorar la economía sumergida.

Adigital y GoVup advierten de que no solo es necesaria una revisión de la regulación vigente, sino también actuar en el plano político para favorecer la transición de la «economía de empleo» actual a una «economía de trabajadores autónomos».

Trabajo en plataformas digitales.