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Apoyo a la economía social en la nueva ley de Contratos públicos

La nueva ley de contratos del sector público, que ha entrado en vigor a primeros de marzo, permite y favorece que se consideren cláusulas sociales y ambientales para que las Administraciones puedan comprar de forma más responsable, con avances en la igualdad de oportunidades, la dignidad del empleo, la cohesión social y la sostenibilidad.

Otras de sus novedades, como destaca la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, es la incorporación de medidas de apoyo a empresas de la Economía Social y Solidaria y que los productos adquiridos o usados en los servicios públicos sean elaborados respetando los principios de Comercio Justo y los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

Una gran parte de las enmiendas elaboradas por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo fueron integradas en el documento de propuestas presentadas a los grupos parlamentarios por la Red de Redes de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y han sido incluidas en el texto. Pretendían promocionar tanto el comercio justo como a la protección de los derechos humanos en la cadena de producción, especialmente, lo referido a garantizar condiciones laborales dignas. Con ellas se reconoce a la contratación pública como un instrumento valioso para aumentar y mejorar el impacto de otras políticas tales como las de cooperación internacional para el desarrollo, de promoción de un modelo de desarrollo sostenible o para la cohesión social.

La nueva ley posibilita a las entidades del sector público que no apoyen ni consientan que los bienes o productos que adquieren, especialmente aquellos que han sido producidos y/o fabricados en otros países, escondan situaciones de explotación laboral, como las peores formas de trabajo infantil, la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, el trabajo forzoso o la degradación medioambiental.

En relación con el comercio justo, la ley incluye dos de los estándares propios de esta forma de comercio como son favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales con el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial.

El pago de un precio mínimo y de una prima a los productores son criterios que distinguen al comercio justo de otras formas éticas de comercializar productos en el ámbito internacional, que en muchos casos solo aseguran el respeto de derechos laborales o al respeto medioambiental (ambos también incluidos en el comercio justo), como señala Ideas, cooperativa de interés social dedicada al comercio justo, la economía solidaria y el consumo sostenible.

Fuente: Ideas

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