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Los particulares también pueden invertir en renovables

Fundeen es una startup de Ávila que permite a usuarios particulares invertir en proyectos de energías renovables hasta ahora reservados a las grandes compañías eléctricas y fondos de inversión.

La plataforma acaba de obtener el 100% de la financiación de sus primer  proyecto, una instalación fotovoltaica en Málaga, en menos de 24 horas, con aportaciones de particulares.

Creada por los hermanos Nacho y Adrián Bautista, y con autorización de la CNMV, Fundeen ofrece a usuarios particulares poder invertir en proyectos de energías renovables, desde 500 euros. Un sector rentable que además favorece la transición energética a un modelo más sostenible. 

La startup nació en 2017, tras recibir sus creadores el galardón del programa de emprendimiento Santander Yuzz de la Universidad Alfonso X, que les dio la oportunidad de viajar a Silicon Valley. “Nuestra generación -señala Nacho Bautista- tiene la responsabilidad de generar su propio impacto positivo en el medio ambiente, algo que se puede conseguir apoyando el desarrollo de tecnologías limpias. Por eso, Fundeen pretende democratizar la inversión en proyectos de energía renovable y hacerlo accesible a todos y cada uno de nosotros”.

Fundeen busca que los particulares puedan, si quieren, participar en el sector de las energías renovables, ya que en España, tradicionalmente, estas inversiones las realizaban los fondos de inversión y las compañías eléctricas, al tratarse de proyectos muy grandes que precisan una inversión potente. “A día de hoy, con la tecnología, es factible crear sociedades que tengan muchos participantes que pueden hacer pequeñas aportaciones“, explica Bautista.

A través de la plataforma se puede invertir cantidades desde 500 euros de dos maneras: o haciendo un préstamo promotor o adquiriendo participaciones de una sociedad. El objetivo de los promotores es doble: “Por un lado, aportar a los inversores una rentabilidad anual de en torno al 7%; y por otro, que lo hagan apostando por un activo que genera un impacto muy positivo en la sociedad, al ayudar a hacer una transición energética hacia un modelo mucho más sostenible”.

Su primer proyecto ha sido Calanova Solar, una instalación fotovoltaica que se construirá en la provincia de Málaga y que ha alcanzado el total de la financiación necesaria en menos de 24 horas, el 70% de la misma en las primeras cinco horas tras el lanzamiento del proyecto.

La planta permitirá cubrir el 20% de la demanda energética del club Calanova, y convierte a sus 38 inversores en socios de la sociedad propietaria de la instalación y obtienen así participaciones y una rentabilidad anual estimada del 7,47%. Además, la startup acaba de cerrar una ronda de financiación de 150.000 euros para realizar inversiones en sectores como I+D.

Entre sus próximos proyectos se encuentra La Línea Solar, una instalación fotovoltaica de autoconsumo que produciría energía para cubrir el 20% de la demanda energética de la fábrica que el consumidor tiene en Cádiz; y Cadí-Moizeró, el primer proyecto de biomasa de Fundeen, instalado en un hotel en Cataluña.

Cada vez nos importa más quién fabrica nuestra ropa y en qué condiciones

. La mayoría de los consumidores cree que la ley debería exigir que las marcas declaren si pagan un salario justo y digno.

Una encuesta sobre lo que pensamos los consumidores europeos de las condiciones en las que se produce la ropa que compramos y su impacto medioambiental, elaborada por Fashion Revolution y encargada por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, señala que ocho de cada diez compradores consideran que se debería obligar por ley a las marcas a respetar los Derechos Humanos de todas las personas que intervienen en la elaboración de sus artículos.

Imagen: Efe

La encuesta, que se ha elaborado con las opiniones de 5.000 personas con edades entre los 16 y los 75 años, de los cinco principales mercados europeos: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España, señala que la mayoría de los consumidores -el 72%- de estos cinco países cree que la ley debería exigir que las marcas de ropa declaren si están pagando un salario justo y digno a sus trabajadores y trabajadoras. Esta misma exigencia se eleva a un 76% en el caso de la población encuestada en España.

Además, el 81% de los consumidores españoles cree que la legislación debería exigir a las marcas de ropa que adopten medidas para proteger el medio ambiente en cada una de las etapas de fabricación de sus productos.

El informe  también concluye que la mayoría de la población consumidora quiere saber en qué condiciones se fabrica su ropa. Así lo ha señalado el 59% de la muestra encuestada y en España este porcentaje asciende al 62%.

En concreto, un 69% de la ciudadanía española está interesada en conocer qué hacen las marcas de ropa para proteger los Derechos Humanos de los trabajadores y trabajadoras de toda la cadena de producción, cifra que se eleva al 73% en el caso de las mujeres españolas.

El  66% considera importante que las marcas de ropa publiquen información detallada sobre los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados en su cadena de suministro global. Y un 80% cree que las marcas de ropa deberían publicar qué fábricas utilizan para la confección de sus prendas.

En relación con la igualdad, el 84% de los consultados afirma que es importante que las empresas atenúen su impacto a largo plazo abordando el problema de la pobreza mundial, la protección del medio ambiente -un 88%- y la desigualdad de sexos -un 77%-. En este sentido, tres de cada cuatro personas en España creen que las marcas deberían contribuir en mayor medida a mejorar la vida de las mujeres que fabrican su ropa, zapatos y accesorios, y que constituyen la mayor parte de su fuerza laboral.

En cuanto a las actitudes ante la compra, casi el 40% tiene en cuenta las repercusiones sociales y ambientales de la fabricación de las prendas de moda. Pero cerca del 60% de la población no se plantea este tipo de cuestiones.

Entre los aspectos que los consumidores tienen en cuenta a la hora de comprar, el más importante es el pago de un salario justo y digno a los trabajadores, seguido de cerca por la protección del medio ambiente o las condiciones de trabajo. Criterios como la producción local o el uso de materiales reciclados resultan de menor relevancia para los consumidores.

El informe concluye con recomendaciones a los gobiernos para que den prioridad a la producción y consumo de moda sostenible en sus políticas y presupuestos, a las marcas para que incluyan más información en el etiquetado y a la ciudadanía para que se pregunte quién hace su ropa.

Esta encuesta, que se ha dado a conocer ahora, procede del estudio Consumer survey report, elaborado por Fashion Revolution y publicado en noviembre de 2018 en el marco del proyecto Trade Fair, Live Fair, financiado por la Unión Europea, en el que también participa la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Mónica Gómez, vicepresidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, afirma que los consumidores somos cada vez más conscientes de que los productos no aparecen por generación espontánea en las estanterías. “Cada vez pensamos más en las personas que hay detrás, en quién ha elaborado nuestra ropa y en qué condiciones. Y queremos saber y tener garantías de que consumimos sin que haya explotación y sin que nos estemos cargando el planeta. Se ha avanzado bastante en temas de seguridad laboral o el etiquetado, pero en materia de Derechos Humanos, tenemos casi todo por hacer”.

 

Redondeo solidario para financiar proyectos sociales

El Redondeo solidario en caja es un nuevo mecanismo de recaudación solidaria puesto en marcha por la startup Worldcoo, que permite redondear el importe final de nuestra compra y donar los céntimos restantes a una causa social siempre que paguemos con tarjeta.

Desde su puesta en marcha, a finales de 2018, más de 500 establecimientos comerciales ya ofrecen esta opción. En total, se han realizado más de un millón de donaciones a través de este nuevo sistema, pionero en España, lo que equivale a más de 300.000€ recaudados.

El Redondeo solidario ofrece a los clientes la oportunidad de colaborar con la financiación de diferentes proyectos sociales, impulsados por ONG locales e internacionales.

El funcionamiento es sencillo: antes de introducir el código PIN, el mismo datáfono pregunta, de forma automática, si se quiere redondear el importe final de la compra. Para colaborar, simplemente se tiene que apretar el botón verde y continuar con el proceso de compra habitual.

Cada compañía que ha adoptado el sistema colabora con una causa concreta y entre ellas están la Fundación Arrels que garantiza un alojamiento digno a personas sin hogar;  Educo, que otorga becas comedor a niños en riesgo de pobreza y exclusión social; la  Federación Española de Enfermedades Raras (Feder).  También, la Fundación Pasqual Maragall que pretende financiar la nueva Unidad de Investigación Clínica en Prevención de la Demencia, o Casal dels Infants, entidad que da soporte escolar a niños en situación vulnerable.

Imagen: Worldcoo.

La herramienta, gratuita para los comercios que la quieran implementar, ya está disponible para diferentes sistemas de pago. Para su puesta en marcha, Worldcoo ha firmado acuerdos de colaboración con las principales compañías tecnológicas líderes en sistemas de pago como Ingénico, Verifone, Saima o Siam.

La startup desarrolla diferentes canales de recaudación con el objetivo de ayudar a las ONG a encontrar los recursos económicos necesarios para financiar sus proyectos sociales. Lo consigue gracias a la colaboración de empleados y clientes de empresas de diversa índole, quienes tienen la oportunidad de mostrar su compromiso solidario con micro-donaciones (desde céntimos) en pasarelas de pago o plataformas online.

Desde su creación en 2012, ha financiado más de 250 proyectos gracias al más de medio millones de donantes de 35 países distintos. La empresa forma parte del movimiento B Corporation y cuenta con el respaldo de la Comisión Europea al haber formado parte de su programa Horizon 2020.

Los gestores culturales también se apuntan a la sostenibilidad

El Compromiso de la Cultura con la Agenda 2030 es una declaración que han suscrito los agentes e instituciones culturales, impulsados por el Instituto Cervantes y por Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), bajo la premisa “Sin Cultura no hay desarrollo sostenible” y con el  compromiso del sector para que en 2030 se cumplan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por las Naciones Unidas en 2015.

Imagen: Instituto Cervantes.

El marco de los ODS hace referencia a la cultura en los Objetivos relacionados con la educación, el logro de ciudades sostenibles, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, el crecimiento económico, las pautas de consumo y producción sostenibles y la promoción de sociedades inclusivas y pacíficas. Y en este sentido, el sector cultural -consideran sus promotores- “tiene la capacidad y la responsabilidad, a través de sus múltiples disciplinas y canales de expresión y de comunicación, de ayudar a la ciudadanía a comprender los desafíos mundiales que afronta la Humanidad y el vital papel que podemos desempeñar para superar estos retos”.

Con esta declaración, los gestores culturales firmantes se comprometen a defender la cultura como parte fundamental de la vida y de la relación con el medio que nos circunda; reconocer el poder de las expresiones culturales como vehículo transmisor de la experiencia humana en la Tierra y su capacidad para transmitir ideas, modificar comportamientos y mejorar la calidad de vida de las personas y a considerar el valor de la cultura en los ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La declaración de la Cultura en apoyo de la Agenda 2030 se acaba de presentar en unas jornadas organizadas por el Instituto Cervantes y la RESD, en las que han participado agentes culturales reunidos en la plataforma #CulturaSostenible.

La Declaración propugna una transformación global hacia modelos de desarrollo incluyentes y sostenibles, y resalta la virtualidad de la cultura para contribuir a la mejora global en aspectos como la educación, alimentación, desarrollo urbano, igualdad, inclusión, paz, prosperidad o crecimiento económico.

El Instituto Cervantes presentará próximamente un Libro Verde de Sostenibilidad y gestión cultural y reforzará la sostenibilidad como uno de los temas capitales de los actos culturales de este año.

Este libro servirá de guía para una acción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente en todos los ámbitos, desde la edición a la producción de exposiciones. Además, los centros del Instituto organizarán este año conferencias y encuentros sobre sostenibilidad

Una herramienta que mide los impactos social y ambiental de las empresas

La herramienta de Evaluación de Impacto B, accesible a través de una plataforma digital desarrollada por B Lab -organización global sin ánimo de lucro al servicio del movimiento B Corp– está permitiendo a 1.439 compañías españolas empiezan a medir y gestionar su impacto social y ambiental.

B Corporation es un movimiento global de personas que utiliza la fuerza de las empresas para resolver los problemas sociales y ambientales del siglo XXI. A diferencia de las empresas que sólo persiguen fines económicos, las empresas con la certificación B Corp cumplen con niveles elevados y verificados de desempeño social y ambiental, transparencia pública, responsabilidad legal y compromiso de impacto positivo.

La herramienta permite a las empresas evaluar, comparar y mejorar su desempeño social y ambiental. De entre las empresas españolas que han utilizado la herramienta, sólo un 3% ha logrado superar el estándar necesario para obtener el certificado B Corp. Entre ellas, están Patagonia, Ben & Jerry’s, Danone, Veritas o Holaluz.

También, empresas como Ecoalf, Triodos Bank e Impact Hub Madrid aplican esta herramienta  para ser capaces de mejorar la vida de la personas y el planeta a través de los servicios y productos que ofrecen.

Esta implicación creciente del sector privado en la medición y la gestión del impacto responde a la demanda social de conseguir un sector empresarial más inclusivo y sostenible. De hecho, el 66% de los consumidores pagarán más por productos y servicios sostenibles en los próximos años, según datos de Nielsen, según afirman los responsables de B Lab España.

Con más de 2.750 B Corps en 60 países y 130 sectores, el movimiento empresarial B Corp no solo responde a estas demandas crecientes de la población, sino que a través de la certificación B Corporation garantiza que este nuevo tipo de empresas generan un cambio positivo en la sociedad y en el planeta a través de su actividad.

Las compañías B Corp están obligadas a cumplir con altos estándares sociales y ambientales y a modificar sus estatutos legales para que los empleados, las comunidades y el planeta sean tan importantes como los accionistas en la toma de sus decisiones.

En España, el movimiento B Corp está en pleno crecimiento y listo para emprender el camino del cambio: según su Memoria Anual 2018, en tan solo 5 años se han unido a la comunidad B Corp casi 60 empresas activas en España de 12 sectores distintos .

Holaluz, Specialisterne, WorldCoo, Flor de Doñana, Alma Natura, Change.org, Hemper o Corresponsables son algunas de las que están en esta lista de líderes. “B Corp no solo aporta a las empresas reconocimiento en los medios y entre los clientes y consumidores, sino que es un espacio colectivo de red, identificación y pertenencia que permite sumar esfuerzos para avanzar hacia una nueva era en la que las compañías contribuyan activamente al desarrollo sostenible”, señalan desde la organización.

Seis de cada diez españoles compran ropa cada mes

El estudio Los españoles y su armario, realizado por Sondea.com para la firma de electrodomésticos AEG, pone al descubierto los hábitos de consumo de los españoles en el sector textil y el conocimiento que tenemos de nuestro propio guardarropa. Los resultados son alarmantes para una industria que es la segunda más contaminante del planeta y responsable del 20% de los tóxicos que se vierten en el agua.

La primera parte de esta encuesta señala que seis de cada 10 españoles compran ropa cada mes y que se gastan 90,50 euros por persona. También dice que ocho de cada 10 desconocen cuánto vale el contenido de su armario, aunque si tuvieran que hacer un cálculo, la media estaría en 2.480,70 euros; y que casi un 59% de los encuestados tiene más de 35 prendas.

En general desconocen de qué material está hecha la ropa que adquieren, excepto la interior y las camisetas que afirman que las compran de algodón.

Paloma García, responsable de The Circular Project.

El estudio señala, por otra parte, que el 47,15% de los encuestados reconoce tener alguna prenda en su armario de más de 10 años de antigüedad, que ese porcentaje en las mujeres llega al 50,59% y que siete de cada 10 españoles se ponen su prenda favorita cada semana.

“Nadie escapa al hecho de ir vestido de la mañana a la noche, le guste o no la moda, y además es un sector que mueve un porcentaje enorme de la economía al abarcar muchos sectores de actividad. Si conseguimos que todo el proceso de fabricación, desde que el agricultor planta la semilla hasta el punto de distribución de la prenda, se haga de modo responsable, sostenible, ético y ecológico, estaremos transformando la sociedad”, explica Paloma García, presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid y CEO fundadora de The Circular Project.

“La implantación del ecodiseño debería venir impuesta por ley y esto significa que se debe tener en cuenta hasta el menor detalle del impacto ambiental y social de cada paso que damos en la cadena productiva”, añade.

El diseñador Juan Duyos  afirma que la industria está en un lado de la cadena de sostenibilidad, pero que en el otro lado está el consumidor, al que anima a tener prendas duraderas. “Un buen vestido puede durar muchos años y pasar incluso de madres a hijas. Y, además, muchas veces podemos reconvertir un vestido de noche en otro de cóctel o cambiarle ciertos detalles y transformarlo en uno nuevo”.

“El Slow Fashion ya no debería ser una opción para nosotros como consumidores”, dice.

La encuesta se ha realizado también en otros cuatro países: Suecia, Italia, Francia y Polonia, que arrojan resultados semejantes.

A excepción de Suecia, los encuestados de los otros tres países compran ropa también cada mes y es Polonia, con un 72,70% de los consultados, el país que lo hace en mayor medida. Italia con un 58,24% y Francia con un 45,61% tienen un comportamiento similar a España. Por el contrario, un 55,40% de los suecos afirma comprar solo anualmente y solo el 36% lo hace cada mes.

Sobre el número de prendas que guardan en el armario, los que afirman que tienen más de 35 son los suecos, en un 66,1%; los polacos, en un 60,84; los franceses, en un 53,3%; y los italianos, en un 50,6%. También la mayoría de los encuestados reconoce tener prendas de más de 10 años en su armario.

En cuanto a la prenda más común en el armario de los españoles, la camiseta (28,49%) es la ganadora, tanto en hombres como mujeres, aunque este porcentaje baja a medida que aumenta la edad. Para las mujeres, la segunda prenda son los vaqueros (15,35% de las consultadas), mientras que la camisa lo es para el 18,82% de los hombres.

Marta Lucas, responsable de Comunicación de AEG dice que con nuestra forma de comprar, “los ciudadanos somos responsables del cuidado del medio ambiente. Compramos mucha ropa con una periodicidad mensual pero luego no sabemos realmente qué coste tiene nuestro armario ni del material del que están compuestas las prenda”.

Se crea en Madrid el primer centro de reparto urbano sostenible

Los altos niveles de contaminación en el centro de las ciudades, en este caso en Madrid, ha llevado a la startup  Mensos a crear el primer centro de distribución urbana sostenible en la capital, para evitar la entrada de vehículos de combustión y conseguir una mayor eficacia en el reparto.

Se trata de un espacio al que van a llegar los paquetes procedentes del comercio por internet  y en el que se van a almacenar y preparar para su posterior reparto en bicicletas. Es un almacén sostenible que cuenta con la última tecnología en software de gestión y trazabilidad.

Mensos, empresa de mensajería urgente en bicicletas, ha sido creada por el triatleta y profesional de la logística Alejandro Corroto, que se declara comprometido con el medio ambiente, la sostenibilidad y la eficiencia.

“Las ciudades necesitan la reducción de vehículos de combustión y vehículos de gran tonelaje en sus centros, además de una mayor eficacia en el reparto. Por ello, hemos creado un centro de distribución urbana sostenible mediante reparto en vehículos respetuosos con el medio ambiente: bicicletas, triciclos, motos eléctricas…”.

Las bicicletas de Mensos permiten hacer el reparto más eficaz, gracias a su gran movilidad y capacidad (hasta 100 kilos de carga), y cuentan con la tecnología de geolocalización y trazabilidad de las mercancías transportadas.  Además, la empresa también garantiza el control de cadena de frío en un proyecto cooperativo con otras compañías.

La diferencia de esta startup con otras empresas de reparto es que más de la mitad de sus repartidores son trabajadores contratados en plantilla, según su responsable que señala que el resto de los empleados trabajan como autónomos ya que compaginan este trabajo con otras ocupaciones, porque así lo quieren ellos.

Para poder llevar cabo el desarrollo tecnológico del centro de distribución urbana sostenible y seguir desarrollando este modelo de negocio y llevarlo a otras ciudades, Mensos ha abierto una ronda de inversión participativa a través de la plataforma de impacto social, la Bolsa Social, donde espera recaudar entre 100.000 y 125.000 euros.

Desde su nacimiento en 2014, Mensos ha crecido exponencialmente en la ciudad de Madrid y busca expandirse a otras ciudades de España a lo largo del año 2019 con el objetivo de cambiar el paradigma tradicional de la logística urbana y de promover ciudades más sostenibles y habitables.

Recogidas para su reciclaje 5.000 toneladas de residuos de iluminación

Durante el ejercicio 2018, Ambilamp, Asociación para el Reciclaje de Residuos de Iluminación, ha recogido para su reciclaje 2.616 toneladas de residuos de lámparas, 2.233 toneladas de residuos de luminarias y 277 toneladas de residuos de material eléctrico y electrónico bajo la marca Ambiafme. En total, la Asociación ha recogido y tratado más de 5.000 toneladas de residuos durante el pasado ejercicio.

Imagen: Efe.

Ambilamp es una asociación sin ánimo de lucro que nace para intentar dar soluciones al problema de la recogida de residuos luminarios, reuniendo a las principales empresas de iluminación con el objetivo de desarrollar un sistema de recogida y tratamiento de residuos de lámparas y luminarias.

Desde 2005, año de fundación de Ambilamp, la asociación registra un acumulado de más de 26.000 toneladas de residuos de lámparas reciclados (casi 200 millones de unidades) y desde 2012, año en el que Ambilamp comenzó a recoger residuos de luminarias, ya ha contabilizado 7.121 toneladas recicladas. La actividad desempeñada, solo con el reciclado de las lámparas, revierte en beneficios medioambientales, como evitar la emisión a la atmósfera de más de 2 millones de toneladas de CO2, señalan los responsables de la asciación.

En cuanto a lo recogido y reciclado por la marca Ambiafme, las recogidas se han realizado desde agosto del pasado ejercicio, mes en el que entró en vigor el nuevo ámbito de aplicación del Real Decreto RAEE 110/2015, y se han sumado un total de 277 toneladas recicladas de estos nuevos materiales.

Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades que están a la cabeza del reciclaje de lámparas. En Cataluña se recogieron en 2018 566 toneladas de lámparas y 283 toneladas de luminarias; en Madrid, 418 toneladas de lámparas y 442 toneladas de luminarias; y en Andalucía, 320 toneladas de lámparas y 380 toneladas de luminarias.

Otras regiones como la Comunidad Valenciana, País Vasco o  Galicia siguen estando con índices medios de reciclaje, como en años anteriores pero sin descender en las recogidas.

A través de su página web, Ambilamp ofrece un localizador de puntos de recogida en todo el país. Así, los ciudadanos y los profesionales de la iluminación pueden acceder a un buscador en el que están incluidos por localidades los más de 32.000 puntos de recogida de la asociación.

Ambilamp se creó en 2005 como Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor y su objetivo es la implantación y mantenimiento de un modelo de recogida y tratamiento de aparatos de iluminación en España. Cuenta con más de 380 productores adheridos y más de 32.000 puntos de recogida. A partir de 2018, a través de Ambiafme  ha ampliado sus actividades a los diferentes subsectores del material eléctrico.

El modelo de la vivienda cooperativa en cesión de uso

Microurbania, Revive y el Mar de Energía han organizado este sábado 2 de marzo la presentación de Habitar en comunidad un libro sobre la vivienda cooperativa, editado por la cooperativa catalana Lacol.

La vivienda cooperativa en cesión de uso es un modelo participativo que cuenta con una dilatada trayectoria a través de los años, cuyo grado de innovación y paulatina implantación puede pasar desapercibida, según los autores de la publicación.

En este libro se presentan los principios que definen el modelo, como son: el derecho de uso, la propiedad colectiva y la autopromoción, y se exponen los elementos necesarios para llevar adelante un proyecto de estas características: el grupo organizado con un proyecto común, la estructura económica, el lugar y la asistencia técnica.

Esta edición quiere explorar cómo las cooperativas de vivienda en cesión de uso han sido y son capaces de impulsar vivienda colectiva asequible, con una alta capacidad transformadora, y al margen de las dinámicas especulativas del mercado.

El valor de la propuesta radica en que pocas veces una publicación para el público general ha abordado tantos aspectos distintos, poniendo en relación experiencias de diferentes países, señalan los organizadores.

Lacol es una cooperativa de arquitectura creada en 2009 en el barrio barcelonés de Sants. Trabaja con la arquitectura para lograr la transformación social, como una herramienta para intervenir de manera crítica en el entorno más próximo. Participa de La Dinamo, una fundación que tiene el objetivo de promover y consolidar la implantación del modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso como una alternativa a los modelos convencionales de acceso a la vivienda.

Mares es un proyecto innovador de transformación urbana a través de iniciativas de economía social y solidaria, de la creación de empleo de cercanía y de calidad y de la promoción de otro modelo de ciudad, que actúa en cuatro distritos de Madtrid: Villaverde, Vicálvaro, Puente de Vallecas y Centro.

Presentación de Habitar en comunidad:
Sábado 2 de marzo, en el Mar de Energía y Cuidados,
calle Toledo 108 de Madrid, 17.00 h.

 

Contra el despilfarro de alimentos: un pasito adelante y otro atrás

El proyecto de ley contra el Despilfarro de Alimentos de Cataluña podría continuar su curso esta semana en el Parlamento catalán para convertirse en ley, después de una demora de dos años y medio paralizado por la situación política.

Este proyecto de ley aprobado en julio de 2016, es uno de los resultados conseguidos por la activista Cristina Romero, la madre catalana que en enero de 2016 puso en marcha, en Change.org, una campaña para pedir al Ministerio de Sanidad medidas contra el despilfarro de comida en los comedores escolares, y que después ha ido avanzando, hablando con parlamentos autonómicos y con responsables políticos en el Congreso de los Diputados para conseguir su objetivo que no es otro que la lucha contra el despilfarro de alimentos.

Imagen: Efe.

“Según uno de los diputados con los que he hablado, esta semana el proyecto de ley irá a Pleno y esperemos que la maquinaria se ponga en marcha en breve”, señala Romero.

Al mismo tiempo, la Generalitat de Catalunya ha presentado hace unos días  el Plan de acción de prevención del despilfarro alimenticio, que se basa en el proyecto europeo ECOWASTE4FOOD  que reúne a siete autoridades locales y regionales de siete países de Europa, y con el que se  busca hacer frente al despilfarro alimenticio y, a la vez, demostrar que los residuos de alimentos pueden gestionarse para contribuir a una economía eficiente y respetuosa con el medioambiente..

El plan de la Generalitat parte de un modelo de gobierno compartido y recoge proyectos de 36 organizaciones catalanas implicadas como impulsoras. El Plan de Acción pretende reducir el desperdicio de alimentos a través de actuaciones para incrementar el conocimiento en este ámbito, sensibilidad y movilización de todos los sectores implicados, impulsar proyectos concretos para la prevención en origen del desperdicio y para el aprovechamiento de los alimentos, articular órganos de gobierno y definir los instrumentos normativos que lo faciliten.

Este Plan, además de coordinar a los diferentes actores que trabajan en la prevención del despilfarro de Alimentos en Cataluña, puede convertirse en la base de acción futura en este ámbito así como una valiosa aportación al debate sobre las futuras prioridades de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional que se tratará en este 2019.

Imagen: Comisión Europea.

Por otro lado, la modificación de la Ley de Seguridad Alimentaria, que es el objetivo primero de la campaña de Cristina Romero, continúa paralizada en el Congreso de los Diputados, ya que todavía no se ha constiuido la ponencia que debe debatirla. Según ha sabido su impulsora por boca de alguna diputada “hay muchas ponencias pendientes y muchas que siguen su curso pero la potestad de impulsar y permitir su constitución está en la Mesa de la cámara, así que habrá que seguir teniendo paciencia”.

El 19 de octubre de 2016, Cristina Romero entregó en el Congreso de los Diputados, junto con la chef Ada Perellada y un experto en seguridad alimentaria, más de 244.000 firmas que consiguió para hacer posible que el excedente de comida procedente de comedores escolares sean aprovechados y se pueda ayudar con ello así a miles de personas que lo necesitan.

Como impulsora de la campaña nacional contra el despilfarro de alimentos en los comedores escolares y como creadora del movimiento Hay que ponerse, trasladó a los diputados sus propuestas y se aprobó una iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Alimentaria tras varios meses de contactos con grupos políticos y los ministerios de Agricultura y Sanidad.